Investigan 21 estafas: Allanamientos y secuestros en Salta y Jujuy

La investigación comprende 21 hechos atribuidos a Sergio Fernando Tolaba, quien se encuentra detenido. En el marco de la causa se realizaron procedimientos en Salta Capital, Rosario de Lerma, Cerrillos y Perico. En Jujuy fueron secuestrados teléfonos celulares y 4.400 dólares.

En el marco de la investigación que lleva adelante la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, contra Sergio Fernando Tolaba, se realizaron cuatro allanamientos en Salta y Jujuy. La causa comprende 21 hechos calificados provisoriamente como estafas reiteradas en concurso real.

La intervención de la UDEC se inició a partir de numerosas denuncias y de la documentación incorporada al legajo. Según surge de la investigación, Tolaba se habría presentado ante algunos de los damnificados utilizando el nombre de “Mario Peredo” y habría generado vínculos de confianza a partir de distintas propuestas comerciales.

Las maniobras investigadas presentan distintas modalidades. Entre los hechos denunciados aparecen operaciones de compraventa de vehículos, ofrecimientos para realizar inversiones o administrar dinero y negocios vinculados con distintos bienes y establecimientos comerciales.

En algunos casos, los damnificados denunciaron haber entregado vehículos y dinero a cambio de otros rodados que posteriormente presentaron inconvenientes respecto de su titularidad. En uno de los hechos incorporados a la causa, un denunciante manifestó haber entregado su automóvil y dinero como parte de pago por otro vehículo, que luego fue reclamado por quien se presentó como su propietario y terminó secuestrado.

También se investigan operaciones en las que se habrían entregado sumas de dinero bajo promesas de obtener ganancias, así como la comercialización de bienes que el investigado no habría estado en condiciones de disponer. Entre ellas se encuentra el caso de un local gastronómico de General Güemes por el cual un damnificado entregó dinero y posteriormente tomó conocimiento de que quien se presentaba como vendedor no era su propietario.

Como parte de las medidas dispuestas para avanzar en la investigación, Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de cuatro inmuebles vinculados a la causa, con el objetivo de localizar y secuestrar bienes y otros elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos.

Las órdenes fueron autorizadas por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino y los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad de Investigación UDEC dependiente del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), bajo la supervisión del secretario letrado de la UDEC, Walter Inda.

Tres de los allanamientos se realizaron en Salta Capital, Rosario de Lerma y Cerrillos. La cuarta medida se concretó mediante exhorto en Perico, provincia de Jujuy, con intervención del juez exhortado Roberto Darío Assef, del Colegio de Jueces Penal de San Salvador de Jujuy.

Para la ejecución de la medida en esa provincia se trabajó de manera conjunta con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad N.° 9 de Perico, con intervención del ayudante fiscal Damián Caro, y con la colaboración de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy.

Los procedimientos forman parte de las medidas dispuestas para avanzar en la investigación. Una vez concluidos los allanamientos y relevados sus resultados, la fiscal Salinas Odorisio evaluará los elementos obtenidos y dispondrá las medidas que correspondan para continuar con el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Condenada por 48 estafas a través de la financiera ilegal Alyson

Captaba dinero bajo la promesa de obtener elevados rendimientos semanales. Fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y deberá abonar $35 millones como compensación económica a las víctimas. Un inmueble permanecerá embargado hasta completar el pago.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), representada por el secretario letrado Walter Inda, arribó a un acuerdo de juicio abreviado con Patricia Jimena Vidaurre, quien reconoció su responsabilidad penal como autora del delito de estafas reiteradas (48 hechos), en concurso real.

El acuerdo se alcanzó durante una audiencia de revisión de prisión preventiva, en la que la Fiscalía expuso la calificación legal, la pena convenida y los elementos de prueba reunidos durante la investigación. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales y la conformidad de la acusada y de las querellas, el juez Nicolás Rodríguez Pipino homologó el acuerdo.

Vidaurre fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional y al pago de $35.000.000 en concepto de compensación económica a las víctimas, suma que deberá abonar en nueve cuotas. Además, el juez dispuso el embargo de un inmueble de la condenada hasta la cancelación total del monto acordado.

También le impuso reglas de conducta por el término de tres años, entre ellas fijar domicilio y mantenerlo actualizado, abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de alcohol, no cometer nuevos delitos y realizar semanalmente tareas de limpieza en la dependencia policial más cercana a su domicilio. Finalmente, ordenó su inmediata libertad.

La investigación de la UDEC se inició en agosto de 2025 a partir de denuncias de personas que habían entregado dinero a “Inversiones Alyson” bajo la promesa de obtener rendimientos semanales de entre el 40 % y el 60 % sobre el capital aportado.

Las operaciones se coordinaban principalmente mediante grupos de WhatsApp y el dinero era entregado en forma presencial o a través de transferencias. Inicialmente se cumplían los pagos prometidos, lo que generaba confianza y llevaba a los inversores a incrementar los montos y sumar nuevos interesados. Posteriormente, los pagos comenzaron a demorarse hasta interrumpirse, al igual que las comunicaciones con quienes reclamaban la devolución de su dinero.

A partir de las denuncias, la UDEC dispuso distintas medidas para determinar el alcance de la maniobra. El 28 de agosto de 2025, Vidaurre fue detenida junto a su pareja y al hijo de este, respecto de los cuales el proceso continúa. Al día siguiente se realizaron allanamientos en Salta Capital y Rosario de Lerma, donde se secuestró documentación de interés para la investigación. A requerimiento de la Fiscalía, también se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a la condenada.

Con el avance de la investigación se incorporaron nuevas denuncias, comprobantes de transferencias, capturas de conversaciones y documentación de “Préstamos e Inversiones Alyson”. También se solicitaron informes a entidades bancarias y financieras vinculadas con las cuentas utilizadas para recibir el dinero y se tomaron declaraciones testimoniales a los damnificados.

Las pruebas reunidas y la incorporación de nuevas denuncias permitieron ampliar la imputación inicial, que comprendía 32 hechos, hasta alcanzar los 48 hechos de estafa por los que Vidaurre reconoció su responsabilidad penal.

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