Un hombre de 37 años fue condenado a cumplir prisión efectiva por un intento de robo ocurrido en enero de este año, cuando atacó a una mujer con la intención de sustraerle el teléfono. Huyó pero fue demorado por ocasionales transeúntes.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Adrián Eduardo Rodas por el delito de tentativa de robo.
El hecho juzgado ocurrió el pasado 1 de enero por la tarde en la intersección de calles Alberdi y Güemes de la ciudad de Tartagal, cuando el acusado tomó de atrás a una mujer que circulaba por el lugar y le arrebató el celular. Huyó y fue demorado por ocasionales transeúntes.
La jueza Soledad Rodríguez le impuso el cumplimiento de una pena de 9 meses y 5 días de prisión efectiva y lo declaró reincidente por segunda vez.
Tres hombres y dos mujeres serán llevados a juicio por un violento hecho ocurrido en el mes de mayo en barrio Finca Valdivia de la ciudad de Salta, donde portando armas, amedrentaron a vecinos, profiriendo amenazas y causando daños.
El fiscal penal 3, Horacio
Córdoba Mazuranic, requirió juicio para Alfredo Félix Laguna y Facundo Nicolás
Chaile como autores de los delitos de lesiones leves (dos hechos) y
desobediencia judicial. Para Víctor Abraham Condorí como autor de los delitos
de amenazas con arma (dos hechos) y tenencia de arma de fuego de uso civil.
Para Magdalena Claudia Vicenta López como autora de los delitos de amenazas con
arma y amenazas. Para Marina Gisella Mamaní como autora del delito de amenazas
con arma.
El hecho ocurrió el pasado mes de mayo en barrio Finca Valdivia, en la zona Sur de la ciudad de Salta, cuando los acusados, usando armas blancas, de fuego y elementos contundentes, atacaron a vecinos de la zona, amenazándolos, causando daños en viviendas y automóviles y lesiones a los involucrados.
Estas personas, junto a otras,
integran un grupo antagónico que atemoriza a los vecinos de la zona, con la
comisión de distintos actos delictivos.
El hecho ocurrió este jueves por la mañana en el barrio Carmen Salas de esa ciudad, cuando la mujer fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda. Su pareja es el principal sospechoso y se encuentra prófugo. Se realizará la autopsia en el hospital local.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, investiga el homicidio calificado de una mujer que se desempeñaba como personal policial y que fue encontrada sin vida este jueves, pasado el mediodía en el interior de su vivienda.
De las primeras tareas realizadas, se pudo conocer que fue herida mortalmente con un arma de fuego y que el principal sospechoso es su pareja, también efectivo policial, quien se encuentra prófugo.
López Ibarra se constituyó en la vivienda del barrio Carmen Salas y dio las directivas de rigor, entre las que se cuenta el traslado del cuerpo de la víctima al hospital local, donde cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se le realizará la autopsia, para determinar la data y causa del deceso.
En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y en las tareas investigativas se desempeñan miembros de la Unidad de Investigaciones de Homicidios del CIF.
Este jueves se cumplieron diversas medidas en calle Urquiza de la ciudad de Salta, con la presencia de la Unidad Fiscal que investiga, una de las partes intervinientes y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
La Unidad Fiscal integrada por los fiscales Leandro Flores y Ana Inés Salinas Odorisio, en el marco de la investigación que llevan adelante por la muerte de Matías Ruíz, ocurrida el pasado 13 de julio en inmediaciones del parque San Martín de la ciudad de Salta, informó que a solicitud de la querella, se cumplieron este jueves por la tarde, diversas medidas tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho.
Con la presencia de personal de investigadores del CIF y personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, se realizó sobre calle Urquiza una inspección ocular y otras diligencias.
Para asegurar el normal desarrollo de la medida, se contó con la colaboración de personal policial y de Tránsito Municipal.
Estuvieron presentes el fiscal penal Leandro Flores, el abogado representante de dos de los imputados y dos testigos.
Cabe recordar que por el hecho se
encuentran imputados Luis Alberto Rivas Pérez, Cristian Alejandro Huari,
Gonzalo Federico Farfán, Marcela Silvana Giménez (operarios de SAMEC), Sergio
David Llanes, Néstor Damián Ulloa, Ricardo Ariel Sierralta y Héctor Matías
Rodríguez (efectivos policiales) como autores del delito de homicidio culposo.
A Rodríguez se le imputa además, el delito de vejaciones en concurso real.
El procurador general de Salta, Abel Cornejo participó este jueves en la Asamblea Extraordinaria de Procuradores, convocada por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, cuyo titular es Eduardo Quattropanni. Los procuradores acompañaron dos mociones de Cornejo y se interiorizaron sobre la nueva adenda al convenio de Cooperación con el Poder Ejecutivo Nacional, que permitirá acceder a $ 125.000.000 no reintegrables.
Los procuradores de todo el país acompañaron la propuesta del procurador salteño, Abel Cornejo, quien invitó a todos los Ministerios Públicos Fiscales del país a propender a la creación de fiscalías especializadas en Ciberdelitos, dado el auge de las tecnologías del último siglo, que significaron innumerables avances para la humanidad, pero también una serie de desafíos para las autoridades, legisladores e investigadores. Es que todos ellos, se vieron en la necesidad de centrarse cada vez más en la persecución y sanción de los delitos cibernéticos, como la pornografía y explotación sexual de menores, el robo de identidad, acoso cibernético y otros. En Salta, dicha Fiscalía fue creada por Ley en 2019 y actualmente, se concursa el cargo de Fiscal especializado en Ciberdelincuencia.
Por otra parte, el Consejo aceptó la moción del procurador Cornejo, de incorporar en el primer punto del próximo encuentro -previsto para el 18 de noviembre en Rosario de Santa Fe-, la propuesta de creación de una Oficina destinada a la interposición de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de centralizar y agilizar la abundante tramitación que generan las fiscalías de todo el país ante el Máximo Tribunal de Justicia.
La
elección de Rosario como sede del próximo encuentro, no es casual. Allí, Ariel
Cantero fue condenado a 28 años y seis meses de prisión por organizar balaceras
contra blancos judiciales desde su celda. Significó una condena ejemplar que
buscó dar una señal contra el crimen digitado desde las cárceles que tiene en
vilo a la ciudad santafesina. Los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal
Vescovo y Gastón Avila celebraron el fallo del tribunal conformado por los
jueces Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto, quienes consideraron al
líder de Los Monos y a su banda como responsables de los ataques registrados
entre mayo y agosto de 2018.
Según
Marcogliese “fueron doce ataques con armas de fuego a instituciones y personas
que representan al Estado, lo que significa al poder del miedo y de la
violencia confrontando con el poder del Estado, que no es más que el de la
sociedad en su conjunto».
Fondos
para Laboratorios
Durante la Asamblea Extraordinaria de Procuradores, los integrantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, -que preside Alejandro Gullé- yel Consejo Federal de Política Criminal, -cuyo titular es Eduardo Quattropanni-; se ocuparon de la relación institucional del Consejo con otros organismos, de las necesarias capacitaciones para todo el país y de la décima primera adenda al convenio de Cooperación para la Creación e Implementación de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, que firmaron oportunamente la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los Consejos de Procuradores y de Política Criminal.
La adenda establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asignará al Consejo, en carácter de aporte no reintegrable, la suma de $125.000.000 (ciento veinticinco millones de pesos) para cubrir la renovación de licencias de equipos UFED adquiridos por los Ministerios Públicos de las distintas provincias argentinas, y para la adquisición de equipos, instrumental complementario, sistemas e insumos para la actualización y modernización de los laboratorios y las morgues judiciales.
ElConvenio de Cooperación
rige desde 2010 y tuvo como objetivo principal, la creación e implementación de
Laboratorios Regionales de Investigación Forense, para brindar a la
investigación todas las evidencias científicas imprescindibles, seguras,
confiables y oportunas que se requieran en el proceso penal.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos transferirá los fondos en los próximos 120 días y posteriormente, los Ministerios Públicos de todas las jurisdicciones, tendrán que presentar un informe final de uso de fondos que certifique el destino de la totalidad de esos fondos transferidos, como se hizo desde la firma del convenio de Cooperación.
La fiscala multifuero de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, logró el acuerdo de mediación penal que permitió que 300 familias denunciadas por usurpación, convengan con los propietarios de la finca en cuestión, la adquisición de diez hectáreas para edificar sus viviendas. Los propietarios, por su parte, desisten de las acciones penales.
La intervención de la funcionaria del Ministerio Público
Fiscal en las actuaciones, se originó en la denuncia radicada por Cecilia
Aduvigis Arias D´Ormea, el 30 de junio pasado, por la supuesta comisión del
delito de usurpación en un sector de finca Laguna Blanca, de Joaquín V.
González, en del departamento Anta.
Este miércoles, las partes acordaron la compraventa de diez
hectáreas, -fracción del catastro de la familia Arias-, en representación de
300 familias y cuya nómina fue adjuntada al acuerdo. Por su parte, Cecilia
Aduvigis Arias de D´Ormea y Javier D´Ormea Arias, dijeron que “no tienen
interés en continuar con las acciones penales correspondientes a las presentes
actuaciones y en relación a los 300 compradores descriptos en el listado”.
Por las familias que comprarán firmaron el acuerdo de
mediación penal, Malena del Carmen Arias y Yaquelin Sandez, con el patrocinio
de Sergio Veleizán. Por la otra parte,
Arias de D´Ormea y D´Ormea Arias, junto a su patrocinante, María Elena González
Diez.
Un hombre de 18 años fue condenado por el homicidio en ocasión de robo de un menor de 17 años, al que en octubre de 2020 hirió con un arma blanca para robarle el celular. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
El hecho ocurrió en octubre de 2020 en barrio Caballito de esa ciudad, cuando el menor, junto a otros adolescentes, fue a realizar un mandado y fue interceptado por el acusado, que lo hirió en la zona inguinal con un arma blanca y le sustrajo un celular.
El menor fue hospitalizado y falleció luego. Con el aporte de testigos y otras diligencias, se logró identificar y detener al autor del hecho.
El juez Edgardo Laurenci, luego de recibir la confesión del acusado y la conformidad de las partes, le impuso el cumplimiento de una pena de 10 años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Un joven de 23 años fue condenado por someter a tocamientos a su media hermana por parte de padre, de cinco años. Convivía con la niña y aprovechó la situación para vulnerar su integridad.
La denuncia fue radicada por la madre de la menor, quien relata que el acusado es hijo de su exmarido y que convive con él desde que tenía 14 años. La mujer dijo que nunca tuvo desconfianza del joven.
En julio de 2020, cuando se disponía a bañar a su hija de cinco años, notó que tenía la zona genital irritada y cuando le preguntó qué había sucedido. La niña se negó a contarle y ante la insistencia, le dijo que su hermano la había sometido a tocamientos.
El juez Sebastián Fucho le impuso el cumplimiento de una pena de tres años de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta. En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Se ordenó su libertad en relación a esta causa pero continuará detenido en relación a otra causa en la que se encuentra imputado.
Un hombre fue condenado por actos de abuso cometidos en perjuicio de una menor de edad, hija de quien fuera su pareja. La mujer denunció el hecho al tomar conocimiento de la situación. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La fiscala penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra un hombre acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una menor de edad.
La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, al tomar conocimiento de que su pareja la había sometido a distintos actos de avasallamiento de su integridad sexual desde que era niña.
El Tribunal, integrado por los jueces Norma Beatriz Vera, Maximiliano Troyano y Mónica Faber, condenó al acusado a la pena de trece años de prisión efectiva y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Se requirió juicio contra un hombre que en junio de 2018, embistió un móvil policial en la ciudad de Cafayate para evitar un control, y en la huida volcó el vehículo que conducía, provocando la muerte de uno de sus acompañantes.
Según consta en las actuaciones, el 24 de junio de 2018, Oropeza conducía a gran velocidad una camioneta tipo utilitario, donde viajaba junto a dos personas. Cuando fue interceptado en inmediaciones de calle Rivadavia y Pasaje 11 de por efectivos policiales que intentaban identificarlos, el conductor arremetió contra el vehículo oficial y se dio a la fuga a toda velocidad.
El vehículo fue encontrado minutos más tarde volcado sobre la banquina derecha del kilómetro 4344 de la ruta nacional 40. Uno de los ocupantes, identificado como Cristian Corimayo, se encontraba lesionado y el otro, identificado como Félix Isaac Cutipa, se encontraba metros más adelante sin signos vitales.
El conductor pese a resistirse e intentar fugarse, fue detenido y pudo determinarse que conducía a una velocidad aproximada de 120 km/h, superando ampliamente los 40 km/h permitidos en la zona. También se comprobó que conducía con un nivel superior a 1 g/l.
