La fiscala multifuero del Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Anta, María Celeste García Pisacic, amplió la imputación contra Marcelo Durval García, por la comisión de los delitos de fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo ello en concurso real y en calidad de autor. Los hechos endilgados al legislador ocurrieron cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda de la Municipalidad de El Quebrachal. Se presentó esta semana con abogado particular y se abstuvo de declarar.
La fiscala García Pisacic pudo imputar a García luego de
convocarlo en dos oportunidades, y tras citarlo bajo apercibimiento de ordenar
su conducción por la fuerza pública, ante un nuevo caso de incomparecencia
injustificada.
De acuerdo a las actuaciones y la abundante prueba
colectada, Leonardo Fabián García Y Marcelo Durval García, en su carácter de
funcionarios públicos, -ya que a la fecha de los hechos denunciados se
desempeñaban como Intendente y Secretario de Hacienda de la Municipalidad de El
Quebrachal-, la fiscala determinó que incumplieron en forma reiterada las
normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de
una administración pública municipal. Así, dispusieron en forma discrecional de
los recursos municipales sin observar las normas y produjeron un grave
perjuicio al erario municipal. La falta de cumplimiento a los regímenes
normativos vigentes facilitó la discrecionalidad del manejo de tales fondos
públicos.
En ese marco, el actual senador Marcelo Durval García, era
quien libraba cheques sin contar con respaldo de documentación legal e
impositiva que acreditara los gastos, maniobras contrarias a lo estipulado por la
ley de contabilidad de la Provincia de Salta.
Sobre el delito de fraude a la administración pública
imputado a Marcelo García, sostuvo que habría desarrollado tareas tendientes a privar
a la administración pública de bienes de su propiedad y por el contrario, dispuso
de ellos en beneficio propio y de terceros.
Tanto es así, que del análisis contable realizado surgió la utilización
de dinero para solventar la campaña en época electoral. En la documentación
interna que acompaña las facturas se pueden ver inscripciones tales como
“Mateada Casa Lila Enrique”, “Sede”, “Elecciones Pasos 2019”, “Elecciones Pasos
2019 Tolloche” y “Sede Elecciones”…”. Es decir, se habrían desviado fondos
del presupuesto municipal para fines personales y para beneficiarse y llevar a
cabo actos políticos enmarcados a la campana electoral.
Por otro lado, en 2019 Leonardo y Marcelo García contrataron
de manera directa con una librería cuyo propietario era un empleado público que
prestaba sus servicios en la propia municipalidad y quien resultó beneficiado con
una partida presupuestaria por “Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza”, por
un importe de $111.458,00 (pesos ciento once mil cuatrocientos cincuenta y
ocho). Los comprobantes adjuntos suman $95.265 (pesos noventa y cinco mil
doscientos sesenta y cinco), lo cual implica que se habría abonado una suma
mayor a la de la documentación de respaldo. Es decir, faltan comprobantes por
un monto de $16.193 (pesos dieciséis mil ciento noventa y tres), y al realizar
la consulta en AFIP, no se puede obtener la validación, porque todos los comprobantes
arrojan el mismo error. Tampoco hubo procedimiento de contratación para la adquisición
de los insumos de oficina, dado que el importe acumulado de las facturas establece
que se debería haber realizado una adjudicación simple y no una contratación
directa o abreviada.
Por otra parte, en la partida presupuestaria “Ayuda Social a Personas”, se detectaron irregularidades tales como falta de identificación del proveedor, ausencia de remito o acta de recepción del bien adquirido, inconsistencia entre la fecha de la factura y la fecha de la orden de pago y el medio de pago empleado -efectivo-, por un monto de más de medio millón de pesos ($572.150, pesos quinientos setenta y dos mil ciento cincuenta).
En el caso de honorarios destinados a “Servicios Jurídicos, se pagó en efectivo y se facturó dos veces el mismo período, en marzo de 2019.
En los distintos recibos de pagos, no se consigna la firma
del tesorero que los emite.
Como modus operandi para justificar los gastos realizados, la fiscala detectó que cada vez que las facturas no eran válidas o correlativas, fueron completadas todas, con una misma fecha. También se realizaron diversos pagos diferidos que comprometieron el erario municipal cuya administración correspondía a la gestión siguiente.
Sobre el delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, García Pisacic observó que todos los cheques detallados en las órdenes de pago analizadas, son de cobro diferido a partir del 10 de enero de 2020. Ello implicaba que la erogación efectiva de fondos afectaba el presupuesto 2020, cuando la gestión de Leonardo García iba a concluir en diciembre de 2019. Todos los chequees diferidos fueron firmados por el exsecretario de Hacienda y senador Marcelo Durval García.
En segundo lugar, dijo que el medio de pago utilizado infringe lo normado por la Ley N° 25345 de Anti-evasión, que establece que los pagos totales o parciales de sumas de dinero superiores a $ 1.000 (pesos un mil), o su equivalente en moneda extranjera, deberán realizarse de acuerdo a los siguientes medios: depósitos en cuentas de entidades financieras, giros o transferencias bancarias, cheques o cheques cancelatorios, tarjeta de crédito, compra o débito, factura de crédito u otros procedimientos que expresamente autorice el Poder Ejecutivo Nacional y no en efectivo, como se hizo.
Y se detectó la falta de realización del procedimiento de contrataciones, acorde a lo estipulado por la Ley de Contrataciones, como en el caso de la adquisición de más de medio millón de pesos en concepto de Ayuda Social a Personas, la que se debería haber efectuado por medio de una Licitación Pública Nacional.
Por último, durante la gestión de los imputados en la
Municipalidad, habrían recibido fondos provinciales el 1 de febrero de 2019, para
la realización de una obra de agua potable en Gaona, con un anticipo de $
316.043,58; y el 15 de mayo de ese mismo año, para la obra de red de agua
potable en barrio Evita, de El Quebrachal, con un presupuesto de $ 735.222,12.
A pesar de existir los extractos bancarios en la causa, las obras no se
realizaron ni se justificó el destino del dinero. Todo ello, aunque el
Municipio fue intimado en tres oportunidades para iniciar las obras en cuestión.
Es decir, que en su carácter de funcionarios públicos como
intendente de El Quebrachal, Leonardo Fabián García y secretario de Hacienda, Marcelo
Durval García y habiendo tenido a su cargo la administración y custodia de
caudales públicos, no habrían dado el destino asignado al dinero en efectivo
que fue depositado debidamente.
La ampliación de imputación realizada esta semana, corresponde a la imputación concretada el 11 de diciembre de 2020. La Fiscalía hizo expresa reserva de una eventual ampliación de las imputaciones.
