La Fiscalía Penal N° 4, a cargo interinamente de Gabriel González, tomó intervención tras un informe policial por el incumplimiento de una medida cautelar de prohibición de acercamiento de un joven de 18 años respecto de su abuela. Se acumularon hechos anteriores y se le imputaron los delitos de desobediencia judicial y amenazas.
El joven es nieto de la denunciante y estuvo a su cuidado desde los 8 meses de vida hasta los 12 años de edad. Actualmente convive con su progenitora y padece adicción a las sustancias estupefacientes.
La damnificada lo había denunciado durante el 2019 y consiguió que se interponga una medida cautelar de prohibición de acercamiento y de ejercer todo acto de violencia. Pese a esto, a fines de enero de este año, el joven ingresó a la vivienda de su abuela en barrio El Jardín, le pidió dinero y ante la negativa, le pidió una lámpara de la vivienda y la amenazó diciendo “vos ya sabes y me conoces cuando me altero”, provocando un estado de nerviosismo en la damnificada y su marido que estaba presente, lo que aprovechó para llevarse la lámpara y un prolongador.
Durante el mes de febrero, se presentó nuevamente en la vivienda y le pidió cien pesos a su abuela para el colectivo, a lo que la mujer accediópara que se retirara pero luego intentó llevarse una silla y un alargador. Una hija de la damnificada intentó impedir que se llevara los bienes y forcejearon.
Finalmente, el pasado viernes, mientras la mujer charlaba con el policía que se encontraba realizando la consigna en el domicilio, su marido le avisó que el joven se encontraba en las inmediaciones, por lo que invitaron al policía a pasar a una habitación del inmueble y cuando el acusado ingresó de manera violenta a pedir dinero, fue reducido por el efectivo y a pedido del fiscal, el Juzgado de Garantías en turno, ordenó su detención.
Este lunes, Lucas José Villagra de 18 años, fue imputado por el fiscal Gabriel González como autor de los delitos de desobediencia judicial (tres hechos) y amenazas en concurso real.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, requirió al Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre que abusó sexualmente de sus tres hijas, todas menores de edad.
El sujeto está acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal (continuado) agravado por el vínculo, la guarda y la situación de convivencia preexistente con menor de 18 años en perjuicio de una de sus hijas, abuso sexual agravado por el vínculo y por ser cometido contra menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente (continuado) en perjuicio de otra, y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia con menor de 18 años, en perjuicio de la tercera.
La fiscal Flores Toranzos entendió que se encuentra acreditada la existencia de los delitos intimados y la responsabilidad penal del imputado en ellos. Del relato de las víctimas pudo determinarse que el causante efectuó actos de contenido sexual y vulneró su libertad e integridad sexual.
Una de las hijas fue madre mientras era menor de edad. La joven dijo que entonces “no tenía novio ni pareja” y que “no sabía como quedó embarazada”. El CIF confirmó la paternidad del padre de la víctima.
El fiscal penal 2 de Tartagal, José Medina se encuentra al frente de la investigación iniciada tras la denuncia del delegado del INADI, Gustavo Farquharson. Entre otras medidas, la fiscalía solicitó la historia clínica de una mujer de Misión Lapacho II.
El delegado provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Gustavo Farquharson, radicó la denuncia en febrero pasado, cuando fue contactado por una integrante de la fundación ASOCIANA, quien se encontraba acompañando en el hospital San Bernardo a una mujer de la etnia wichí, quien atraviesa un cuadro terminal por su patología.
Refirió además, que la mujer oriunda de la Misión Lapacho II ya había sido asistida en diferentes oportunidades en el hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, sin tener una evolución favorable de su salud.
Ante la información plasmada en la denuncia, el fiscal Medina ordenó que se remita la historia clínica de la paciente y a su vez, solicitó la declaración testimonial de un profesional médico a fin de conocer sobre la atención brindada a la mujer desde el principio. El fiscal también espera de los informes de evolución de la mujer.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, aprobó el “Programa Obligatorio de Formación y Capacitación en Perspectiva de Género y Violencia contra las Mujeres – Ley Micaela”. La capacitación será obligatoria para todas las personas que cumplan funciones en el Ministerio Público Fiscal de Salta, cualquiera sea su cargo.
La incorporación de la perspectiva de género en el Ministerio Público Fiscal es una herramienta más que permitirá disminuir los índices de violencia de género en la Provincia. Es decir, que la capacitación genere sensibilización y concientización sobre la problemática. La Escuela del Ministerio Público implementará la capacitación de forma progresiva y tendrá la responsabilidad de informar sobre la asistencia y el cumplimiento de sus destinatarias y destinatarios.
El desarrollo del programa, que estará a cargo de Matilde Alonso, incluye la capacitación, sensibilización y concientización para aplicar la Ley nacional 27.499 Micaela y la Ley provincial 8139/19. Alonso dirige el Servicio de Asistencia a la Víctima y de la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público de la Provincia, es especialista en políticas públicas en niñez, adolescencia y familia y docente universitaria. Además, integra el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.
La falta de formación condicionará el avance en la carrera
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. A su vez, la Ley provincial 8139 dispuso la adhesión de la provincia de Salta a la Ley Micaela.
El Estado argentino suscribió instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos que lo obligan a adoptar las medidas necesarias para incorporar la perspectiva de género en el desempeño de todos los poderes públicos, como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do Pará).y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano de las Naciones Unidas que vela por el cumplimiento.
Bajo esa concepción es que el Ministerio Público Fiscal de Salta puso en funcionamiento el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, reestructuró la Oficina de Orientación y Denuncia, dio continuidad a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar y de Género y dictó instrucciones generales para aunar criterios de actuación.
Tal como se discutió oportunamente en el Comité, la falta de formación en perspectiva de género de los agentes del Ministerio Público Fiscal condicionará el avance en la carrera administrativa de quienes no la cumplan. “Incorporar la perspectiva de género como herramienta, permitirá disminuir efectivamente los índices de violencia de género en la Provincia”, afirmó el Procurador y dijo que el objetivo es que una mujer que debe transitar todo el sistema, -desde que denuncia hechos de violencia y hasta que se llega a la sentencia-, no abandone su pedido de justicia debido a la revictimización que puede sufrir cuando intenta acceder a la administración de justicia.
A través de la capacitación, todos los agentes, funcionarias y funcionarios, magistradas y magistrados del Ministerio Público Fiscal, conocerán la normativa jurídica vigente sobre violencia de género. La formación apunta a generar sensibilización y concientización sobre la problemática.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, fue impuesto el nombre de Cintia Fernández al edificio del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Hablaron la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet; el defensor general de la Provincia y abogado querellante en el caso de Cintia, Pedro García Castiella; la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández y el procurador general, Abel Cornejo. Los cuatro integran el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y violencia de Género.
Directora del CIF, María Lujan Sodero Calvet
“No es un acto más; es consecuente con la línea que la Procuración General ha trazado: ni admitir ni tolerar la impunidad en ningún hecho de violencia hacia las mujeres”, afirmó la directora del CIF, María Lujan Sodero Calvet y dijo que la fecha elegida para este acto “simboliza la lucha sin descanso de una mujer por otra mujer, de Ana, por su hija Cintia; de Ana, por todas las víctimas”. Destacó que el edificio del CIF sea el elegido para imponer el nombre de Cintia, porque ella iba a dedicarse a la Genética, especialidad fundamental para resolver crímenes. Sodero también pidió que “las víctimas no solo tengan justicia, sino sensibilidad por parte del servicio de Justicia”.
Defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella
Por su parte, el defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella, consideró inescindible hablar de Cintia y Ana. “Cintia se convirtió en icono de la guerra a la violencia y los femicidios, que nos cachetean a quienes ocupamos funciones públicas y a toda la sociedad”, sostuvo y luego de compartir una semblanza, dijo que su muerte “todavía nos tiene que sacudir porque ella hoy no está para cumplir todos sus sueños”.
García Castiella destacó la trascendencia y significado del homicidio de Cintia para la sociedad y el sistema, y pidió que su muerte “no haya sido en vano”. Destacó que Ana, a pesar del dolor, haya organizado la lucha desde la Comisión de Familiares de Victimas contra la Impunidad, las marchas y la Fundación que lleva el nombre de su hija.
El Defensor también criticó duramente a “quienes tenían que investigar y en lugar de eso, encubrieron”, y enfatizó que Ana, a través de su lucha por Justicia, “se llevó puesto un sistema de indiferencia, formal, rutinario y herrumbrado”.
Presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández
A su turno, Ana Fernández agradeció a la Comisión de Familiares contra La Impunidad, el equipo de la Fundación, a al Procurador y el Comité, por haber decidido imponer el nombre de su hija a un lugar tan emblemático y significativo en la lucha por la verdad y la justicia. Reivindicó a todas las víctimas de violencia y advirtió que aunque “la justicia perversa, me arrastró más de ocho años, le seguiré dando batalla al sistema, por todas las mujeres que aún no tienen justicia. Nadie me callará ni me voy a arrodillar a ningún mortal en búsqueda de verdad”.
Fernández dirigió un mensaje a los varones y exigió “basta de violencia, basta de femicidios y que los hombres entiendan que no es no”. También pidió más celeridad en las causas, que se cumplen en tiempo y forma, y especialmente, humanización de la justicia. “Mi hija fue parte de esta vida; en cada número de expediente, hay una persona que fue parte de esta sociedad y familias que sufren”, afirmó Fernández, quien concluyó sus palabras con la lectura del poema “Cuando yo me vaya”, de Carlos Alberto Boaglio.
Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo
Finalmente, habló el procurador Abel Cornejo, quien pidió perdón a Ana por todo el sufrimiento que debió atravesar en búsqueda de Justicia. “Hasta ahora no escuché a nadie hacerlo; pero yo sí lo haré”, afirmó, y ratificó que hace propia la lucha “desde que adoptamos la decisión de que la perspectiva de género sea un objetivo estratégico de la gestión; porque hoy pedir una sociedad mejor, es un pedido vacuo. Hoy necesitamos una sociedad algo menos violenta y menos injusta; que abra las manos para que haya más oportunidades que sistemáticamente se le negaron a Ana”. Dijo que esa negación permanente, llevó a que cada vez, “luchemos contra ese horror monstruoso que se llama femicidio; en una lucha frontal total y para siempre contra los femicidas que se jactan de reducir a las víctimas a una cosa”. Y advirtió que “nunca más vamos a tolerar el desprestigio de las víctimas”.
Consideró que “al sistema hay que cambiarlo; trabajar por el cambio social”, para evitar sentir el agobio por falta de respuestas que genera la impotencia del sistema. Y aseguró estar convencidos de que se puede hacer. “Hay que cambiarlo desde la Educación”, afirmó y cuestionó que “se naturalicen los abusos; que se hagan marchas para defender un sector de la vida de quienes creen defenderla y que no sean multitudinarias cuando la víctima es una mujer asesinada”.
También aseveró que no lo detendrán las “operaciones, oposiciones o desgastes que pretendan hacer”, porque debemos ser “un despertador de conciencias permanentes”. Habló de la ética de las convicciones y de la responsabilidad, porque “si tenemos convicciones, debemos ir hasta el final con ellas y hacerlo con responsabilidad”.
Cornejo también citó a “el femicidio histórico que llegó a inspirar letras del folklore; de una mujer víctima de la brutalidad y violencia patriarcal, como fue el caso de Juana Figueroa, asesinada el 29 de marzo de 1903 y dijo que “tuvieron que pasar 130 años de ese holocausto, para que hoy se ponga el nombre de Cintia al CIF, con su otro holocausto. También recordó a Rosana Alderete, asesinada el 28 de agosto de 2004, junto a dos de sus tres hijos y cuyo caso impulsó la sanción de la ley de violencia familiar.
“La injuria, negligencia e impavidez de las que fueran víctimas Rosana Alderete y sus hijos, después de 41 denuncias, no tiene nombre”.
El Procurador también remarco de “legalizar” la OVIFG (Oficina de Violencia Familiar y de Género de la Corte de Justicia de Salta), porque falta la ley que la regule y consideró que “la violencia no ocurre de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30”. Finalmente, destacó a algunas de las mujeres que conoció y de las que aprendió: Alicia Moreau, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Carmen Argibay y la poetisa Kuki Herrán, a la que calificó como “una escritora de la libertad”.
Participaron en el acto la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio Público Fiscal y Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad; el defensor general, Pedro García Castiella; el procurador general, Abel Cornejo; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet y la presidenta de la Fundación Cintia Fernández e integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, Ana Fernández; referentes de la Comisión de Familiares de Víctimas contra la Impunidad y de otras organizaciones sociales.
También asistieron el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa; el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas; la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes y el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo. Además, participaron la presidenta del Tribunal de Juicio Salta IV, Norma Beatriz Vera; la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y la consejera del Colegio de Abogados y Procuradores, Cinthia Vanina Zamora, el fiscal que intervino en el caso, Ramiro Ramos Ossorio, e integrantes del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género; entre otras autoridades, invitados especiales y público en general.
El acto de imposición del nombre de Cintia Vanesa Fernández al edificio del CIF, será el 8 de marzo, a las 11. Será la primera de una serie de acciones destinadas a mantener presentes a las víctimas de violencia machista de Salta. “Cada lugar que rememore a una víctima, recordará a la comunidad que cada una tiene nombre y un apellido, una historia y una vida truncada”, afirmó el Procurador y destacó que todas las herramientas que sumen para generar conciencia social sobre la problemática, serán adoptadas por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.
Fue una de las decisiones confirmadas durante la última reunión, oportunidad en la que se incorporaron la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes; el exsecretario de Justicia y actual defensor general de la Provincia, Pedro García Castiella; la comunicadora Itatí Carrique y la referente del colectivo de mujeres trans, Luz Bejerano.
Cintia Fernández, de 23 años, fue encontrada asfixiada y golpeada en mayo de 2011 por su madre, en su departamento de la zona sur de la ciudad de Salta.
En junio pasado los jueces de la Sala IV del Tribunal del Juicio de Salta, Norma Beatriz Vera, Roberto Lezcano y Paola Marocco, condenaron a 23 años de prisión a Mario Federico Condori.
Por el MPF, intervino el fiscal penal, Ramiro Ramos Ossorio y alegó el querellante Pedro García Castiella. Durante el proceso oral y público, tres testigos fueron detenidos por falso testimonio, de los cuales dos también fueron imputados por encubrimiento. Son los casos del expolicía Calixto Mamaní, quien era compañero de Condorí en la División Trata de Personas y en la Brigada de Investigaciones; de la oficial Gimena Núñez, que intervino en el inicio de las investigaciones del homicidio y fue jefa del condenado en la fuerza; y de José Antonio Ormeño, administrador del complejo habitacional Parque La Vega, donde vivía la víctima. Ana, su madre, encaró una lucha titánica para esclarecer el crimen. Preside la Fundación Cintia Fernández, que asiste integralmente a víctimas de violencia.
Otros temas abordados por el Comité
Tras los últimos hechos de violencia hacia mujeres registrados en Salta y el país, los presentes coincidieron en señalar la necesidad de seguir trabajando en pos de políticas públicas sólidas y permanentes. En ese sentido, el Procurador ratificó su posición acerca de que trabajar a favor de políticas de Estado en contra de la violencia hacia la mujer (expresada en todas sus formas), “no es ideología de género y sí una cuestión de Derechos Humanos”.
También se abordó la discusión sobre la posible disminución de consignas policiales a víctimas de violencia; tema sobre el cual se consideró que “los dispositivos electrónicos no son una alternativa a la consigna policial, y en cambio, sí son una herramienta de apoyo a la custodia de las víctimas de violencia”.
Finalmente, el Comité consideró oportuno recordar a medios y comunicadores, a través de publicaciones en las redes sociales del Ministerio Público Fiscal, las herramientas para comunicar con perspectiva de género, a través de los consejos elaborados por la Iniciativa Spotlight para la cobertura periodística sobre hechos de violencia de género y femicidio y ESI para periodistas.
Al Comité lo preside el procurador general, Abel Cornejo y lo coordina Ana Cecilia Carraro. Además de los nuevos miembros, lo integran la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet, las fiscales de Violencia de Género, Claudia Geria y de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín, además de las directoras del Servicio de Asistencia a la Víctima (Savic), Matilde Alonso, del Centro de Comunicaciones Institucionales de la Procuración, Natalia Nieto, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq y de la Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Rosaura Gareca. También, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández; la vicedirectora del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta e integrante de la Fundación Cintia Fernández, Gabriela Rodríguez; y María Pía Ceballos, integrante de la Subsecretaría de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Este año se sumaron el subsecretario de Formación, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, Federico Uldry y la subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad, Gabriela Gaspar y de Promoción Social, Jacqueline Cobo. Completan el Comité las abogadas Tania Nieves Kiriaco, Carina Iradi y Yésica Montagna, además del letrado Leandro Ramos.
La Fiscalía Penal 6 activó el protocolo de búsqueda de personas, entre otras diligencias ordenadas por el fiscal de la causa, que trabaja en conjunto con los investigadores del Sector 6, para dar con el paradero de Juan Domingo Santayana, de 51 años.
La fiscalía solicitó a los medios de comunicación y comunidad en general su colaboración para ubicar a Santayana, quien es oriundo de Orán, pero por cuestiones laborales tiene su residencia en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la capital.
Santayana falta a su hogar desde el pasado 4 de febrero y no pudo ser contactado por ningún medio, hasta el momento.
Las diligencias las llevan adelante Investigadores del Sector 6, quienes trabajan bajo la dirección del fiscal Marcos Ezequiel Molinati y conforme al protocolo de búsqueda de personas, se trabaja en establecer los últimos contactos con familiares y amigos.
La persona buscada responde a las siguientes características: contextura semirobusto, altura 1,70 mts. aproximadamente, cabello corto negro, tez morena y ojos color negro. La última vez que fue visto, vestía pantalón tipo bombacha de gaucho color marrón y camisa azul.
Quienes tengan novedades, podrán comunicarse en forma inmediata al Grupo Investigativo Sector 6, al teléfono 387-5290298 o al Sistema de Emergencias 911.
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió al presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado. Acordaron trabajar en un futuro convenio de cooperación entre ambas partes, que permitirá realizar un análisis integral de la situación actual de la provisión de agua potable, cloacas y todo lo atinente a los servicios que provee la empresa.
Durante el encuentro, en el que también participaron el secretario relator Ambiental de la Procuración, Sebastián Lloret y la secretaria letrada, Fátima Ruiz, se analizaron las pautas sobre las cuales se trabajará en conjunto para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la calidad del agua que se provee en la provincia.
Desde el año pasado, la Procuración trabaja en distintos aspectos referidos a las aguas subterráneas, normas de vigilancia y control sistemático sobre aguas envasadas, entre otros.
Además, unificó criterio con todos los fiscales sobre actuaciones referidas a la normativa referida a rellenos sanitarios, cursos de agua y otras problemáticas similares.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos ordenó distintas diligencias tendientes a esclarecer los hechos ocurridos la madrugada del 24 de febrero, en los que un joven y dos policías resultaron heridos. La madre de la víctima se reunió con el fiscal a fin de conocer el avance de la causa.
Gentileza Diario El Tribuno
La Fiscalía investiga un hecho ocurrido en barrio Norte Grande, la madrugada del lunes 24 de febrero pasado, en el que resultaron heridos un joven identificado como Luciano Cruz y dos policías. Requirió la presencia de cuatro testigos, pero no comparecieron ante la Fiscalía.
Tanto el joven como los policías fueron internados y al ser puesto en conocimiento de la situación, tras la denuncia de la madre, el fiscal Gustavo Vilar Rey ordenó que el médico del CIF concurriera al hospital a fin de realizar una evaluación sobre el estado del joven, medida que se concretó al día siguiente del hecho.
Por otra parte, Vilar Rey y su equipo se trasladaron hasta el hospital al día siguiente de la evaluación médica para tomar declaración a Cruz y luego a su pareja, quienes dieron la versión de lo ocurrido en esa madrugada.
El pasado martes el fiscal recibió a la madre de la víctima a fin de ponerla al tanto de la investigación, ya que se busca poder dar con cuatro amigos de Cruz, conocidos como Nano, Pablo, Nico y Pancho, quienes habrían sido testigos de lo ocurrido.
La fiscalía lleva adelante otras diligencias tendientes a esclarecer el hecho.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público en la audiencia de juicio abreviado contra Carlos Federico Turquini, quien fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Desde la Fiscalía se dispusieron las tareas investigativas y de inteligencia que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para la acusación que comenzaron con un procedimiento realizado el 15 de julio del año pasado, en la intersección de las calles San Juan e Islas Malvinas.
Allí se logró la detención del ahora condenado y el secuestro de 35 gramos de sustancia estupefaciente acondicionada en 128 envoltorios de plástico tipo pipas.
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal López Soto indicó que la cantidad secuestrada excedía cualquier parámetro de consumo personal y pudo comprobar la venta de la sustancia por parte del imputado, observada por el personal policial en intersección de calles Tucumán e Islas Malvinas momentos antes de su detención.
