Este lunes inició la audiencia de debate contra Antonio Gallo, acusado del homicidio doblemente calificado de su esposa, ocurrido en julio de 2020. El acusado no declaró ante el Tribunal y la audiencia se reanudará el próximo miércoles 16.
Durante la primera jornada de la audiencia, se leyó el requerimiento a juicio fiscal y luego, el acusado decidió no prestar declaración ante el tribunal colegiado, integrado por los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Federico Armiñana Dohorman.
Los primeros testigos fueron efectivos policiales de la jurisdicción, que intervinieron ante el hecho el 14 de julio de 2020. El próximo miércoles 16, cuando se reanude la audiencia, está previsto que declare personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y familiares y amigos de la víctima.
Tres jóvenes fueron detenidos luego de ingresar a una vivienda de esa ciudad, aprovechando la ausencia de la propietaria, llevarse televisores, una cámara filmadora y otros elementos. Fueron identificados a partir del análisis de cámaras de seguridad y se logró recuperar los bienes sustraídos.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó a Iván Exequiel Araya, Luciano Exequiel Cañete y a Manuel Ignacio Villagrán como autores del delito de hurto con escalamiento en perjuicio de una vecina de esa ciudad.
La damnificada denunció que personas desconocidas ingresaron a su propiedad y sustrajeron televisores, una cámara filmadora y otros elementos y a partir de las tareas desplegadas por personal policial, se pudo identificar a los sospechosos con el relevamiento de cámaras de seguridad.
Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, orden de allanamiento y detención para domicilios vinculados a los acusados. Como resultado de las medidas se logró recuperar los bienes sustraídos, se secuestraron elementos de interés para la causa y se detuvo a los tres imputados.
Un hombre fue condenado en juicio abreviado por la sustracción de una motocicleta tras violentar las medidas de seguridad. Se logró recuperar el rodado y el imputado deberá cumplir reglas de conducta.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Matías Ramos por el delito de robo calificado en circunstancias de hurto calificado.
El hecho juzgado ocurrió el pasado 14 de mayo por la mañana en barrio San Silvestre de Tartagal, cuando el acusado, tras romper la traba de seguridad de una motocicleta, la sustrajo.
De las tareas investigativas desplegadas, el acusado fue individualizado y por su confesión, se logró recuperar la motocicleta en un puesto rural.
Tras recibir la confesión del acusado, la jueza Soledad Rodríguez, le impuso el cumplimiento de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta.
Un joven fue condenado por hechos de abuso sexual concretados en perjuicio de la hermana menor de edad de la mujer con la que mantenía una relación de pareja. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La fiscala penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala I del Tribunal de Juiciodel distrito Centro, en la audiencia de debate contra un joven imputado por los delitos de abuso sexual simple agravado por la convivencia (dos hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia (tres hechos) en perjuicio de una menor de edad.
La denuncia fue radicada por la madre de la adolescente de 13 años, al tomar conocimiento de que el novio de una de sus hijas, aprovechando la situación de convivencia, cometió diversos actos de abuso sexual en perjuicio de la menor.
El juez Federico Armiñana Dohorman en su veredicto, le impuso la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Desde este lunes se juzgará a Antonio Gallo por el homicidio doblemente calificado de quien fuera su pareja, ocurrido en julio de 2020 en la localidad de El Bordo.
El hecho juzgado, ocurrió el 14 de julio de 2020 en una viviendade barrio Río Grande de El Bordo, cuando la pareja, que atravesaba una crisis, mantuvo una discusión. Gallo hirió a su esposa con un arma blanca en la zona del cuello, causando su muerte y luego se presentó voluntariamente en la dependencia policial.
El tribunal colegiado estará integrado por los jueces Javier Aranibar, Martín Pérez y Federico Armiñana Dohorman y está previsto que la audiencia se desarrolle los días 14, 16, 18 y 22 de junio.
Durante la jornada de este viernes, declararon los últimos testigos citados por las partes y a partir de lo vertido por uno de ellos, el fiscal Vega solicitó que comparezca un nuevo testigo. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, oportunidad en la que declarará esta persona y se producirán los alegatos.
Este viernes, al reanudarse la audiencia, prestaron declaración los testigos previstos para la jornada y a partir de lo vertido por uno de ellos bajo juramento de decir verdad, el fiscal Vega solicitó que esta persona mencionada en el testimonio, comparezca ante el Tribunal.
El juez Ricardo Martoccia hizo lugar a la solicitud y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 15 de junio, oportunidad en la que deberá presentarse el testigo y se producirán los alegatos de las partes.
Ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles, cuando tres hombres irrumpieron en la propiedad de la víctima y con aparentes fines de robo, la amenazaron con armas, la golpearon e intentaron sofocar.
Imagen Ilustrativa
El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, investiga un hecho ocurrido durante la madrugada del pasado miércoles en barrio San Francisco de General Mosconi. Allí una joven mujer fue sorprendida por tres hombres en el interior de su vivienda y con aparentes fines de robo, la golpearon, amenazaron con arma, intentaron sofocar y dejaron maniatada.
Mientras personal de la Brigada de Investigaciones se encuentra a cargo de las tareas investigativas, se dispusieron medidas de protección para la damnificada y el cumplimiento de diversas diligencias tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.
En la ciudad de Tartagal, se recibirá este viernes, la declaración de los últimos testigos citados en el juicio que se sigue contra dos jóvenes por el homicidio calificado de una menor de 14 años, ocurrido en octubre de 2019. Luego está previsto que se lleven a cabo los alegatos de las partes.
El hecho juzgado ocurrió en octubre de 2019 en la localidad de Coronel Juan Solá, cuando la menor fue reportada como desaparecida por sus padres el día 25 y dos días después fue encontrada sin vida en una zona descampada.
Según lo dispuesto por el juez interino, Ricardo Martoccia, este viernes se escuchará la declaración de los últimos cuatro testigos citados por las partes y luego se dará paso a los alegatos.
Una importante reunión de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional se celebró este miércoles, a partir de la convocatoria del Ministerio Público Fiscal de Salta. Participaron autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo y referentes de pueblos originarios y agrupaciones campesinas, entre otras organizaciones de la sociedad civil.
Las y los participantes del encuentro convocado por el
procurador general Abel Cornejo, que contó con la participación de la presidenta
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, María Magdalena Odarda, definieron
que la Mesa de Concertación sistematizará diagnósticos y propuestas para elaborar
políticas públicas tendientes a reducir conflictos por tierras y emergencia
habitacional. La tarea se dividirá en comisiones de Pueblos Indígenas y
Campesinos; de Emergencia Habitacional; de Tierras Urbanas y de Capacitación.
Con Odarda y Cornejo, estuvieron la secretaria de la
Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la
Nación, diputada nacional Verónica Caliva, el secretario de Agricultura
Familiar Campesina e Indígena de la Nación, Miguel Gómez; los
coordinadores de la misma Secretaría, Oscar Díaz Regional NOA, José
Castro Videla (Norte) e Ignacio
Garzarón (Centro); la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María
José Castillo y el director Regional del INTA, José Miguel Minetti. También
participaron el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández;
la coordinadora NOA del Centro de Acceso a la Justicia, Marcela Mon.
El Poder Ejecutivo Provincial estuvo representado por el
subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio
de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Gustavo Skaf y la directora de
Regularización de Tierras con Conflictos Comunitarios; Florencia Luñis
Zavaleta.
Participaron también el defensor General, Pedro García
Castiella; la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto y las directoras
del Centro de Mediación del MPF, Nancy Valencia Donat y del Centro de
Comunicaciones Institucionales, Natalia Nieto.
Lucía Ruiz representó a la organización Campesina
Unión y Progreso y estuvieron Noelia López, del Movimiento Nacional
Campesino Indígena; Yamila Contreras, de la Asociación Civil Raíces
Norteñas; María Tolaba, de la Asociación Civil Los del Bermejo; Antolín
Soraire, de la Asociación Campesinos de Los Blancos; Nelson Campos, de
la comunidad del pueblo Wichí El Algarrobal (Pichanal) y el asesor de la
coordinadora de tierra ruta nacional 81, Raúl Marinconz; el representante
de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos y Martín
Plaza, del Colectivo de Abogades Populares.
Diálogo y mediación para la promoción real de derechos
Las y los presentes coincidieron en celebrar la convocatoria,
con las complejidades y particularidades que presenta cada situación. En esa
línea, la presidenta de INAI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, Magdalena Odarda destacó la “significativa decisión”
de llevar adelante el encuentro, al tiempo que consideró que debe existir un
cambio de paradigma en la relación entre los pueblos indígenas y el Ministerio
Público y los tres poderes del Estado. Subrayó que todavía hay quienes “se
resisten o están en desacuerdo con el diálogo, aunque sepan que deben primar la
Ley y la Constitución”.
En el mismo sentido, Cornejo destacó el trabajo
realizado desde 2020 para conformar la Mesa con el fin de sostener la mediación
como instrumento de encuentro entre las y los participantes porque, según consideró,
“la paz es el camino para la concordia y la promoción real de derechos de ciudadanas
y ciudadanos”. Alentó al mantenimiento de la Mesa, dada la pluralidad de su integración,
porque “de los grandes disensos, nacen los verdaderos acuerdos”.
El secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena
de la Nación, Miguel Ángel Gómez,
ratificó el compromiso de diálogo para el trabajo en territorio y se refirió al
necesario abordaje interinstitucional de la emergencia habitacional, al tiempo
que la designada coordinadora de la Mesa de Concertación, María José
Castillo, admitió la complejidad de la problemática, que es “profunda, con muchas
aristas y que tiene cuestiones estructurales para superar”, por lo cual, se
debe hacer un “esfuerzo interinstitucional”. La funcionaria señaló que se debe evitar
la criminalización de los conflictos a partir de la utilización del derecho
penal, porque a partir del derecho es que se consolidará la propuesta para efectivizar
el marco operativo desde una perspectiva de Derechos Humanos. Justamente, Julián
Fernández se refirió a la necesidad de capacitar a las y los operadores
judiciales y del MPF, para que el abordaje de los conflictos se haga desde un
enfoque de derechos.
Skaf puso a disposición los equipos de mediación para
casos complejos y dijo que la Provincia “está absolutamente alineada” con la
prioridad de la mediación y consideró que el abordaje debe ser “muy serio e
interdisciplinario”. Valencia Donat precisó sobre la tarea de mediadores
del MPF y destacó que lo hacen “con diálogo y escucha activa, con perspectiva
integradora, de género, promenores y de vulnerabilidad”. El abordaje en
territorio que se realizó en distintas ocasiones, -a pesar de las restricciones
por pandemia-, permitió resolver distintos conflictos, abordados desde el diálogo
con los tres poderes del Estado. La funcionaria destacó también que en los
conflictos de grupos atravesados por situaciones de altísima vulnerabilidad, emergen
intereses genuinos, públicos, privados y políticos, pero señaló que el de la mediación
es “un proceso restaurativo y sanador”.
Entre otros oradores, Marinconz enfatizó que hace más diez años que se pedía una Mesa de Conciliación y Lucía Ruiz celebró la reunión, porque permitirá el abordaje de la situación de pequeños poseedores y campesinos productores, al tiempo que la diputada Verónica Caliva destacó el fallo logrado por la fiscala Gabriela Souto, en el caso que tuvo como protagonista a la dirigente Lucía Ruiz.
La investigación se enmarca en el operativo “Luz de Infancia”, de alcance internacional. En la provincia de Salta se realizaron dos allanamientos en domicilios pertenecientes a un mismo titular y se secuestró material tecnológico.
La fiscala penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, encabeza en Salta, una investigación iniciada a partir de datos aportados por el Operativo “Luz de Infancia”, promovido por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de Brasil desde 2017.
El objetivo de esta investigación de carácter internacional, es desbaratar una red de distribución de ese material ilícito en la web y los allanamientos para dar con estos sujetos, se concretaron a lo largo del territorio nacional y en varias provincias en simultáneo.
Flores Toranzos explicó que en Salta, se realizaron dos allanamientos en domicilios pertenecientes a un mismo titular, uno ubicado en el macro centro de la ciudad de Salta y el otro en un barrio privado, donde se secuestró material tecnológico que será objeto de pericias en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales por la posible circulación de imágenes con contenido de pornografía infantil.
La fiscala señaló que no se produjeron detenciones por el momento y que esperará los informes sobre el análisis de los elementos secuestrados.
