María Fernanda Quinteros

La Merced: no declaró el acusado del femicidio de su expareja

Un hombre de 46 años, con quien la víctima había mantenido una relación de pareja y tenía hijos en común, fue imputado por el hecho. Estuvo acompañado de un defensor oficial y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, imputó a Dario Germán López como autor de los delitos de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género en perjuicio de Laura Nancy Rodríguez y coacción con arma en concurso real.

Según consta en el decreto de imputación, el pasado miércoles, alrededor de las 20, la víctima concurrió junto a otra persona a la finca donde residía su expareja. Cuando se encontraban solos en un lugar apartado, juntando verduras, la mujer fue agredida por López con un arma blanca en la zona del estómago, pecho y cuello, lo que provocó su muerte por shock hipovolémico.

Luego, la persona que acompañaba a la víctima, al tratar de intervenir, fue amenazada con una arma por el acusado, por lo que se retiró del lugar.

Durante la audiencia de imputación, López estuvo acompañado por un defensor oficial y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.

Poma informó que se pudo corroborar que la pareja, con hijos en común, tenía antecedentes de violencia familiar y de género y que tras el hecho, una licenciada en Servicio Social que se desempeña en la Unidad, se trasladó a la localidad, donde se brindó asesoramiento y contención a los familiares de la víctima.

Jimena Salas: finaliza la segunda semana de juicio

Este viernes se cumplirá la décima jornada de la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas y Nicolás Cajal Gauffín. Son seis los testigos citados para prestar declaración ante el Tribunal de la Sala VII de Juicio.

Los fiscales penales Ana Inés Salinas, Gustavo Torres Rubelt y Ramiro Ramos Ossorio, representan al Ministerio Público ante la Sala VII del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Sergio Horacio Vargas como partícipe secundario del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio de o promesa remuneratoria en perjuicio de Jimena Beatriz Salas y en contra de Nicolás Federico Cajal Gauffin como autor responsable del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia.

La audiencia inició el pasado 3 de mayo y está previsto que se extienda hasta el próximo 21 de mayo, oportunidad en la que se producirán los alegatos de las partes y se conocerá el veredicto.

Para la jornada de este viernes se encuentran citados seis testigos para prestar declaración ante los jueces Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman.

Tartagal: tres condenados por el robo de cerdos

Tres hombres fueron juzgados por un hecho ocurrido en el mes de marzo de este año en el barrio El Ceibo. Tras violentar las medidas de seguridad de una propiedad, sustrajeron cinco cerdos, los faenaron y se repartieron la carne.

Imagen ilustrativa

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito en la audiencia de juicio abreviado contra Carlos Godoy, Roberto Carrizo y Saulo González como autores del delito de robo calificado en poblado y en banda.

El hecho juzgado ocurrió en el mes de marzo de 2021 en barrio El Ceibo de esa ciudad, cuando por la madrugada, los acusados cortaron un alambre que sujetaban unas chapas del corral y se apoderaron de 5 cerdos, los faenaron y se repartieron la carne y al intervenir el personal policial, se recuperó algo de la carne obtenida.

La jueza Soledad Rodríguez les impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta.

Jimena Salas: declararon compañeros de trabajo de Cajal Gauffín

Durante la novena jornada de la audiencia de debate, declararon empleados de la firma comercial donde se desempeña Cajal Gauffín, una abogada de una empresa aseguradora y la psicóloga que realizó el circuito cerrado de televisión a una de las hijas menores de edad de la víctima.

En forma remota, declaró desde Buenos Aires, quien se desempeñaba como jefe de Cajal Gauffín. Se refirió al llamado que recibió del imputado, minutos después de que encontrara sin vida a su mujer y a cuestiones organizativas de la empresa, tales como disposición del dinero, facultades de un gerente, entre otras.

También prestaron declaración, empleadas de la empresa, quienes se refirieron a su conocimiento de lo ocurrido el día del hecho, a la noción que existía entre el personal de las relaciones que entablaba el imputado como gerente, con distintas empleadas de menor jerarquía, con las que concretó encuentros íntimos o se les insinuó de alguna manera, en una clara relación de desigualdad.

Una abogada que representaba a una empresa aseguradora, aludió a la audiencia de mediación que mantuvo con Cajal, cuando éste gestionaba como beneficiario, el cobro de un seguro de vida a nombre de Jimena Salas. Consignó que no pudo concretarse debido a las características del hecho por el que la asegurada había perdido la vida.

Finalmente, una licenciada en Psicología del CIF, expuso sobre el circuito cerrado de televisión que le realizó a una de las hijas menores de edad de la víctima.

La Merced: investigan un femicidio

Una mujer de 36 años murió la noche de este miércoles en una finca del Valle de Lerma, tras ser agredida con un arma blanca. Por el hecho se detuvo a su expareja, quien será imputado en las próximas horas.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, investiga un hecho ocurrido la noche de este miércoles en el municipio La Merced, donde una mujer de 36 años murió tras ser herida con un arma blanca.

Su expareja, un hombre de 42 años fue detenida en las inmediaciones del lugar donde se encontró el cuerpo y será imputado en las próximas horas por el delito de homicidio doblemente calificado.

Poma se trasladó al lugar y dispuso el trabajo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF para lograr el esclarecimiento del caso.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF para que, luego de cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se realice la autopsia.

Urundel: un joven le dio un cabezazo a su tía

El acusado, en estado de ebriedad, golpeaba la puerta en la casa de su abuela y profería amenazas. La víctima trató de intervenir y fue agredida por su sobrino, quien ya tiene antecedentes de violencia por los que se dictaron medidas cautelares.

La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, a través de la delegación penal de Colonia Santa Rosa, imputó a Eduardo Ezequiel Caraica como autor del delito de lesiones agravadas, amenazas y desobediencia judicial en concurso real.

El pasado 9 de mayo, el acusado se presentó en estado de ebriedad en la casa de su abuela y con un comportamiento violento, daba patadas en la puerta y profería amenazas. Una tía trató de intervenir y recibió un cabezazo de parte del joven, por lo que resultó lesionada.

En la denuncia, la mujer refiere que ante su constante actitud violenta, el acusado se encuentra excluido del hogar y se le impusieron medidas de restricción que incumplió.

Villa Estela: «Achalay» condenado por un homicidio

Carlos Alberto Tolaba deberá cumplir una pena de ocho años y seis meses de prisión por un hecho ocurrido en febrero de este año, cuando tras una gresca, Diego Ismael Bohuid fue apuñalado y falleció pese a la asistencia recibida.

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio abreviado contra Carlos Alberto Tolaba por el delito de homicidio simple en perjuicio de Diego Ismael Bohuid.

El hecho juzgado ocurrió el 1 de febrero de 2021, en calle Obispo Romero al 1600, Bouhid fue encontrado tendido en la vía pública con una herida de arma blanca en la zona abdominal. Pudo establecerse que la víctima estuvo reunido con su agresor y otras personas, ingiriendo bebidas alcohólicas y tras una gresca, el acusado, lo hirió con un cuchillo y luego se retiró.

La víctima fue trasladada en código rojo al hospital San Bernardo y falleció antes de ingresar al nosocomio.

El juez Roberto Faustino Lezcano, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso que al condenado se le extraiga material genético por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Jimena Salas: se solicitó que un testigo sea investigado por falso testimonio

Durante la jornada, declararon una médica psiquiatra, exempleados de la empresa donde trabaja Cajal Gauffín, personal policial y tres obreros de la construcción con los que Vargas trabajó como ayudante. Para uno de ellos se solicitó al Tribunal la detención por el delito de falso testimonio, a lo que no se hizo lugar y el fiscal Ramos Ossorio pidió que se inicie una investigación.

El primer testigo fue un obrero de la construcción, quien señaló, que un viernes o sábado, llegó a la obra que tenía en Vaqueros, el imputado Vargas, entre las 10 u 11 de la mañana y que permaneció junto a él hasta las 13 o 14. Dijo que compartieron un vino y luego lo acercó con su moto hasta el puente de Vaqueros.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio solicitó al Tribunal la detención del testigo por el delito flagrante de falso testimonio, basado en los numerosos testimonios de vecinos de barrio San Nicolás, quienes durante el debate, confirmaron la presencia del acusado en la zona; señaló la imagen del domo de un móvil policial que lo capta alrededor de las 13 del 27 de enero de 2017 en el barrio e incluso en contraste con lo declarado por el propio Vargas durante la investigación.

Los jueces Mascarello, Diez y Armiñana Dohorman no hicieron lugar al pedido y el representante del Ministerio Público solicitó que se giren las actuaciones a la Fiscalía que por jurisdicción corresponda para que se inicie una investigación por falso testimonio.

Declararon además tres exempleados de la firma comercial donde se desempeña como gerente regional el imputado Cajal Gauffín, quienes se refirieron a su presencia en la casa de la víctima el día del hecho.

En sus dichos, estas personas dejaron plasmado que el acusado tenía un manejo discrecional de dinero y de las desvinculaciones de empleados de la empresa, donde pese a renunciar, algunos de ellos obtenían algún tipo de resarcimiento. Confirmaron además que existían rumores que Cajal Gauffín mantuvo vínculos íntimos con algunas empleadas.

Entre los testimonios de la jornada declararon otros dos obreros de la construcción que tuvieron a Vargas como ayudante, al que calificaron de vago e incumplido y finalmente una médica psiquiatra del Poder Judicial expuso el informe sobre la pericia realizada a los dos imputados.

El Potrero: imputaron al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público

La denuncia fue radicada por el presidente de la Auditoría General de la Provincia a partir de observaciones realizadas sobre el ejercicio 2015 presentado por el municipio, donde se detecta el incumplimiento de la normativa vigente en cuanto al sistema registral empleado. Se abstuvo de declarar.

Mur Reynaga

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó a Carlos Mur Reynaga como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la administración pública.

Reynaga es intendente del municipio del Potrero y la denuncia que originó la investigación fue realizada por el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris, en relación al Ejercicio 2015 presentado por el mencionado municipio, de cuyo análisis surgen ciertos hechos que podrían constituir delitos con encuadre en el Código Penal Argentino.

Del informe de Auditoría definitivo, se concluye que el Ente Auditado ha incumplido con la Ley de Contabilidad- Decreto Ley N° 705/57, la Constitución de la Provincia de Salta, la Ley Provincial N° 7.103, la Ley 6.838 y la Ley N° 1.349 Orgánica de Municipalidades.

Del análisis surge que El Potrero no posee un sistema de registro contable integral, que incluya los subsistemas presupuestario, financiero, patrimonial y de gestión, de manera que permita llevar la contabilidad en legal forma y producir los informes financieros y de gestión pertinentes, relacionados al cumplimiento de la normativa vigente para la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

En las extensas observaciones realizadas por la Auditoría General, se detallan irregularidades vinculadas a la ejecución presupuestaria del Ejercicio 2015, donde no se detalla el criterio de imputación de los recursos y gastos correspondientes, ni expone los recursos y gastos de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Reynaga fue acompañado de un defensor oficial y tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.

Embarcación: grupo familiar dedicado a la venta de estupefacientes

Cuatro personas, entre ellas una sexagenaria, fueron detenidas e imputadas por comercializar estupefacientes. La investigación se inició a partir de tareas desplegadas por personal policial y al momento de realizarse allanamientos, se secuestró drogas, dinero, celulares y otros elementos de interés para la causa.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a Pablo Alejandro Egües de 26 años, Felipa Juárez de 62 años, Claudia Andrea Juárez de 26 años y José Alfredo Corvalán de 44 años, como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Personal policial de la Sección de Investigación Narcocriminal, Sector 44 de Embarcación inició una investigación a partir de la información obtenida sobre un grupo familiar, con una sexagenaria a la cabeza, dedicado a la comercialización de sustancias estupefacientes en esa ciudad.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, la fiscal Souto solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento, secuestro y detención para dos domicilios vinculados a la causa.

Cumplidas las medidas solicitadas, se logró la detención de estas cuatro personas, el secuestro de envoltorios conteniendo sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.