Se encuentran acusadas de integrar una organización que, aprovechándose de la relación de confianza con un hombre mayor de edad, accedió a su documentación y a sus dispositivos personales para realizar transferencias bancarias sin autorización, despojándolo de los ahorros de toda una vida.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, requirió formalmente ante el Juzgado de Garantías 1 la elevación a juicio de la causa en la que se investiga la comisión de los delitos de estafa reiterada, asociación ilícita y receptación dolosa, en perjuicio de un jubilado de 73 años, a quien le sustrajeron la suma de $18.837.000 mediante transferencias bancarias realizadas sin su consentimiento.
La investigación se inició el 27 de mayo de 2025, a partir de la denuncia formulada por el damnificado, quien manifestó que personas de su confianza —a quienes consideraba amigas y que frecuentaban su domicilio— habrían efectuado múltiples transferencias desde su cuenta bancaria sin su autorización.
Según la hipótesis fiscal, los hechos se encuadran en una modalidad delictiva conocida como “viudas negras”, caracterizada por el aprovechamiento de vínculos de cercanía y confianza para acceder a bienes, datos personales y recursos económicos de la víctima.
De acuerdo con su relato, al intentar realizar trámites personales en la entidad bancaria advirtió que su cuenta había sido prácticamente vaciada a través de cuatro transferencias realizadas en distintas fechas y horarios, utilizando su documento nacional de identidad y su teléfono celular, elementos a los que las imputadas tenían acceso. El dinero sustraído correspondía a los ahorros de toda una vida, destinados a su subsistencia como jubilado.
Conforme surge de los informes oficiales bancarios y del análisis efectuado por el Grupo Investigativo Sector 82 (GIS), se logró acreditar una secuencia de operaciones que comenzaron el 4 de junio con una transferencia de $47.000; continuaron el 11 de junio con transferencias de $270.000 y $520.000; y culminaron el 12 de junio de 2025 con una transferencia de $18.000.000.
Según destacó el fiscal Escalante, una vez acreditados los fondos en las cuentas de las imputadas, el dinero fue rápidamente fraccionado y desviado hacia otras cuentas bancarias y billeteras virtuales, lo que reforzó la hipótesis de la existencia de una estructura organizada con distribución de roles, propia de este tipo de maniobras.
En el marco del avance de la investigación y con autorización del Juzgado de Garantías N.º 1, el pasado 24 de julio se realizaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de las imputadas, ubicados en barrios de Rosario de Lerma. Las medidas arrojaron resultados positivos, con el secuestro de dinero en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, documentación de interés para la causa y bienes adquiridos con posterioridad a las transferencias, entre ellos televisores nuevos, presuntamente comprados con fondos sustraídos a la víctima.
Durante la etapa de investigación penal preparatoria, todas las imputadas prestaron declaración en audiencia imputativa, ejerciendo su derecho de defensa. Cuatro mujeres fueron imputadas como autoras de los delitos de estafa (cuatro hechos) y asociación ilícita, en concurso real, mientras que otra mujer fue imputada como autora del delito de receptación dolosa, al haber recibido dinero proveniente de las transferencias ilegítimas, con conocimiento del origen ilícito de los fondos.
El fiscal consideró que, con el grado de convicción requerido en esta etapa procesal, se encuentra plenamente acreditada la existencia de los hechos y la responsabilidad penal de las acusadas, al haberse verificado que actuaron mediante ardid y engaño, abusando de la relación de confianza con la víctima, a quien indujeron a error y ocasionaron un grave perjuicio patrimonial. Asimismo, remarcó que las maniobras investigadas evidencian la existencia de una asociación ilícita, caracterizada por la pluralidad de personas, la permanencia en el tiempo, la distribución de funciones y un objetivo común orientado a la comisión de delitos económicos, bajo una modalidad que —según la acusación— responde al esquema conocido como “viudas negras”, mediante suplantación de identidad y manipulación de sistemas informáticos.
