El Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías N°4, la elevación a juicio contra el médico, acusado por tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo en concurso real
La fiscala de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos
Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó al Juzgado de Garantías
N°4, la elevación a juicio contra Martín De La Arena, acusado por tentativa de
fraude a la administración pública (dos hechos) y por tentativa de estafa, todo
en concurso real.
Además, Salinas Odorisio solicitó el sobreseimiento de De La
Arena por el delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la
función dado que “de los datos colectados durante el devenir de la
investigación penal preparatoria no pudo acreditarse que el obrar del
mencionado médico haya estado efectivamente direccionado a la confección o
ejecución de algún contrato o negociación en el cual haya intervenido
interesándose en miras a un beneficio propio o de un tercero”.
En cuanto a los dos hechos de fraude a la administración
pública, Salinas Odorisio se basó en la declaración testimonial de distintas
funcionarias y funcionarios, además de evaluar los informes y documentación
brindados por organismos nacionales y provinciales y la investigación realizada
por el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).
Entre los argumentos brindados por la fiscala en el pedido
de elevación a juicio, se encuentran las pruebas de que De La Arena -como socio
gerente de Hemosalta SRL- para la realización de Servicio Transfusional
Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, solicitó en dos
oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma-
(plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.
La primera presentación fue rechazada ya que pretendía el
pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando
posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los
pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto a sabiendas
de que, al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la
entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el
Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los
nosocomios autorizados.
Salinas Odorisio explicitó que De La Arena no llegó a
consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el
Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el
código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS era
de $4607,88.
Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado
consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a
la que realmente se estaba llevando a cabo. La obra social en caso de ser
engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que
verdaderamente correspondía.
En cuanto a la tentativa de estafa, la investigación llevada
adelante por la UDEC demostró que De La Arena, como socio gerente de la Empresa
HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de Servicio Transfusional
Hospitalario, realizó transfusión de plasma a una paciente que se encontraba
internada en el Hospital Santa Clara de Asís. Luego solicitó a la ART
Prevención, el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma-
(plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La ART rechazó el pago
de los $75.992,12.
Según consta en el requerimiento de Salinas Odorisio, “el
ardid desplegado consistió en intentar que la ART realizara el pago de una
prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo, de esta
manera la ART, en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto
significativamente superior al que verdaderamente correspondía”.
