Un hombre de 21 años cumplirá prisión efectiva por vulnerar la integridad sexual de una vecina menor de edad. Ocurrió en la zona Sudeste de la ciudad. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La fiscala penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de juicio contra un hombre de 21 años, acusado como autor del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una niña de seis años.
El hecho ocurrió en la zona Sudeste de la ciudad de Salta, cuando el acusado llevó a su vecina de seis años de edad, al interior de su vivienda y la sometió a tocamientos impúdicos.
El juez Maximiliano Troyano le impuso el cumplimiento de una pena de tres años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Este jueves, una veintena de efectivos del Ejército Argentino y de la Policía de la Provincia trabajan en la búsqueda del joven David Sulca, de 21 años, quien falta de su domicilio desde el 15 de septiembre último. La búsqueda inició el 17, cuando su familia denunció que no regresó de las serranías de la zona. Este viernes se conocerá la nueva planificación para los días subsiguientes.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics,
confirmó que el mismo equipo de búsqueda seguirá trabajando este viernes, jornada
en la que se renovará la planificación de los operativos de búsqueda para los
días subsiguientes.
En esta jornada, los efectivos de ambas fuerzas volvieron a la zona donde el joven habría desensillado y dejado la montura de la mula, que luego regresó sola al domicilio familiar. Vale recordar que la montura fue hallada en una zona conocida por el joven, según describió su padre, quien también aseguró que las huellas humanas que todavía eran visibles, se dirigían hacia la cuesta de la zona montañosa del paraje Las Capillas, en el departamento de Rosario de Lerma.
El operativo de búsqueda cuenta con patrullas del Grupo
Operativo Policial de Alto Riesgo, del Ejército Argentino y Gendarmería
Nacional para dar con el paradero de David Sulca. En el operativo se cuenta con
la colaboración de patrullas de Gendarmería Nacional que operan con distintos
grupos desde San Antonio de los Cobres hacia el Nevado de Acay y Cerro San
Miguel.
También se profundizaron los patrullajes en las
jurisdicciones de la Poma, Payogasta, Palermo oeste, entre otras áreas ubicadas
entre Las Capillas y la ruta nacional 40, a lo largo de la ladera oeste del
cerro San Miguel.
Bajo la dirección de Jovanovics, el trabajo conjunto es coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia y cuenta con la participación de la Policía de Salta, fuerzas nacionales de seguridad, baqueanos -entre ellos, familiares del joven buscado-, y áreas municipales de Campo Quijano.
La fiscala penal 3 de Orán, Mónica Araceli Viazzi, imputó a María Rosa Carvajal Pérez, de 60 años, por la comisión del delito de usurpación de propiedad, por abuso de confianza, clandestinidad y violencia, en calidad de autora. El hecho sucedió en Aguas Blancas. La mujer concurrió este jueves a la audiencia de imputación, con defensa particular y se abstuvo de declarar.
Según denunció el propietario de la vivienda usurpada, quien vivió en el lugar hasta el año 2006, autorizó a Carvajal Pérez a vivir en el inmueble ubicado en la localidad de Aguas Blancas, ya que, por razones de trabajo, debió trasladarse a Mendoza frecuentemente y regresaba cada tres meses a habitarlo y realizar trámites. El pasado 2 de agosto la denunciada, junto a otros ocupantes de la vivienda, lo echó del inmueble y ejerció violencia cuando la familia de la víctima quiso ingresar al lugar.
La denunciada, que vive junto a diez familiares, carece de documentación que acredite posesión de la vivienda y, por lo tanto, derecho alguno a permanecer en ella; en tanto, el denunciante es el legítimo propietario del inmueble, según surge de cédula parcelaria y escritura pública. De todo ello, se desprendió que la intrusa ingresó al inmueble de forma lícita por comodato (acuerdo verbal entre las partes), y cuya ocupación se prolongó más allá del tiempo, una vez intimada a su restitución, en abril pasado.
Los hechos fueron corroborados mediante las declaraciones testimoniales de dos personas, una de ellas, el anterior propietario del inmueble y que lo vendió a la víctima en 1995.
Según relató la víctima, quien ratificó denuncia el pasado 16 de septiembre, padece serios problemas de salud y una discapacidad, razón por la que debió retornar a vivir a su vivienda, de la cual fue violentamente desalojado.
Tras una investigación iniciada por la División de Drogas Peligrosas de esa ciudad, se desbarató una boca de expendio de drogas y se detuvo e imputó a un hombre.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó a Ángel Leonel Yepes como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La investigación fue llevada
adelante por personal de la División de Drogas Peligrosas a partir de un
informe policial, que daba cuenta de la comercialización de estupefacientes en
una vivienda de esa ciudad.
Cumplidas las tareas investigativas y de inteligencia dispuestas, el fiscal Medina reunió los elementos de convicción necesarios para solicitar orden de allanamiento para domicilios vinculados a los investigados.
Como resultado del cumplimiento de la medida, se logró el secuestro de sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, teléfonos celulares, y otros elementos de interés para la causa.
El fiscal Medina dispuso el cumplimiento de diversas medidas y el mantenimiento de la detención del acusado.
Este viernes declararán los últimos tres testigos citados por la defensa del acusado y se dará lugar a los alegatos de las partes en el juicio que se sigue contra Diego Rafael Gregorio Rearte por la tentativa de homicidio de Martín Ezequiel Benítez. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.
Durante la jornada del jueves, la jueza Mónica Mukdsi, recibió la declaración de testigos citados por la defensa y para la jornada de este viernes se espera escuchar los últimos tres testimonios y luego se producirán los alegatos de las partes.
El hecho ocurrió el 11 de
octubre de 2020 en el Grupo 244 de barrio Castañares de la ciudad de Salta,
cuando en el marco de una manifiesta enemistad entre dos familias, el acusado
atentó contra la vida de Benítez, realizándole varios disparos contra su
humanidad. Lo lesionó en una de sus piernas y en uno de sus brazos y se dio a
la fuga.
Un hombre fue detenido e imputado por un violento hecho en perjuicio de una mujer con la que mantuvo una relación de noviazgo. La esperó oculto, discutieron y la golpeó. Le quitó el teléfono celular, lo dañó y la mantuvo privada de su libertad toda la noche, mientras se autolesionaba e intentaba ahorcarla con una soga.
La fiscala penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó a un hombre como autor del delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y el género, daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad agravada, todo en concurso real.
Ocurrió en la localidad de Urundel el pasado 26 de septiembre, cuando la víctima regresaba a su domicilio y encontró al hombre con el que mantuvo una relación de noviazgo, oculto detrás de un árbol. Le dijo que quería hablar con ella y una vez que ingresó al domicilio donde la mujer alquila, le hizo cuestionamientos respecto a su vida privada, la golpeó y le arrebató el celular, causándole daños.
Luego comenzó a amenazarla, se autolesionó e intentó ahorcarla con una soga. La mantuvo privada de su libertad toda la noche, hasta que la mujer pudo pedir ayuda.
La fiscala Fuentes, tras la imputación, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de la detención del acusado, mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.
El hecho ocurrió en diciembre de 2020, cuando un hombre de 33 años resultó lesionado mientras intentaba defender a un primo político que participaba de una gresca. En el fallo, uno de los acusados fue condenado y otro, fue absuelto por la duda.
La fiscala penal de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juiciodel distrito Metán, en la audiencia de debate contra Delfor del Valle González como autor del delito de lesiones graves en perjuicio de Cristian Oscar Córdoba y contra René Alejandro Acosta como partícipe necesario del mismo delito.
El hecho ocurrió en diciembre de 2020 en la localidad de Las Lajitas, cuando el damnificado intentó defender a un primo político que participaba de una gresca y recibió una puñalada en la espalda y otras agresiones.
El juez Sebastián Fucho en su fallo, condenó a Delfor del Valle González a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta, mientras que el imputado Acosta fue absuelto por el beneficio de la duda. Se ordenó la inmediata libertad de ambos.
Un joven fue condenado por el homicidio de Daniel Alejandro Romero, ocurrido en septiembre de 2020 en asentamiento 30 de Agosto. La víctima recibió tres heridas de arma blanca. El menor imputado por el hecho fue declarado penalmente responsable.
El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2020 en asentamiento 30 de agosto de Colonia Santa Rosa, cuando la víctima mantuvo una discusión con Díaz en inmediaciones de su domicilio y minutos más tarde, volvieron a cruzarse, ya con la intervención del menor. En la gresca, Romero recibió tres heridas de arma blanca, que le provocaron la muerte antes de poder ser asistido.
Los acusados huyeron hacia la
zona del cementerio y luego fueron detenidos por personal policial.
El juez Aldo Primucci en su fallo, condenó a Díaz a la pena de diez años y seis meses de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
El menor fue declarado penalmente responsable y una vez firme la sentencia, será girada al Juzgado de Menores que corresponda.
Este jueves declararán los últimos testigos citados en el juicio que se sigue contra Diego Rafael Gregorio Rearte por la tentativa de homicidio de Martín Ezequiel Benítez. Durante este miércoles, vecinos de la zona, aseguraron que era manifiesta la enemistad entre ambas familias. Los alegatos se llevarán a cabo este viernes 1 de octubre.
Durante la jornada de este miércoles, testigos que eran vecinos del barrio Castañares, confirmaron que había una manifiesta enemistad entre la familia del acusado y la familia del imputado y que el incendio de la casa de la familia del acusado se produjo ese día, en forma previa al hecho juzgado.
Para este jueves se prevé la finalización de la ronda de testimoniales y según lo previsto, los alegatos se producirán este viernes y se conocerá el veredicto.
Este miércoles se realizaron cuatro allanamientos en la ciudad de Salta y están previstos operativos similares en provincias del NOA, donde operaba la organización que protagonizó al menos ocho hechos de estafa. Los acusados se habrían alzado con 35 mil dólares en efectivo, más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro por un valor aproximado a los 10 millones de pesos.
La fiscala penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés
Salinas Odorisio, dirige la investigación penal mediante la cual logró
desbaratarse una banda interprovincial que estafaba a adultos mayores, luego de
convencerlos telefónicamente de que la mujer que llamaba, era un familiar. Cuando
lograba la confianza de la víctima, la mujer advertía que dólares, pesos y
joyas se irían a desvalorizar a partir de un decreto del Poder Ejecutivo
Nacional y que un empleado del Banco iría a retirar todo el dinero que pudiera
reunir, para que no perdiera valor su patrimonio. Mientras continuaba la
comunicación, se presentaba otra persona para retirar el dinero o bienes.
Los investigadores del CIF establecieron vinculaciones entre
siete hechos con el mismo patrón de conducta delictiva, y a través del estudio
de telecomunicaciones, que seis de las ocho víctimas recibieron las llamadas de
una misma línea telefónica con prefijo de Tucumán. Las restantes fueron hechas
desde teléfonos celulares que durante la investigación, ubicaron como autores
de las estafas a sus propietarios.
Los patrones de selección de sus víctimas y modus operandi revelaron
que: en todos los hechos, las mujeres cumplieron el rol de captadoras; que
todas las víctimas recibieron llamadas a sus teléfonos fijos y que también la
totalidad de ellas, son personas de entre 70 y 80 años. Las comunicaciones se
originaban en Salta y Jujuy y su entrecruzamiento permitió identificar a parte
de la organización con residencias en esas provincias y Mendoza.
En Salta, las llamadas se originaban en un inmueble de barrio
Santa Ana y tuvieron como víctimas a adultos mayores del municipio de Joaquín
V. González, de la misma provincia. Otras víctimas son de Chaco y Santiago del
Estero. En Jujuy, fueron estafadas víctimas de la capital jujeña, a través de
comunicaciones iniciadas en barrio San Pedrito, de San Salvador de Jujuy. La investigación
también demostró que las mujeres actuaban con sus parejas, quienes retiraban el
dinero o elementos cedidos por las personas mayores.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos solicitó al
Juzgado de Garantías 5 las órdenes de allanamiento para cuatro inmuebles de
Salta capital y el exhorto para otras provincias, que posibilite el
allanamiento y detenciones de otros sospechosos.
El trabajo de la Fiscalía e investigadores del CIF se
desarrolló en conjunto con las Policías de Chaco y Santiago del Estero; y de
efectivos de Gendarmería Nacional para el cumplimiento de medidas en Jujuy.
Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos robados que se encontraban en galpones, donde sus integrantes se dedicaban a la compra y venta de camionetas y camiones. Las estafas denunciadas suman un total de 35 mil dólares en efectivo y más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro equivalentes a un valor de 10 millones de pesos.
