Un hombre de 38 años se encuentra detenido e imputado por actos de violencia en perjuicio de una mujer con la que mantuvo 18 años de relación y con quien tiene seis hijos en común. La fiscal penal Sandra Rojas solicitó su prisión preventiva y la realización de pericias psicológicas.
La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la prisión preventiva de un hombre de 38 años imputado provisionalmente por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas (dos hechos).
El hecho investigado ocurrió en Estancia Jasimaná durante los primeros días de abril, cuando el acusado se presentó en la casa de su ex pareja y madre de sus hijos, tomó su celular y comenzó a revisarlo. Luego, se inició una discusión y aprovechando que la mujer se encontraba acostada, se abalanzó sobre ella y habría intentó ahorcarla, mientras la amenazaba.
Según el relato de la mujer, la sacó por la fuerza de la vivienda y la agredió con un cinto y golpes de puño. Al día siguiente habría continuado con las agresiones y amenazas, por lo que la mujer recurrió al puesto sanitario buscando ayuda.
En la solicitud, la fiscal penal Rojas fundamenta su pedido en la necesidad de protección de la mujer, en el riesgo procesal de fuga o entorpecimiento de la investigación y solicita que se ordene un informe ambiental y pericia psicológica para el acusado.
Se requirió juicio para Luis Enrique Rebilla por el homicidio doblemente calificado de Susana Zerpa, ocurrido en octubre de 2021. La mujer de 65 años fue encontrada sin vida en el interior de su local comercial, ubicado en la zona céntrica de esa ciudad.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para Luis Enrique Rebilla como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de Susana Zerpa.
Según consta en las actuaciones, una vecina reportó que Zerpa no había regresado la noche del jueves 30 de septiembre de 2021 a su domicilio y ante su llamada de alerta, fue encontrada sin vida en el interior de su local comercial ubicado en la calle Güemes al 500 de la ciudad de Tartagal.
Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, los acusados manifestaron al Tribunal de la Sala IV de Juicio, su voluntad de no declarar durante la jornada. Luego se inició la ronda de testimoniales con familiares de Cristian Gallardo.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, los seis imputados decidieron no declarar ante el Tribunal integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano, Maximiliano Troyano y Norma Beatriz Vera.
En forma posterior se inició la
ronda de testimoniales con la declaración de cuatro testigos, todos miembros
del grupo familiar del fallecido.
Según el calendario fijado por el
Tribunal, la audiencia continuará este jueves al mediodía, los días 21, 22, 25,
26, 27 y 29 de abril y el 2 y 3 de mayo.
En una extensa jornada, declararon los testigos citados, entre los que se cuenta a familiares de la víctima y personal policial del área de Criminalística que intervino en la investigación. Para este jueves se espera finalizar con la ronda de testimoniales y dar paso a los alegatos.
Foto Poder Judicial de Salta
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Néstor Alan Tobar, “Tato” y Renzo Delfín Sabán como coautores del delito de homicidio calificado por la violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Elvira Sabán.
Este miércoles, durante la ronda de testimoniales, la jueza Soledad Rodríguez recibió la declaración de familiares de la mujer fallecida y de personal policial del área de Criminalística que tuvo parte en la investigación, entre otros.
Para este jueves se espera la
declaración de los últimos testigos citados por las partes y según lo previsto
por el Tribunal, dar lugar a los alegatos.
Durante la jornada de este miércoles, el juez Ramón Haddad recibió la declaración de 14 testigos citados por la defensa de los acusados y ante las inconsistencias detectadas en relación a lo vertido durante la investigación, los fiscales penales García Pisacic y Rodríguez López y la querella, solicitaron que sean investigados por falso testimonio. Este jueves declararían los últimos ocho testigos.
Foto Poder Judicial de Salta
Los fiscales penales Nicolás Rodríguez López y María Celeste García Pisacic, representan al Ministerio Público Fiscal ante el juez Ramón Haddad, vocal 3 de la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Sur – Circunscripción Metan, en la audiencia de debate que se sigue contra Walter Ezequiel Omar Mamaní por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.
También contra el cabo Juan
Giménez, imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación
ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines
de venganza, todo en concurso real, con coacción en calidad de autor; la
sargento Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz por los delitos de
abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad
ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real
en calidad de autores y contra el agente Franco Matías Vizgarra por los delitos
de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de
venganza, todo en concurso real en calidad de autor.
Durante la jornada de este
miércoles, declararon 14 testigos citados por la defensa de los acusados. Los
representantes del Ministerio Publico Fiscal, ante las incongruencias
detectadas en las declaraciones de dos testigos en relación a lo vertido
durante la investigación, solicitaron al Tribunal que se reserve la posibilidad
de correr vista a la Fiscalía de turno para que sean investigados por falso
testimonio. En tanto, el abogado querellante, ante una situación similar,
solicitó la inmediata detención de un testigo, a lo que el juez no hizo lugar
pero si a la reserva de la posibilidad de correr vista para que sea investigado
por el delito de falso testimonio.
Para este jueves, según lo
fijado, se prevé la declaración de los últimos ocho testigos y el Tribunal
deberá fijar fecha para los alegatos de las partes.
En el marco de la investigación que se lleva adelante por el homicidio de Ramón Arnaldo Díaz, se produjo la detención de una tercera persona. El hecho ocurrió en barrio 20 de junio de esa ciudad.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, informó que en el marco de la investigación que se lleva adelante por el homicidio de Ramón Arnaldo Díaz, ocurrido el 19 de enero pasado, se produjo la detención de una tercera persona.
El hombre, de 24 años, fue
detenido en la localidad de Aguas Blancas luego de una minuciosa tarea
desplegada por los investigadores de la Unidad de Graves Atentados e imputado
como coautor del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de
dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
La mujer está acusada de ejercer actividades inherentes a la profesión de Mediadora sin tener el título habilitante, habilitación especial o autorización correspondiente, desempeñando tal actividad en un local con cartelería indicando que se trataba de un “Centro de Mediación Extrajudicial”. Este viernes, cuando se reanude la audiencia, declarará la última testigo y se dará lugar a los alegatos de las partes.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Rosana Paola Ruiz de 48 años, como autora del delito de usurpación de título.
La
investigación se inicia a partir de la denuncia realizada en 2019 por la Directora
General de Mediación, Conciliación y Arbitraje, Dependiente del Ministerio de
Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta, Victoria
Eugenia Fossati al detectar como autoridad de aplicación de la Ley de Mediación
N.º 7324, Decreto Reglamentario 3456/09, con competencia en todo el territorio
de la Provincia, que en San Ramón de la Nueva Oran, funcionaba en un local de
calle Pellegrini al 400, un centro de mediación extrajudicial privado que no contaba
con la habilitación correspondiente.
También pudo verificarse que la
persona que ofrecía sus servicios de mediadora a través de redes sociales e
incluso a través de tarjetas personales, no contaba con título habilitante,
habilitación especial o autorización correspondiente.
A partir de la denuncia radicada,
Personal de Brigada de Investigaciones dio cumplimiento a distintas tareas
dispuestas por la fiscal, que permitieron reunir los elementos de convicción
necesarios para elevar la causa a juicio.
Durante la primera jornada, se realizó la lectura del requerimiento a juicio y el juez Edgardo Laurenci recibió la declaración la acusada y de los testigos citados. Se pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes 22 a las 11, cuando se escuchará a una última testigo y se dará lugar a los alegatos.
Un hombre de 21 años fue condenado en juicio abreviado por dos hechos de robo ocurridos en 2019 y uno ocurrido el pasado 17 abril en perjuicio de vecinos de la ciudad de Tartagal. Deberá cumplir reglas de conducta.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Fernando José Domínguez por los delitos de robo calificado en circunstancias de hurto calificado y dos hechos de robo simple.
Domínguez está acusado de cometer dos hechos de delitos
contra la propiedad durante 2019, donde sustrajo distintos bienes de una
iglesia evangélica y de una vivienda y por un hecho ocurrido el pasado 17 de
abril, cuando tras violentar el tambor de una motocicleta, huyó en ella y fue
detenido por personal policial.
El juez Ricardo Martoccia, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso el cumplimiento de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta.
Un hombre de 59 años y su hija de 25 años, fueron imputados este martes por un hecho ocurrido el pasado lunes en esa ciudad. Acompañados de un defensor particular, se abstuvieron de declarar y manifestaron que lo harán luego por escrito. Se solicito que se mantenga su detención.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó en forma provisional a un hombre de 59 años y a su hija de 25 años como coautores del delito de lesiones graves en perjuicio de un hombre de 27 años.
El hecho investigado ocurrió el pasado lunes en esa ciudad, cuando un hombre de 27 años ingresó con politraumatismos y heridas al hospital local y dada la gravedad que presentaba, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde permanece internado con pronóstico reservado.
Los acusados estuvieron acompañados de un abogado particular durante la audiencia de imputación. Se abstuvieron de declarar y manifestaron que lo harán luego por escrito.
El fiscal penal Gómez Amado solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención de los acusados mientras se cumplen diversas medidas solicitadas.
Cinco efectivos policiales y un testigo que aportó datos falsos durante la investigación, será juzgados desde este miércoles por la muerte del joven. Ocurrió en agosto de 2019 en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en el marco de un operativo policial.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, López
y Olea, intervinieron ante un hecho de robo ingresando a una vivienda de Finca
Independencia. Cuando se disponían a demorar a quienes lo habrían provocado,
dos de ellos huyeron por los techos. Gallardo se encontraba oculto en un
lavadero y en su poder, estaban un arma blanca con la que habían atacado al
damnificado y el teléfono celular que le habían sustraído.
Cristian Exequiel Gallardo se resistió abiertamente a su
aprehensión, forcejeando con los dos policías que procuraban sacarlo del
inmueble. Los efectivos habiendo sido capacitados con técnicas de sujeción para
este tipo de procedimiento aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y
excesivas en su afán de aprehenderlo. Mientras uno de los policías lo
arrastraba cruzando su brazo y antebrazo desde el cuello haciendo presión, el
otro trataba de sujetarlo de los pies. La intervención de estos dos efectivos
no resultó suficiente para reducirlo dado que al salir a la vereda del inmueble
Gallardo logra zafarse e intenta huir, pero a escasos metros es aprehendido por
dos efectivos que le aplican golpes de puño a la altura del abdomen y en el
antebrazo izquierdo.
Posteriormente es trasladado en la caja cubierta del móvil
policial, donde esposado, lo pusieron boca abajo y continuaron aplicándole
trato riguroso. Ya en la dependencia policial, el demorado comenzó a tener
dificultades para respirar, por lo que luego se solicitó una ambulancia, que,
al llegar, constató que Gallardo se encontraba sin vida.
En la extensa base probatoria, la Fiscalía expone el informe
de autopsia realizado al fallecido, donde se confirma que el deceso de Gallardo
se produjo por isquemia aguda de miocardio, lo que fue corroborado por los
profesionales médicos que integraron la Junta que realizó la necropsia en forma
posterior.
También se consigna que los profesionales corroboraron las
causas del deceso de Cristian Exequiel Gallardo y verificaron en su cuerpo
numerosas lesiones producto del trato que recibió de parte del personal
policial durante el procedimiento de detención y traslado.
En la acusación a los efectivos que actuaron en su
detención, el fiscal destaca que inobservaron los reglamentos que le incumben,
le dispensaron un trato áspero y riguroso sobre el cuerpo del mismo
provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo. También señala que el
deceso se produjo porque ante una situación previsible como lo era la
descompensación de quien tenían bajo su custodia en un nuevo accionar imperito,
no respondieron a la emergencia, practicando al menos maniobras de reanimación
que también formaba parte de la capacitación recibida. Tampoco efectuando el pedido
oportuno de asistencia sanitaria, para que personal de emergencia pudiera
concurrir al lugar a resolver la situación.
Respecto a Elio Maximiliano Moya, se advirtió que con fecha
26 de agosto de 2019, encontrándose de oficial de servicio de la Base del
Sector 6, consignó datos y situaciones que no correspondían a lo que había
acontecido tras el arribo de Cristian Exequiel Gallardo y la descompensación
que sufrió. Tampoco correspondían con los registros efectuados en el Libro de
Guardia de la Dependencia, con la única intención de favorecer a sus colegas
involucrados a fin de que eludan la persecución penal.
En relación a Ángel Ismael Lozano, se tiene debidamente
acreditado que en ocasión de prestar declaración testimonial ante la Fiscalía,
habiendo prestado juramento de decir verdad, omitió referir a las
circunstancias acaecidas dentro de la caja del móvil cuando Gallardo fue subido
para ser trasladado a la Base del Sector 6A de B° Democracia. Si bien expresó
que allí Gallardo se resistió a que le colocaran las esposas, nada dijo de lo
que exhibe el video aportado a la causa por `parte de la hermana del
damnificado, en el que se aprecia la agresión perpetrada por uno de los
policías. Debiendo entenderse que su silencio favorecía la situación a quienes
lo auxiliaron tras el ilícito que sufrió en la vía pública, en el que había
intervenido Gallardo.
El Tribunal estará integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano, Maximiliano Troyano y Norma Beatríz Vera y está previsto que se desarrolle los días 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 29 de abril y el 2 y 3 de mayo.
