Angelina Lucía Canchi se encuentra imputada como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.
La fiscal penal 3 y de Delitos Económicos Complejos de Orán, Mónica Viazzi, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 de ese distrito, para Angelina Lucía Canchi como autora de los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta, por supresión de documentos y peculado. Fue denunciada por el actual intendente al asumir el cargo.
Los hechos
endilgados ocurrieron cuando Canchi se desempeñaba como intendenta en la
Municipalidad de Isla de Cañas, departamento Iruya y fueron denunciados por el
actual jefe comunal, Jorge Canchi al asumir en sus funciones.
En el extenso requerimiento, la fiscal penal Viazzi detalla las numerosas medidas probatorias producidas en la investigación, entre las que se cuenta las testimoniales recogidas, informes contables y de instituciones bancarias, de la Auditoria General de la Provincia y de las pericias realizadas por personal especializado del CIF.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostiene en la fundamentación de la acusación que Angelina Lucía Canchi incurrió en el delito de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo toda vez que libró tres cheques, que firmó y selló, con fecha 26 de diciembre de 2019, cuando había cesado por ministerio de la ley en su mandato, continuando de tal modo de forma abusiva y arbitraria en funciones.
Sobre el
fraude en perjuicio de la administración pública, por administración
fraudulenta y por supresión de documentos expone que la ex intendenta ocultó,
mutiló o hizo desaparecer toda la documentación o registración que había en el
municipio, impidiendo de esa manera cualquier tipo de control, que la nueva
gestión pudiera conocer el estado financiero y contable. Afirma que la
ocultación, falta y/o supresión de documentación son maniobras desplegadas
(ardid) para cometer el fraude, ya que de esa manera se disponían los fondos
públicos de manera discrecional con evidente perjuicio a erario municipal con
lucro indebido a propios y ajenos.
De la pericia
realizada, se pudo determinar que antes de cesar su gestión, Canchi libró 42
cheques entre el 7 de octubre y el 27 de diciembre de 2019, vaciando una cuenta
del municipio.
Detalla que
son cuatro hechos de peculado los que se le imputan a la ex intendenta. El
primero de ellos se refiere a bienes pertenecientes a una fábrica de dulces que
funcionaba como cooperativa y que la acusada recibió al asumir su gestión.
Dicha fábrica no fue puesta en funcionamiento y los bienes fueron sustraídos
mientras se encontraban bajo su custodia.
El segundo
hecho corresponde al pago mediante un cheque del municipio a un trabajador
particular para realizar reparaciones en su domicilio particular.
El tercer
hecho se refiere al pago efectuado días previos al cese de sus funciones como
intendente de un préstamo personal bancario con dinero del municipio.
El cuarto
hecho imputado refiere al desvío de fondos municipales destinados al pago de
una obra eléctrica en noviembre de 2019 y que no se encuentra respaldado
documentalmente respecto a la suma percibida y cuál fue el destino.
