El juez de Garantías Nº 1 de Tartagal, Nelso Aramayo rechazó el pedido de detención solicitado por el fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, de la imputada Rosa Fabiola Díaz. La defensora oficial, de 40 años, está acusada de la supuesta comisión del delito de administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautora, junto a su hermana, la concejal Paola Alejandra Díaz, de 43. El 11 de febrero pasado, el magistrado estuvo de acuerdo con la detención, pero ante el fallo del viernes del Tribunal de Impugnación, este martes decidió rechazarla.
El viernes pasado, Cabot requirió
que se ordene la inmediata detención de la imputada Rosa Fabiola Díaz y recordó
que la Fiscalía Penal Nº 1, fue la que solicitó el allanamiento a la inmunidad
y remoción de la imputada Rosa Fabiola Díaz, a lo que el Juzgado de Garantías
proveyó el 11 de febrero pasado. Ese día, hizo lugar a la orden de detención y supeditó
su ejecución al allanamiento de la inmunidad de la defensora, por parte del
Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia. El mismo juez consideró que el pedido
formulado por la fiscalía cumplía con las exigencias del Código Procesal Penal
y que el pedido de detención estaba debidamente fundado.
El Fiscal dijo en el nuevo
pedido de detención que más allá de lo resuelto por el Tribunal de Impugnación,
correspondía formular uno nuevo, al agregar nuevos elementos que acreditan que
la imputada Rosa Fabiola Díaz intentará destruir elementos de prueba en procura
de su propia impunidad.
También recordó que cuando
se realizaron los allanamientos autorizados por el juez interviniente, debió utilizarse
la fuerza pública para ingresar, debido a la resistencia de la imputada. Y no
solo eso: el 26 de febrero, cuando ya se encontraba suspendida en sus tareas y
en plena marcha de las actuaciones sumarias ordenadas por el Defensor General
de la Provincia; la imputada regresó a la oficina que ocupaba y solicitó a un
funcionario que le separara cierta documentación y que ella le diría luego
dónde encontrarla para entregársela. Tal situación fue denunciada por el
funcionario ante la Fiscalía Penal interviniente.
Consideró Cabot que los hechos
que sirvieron de antecedente para la acusación referidos al supuesto desvío de ayuda
solidaria a comunidades aborígenes, revelarían no solo una falta de idoneidad
profesional o técnica en la Defensora Oficial Civil, sino también de un
comportamiento que lesiona a la función judicial y a la Magistratura, por lo
que solicitó la detención de la funcionaria y remarcó el posible
entorpecimiento de la investigación. Agregó que es probable que la imputada intente
amedrentar a los testigos e inclusive, destruir ilegítimamente elementos de
prueba.
También pidió al juez
Aramayo que considere el peligro de fuga, porque la conducta que ejerce un
servidor público, en este caso la defensora, puede implicar hacer valer las
relaciones de amistad o interés, surgidas a partir de la importancia del cargo
desempeñado, con el propósito de obtener favores personales por parte de otro,
como ser el conseguir donaciones a través de distintas fundaciones para un
beneficio propio.
Y advirtió sobre la necesidad de valorar los nuevos elementos
que dan cuenta de la gravedad de la situación y del riesgo procesal que implica
que la imputada continúe en libertad, utilizando sus influencias para el
ocultamiento de pruebas, todo ellos procurando su propia impunidad.
La
defensora intentó sacar documentación de su oficina cuando ya estaba imputada
A la denuncia la hizo un
funcionario de la Defensoría en cuestión, quien refirió que el 26 de febrero
pasado, Rosa Díaz le pidió que retire documentación de la oficina, que la ponga
en un paquete vacío de papel resma y que fuera del horario laboral, se comunicara
con ella para entregar el paquete.
El funcionario recordó
entonces que el Defensor General Pedro Castiella ya había anunciado el inicio
de una investigación referida a la intervención de una mujer como testaferro de
un inmueble en Joaquín V. González, en un caso que involucra a la defensora
imputada y denunció la situación ante la Fiscalía Penal Nº 1. El fiscal solicitó
al Juez de Garantías el allanamiento y luego, secuestró la documentación
detallada en actas.
Sin embargo, al juez Aramayo
no le pareció suficiente argumentación y resolvió que “corresponde rechazar los
fundamentos esgrimidos” y agregó que el Fiscal requirió la valoración de nuevos
elementos que dan cuenta de la gravedad de la situación y del riesgo procesal
que implica que la imputada continúe en libertad, al mencionar la investigación
penal que compromete a la Defensora imputada y una testaferro. Aun así, rechazó
la detención y consideró que el pedido debe realizarse ante el Juzgado que
interviene en ese caso puntual, sin considerar que la persona acusada es la
misma y que podría tener las mismas conductas obstructoras que ya evidenció.
