Reunidos los elementos de convicción necesarios, la fiscal penal de la UFEM, Mónica Poma, solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el femicidio de una mujer de 44 años, ocurrido en septiembre de 2021 en la zona oeste de la ciudad de Salta.
La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, para Melanio González como autor del delito de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y mediar violencia de género, desobediencia judicial y violación de domicilio.
El hecho investigado ocurrió en el mes de septiembre de 2021 en una vivienda de barrio Gustavo Leguizamón, donde una mujer de 44 años fue herida mortalmente con un arma blanca por su ex pareja, quien permaneció prófugo por algunos días.
En el requerimiento, la fiscal penal Poma expone en extenso las medidas probatorias producidas durante la investigación los fundamentos de la acusacion, que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea llevada a juicio.
Este jueves, al reanudarse la audiencia de debate contra el ex comisario y otros cuatro efectivos policiales, prestaron declaración tres de los imputados. Ya lo habían hecho Mamaní y Vizgarra. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 3 de mayo para dar lugar a los alegatos de las partes.
Los fiscales penales Nicolás Rodríguez López y María Celeste García Pisacic, representan al Ministerio Público Fiscal ante el juez Ramón Haddad, vocal 3 de la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Sur – Circunscripción Metan, en la audiencia de debate que se sigue contra Walter Ezequiel Omar Mamaní por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.
También contra el cabo Juan Giménez, imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción en calidad de autor; la sargento Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real en calidad de autores y contra el agente Franco Matías Vizgarra por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real en calidad de autor.
Este jueves, al reanudarse la audiencia de debate, declaró en primer término el imputado Giménez, quien aceptó responder preguntas sólo de la Fiscalía. Luego lo hizo el imputado Argañaraz, quien no aceptó responder preguntas de las partes y finalmente lo hizo la imputada Díaz, quien si respondió las preguntas que le formularon.
El defensor del imputado Mamamí solicitó un careo entre dos testigos que declararon durante el debate, a lo que el juez Ramón Haddad no hizo lugar, tomando en cuenta la posición manifestada por la Fiscalía y la querella. También se exhibió un video que formó parte de la investigación.
Se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 3 de mayo para dar lugar a los alegatos de las partes.
Tras la lectura del requerimiento a juicio, Micaela Noemí Colque se abstuvo de declarar. Durante la jornada declararon dos efectivos policiales, familiares paternos de la niña y una hermana de la acusada.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Micaela Noemí Colque por el delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hija de dos años.
Este jueves, luego de la lectura del requerimiento a juicio fiscal, la acusada decidió no declarar ante el Tribunal integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Gabriela González y Pablo Farah.
Luego se
dio paso a la ronda de testimoniales. En primer lugar declararon dos efectivos
policiales que formaron parte de la primera etapa de la investigación.
Luego prestó declaración la abuela paterna de la niña, quien en forma extensa se refirió a cómo tomó conocimiento del embarazo de la acusada, al momento en que ésta dejó a su cuidado a la niña cuando tenía días de nacida y de los cuidados que le prodigaba. También se refirió a la relación con la acusada meses antes del fallecimiento de la menor.
Declararon
el padre biológico y una tía paterna de la menor, quienes fueron coincidentes
en destacar que cuando la niña fue entregada a su madre, experimentó un
deterioro en su aspecto físico y emocional y que la acusada interponía excusas
para evitar el contacto.
Finalmente prestó declaración una media hermana de la acusada, quien se refirió al festejo del día del padre del que participó la acusada, cuando dejó a la niña sola en su domicilio. La mujer aseguró que la familia biológica de Colque ignoraba que tenía otra hija, ya que hacía poco tiempo que habían iniciado contacto y que ésta siempre se los ocultó.
Según
lo fijado por el Tribunal, la audiencia se desarrollará este viernes por la
mañana en la Sala de Grandes Juicios y la semana próxima será a partir de las
16. Está previsto que finalice el próximo 5 de mayo.
Un hombre fue condenado en juicio abreviado por un hecho ocurrido en el mes de marzo, cuando junto a otra persona, amenazó a una mujer con un cuchillo para robarle el celular y fue detenido cuando intentaba huir.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Jonathan Oscar Valda por el delito de tentativa de robo calificado por el uso de arma.
El hecho juzgado ocurrió el pasado mes de marzo, cuando el acusado junto a otra persona, abordaron a una mujer en la vía pública y enseñándole un cuchillo, le arrebataron el celular. Cuando intentaba huir, el acusado fue detenido y se logró recuperar el teléfono.
El juez Anastasio Vázquez Sgardelis, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso una pena de 3 años y 4 meses de prisión de ejecución efectiva.
Este jueves prestó declaración el último testigo citado en el juicio por el femicido de Elvira Sabán y tras los alegatos de las partes, se dio a conocer el veredicto, donde se condenó a Néstor Alan Tobar a la pena de prisión perpetua y se absolvió por el beneficio de la duda a Renzo Delfín Sabán.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Néstor Alan Tobar, “Tato” y Renzo Delfín Sabán como coautores del delito de homicidio calificado por la violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Elvira Sabán.
Durante los alegatos, el fiscal penal Vega, a partir del testimonio de un médico legal, solicitó la ampliación de la acusación a homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y alevosía para los dos imputados y pidió que se les aplique la pena de prisión perpetua, a lo que adhirió la querella.
Pasado el mediodía, la jueza Sandra Sánchez dio a conocer el veredicto donde condenó a Néstor Alan Tobar a la pena de prisión perpetua como autor del delito de homicidio triplemente calificado en perjuicio de Elvira Sabán. En el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Renzo Delfín Sabán fue absuelto por el beneficio de la duda y recuperó su libertad.
Un hombre de 30 años y otro de 70 años, fueron imputados como principales sospechosos de sustraer y vender mercadería que llegaba al depósito de la empresa para ser distribuida. Uno de ellos, empleado de la firma, permanece detenido.
La fiscal penal 2 de Orán, Mariana Torres, imputó en forma provisional a un hombre de 30 años como autor del delito de hurto calificado y a un hombre de 70 años como autor del delito de encubrimiento por receptación dolosa en perjuicio de una empresa de correo privado.
Al detectarse la sustracción
de mercadería que había ingresado a la empresa, principalmente artículos de
informática y tecnología, se inició una minuciosa investigación, que concluyó
con la detención de dos hombres que estarían vinculados al hecho.
Uno de ellos, de 30 años, se
desempeñaba laboralmente en el depósito del correo privado y sería quien
sustraía los bienes y otro de 70 años, quien se encargaba de comprarlos y revenderlos.
Con los elementos de convicción necesarios, la fiscal penal Torres solicitó al Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, orden de allanamiento para dos domicilios vinculados a los investigados, desde donde se logró secuestrar teléfonos celulares, una notebook y otros elementos de interés para la causa.
El imputado de 30 años
permanece detenido, mientras que el de 70 años recuperó su libertad con
cumplimiento de medidas sustitutivas.
Un hombre de 29 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado 22 de abril en un puesto rural de Pichanal, donde un trabajador resultó herido con un arma de fuego. Al momento de ser detenido, el sospechoso tenía en su poder, sustancias estupefacientes. Se solicitó que siga detenido.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó en forma provisional a un hombre de 29 años como autor de los delitos de lesiones graves agravadas por ser cometidas con un arma de fuego y tenencia simple de estupefacientes en concurso real.
El hecho investigado ocurrió el pasado 22 de abril por la madrugada, cuando un hombre que se desempeñaba laboralmente en un puesto rural, resultó herido en uno de sus miembros inferiores con un arma de fuego por su empleador. El herido le habría reclamado el pago de una suma de dinero y éste, ofuscado le habría efectuado disparos, impactando uno de ellos en su humanidad.
Efectivos policiales localizaron el vehículo del sospechoso en forma posterior y al momento de su detención, se le encontraron dos envoltorios con sustancia estupefaciente.
Desde la Fiscalía se dispuso el cumplimiento de diversas medidas tendientes a lograr el esclarecimiento del hecho y se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención del acusado.
Tras la ampliación de la imputación por el homicidio calificado de Víctor René Córdoba, el fiscal penal Gómez Amado solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, la prisión preventiva para el hombre de 59 años y su hija de 25 años.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, en el marco de la investigación que lleva adelante por el homicidio de Víctor René Córdoba, solicitó al Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, la prisión preventiva de un hombre de 59 años y su hija de 25 años, imputados como coautores del delito de homicidio calificado.
Fundamenta el pedido en el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la investigación que se encuentra en curso.
Se investiga un hecho ocurrido el pasado 26 de abril en un establecimiento escolar, donde aproximadamente 15 manifestantes, incurrieron en retención indebida y privación ilegítima de la libertad. Tres personas identificadas como los propiciadores de la medida, fueron citados a la Fiscalía y ante su incomparecencia, se solicitó su detención.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, investiga un hecho ocurrido este martes en la Escuela N° 4128 Puerto La Paz, donde un grupo de 15 manifestantes, pertenecientes a una comunidad originaria, realizaron una protesta, con retención indebida y privación ilegítima de la libertad de quienes se encontraban en el establecimiento, cuando realizaban reclamos referidos a directivos de la institución.
En procura de mantener el orden y garantizar la libertad personal, el fiscal Cazón dispuso la identificación de las tres personas que encabezaban la medida y que sean citados para este miércoles a la Fiscalía para ser imputados por la posible comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, retención indebida, coacción, atentado a la autoridad y desobediencia judicial en concurso real.
Ante su incomparecencia, solicitó al Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, que se ordene su inmediata detención.
El fiscal penal Cazón remarcó la importancia de garantizar los derechos de las personas que se ven afectadas con este tipo de medidas.
Jesús Reynaldo Delgado fue condenado a la pena máxima que prevé el Código Penal por el femicidio ocurrido el 25 de diciembre de 2019 en el marco de una pelea vecinal. Será registrado en el Banco de Datos Genéticos.
Foto Poder Judicial de Salta
Este miércoles se produjeron los alegatos en el juicio seguido contra Jesús Reynaldo Delgado. El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega sostuvo la acusación y solicitó que se le aplique la pena de prisión perpetua, a lo que adhirió la querella.
La defensa por su parte sostuvo que se trató de un homicidio por emoción violenta.
El juez Ricardo Martoccia, haciendo lugar al pedido fiscal y al de la querella, lo condenó a la pena de prisión perpetua y en el mismo fallo, dispuso la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
