Una mujer de 24 años fue encontrada sin vida junto a su hijo en la vivienda que habitaba en barrio Gustavo Leguizamón, zona oeste de la ciudad de Salta. La fiscal penal Simesen de Bielke tomó intervención y dispuso el traslado de los cuerpos al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia que permitirá determinar causa y data del fallecimiento de ambos.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención ante el reporte del hallazgo sin vida de una mujer junto a su bebé de seis meses de vida, en una vivienda de barrio Gustavo Leguizamón.
Familiares
con los que la mujer convivía alertaron al Sistema de Emergencias 911 de lo sucedido
y se dio intervención a personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para
que realice las tareas de rigor en el lugar.
Los
cuerpos fueron trasladados al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde
cumplidos los protocolos sanitarios vigentes, se realizará la autopsia que
permitirá determinar data y causa del fallecimiento de ambos.
En el juicio que se sigue contra una madre por el homicidio calificado de su pequeña hija, este martes se desarrolló la última jornada de testimoniales. Declararon testigos de concepto citados por la defensa de la acusada. Los alegatos se llevarán a cabo este miércoles desde las 15.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Micaela Noemí Colque por el delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hija de dos años.
Este martes, al reanudarse la audiencia, el Tribunal integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Gabriela González y Pablo Farah, recibieron la declaración de los últimos testigos citados.
Se pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 15, para dar lugar a los alegatos de las partes. Se espera conocer el veredicto al finalizar la jornada.
Al finalizar los alegatos de las partes en el juicio que se sigue contra el ex comisario Walter Mamaní y otros cuatro efectivos policiales, el juez Ramón Haddad informó que el veredicto se dará a conocer el próximo 10 de mayo a las 15.
Este martes, al reanudarse la audiencia, se dio lugar a los alegatos de las partes y los fiscales penales María Celeste García Pisacic y Nicolás Rodríguez López, solicitaron la pena de 8 años de prisión efectiva e inhabilitación por el doble del tiempo, como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad (dos hechos) y falsedad ideológica (dos hechos) para Walter Ezequiel Omar Mamaní.
Para los imputados Sergio Luis Carlos Argañaraz y Juan Francisco Giménez, solicitaron la pena de dos años prisión de ejecución condicional como autores del delito de falsedad ideológica. En cuanto a Julia Antolina Díaz, solicitaron la condena como autora del mismo delito, a la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva bajo la modalidad de domiciliaria.
Para Franco Matías Vizgarra solicitaron la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor del delito de vejaciones agravadas con fines de venganza.
A continuación, fue el turno de alegar de la querella, que solicitó al Tribunal de la Sala II de Juicio, para Walter Mamaní una pena de 10 años de prisión efectiva para el excomisario. Para Julia Díaz pidió 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
Para Vizgarra solicitó la absolución por el delito de privación ilegítima de la libertad y que sea condenado por el delito de vejaciones a la pena de tres años de prisión efectiva. Para Giménez y Argañaraz solicitó la pena de 2 años y 6 meses por falsedad ideológica.
Luego de un cuarto intermedio, se dio lugar a los alegatos de las defensas técnicas de los acusados, que solicitaron la absolución de sus representados.
Finalizada la jornada, el juez Ramón Haddad, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de mayo a las 15 para dar lectura al veredicto.
El hombre de 26 años fue llevado a juicio por diversos hechos de delitos contra la propiedad. En algunos de ellos usó arma de fuego o arma blanca para coaccionar a los damnificados. Tras una minuciosa investigación, fue identificado y detenido.
La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Víctor Augusto Mamaní como autor de los delitos de robo con arma de fuego, robo en poblado y banda y con arma blanca, robo con arma blanca, todo en concurso real
Mamaní llegó a juicio acusado de cometer varios hechos de robo violento, donde usando armas blancas o de fuego, intimidaba a los damnificados para despojarlos de sus pertenencias mientras aguardaban el colectivo o los encontraban desprevenidos.
Los investigadores, luego de minuciosas tareas, y tras determinar un modus operandi, identificaron al acusado como principal sospechoso de cometer los ilícitos junto a otra persona.
El juez Javier Aranibar hizo lugar a la solicitud de la fiscal penal Guzmán y le impuso una pena de 8 años de prisión efectiva.
En la ciudad de Metán se desarrollan los alegatos en el juicio que se sigue contra Walter Mamaní y otros cuatro efectivos policiales del departamento Anta. En sus alegatos, los fiscales solicitaron al Tribunal la prisión efectiva del ex comisario y de una de las imputadas, mientras que solicitaron penas condicionales para los otros imputados.
Los fiscales penales Nicolás Rodríguez López y María Celeste García Pisacic, representan al Ministerio Público Fiscal ante el juez Ramón Haddad, vocal 3 de la Sala II del Tribunal de Juicio del Distrito Sur – Circunscripción Metan, en la audiencia de debate que se sigue contra Walter Ezequiel Omar Mamaní por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.
Este martes, al reanudarse la audiencia, se dio lugar a los alegatos de las partes y los fiscales solicitaron la pena de 8 años de prisión efectiva e inhabilitación por el doble del tiempo, como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad (dos hechos) y falsedad ideológica (dos hechos) para Walter Ezequiel Omar Mamaní.
Para los imputados Sergio Luis Carlos Argañaraz y Juan Francisco Giménez, solicitaron la pena de dos años prisión de ejecución condicional como autores del delito de falsedad ideológica. En cuanto a Julia Antolina Díaz, solicitaron la condena como autora del mismo delito, a la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva bajo la modalidad de domiciliaria.
Para Franco Matías Vizgarra solicitaron la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor del delito de vejaciones agravadas con fines de venganza.
Está previsto que durante la jornada continúen los alegatos de la querella y las defensas técnicas.
Los cinco efectivos policiales acusados de lesionar gravemente a un soldado, ocasionándole la pérdida de un ojo, fueron condenados a cumplir prisión efectiva, inhabilitados para ejercer cargos públicos y serán registrados en el Banco de Datos Genéticos. Se hizo lugar en forma parcial a la demanda civil y se ordenó su prisión preventiva e inmediata detención.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Mario Alberto Funes, Luis Armando Quispe, Diego Alberto Cachi, Víctor Fabián Díaz y Lucas Daniel González por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal en perjuicio de Néstor Ramón Avalos.
Este martes, finalizados los alegatos, la jueza Norma Beatriz Vera, dio a conocer el veredicto donde condena a Mario Alberto Funes a la pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación especial de 6 años para ejercer cargo público como autor del delito de lesiones graves doblemente agravadas en perjuicio de Néstor Ramón Avalos.
Los imputados Luis Armando Quispe, Diego Alberto Cachi,
Víctor Fabián Díaz y Lucas Daniel González fueron condenados como partícipes
necesarios del delito de lesiones graves doblemente agravadas en perjuicio de
Néstor Ramón Avalos a la pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación
especial por 6 años para ejercer cargo público.
En el mismo fallo, dispuso la extracción de material
genético de los condenados por parte del Servicio de Biología Molecular del
Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa
asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación
en el Banco de Datos Genéticos.
La jueza Vera dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados y su inmediata detención para ser trasladados a la Unidad Carcelaria 1.
Finalmente se hizo lugar en forma parcial a la demanda
civil, debiendo abonar los acusados y el Estado Provincial, la suma de 5.500.000
a la víctima.
Cabe recordar que el fiscal González en sus alegatos
solicitó se imponga la pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación
especial por 8 años para el sargento Mario Alberto Funes, para el suboficial
principal Luis Armando Quispe y para el sargento ayudante Diego Alberto Cachi.
Para el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González solicitó 4
años de prisión efectiva y 4 de inhabilitación especial.
El hombre de 24 años, fue acusado de atentar contra la vida de su ex pareja, con quien tiene una hija en común y contra la madre de la mujer, a la que habría apuntado con un arma de fuego para luego accionar el disparador en dos oportunidades en forma fallida. Ocurrió en diciembre de 2021.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, contra Mauro Gabriel Villalba como autor de los delitos de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y el género en perjuicio de su ex pareja y por el delito de tentativa de homicidio calificado por el género en perjuicio de su ex suegra, de 52 años.
Finalizada la ronda de testimoniales, declaró el imputado López y el Tribunal de la Sala IV pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 4 para dar lugar a los alegatos en el juicio que se sigue por la muerte de Cristian Gallardo. El hecho ocurrió el pasado 26 de agosto de 2019.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
Este lunes, el Tribunal integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano, Maximiliano Troyano y Norma Beatríz Vera, recibió los últimos testimonios previstos, declaró el acusado López y se pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 de mayo, para dar lugar a los alegatos de las partes.
El caso
El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, López y Olea, intervinieron ante un hecho de robo ingresando a una vivienda de Finca Independencia. Cuando se disponían a demorar a quienes lo habrían provocado, dos de ellos huyeron por los techos. Gallardo se encontraba oculto en un lavadero.
Cristian Exequiel Gallardo se resistió abiertamente a su aprehensión, forcejeando con los dos policías que procuraban sacarlo del inmueble. Los efectivos habiendo sido capacitados con técnicas de sujeción para este tipo de procedimiento aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y excesivas en su afán de aprehenderlo.
Ya en la dependencia policial, el demorado comenzó a tener dificultades para respirar, por lo que luego se solicitó una ambulancia, que, al llegar, constató que Gallardo se encontraba sin vida.
Ocurrió durante la mañana de este martes, cuando un ciclista que se dirigía a trabajar en un barrio privado, fue embestido por una camioneta que circulaba en igual sentido. La fiscal penal Simesen de Bielke se constituyó en el lugar y dispuso el cumplimiento de medidas tendientes al esclarecimiento del hecho.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Verónica Simesen de Bielke, tomó intervención ante un siniestro vial con víctima fatal ocurrido esta mañana en el acceso a Valle Escondido.
Simesen de Bielke se constituyó en el lugar, donde dispuso el trabajo de personal de Criminalística de la Policía de la Provincia para realizar las pericias en el lugar y el traslado del cuerpo del fallecido al Servicio de Tanataología Forense del CIF.
Según las primeras tareas, el siniestro se produjo cuando una camioneta, por razones que se tratan de establecer, colisionó a un ciclista que circulaba en igual sentido, causando su deceso en forma casi inmediata.
La persona fallecida ya fue identificada, se trata de un trabajador que se dirigía a cumplir tareas en un barrio privado. En tanto, el conductor, que dio aviso al Sistema de Emergencias 911, fue identificado y se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.
Fue detenido e imputado por un hecho donde realizó una falsa denuncia respecto al robo de bienes de la casa que alquila. Sustrajo un motor de lancha del propietario para empeñarlo.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó en forma provisional a un hombre de 32 años como autor de los delitos de falsa denuncia y hurto en concurso real.
El
hecho ocurrió el pasado 19 de abril en la localidad de Campo Quijano, cuando el
acusado se habría apoderado ilegítimamente del motor de una lancha de la casa
donde alquila para empeñarlo y luego realizó una falsa denuncia de robo de ese
bien y otros elementos de la casa.
El
mismo acusado se presentó días después en la dependencia policial a rectificar
su denuncia de robo, confesando que era falsa y que había hurtado el motor de
la casa del locador.
Tras
la imputación, el acusado se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se
solicitó al Juzgado de Garantías interviniente, que se mantenga su detención,
mientras se cumplen diversas medidas solicitadas para lograr el esclarecimiento
del hecho.
