Tres hombres fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido el pasado miércoles, cuando un hombre sufrió el robo de dinero y resultó golpeado en un inquilinato de barrio Misión Wichi.
La fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó en forma provisional a tres hombres de 39, 23 y 18 años, como coautores del delito de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda.
Según consta en las actuaciones, el pasado miércoles 22, un hombre concurrió a un inquilinato de barrio Misión Wichi donde suele pernoctar y allí tres personas que ingerían bebidas alcohólicas, se apoderaron de una suma de dinero que tenía, ejerciendo violencia.
Dicha conducta resulta agravada en virtud de que fue cometido en una zona poblada y con la participación de 3 personas, quienes actuaron de manera organizada y deliberada.
La fiscal penal Fuentes solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención de los acusados.
Un hombre fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado 21 de junio, cuando personal policial lo interceptó llevando a pie una motocicleta cuya propiedad no pudo acreditar. Se trata de un rodado que fue denunciado como sustraído de la vía pública por su propietaria.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó en forma provisional a un hombre mayor de edad, como autor del delito de robo calificado en circunstancias de hurto calificado.
El pasado 21 de junio por la
madrugada, tras violentar las medidas de seguridad de una motocicleta, el
acusado habría sustraído el rodado de calle Gorriti al 1500 de esa ciudad y se
dio a la fuga.
Personal policial que realizaba
tareas de patrullaje advirtió a esta persona que llevaba a pie empujando el
rodado y al no poder justificar su propiedad, se procedió a su detención.
Un hombre de 24 años fue juzgado por un hecho ocurrido el pasado 20 de abril en una vivienda de barrio Libertad. Ingresó saltando una tapia en la casa de su tío y tras violentar un pasador, intentó sustraer un monitor.
La fiscal penal 3 de Orán, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, en la audiencia de debate bajo proceso sumarísimo contra Rolando César Enrique Sánchez por el delito de tentativa de robo agravado por el uso de armas.
El hecho juzgado ocurrió el
pasado 20 de abril en un domicilio de barrio Libertad de la ciudad de Orán,
cuando el acusado, previo saltar una tapia, ingresó a la vivienda de un
familiar y usando un arma blanca, dañó un pasador e intentó sustraer un monitor
de computadora.
Fue sorprendido por los
moradores, que lo retuvieron hasta que llegó personal policial.
Durante los alegatos, la fiscal Viazzi solicitó que sea condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión efectiva como autor del delito de tentativa de robo doblemente agravado por escalamiento y por el uso de arma, mientras que el abogado defensor solicitó que sea absuelto por el beneficio de la duda.
El juez Francisco José Oyarzú en el fallo, le impuso a Sánchez una pena de cuatro años de prisión efectiva como autor del delito de tentativa de robo agravado por el uso de armas.
Un efectivo de Gendarmería Nacional, imputado por atentar contra la vida de un mayor y dos menores de edad, será juzgado por la Sala III del Tribunal de Juicio los días 28, 29 y 30 de junio y 1 de julio.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio de distrito Centro, en la audiencia de debate contra Fernando Nicolás Melgar, imputado como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (tres hechos) en concurso real.
El juez Pablo Farah presidirá la audiencia unipersonal, que según lo previsto por el Tribunal, se desarrollará los días 28. 29 y 30 de Junio y 1 de julio.
La intervención de la fiscal penal Simesen de Bielke se produjo tras el hecho ocurrido cerca de las 3:30 del pasado sábado 22 de enero en el asentamiento San Justo de la ciudad de Salta, donde tras una gresca entre dos familias, el imputado habría disparado contra un hombre de 39 años y dos menores de 15 y 17 años, quienes sufrieron heridas de consideración.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón y la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima, Matilde Alonso, mantuvieron una reunión este jueves con representantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, donde brindaron asistencia y asesoramiento en relación a las problemáticas planteadas.
En el marco de la intervención que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, a fin de garantizar el acceso a la justicia, el fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón y la directora del Servicio de Asistencia a la Víctima, Matilde Alonso, mantuvieron una reunión este jueves en Santa Victoria Este con representantes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), donde se analizaron e intercambiaron numerosos temas de seguridad y justicia desde una visión intercultural, integral y de género.
Los integrantes de la UACOP plantearon consultas relacionada
a las vías de acceso al sistema de administración de justicia y recibieron
asesoramiento y orientación en cuestiones penales, procedimientos en caso de
delitos y contravenciones, derechos y garantías de personas víctimas, recursos
institucionales y modos de acceso al sistema de denuncia, ante la Policía de la
Provincia, las fiscalías y vía web.
Las partes destacaron la apertura de diálogo directo y la posibilidad de articular acciones, considerando de suma importancia la posibilidad de sostener un espacio de capacitación, orientación y asesoramiento en problemáticas que afectan a las personas de las comunidades, entre ellas la violencia en general y a grupos vulnerables en particular.
El fiscal Cazón además mantuvo reuniones con el intendente Rogelio Nerón, autoridades policiales de la zona y representantes de la Lhaka Honhat y otras comunidades originarias. Se acordaron también instancias de mediación para alcanzar soluciones en temas de interés.
Dos hombres fueron detenidos e imputados por un hecho ocurrido el pasado lunes en esa ciudad, cuando dos jóvenes fueron agredidos en la vía pública por un grupo de personas y uno de ellos resultó con fractura en uno de sus miembros inferiores.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, imputó en forma provisional a un hombre de 49 años y a su hijo de 19 años, como coautores del delito de lesiones graves en perjuicio de dos jóvenes.
El pasado 20 de junio, dos jóvenes fueron agredidos con golpes de puño, patadas y con un cinto, por un grupo de personas desconocidas en la vía pública y uno de ellos resultó lesionado y debió ser asistido por haber sufrido fractura de uno de sus miembros inferiores.
Del análisis de un video que se
viralizó en las redes sociales y de otras tareas investigativas desplegadas, se
logró identificar a dos sospechosos, que fueron detenidos e imputados.
Un hombre fue detenido e imputado por un hecho ocurrido el pasado fin de semana, cuando junto a otra persona, interceptó a dos mujeres que esperaban un remis y usando un arma, intentaron robarles. La resistencia de las damnificadas y la intervención de ocasionales transeúntes, impidió que concretaran su objetivo.
El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, imputó en forma provisional a un hombre como autor del delito de tentativa de robo con arma impropia.
El hecho investigado ocurrió
durante la madrugada del pasado domingo, cuando dos mujeres que esperaban un
remis en la intersección de calles 24 de septiembre y Facundo Quiroga de la
ciudad de Tartagal, fueron interceptadas por dos hombres que intentaron
robarles sus pertenencias con un arma.
Las dos mujeres opusieron
resistencia y la intervención de vecinos frustró el robo, por lo que los
sospechosos huyeron del lugar. Uno de ellos fue detenido y se le secuestró un
arma blanca entre las prendas.
Desde la Fiscalía se solicitó al
Juzgado de Garantías interviniente, el mantenimiento de su detención.
Un hombre de 24 años fue detenido e imputado por un hecho ocurrido en barrio Scalabrini Ortíz de la ciudad de Salta, donde bajo la modalidad motochorro, arrebataron el celular a una mujer que se encontraba hablando por teléfono en una despensa. Se logró identificar al sospechoso y tras un allanamiento, fue detenido.
El fiscal penal 3, Horacio Córdoba Mazuranic, imputó en forma provisional a un hombre de 24 años como autor del delito de robo en perjuicio de una mujer a la que le sustrajo el teléfono celular.
El hecho ocurrió días atrás en barrio Scalabrini Ortíz de la ciudad de Salta, donde una mujer que se encontraba en el interior de un negocio, fue víctima de un hombre que ingresó al local y le arrebató el teléfono que tenía en la mano. Huyó del lugar en una motocicleta conducida por otra persona.
Del análisis de cámaras de seguridad y otras medidas dispuestas, se logró individualizar a uno de los sospechosos y reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, orden de allanamiento para el domicilio del investigado.
En cumplimiento de la medida, se logró el secuestro de elementos de interés para la causa y la detención del sospechoso.
El fiscal penal Córdoba Mazuranic solicitó que se mantenga la detención del acusado.
Una mujer de 21 años fue juzgada por lesionar a su hijo de cinco años. El hecho ocurrió en 2021 y la Fiscalía Penal de Embarcación actuó de oficio.
La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra una mujer de 21 años, acusada del delito de lesiones agravadas por el vínculo en perjuicio de su hijo de cinco años de edad.
La investigación se inició de oficio en 2021, ante la advertencia de un vecino de barrio El Tucanazo de esa localidad, quien captó cuando la mujer agredió con un elemento tipo varilla al niño, cuando lo estaba bañando. El niño lloraba y logró escapar, pero su progenitora lo agarró con fuerza y continuó golpeándolo.
Durante los alegatos, la fiscal
Souto solicitó que la acusada sea condenada a la pena de 2 años de prisión
efectiva y se revoque la prisión domiciliaria.
La jueza Asusena Vásquez en el fallo, le impuso una pena de 1 año de prisión efectiva y revocó la prisión con modalidad domiciliaria que tenía hasta el momento.
Seis mujeres fueron llevadas a juicio por desplegar la actividad ilícita en esa ciudad y con distribución de roles. Cuatro cumplirán prisión efectiva y dos fueron absueltas.
La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra seis mujeres acusadas del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por la intervención de dos o más personas y por ser realizada en inmediaciones de un lugar donde se realizan actividades deportivas.
La investigación inició en 2021 a
partir de una denuncia web donde se daba cuenta de la actividad ilícita
desplegada por un grupo de mujeres en barrio Juan Pablo II de la ciudad de
Orán.
De las tareas investigativas y de inteligencia desplegadas, se pudo establecer que estas personas, conformaban una banda delictiva organizada, con distribución de roles y que tenían la modalidad de adquirir sustancia estupefaciente (cocaína y marihuana) para luego fraccionarla en sus domicilios y comercializarla.
En los allanamientos realizados
en los domicilios de las sospechosas se pudo secuestrar elementos de interés
para la causa y se procedió a su detención e imputación.
El juez Héctor Fabián Fayos, en el veredicto dado a conocer este miércoles, condenó a Gladys Marcela Mamaní de 53 años, a la pena de seis años y seis meses de prisión efectiva como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada por la intervención de dos o más personas y por ser realizada en inmediaciones de un lugar donde se realizan actividades deportivas.
A Beatriz Fernanda Michel de 30 años, y a Mariela Rocío Bruno de 22 años, a la pena de seis años y seis meses de prisión efectiva. A María Eugenia Michel de 36 años, le impuso una pena de siete años de prisión efectiva y absolvió a Rocío Marisol Morales de 26 años y a Janet Virginia Quinteros de 32 años.
