El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo recibió a la diputada provincial Mónica Juárez y autoridades del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Prof. Afines y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quienes expresaron la necesidad de mejorar los mecanismos de control y sanción del ejercicio ilegal de la profesión en esos ámbitos.
Durante el encuentro, la presidenta del COPAIPA, Marianela
Ibarra y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Juan Martín Biella,
compartieron información sobre irregularidades e ilícitos que se denuncian en
ambas instituciones y las formas posibles de endurecer las sanciones
vigentes.
La legisladora Mónica Juárez consideró que al tratarse de
“casos muy complejos, -los que involucran a falsos profesionales y que incurren
en el delito de falsificación de instrumentos públicos-, la situación obliga a
pensar en endurecer la legislación y sus sanciones”.
Entre los delitos más denunciados en los colegios
profesionales, se encuentran el ejercicio ilegal de la profesión, las estafas,
ventas falsas y loteos inexistentes.
Juárez se comprometió a avanzar en la presentación de un
proyecto de ley que endurezca las sanciones al ejercicio ilegal en la
provincia. El delito está tipificado en el art. 247 del Código Penal y prevé
pena de prisión, con un mínimo de quince días y máximo de un año, a quienes
ejercieren actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación
especial, sin poseer título o la autorización correspondiente.
Por su parte, Biella aseguró que la intención es que a
través de la modificación de la ley, se combatan mejor las posibles estafas y
que esa ley –ya vigente-, sea adecuada bajo el consenso y posible aplicación de
todos los colegios. Al mismo tiempo, el representante de los corredores
inmobiliarios destacó la necesidad de poner en funcionamiento la Fiscalía de
Ciberdelitos, cuya creación fue promulgada en diciembre de 2019. Es que según
el profesional, la mayoría de las
estafas se cometen a través de redes sociales. “La protección no será solo para
los profesionales, sino especialmente para los ciudadanos que requieren
servicios y quienes son potenciales víctimas”, advirtió Biella.
Los presentes apuntaron a la necesidad de acordar las
herramientas para mejorar el control sobre el ejercicio ilegal de la profesión,
a través de procedimientos que agilicen el camino entre la denuncia radicada en
los colegios y la investigación de las Fiscalías intervinientes. Dichos
procedimientos quedarían plasmados en un convenio entre el Ministerio Público
Fiscal y los colegios profesionales implicados.
Participaron en la reunión también los asesores de los
colegios Natalia Ruiz y Carlos Cabezas.
