María Fernanda Quinteros

Violó la orden de restricción y lo hirió con un machete

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó provisionalmente a Miguel Ángel Saldaño, de 53 años, por los delitos de lesiones leves, amenazas con arma, amenazas y desobediencia judicial, en concurso ideal.

El hecho ocurrió el pasado 11 de julio, cerca de las 10, en San Lorenzo, departamento de Rosario de la Frontera, donde el acusado se acercó a la víctima e incumplió las medidas de prohibición que tenia ordenadas por la autoridad judicial, mientras llevaba consigo un machete en la mano.

El imputado le ocasionó lesiones al denunciante, que fueron acreditadas con el certificado médico incorporado al legajo de investigación y también profirió amenazas contra la víctima y csu hijo de 9 años.

La intervención del fiscal penal Oscar López Ibarra, inició tras las actuaciones del Destacamento Policial Antillas, donde el denunciante sostuvo que el día y horario señalados, salió de su casa junto a su hijo a caballo, en busca de leña para cocinar.

Relató que a unos 200 metros de su casa, fue interceptado por el acusado, quien es su sobrino y que portaba un machete en una de sus manos, mientras que con la otra tomó de las riendas a su caballo. El animal se asustó, cayó al suelo, tirando tanto a él como al menor.

Una vez en el suelo, el acusado lo golpeó con el lomo del machete en los brazos, mientras que con el filo del arma le provocó un corte en la palma de la mano izquierda. Antes de retirarse del lugar, el imputado profirió amenazas, tanto al denunciante, como su hijo.

Primera jornada del juicio por el femicidio de María Leonor Gine

Desde este lunes 19 y hasta el 30 de julio, se realizará en la Sala III del Tribunal de Juicio del distrito Centro, el juicio a los tres imputados por el homicidio calificado ocurrido en marzo de 2020 en el centro de la ciudad de Salta.

La fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, representará al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra Agustín Morales por el delito de homicidio agravado por el vínculo, ensañamiento, alevosía, criminis causa y por haber mediado violencia de género en perjuicio de María Leonor Gine, en concurso real con violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia; Federico Detzel por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y por haber mediado violencia de género, en concurso real con violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia; y contra Tania Rocío Aguirre por el delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y criminis causa, en concurso real con violación de las medidas dispuestas por autoridad competente para impedir la propagación de una pandemia”.

La audiencia de debate se desarrollará desde este lunes 19 al 30 de julio en la Sala de Grandes Juicios y el tribunal colegiado estará integrado por los jueces Gabriela González, Carolina Sanguedolce y Pablo Farah.

Según consta en el requerimiento a juicio, el 28 de marzo de 2020, dos familiares de María Leonor Gine, se presentaron en su domicilio de calle Belgrano al 900 ya que no respondía mensajes ni llamados. No pudieron ingresar y detectaron la falta de su vehículo, por lo que dieron aviso a personal policial que se encontraba en la zona. El vehículo había sido tomado por un nieto de la víctima que vivía con ella en forma circunstancial y cuando uno de los familiares pudo subir al departamento, la encontró sin vida en la cocina.

De las tareas investigativas desplegadas por los investigadores, que incluyó el análisis de cámaras de seguridad privadas y del Sistema de Emergencias 911, se pudo identificar al nieto de la víctima, a un amigo y a una mujer, como quienes ingresaron y egresaron del edificio durante las últimas horas de ese viernes y primeras horas del sábado.

Para más, los elementos reunidos a través de la autopsia sugirieron la participación de al menos dos personas con dos armas blancas de diferentes características y que Gine murió como consecuencia de un shock hipovolémico, debido a heridas de arma blanca múltiples.

Los exámenes confirmaron la presencia de los perfiles genéticos de la víctima y su nieto en el mango del cuchillo hallado en la cocina, en la remera que vestía la mujer y en una zapatilla del nieto. Y como se sabe,  la prueba aportada a través del informe realizado por la Unidad Especial de Investigación del Ministerio Público sobre el análisis de comunicaciones telefónicas y de cámaras de seguridad, reveló que María Leonor Gine se encontraba con vida cuando regresaron los tres imputados al departamento, alrededor de la 1 de esa madrugada, lo que coincide con la data de muerte que determina el informe de autopsia.

Así, los elementos reunidos, no dejaron dudas de la participación de los imputados en la muerte brutal y sustracción de elementos de valor de María Leonor Gine, ante la convicción de que al momento que los tres ingresaron al departamento nuevamente, la víctima se encontraba con vida.

Imputarán este lunes a los detenidos por el homicidio de Martín Emanuel Cruz

El joven, de 17 años, fue asesinado esta madrugada en la zona de la denominada “cancha de piedra” , de Villa Asunción. Ingresó sin vida al centro de salud de Villa Primavera, en la zona oeste de la capital provincial, con heridas de arma blanca. Hay tres detenidos.

El fiscal de la Unidad de Graves Atentados 2 (en feria), Gustavo Torres Rubelt, dispuso la inmediata intervención del personal del Departamento de Criminalística del CIF, para la documentación del hecho.

De las primeras averiguaciones realizadas por los investigadores del CIF, quienes lograron la detención de los tres implicados en menos de siete horas, se estableció que la víctima habría sido abordada por varios sujetos, quienes lograron quitarle el par de zapatillas que llevaba puestas. Al intentar evitar el robo, Cruz fue herido mortalmente.

La víctima, que residía en barrio El Progreso, fue auxiliada en inmediaciones de la “cancha de piedra”, de Villa Asunción y fue trasladada al Centro de Salud en motocicleta por dos personas. Torres Rubelt también dio intervención al gabinete de contención para los familiares del menor.

Los detenidos son dos mayores y un menor de edad, quienes serán imputados este lunes por el homicidio del menor.

El Procurador se reunió con familiares de Estéfano Barrios

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, se reunió vía remota con familiares de Estéfano Barrios, fallecido el 26 de abril pasado, en Salvador Mazza. Junto a su abogado, expresaron preocupación por la libertad otorgada a los dos imputados por el Juzgado interviniente, entre otros puntos.

Durante el encuentro, en el que participaron el padre y hermano de Estéfano; Jorge y Gabriel Argelino Barrios, respectivamente; el médico Benito Mena, y el abogado Héctor José María Salomón, el procurador los escuchó y se comprometió a pedir informes sobre la investigación en cuestión.

Procurador Cornejo

También les recordó que de conformidad a la Ley Nº 7328, -Ley orgánica del Ministerio Público-, el Procurador General ejerce la jefatura de los fiscales de todos los fueros, pero no puede dirigir las investigaciones, cuyos responsables son los fiscales, que cuentan con total autonomía para investigar.

“Mi obligación es escucharlos e interesarme en cada punto señalado por ustedes, ante una situación sumamente delicada y dolorosa”, dijo el Procurador a la familia, al tiempo que se comprometió a esperar los informes del Fiscal interviniente y corregir la investigación, si efectivamente hubiera faltado alguna pericia o elemento de prueba.

El caso, en el que interviene el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, se inició con la muerte de Estéfano Alexis Leonardo Barrios, de 28 años, quien falleció la madrugada del lunes 26 de abril pasado. Están imputados por la supuesta comisión de homicidio culposo, el oficial subayudante Gabriel Alejandro Pereira y el sargento ayudante Ariel Miranda, en grado de coautores.

Orán: El martes dictarán sentencia por un intento de femicidio ocurrido en plena calle

La fiscala penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Claudia Carreras representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate que se desarrolla en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, en la causa seguida contra Sergio Ariel Torres, de 41 años, por el intento de homicidio de su pareja, ocurrido el año pasado.

El juez en feria, Aldo Primucci, ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo martes 20, a las 10 y se espera que ese día, brinden declaración testimonial la víctima y su hermana. También están previstos los alegatos y sentencia.

Torres está imputado por la comisión de los delitos de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género, en grado de tentativa y en concurso real, y de violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la propagación de una epidemia en concurso real.

Según consta en las actuaciones, la víctima fue atacada el 26 de abril de 2020 por Torres, quien era su pareja desde hacía dos meses. Sergio Daniel Torres le arrojó combustible y prendió fuego cuando se dirigía hacia un almacén. La mujer pudo trasladarse a la casa de un familiar, desde donde junto a una amiga, llamaron al Sistema de Emergencias 911. Fue asistida en el hospital local hasta el 30 de abril, cuando fue derivada al hospital San Bernardo, porque se agravaron las lesiones sufridas en torso, brazos y cara.

En primera instancia, la víctima no quiso denunciarlo, pero cuando fue derivada a la capital salteña reveló el nombre del atacante.

La investigación inició en la Fiscalía de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, a cargo de María Soledad Filtrín Cuezzo y fue derivada luego, cuando la acusación se convirtió en tentativa de femicidio.

La Iniciativa Spotlight destaca la apertura democrática del Comité y propone fortalecerlo a través de una Ley

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del MPF, recibió en  un encuentro virtual a la coordinadora de la Iniciativa Spotlight en ONU Mujeres Argentina, Carla Majdalani; a Mildred Iriarte, de la misma Iniciativa y a la  consultora del Comité, Alba Ruibal. Durante la reunión, se abordaron la propuesta de Reglamento interno y Guía de lectura del Protocolo de Femicidios UFEM, además del diagnóstico hecho sobre el Comité.

Durante el encuentro realizado a través de una plataforma digital, Majdalani destacó que Salta es una de las provincias priorizadas por la Iniciativa Spotlight, y anunció que en breve, iniciará la fase 2 de acciones, la cual se extenderá hasta diciembre de 2022. “El Comité resulta para ONU una experiencia particular, innovadora e interesante” señaló la especialista, al referirse al trabajo que se viene realizando en forma conjunta.

La consultora del Comité, Alba Ruibal, se refirió a la propuesta de Protocolo o Reglamento interno, elaborada por ONU para al Comité, que fue puesto a disposición de sus integrantes, quienes tendrán la responsabilidad de reformarlo y aprobarlo, de acuerdo a las necesidades y requerimientos específicos de Salta y su estructura.

Ruibal compartió el diagnóstico realizado y consideró que las funciones prioritarias previstas inicialmente para el Comité (de elaborar un protocolo para la investigación de casos de muertes violentas de mujeres y de crímenes perpetrados en contra de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género; y de trabajar en la unificación de criterios para la elaboración de un registro de femicidios); fueron superadas “a través de distintas intervenciones exitosas que van más allá de los dos objetivos originales del Comité”.

Por ello, consideró Ruibal que una Ley que regule la tarea del Comité, podría otorgar una estructura de mayor inserción en la institucionalidad provincial, porque “la apertura y democratización del MPF hacia otras instituciones, actoras y actores de la sociedad implicados en la lucha contra la violencia de género y los femicidios, ya es una de las principales fortalezas, desde 2019”.

Falta compromiso de los poderes del Estado

El procurador general, Abel Cornejo –en su calidad de Presidente del Comité-, destacó que el protocolo UFEM se viene aplicando desde 2019 en el MPF provincial, y admitió su “desazón”, por haber propiciado el MPF la creación de una Fiscalía especializada (UFEM) y la capacitación de sus operadores, pero por el contrario “en muchos juicios y a nivel jurisprudencial, no se aplica la perspectiva de género y hay tribunales que  tienen el desparpajo de decirnos que hemos investigado mal”. Al referirse al nuevo femicidio ocurrido recientemente en el municipio de Vaqueros, -el mismo donde fue víctima Jimena Salas-, Cornejo advirtió que “no se ven políticas de estado correctivas, empezando por la Policía de la Provincia, donde no se avanzó como se había prometido”, en capacitación sobre violencia de género.

Sostuvo que “no hay compromiso de los poderes del Estado cuando no hay capacitación específica y entonces, ratificamos que no basta con ser declamativos: hay que militar en contra de la violencia”.

El 16 de diciembre de 2019, la Procuración General de Salta adoptó de manera integral el “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)” (Protocolo UFEM) para su uso en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Con nuevo allanamiento y detención, desbaratan el transporte y venta de drogas de Orán a la Capital

Este jueves se llevó a cabo un nuevo allanamiento en el macrocentro de la capital salteña y una detención, solicitados por el fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto al Juzgado de Garantías interviniente. Los implicados también intercambiaban drogas por autos de alta gama.

El procedimiento se enmarca en la investigación que lleva adelante el fiscal López Soto y que ya tiene otra persona detenida. Con esta medida, quedó desbaratada la organización delictiva que se encargaba de proveer sustancias estupefacientes en la capital provincial, para la distribución a diversas bocas de expendio. La organización se caracterizó por recibir vehículos de alta gama como retribución financiera de la provisión de las drogas.

Allanamiento realizado hoy

Vale recordar que la semana fue detenido otro hombre, mayor de edad, acusado de venta de estupefaciente en Orán, después de tres allanamientos realizados en esa ciudad, en los que se secuestraron estupefacientes, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos que llevó adelante el grupo operativo UFINAR y bajo la coordinación del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, bajo la supervisión del director interino del CIF, Pablo Rivero, fueron autorizados por los Juzgados de Garantías 7, del Distrito Centro y 2, del Distrito Judicial Orán y permitieron la incautación de 797.2 gramos de cocaína y derivados, -equivalente a 9.600 dosis- y distintos vehículos, entre otros elementos de interés para la investigación.

La investigación de López Soto sobre la organización que comercializaba sustancias en Salta Capital, comenzó con la detención de una persona con gran cantidad de sustancia estupefaciente en esta ciudad y conectó la investigación con Orán y otros lugares. 

Para resguardar la vida de una mujer, detienen a un hombre violento con numerosas denuncias en contra

La fiscala penal de Violencia de Género 2, María Luján Sodero, imputó la comisión de distintos delitos a un sujeto denunciado más de 20 veces por distintos hechos de violencia de género en un año. Solicitó allanamientos y la detención del acusado, expareja de la víctima de hostigamiento y amedrentamiento permanentes, lo que afectó su integridad física y psíquica y el normal desarrollo de su vida cotidiana. El acusado sigue detenido.

En un extenso decreto de imputación, Sodero expuso todos los hechos denunciados por la mujer y resaltó la vigencia de una resolución del Juzgado de Violencia Familiar y Genero N° 2, del 29 de mayo de 2020, a través de la cual se ordenó la exclusión del hogar del acusado y en consecuencia, se dispuso que deje el domicilio con prohibición de ingresar a ese lugar. También le prohibió acercarse a los lugares a los que concurra la víctima y lo intimó a mantenerse a una distancia de 300 metros de la denunciante. Además, lo intimó el Juzgado a abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica en contra de la víctima y su grupo familiar, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes o realizar amenazas descalificantes por cualquier medio. Sin embargo, el denunciando quebrantó las restricciones en numerosas ocasiones, además de incurrir en nuevos hechos de violencia.

Según consta en el decreto de imputación, ante el temor por su integridad y su vida y las de su hijo; la víctima declaró en todas las denuncias formales radicadas, que la situación de extrema violencia fue puesta en conocimiento y denunciada ante el Colegio de Abogados, el Tribunal de Ética de esa institución, la Cámara de Senadores de la Provincia –donde el imputado detenido se desempeña como asesor-; en la Cámara de Diputados de la Provincia y las comisiones de Violencia de Género respectivas de ambas cámaras legislativas.

Las imputaciones

La Fiscala formalizó imputación contra el denunciado por la comisión de distintos delitos y de acuerdo a las denuncias y ampliaciones realizadas. Lo acusó de la comisión de delitos de Desobediencia judicial; Turbación de la posesión y desobediencia judicial en concurso ideal; Coacción agravada y desobediencia judicial en concurso ideal y Amenazas agravadas y desobediencia judicial en concurso ideal (14 hechos). Todos los delitos le fueron imputados en concurso real.

Sodero subrayó en su imputación que los hechos denunciados se enmarcan en los parámetros de las Leyes Nº 7403, Nº 7888 y esencialmente en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará), en el que se reconocen los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de sus derechos humanos, a la par que se dispone como obligación ineludible de los Estados de reprimir la violencia de género y garantizar la garantizar la protección de las víctimas, con lo cual deviene manifiesta la pertinencia, necesidad y urgencia de la detención del acusado.

Y dijo que se advierte con claridad meridiana, del relato de la víctima y de las constancias que obran, la proclividad delictiva que caracteriza al denunciado y particularmente su abierto desacato e inobservancia del mandato legal y de las consecuentes disposiciones judiciales. Consideró que es evidente una actitud permanentemente acosadora, hostil, agresiva e intimidante de su parte, que muestra un abierto desinterés en acatar la manda judicial. En ese contexto, se tornó imperativo el pedido de detención, que aparece como único medio posible para asegurar el cumplimiento de las normas desatendidas y así lograr la protección de la víctima .

Requerimiento a Juicio

Por otra parte, recordó la Fiscala que ya se requirió juicio por lesiones, en contra del abogado detenido y como consecuencia de un ataque a la integridad física de la misma víctima. Por ese hecho, se había solicitado la detención, la que oportunamente fue rechazada por el Juzgado interviniente. Desde ese primer episodio, existió una notoria secuencia de hechos delictivos violentos.

El imputado se encuentra detenido desde el jueves 8 de julio pasado.

Fue a hacerle “mechitas” a su expareja y casi la ahorca

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, solicitó la detención de un hombre de 23 años que mantuvo encerrada a una peluquera y, al descubrir mensajes de otro hombre, la agredió salvajemente

La fiscala Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, solicitó la detención de un hombre de 23 años por privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves agravadas por haber existido relación de pareja y violencia de género en concurso real.

Filtrín Cuezzo tomó la determinación luego de recibir la denuncia y constatar las lesiones de la víctima, que presentó “ojo derecho con derrame ocular, cuello con señal de ahorcamiento, lesión en región parietal derecho”

De acuerdo a lo denunciado por la mujer, el fin de semana pasado, concurrió con una amiga a casa de su expareja, quien la había contratado para realizarle “claritos”. Unas horas más tarde, la amiga debió retirarse y la mujer quedó sola con el hombre pues el trabajo de peluquería aún no estaba aún finalizado.

Al concluir, la peluquera quiso retirarse del lugar, pero el hombre se lo impidió y le insistía con retomar la relación, algo a lo que la víctima se negó. El acusado la obligó a sentarse sobre la cama y le quitó su celular. Al revisarlo encontró mensajes de otro hombre, lo que lo enfureció por lo que la tomó del cuello, impidiendo que le ingresara el aire, la golpeó en el estómago y el ojo y le pegó una patada.

La mujer se defendió de las agresiones y logró escapar del lugar empleando una tijera para abrir la puerta, que no tenía picaporte.

Embarcación: condena para los imputados por el robo de agroquímicos

Este lunes se dio a conocer el veredicto para los nueve acusados del robo millonario de agroquímicos de una empresa de ese municipio. Siete fueron condenados por robo en despoblado y en banda y otros dos por encubrimiento.

La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito judicial Tartagal, dio a conocer el veredicto en la causa contra nueve personas acusadas del robo de productos agroquímicos valuados en más de ocho millones de pesos, ocurrido en noviembre de 2018.

A los imputados Walter Ernesto Barbero, Víctor Hugo Palomo, Armando Javier Melgarejo, Alberto Martín García, Sebastián Armando Soria, Eduardo Víctor Sosa y Manuel Edgardo Martínez, les impuso una pena de cinco años de prisión efectiva como coautores del delito de robo en despoblado y en banda.

Reyna del Valle Arrieta fue condenada a la pena de un año de prisión efectiva como autora del delito de encubrimiento y Rodolfo Osvaldo Rivaneira fue condenado a la pena de dos años de prisión efectiva como autor de los delitos de encubrimiento agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal en concurso real.