El Juzgado de Garantías 7 elevó a juicio la causa que se sigue contra Gustavo Orozco y otros once policías, acusados de distintos delitos de violencia institucional.
El jueves 23 de febrero pasado, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, fue notificado de la elevación a juicio de la causa que se sigue contra doce policías por cinco actuaciones que se tramitan conjuntamente en esta fiscalía.
El fiscal González había solicitado la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, en junio de 2022, para Gustavo Orlando Orozco, Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, Nelson David Rojas, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Víctor Alejandro Luna, María Laura Soria, Andrea Alejandra Díaz, Darío Ezequiel Pérez y Denis Arnaldo Coronel por los delitos de imposición de torturas (5 hechos), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia (dos hechos), apremios ilegales agravados (dos hechos) y vejaciones calificadas por el uso de violencia, agravados por el uso de arma de fuego.
En la resolución emitida, el Juzgado de Garantías 7, a cargo interinamente de la jueza Claudia Puertas, ordenó librar oficio a la Mesa Distribuidora Penal del Distrito Judicial de Metán, a fin de que proceda a realizar el sorteo para la designación del Tribunal de Juicio con competencia en Proceso Común.
En oportunidad de la presentación del requerimiento, el fiscal González había brindado detalle de las medidas probatorias que se produjeron durante la etapa de investigación y que generaron los hechos por los que llegan acusados Orozco y otros once policías por diferentes delitos cometidos cuando se desempeñaban como efectivos policiales.
La causa consta de siete actuaciones por hechos de violencia institucional acontecidos en el Distrito Sur. Resta la fijación de fecha de audiencia de debate.
La Fiscalía ante la Corte Nº 2 recibió notificación de fallo que denegó el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por la defensa de los 8 policías imputados (entre ellos, un diputado provincial) Orozco, Gustavo; Suarez, Andrés; Reynoso, Javier; Orellana, Víctor; Medina, Rubén; Luna Víctor; Coronel, Denis y Díaz, Andrea.
La Corte de Justicia de Salta, con votos de los jueces Sandra Bonari, Adriana Rodríguez Faraldo, y Sergio Fabián Vittar, entendió que“si bien se invoca la existencia de una cuestión federal, tal afirmación se encuentra desprovista de razones jurídicas que la respalden y que se vinculen directamente con el caso” y que los agravios vertidos en el recurso son reedición de lo ya planteado en otras instancias.
La causa que investiga siete hechos de torturas, apremios, vejaciones y coacción cometidos entre los años 2014 y 2015 llevaba más de un año y medio resolviendo los sucesivos recursos planteados por la defensa, quien venía solicitando el sobreseimiento de los acusados.
Cabe recordar que si bien existen otras causas por hechos similares en contra de los mismos acusados, esta causa, es la que se encuentra más avanzada, por lo que, con esta sentencia del máximo tribunal provincial, se espera que el Juez Héctor Guzmán notifique a los fiscales Oscar López Ibarra y Ramiro Ramos Ossorio y a las demás partes, la fecha de la audiencia de debate.
Se trata de una serie de encuentros a través de los cuales se persigue el intercambio de experiencias en lo que a hechos de violencia institucional respecta.
En el marco del seguimiento de las visitas del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura y los informes emanados desde este organismo internacional, se concretó el encuentro de la Directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Bernarda García, y miembros integrantes del organismo, con la Fiscalía de Derechos Humanos, representada por el fiscal penal Gabriel González y la auxiliar fiscal Celina Morales Torino.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, resaltó que la Procuración General de la Provincia dictó en el mes de abril, la Resolución 1339/22, mediante la cual se instruyó a la mencionada fiscalía y a los demás fiscales penales de la provincia, para el pronto abordaje de los casos, cada vez que se identifiquen supuestos en los que miembros de la Policía o del Servicio Penitenciario provincial violentaren derechos fundamentales de personas involucradas en una investigación penal o que estén bajo su custodia.
Este es el primer encuentro de otros tantos que están previstos, que tuvo como fin iniciar un intercambio de experiencias, tanto en lo que respecta al abordaje de la investigación de hechos judiciales de violencia institucional cometidos por fuerzas de seguridad, encuadrado en torturas y otros tratos y penas crueles e inhumanas, como así también para compartir información acerca de los registros que existen sobre estos hechos.
La reunión se desarrolló con un balance positivo en lo que respecta al trabajo que se viene realizando en pos de la articulación de medidas eficaces para la investigación y sistematización de la información referida a hechos de tortura.
Además, se compartió valiosa información acerca de los protocolos que existen para el monitoreo y seguimiento de los lugares de detención, en diferentes jurisdicciones provinciales que cuentan con registro.
Por su parte, Bernarda García destacó los avances en el abordaje de casos judiciales de Violencia Institucional en Salta. Señal´o que durante su visita el mes de septiembre pasado a diversas dependencias de la provincia, el Comité tomó conocimiento, por parte de personas detenidas, respecto al trabajo que viene llevando adelante la Fiscalía de Derechos Humanos.
A partir de lo manifestado por el familiar de un interno de la Unidad Carcelaria, el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, inició actuaciones de oficio para determinar lo sucedido.
La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, a través de su Secretaría de Metán, Distrito Judicial del Sur, inició de manera inmediata actuaciones de oficio, al tomar conocimiento de un hecho de posible violencia institucional dentro de la Unidad Carcelaria N° 2 de esa ciudad.
Según manifestó un familiar de uno de los internos del penal, el hecho habría sucedido en horas de la mañana del pasado 27 de septiembre. Señaló que el recluso habría sido víctima de malos tratos por parte de personal policial, en virtud de que habrían solicitado realizar un reclamo vinculado al régimen de visitas.
La fiscalía solicitó una serie de actuaciones, como un informe de la situación, nómina de personal a cargo, detalles del presunto incidente con el recluso cuyo familiar denuncia, como cualquier otro si lo hubiere.
La Unidad Carcelaria respondió, elevando los informes, y una vez tomando conocimiento de quiénes habrían sido los damnificados en el hecho, se hizo comparecer a quienes estaban a cargo, previa autorización del Juzgado de Garantías en turno.
En principio, además del recluso cuyo familiar radicó la denuncia, habrían otros más relacionados con el hecho.
El fiscal Gabriel González, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Metán solicitó se amplíen las actuaciones, por lo que se enviaron muestras fotográficas, un médico del CIF revisó a quienes se hicieron presentes en la dependencia. También se realizó la inspección de la unidad carcelaria, se constató el estado de los internos y se actualmente se está procediendo al análisis de material de las videocámaras del penal.
El fiscal de Derechos
Humanos dispuso la continuidad de las actuaciones, tendientes a clarificar la
verdad de los hechos y así tomar conocimiento cabal de lo sucedido.
Al finalizar los alegatos de las partes en el juicio que se sigue contra el ex comisario Walter Mamaní y otros cuatro efectivos policiales, el juez Ramón Haddad informó que el veredicto se dará a conocer el próximo 10 de mayo a las 15.
Este martes, al reanudarse la audiencia, se dio lugar a los alegatos de las partes y los fiscales penales María Celeste García Pisacic y Nicolás Rodríguez López, solicitaron la pena de 8 años de prisión efectiva e inhabilitación por el doble del tiempo, como autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad (dos hechos) y falsedad ideológica (dos hechos) para Walter Ezequiel Omar Mamaní.
Para los imputados Sergio Luis Carlos Argañaraz y Juan Francisco Giménez, solicitaron la pena de dos años prisión de ejecución condicional como autores del delito de falsedad ideológica. En cuanto a Julia Antolina Díaz, solicitaron la condena como autora del mismo delito, a la pena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva bajo la modalidad de domiciliaria.
Para Franco Matías Vizgarra solicitaron la pena de dos años y cuatro meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo autor del delito de vejaciones agravadas con fines de venganza.
A continuación, fue el turno de alegar de la querella, que solicitó al Tribunal de la Sala II de Juicio, para Walter Mamaní una pena de 10 años de prisión efectiva para el excomisario. Para Julia Díaz pidió 3 años y 6 meses de prisión efectiva.
Para Vizgarra solicitó la absolución por el delito de privación ilegítima de la libertad y que sea condenado por el delito de vejaciones a la pena de tres años de prisión efectiva. Para Giménez y Argañaraz solicitó la pena de 2 años y 6 meses por falsedad ideológica.
Luego de un cuarto intermedio, se dio lugar a los alegatos de las defensas técnicas de los acusados, que solicitaron la absolución de sus representados.
Finalizada la jornada, el juez Ramón Haddad, dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 10 de mayo a las 15 para dar lectura al veredicto.
Los cinco efectivos policiales acusados de lesionar gravemente a un soldado, ocasionándole la pérdida de un ojo, fueron condenados a cumplir prisión efectiva, inhabilitados para ejercer cargos públicos y serán registrados en el Banco de Datos Genéticos. Se hizo lugar en forma parcial a la demanda civil y se ordenó su prisión preventiva e inmediata detención.
El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del Distrito Centro en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Mario Alberto Funes, Luis Armando Quispe, Diego Alberto Cachi, Víctor Fabián Díaz y Lucas Daniel González por los delitos de vejaciones calificadas y lesiones graves en concurso ideal en perjuicio de Néstor Ramón Avalos.
Este martes, finalizados los alegatos, la jueza Norma Beatriz Vera, dio a conocer el veredicto donde condena a Mario Alberto Funes a la pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación especial de 6 años para ejercer cargo público como autor del delito de lesiones graves doblemente agravadas en perjuicio de Néstor Ramón Avalos.
Los imputados Luis Armando Quispe, Diego Alberto Cachi,
Víctor Fabián Díaz y Lucas Daniel González fueron condenados como partícipes
necesarios del delito de lesiones graves doblemente agravadas en perjuicio de
Néstor Ramón Avalos a la pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación
especial por 6 años para ejercer cargo público.
En el mismo fallo, dispuso la extracción de material
genético de los condenados por parte del Servicio de Biología Molecular del
Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa
asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación
en el Banco de Datos Genéticos.
La jueza Vera dispuso la prisión preventiva de los cinco acusados y su inmediata detención para ser trasladados a la Unidad Carcelaria 1.
Finalmente se hizo lugar en forma parcial a la demanda
civil, debiendo abonar los acusados y el Estado Provincial, la suma de 5.500.000
a la víctima.
Cabe recordar que el fiscal González en sus alegatos
solicitó se imponga la pena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación
especial por 8 años para el sargento Mario Alberto Funes, para el suboficial
principal Luis Armando Quispe y para el sargento ayudante Diego Alberto Cachi.
Para el cabo Víctor Fabián Díaz y el agente Lucas Daniel González solicitó 4
años de prisión efectiva y 4 de inhabilitación especial.
El Procurador General de la Provincia recibió este martes a autoridades de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, con quienes ratificó la necesaria articulación entre organismos para morigerar y tender a la eliminación de hechos de violencia institucional. Trabajo territorial, formación de efectivos policiales y de operadores de justicia y acompañamiento a las víctimas, fueron ejes del intercambio.
El procurador general de la provincia de Salta, Abel Cornejo,
recibió al secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín
Di Toffino; a la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena
Battistiol y a la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, María Martínez Morales My.
Durante el encuentro, los presentes actualizaron información
sobre el sistema integrado de denuncias, que permite que Nación -a través de su
línea 0880- y el MPF de Salta, -mediante el registro de denuncias web-,
intercambien información referida a hechos de violencia institucional; la
necesaria capacitación de efectivos de la Policía de la Provincia y operadores
del sistema de justicia en materia de Derechos Humanos y otros aspectos
referidos al acompañamiento de las víctimas. Entre el 1 de enero y el 13 de
octubre último, la Fiscalía de Derechos Humanos de Salta, ya había recibido 2101
denuncias.
“La pandemia por Covid hizo más visible la violencia
institucional y ratificó que el Estado debe estar presente y acompañar a las
víctimas”, afirmó Di Toffino, al tiempo que destacó distintas acciones que
permitieron empoderar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de 2019 a
esta parte, para intervenir activamente en contra de la violencia institucional
y otros hechos contrarios a los Derechos Humanos.
Di Toffino y Cornejo
“Cuando hablamos de Derechos Humanos hoy, no nos remitimos exclusivamente
a Memoria, Verdad y Justicia y los delitos de lesa humanidad cometidos durante
la dictadura, sino a los avasallamientos contra Derechos Humanos de efectivos de
fuerzas de seguridad, al avance en contra de los pueblos originarios y otros,
de total actualidad”, explicó el funcionario. Sin embargo, Di Toffino enfatizó
que si el Estado no reconstruyera los fundamentos éticos cada vez que avanza
con justicia y en contra del genocidio cometido en Argentina, “no tendría
autoridad moral para poner en agenda el avance actual sobre los derechos de las
ciudadanas y ciudadanos”.
El procurador Cornejo destacó la necesaria mirada
transversal de la sociedad y especialmente del Estado sobre los Derechos Humanos
y dijo que velar por su cumplimiento efectivo es una cuestión “de civilización y
no de ideología”. Por ello, destacó que la política del Ministerio Público
Fiscal es “afianzar derechos” y que las acciones que desde aquí se definen, tiendan
a reducir el nivel de conflictividad social. En ese sentido es que las mediaciones
penales han permitido alcanzar acuerdos entre partes y minimizar y cerrar
conflictos sobre tierras, ocupación del espacio público y con trabajadores docentes,
entre otros.
También anticipó a los funcionarios nacionales que el MPF contará con un Mapa del Delito desarrollado de acuerdo a nuevos indicadores, vinculados con las condiciones de las víctimas, la realidad social y otros aspectos que antes no se tomaban en cuenta. El Mapa permitirá focalizar acciones en zonas críticas de la seguridad.
El procurador general Abel Cornejo, participó este miércoles de una Jornada de Trabajo para discutir y generar políticas públicas contra la violencia institucional en el ámbito de competencia de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias y de la Nación.
Durante la Jornada organizada por la Dirección Nacional de
Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, Cornejo expuso sobre sistema de denuncias y facilidades
para el acceso a la justicia a través del Ministerio Público Fiscal; el sistema
web y otras vías de denuncias.
Repasó la política estratégica adoptada por el Ministerio
Público Fiscal de Salta en la materia de 2019 a esta parte, y reiteró su
iniciativa de lograr un Pacto Federal en materia de Seguridad y Derechos
Humanos, con el objetivo de “cambiar la cultura autoritaria atávica” que impera
en la mayoría de las instituciones de seguridad.
El director nacional de Políticas contra la Violencia
Institucional, Mariano Przybylski, celebró la iniciativa del Pacto Federal y lo
equiparó con el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional, que
en breve abordará el Congreso de la Nación. Tendrá como objeto generar
herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia
institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios
en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y
reparación a las víctimas de violencia institucional. La iniciativa fue elaborada
entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la
Nación.
Cornejo también se refirió al acercamiento de la justicia de ciudadanas y ciudadanos como política de Estado, a través del Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, que recibió 745 denuncias contra efectivos policiales, solo en lo que va del año. En el mismo período del relevamiento, comprendido entre el 1 enero y el 22 de marzo pasado, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 67 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales fue requerida la elevación a juicio para 11. Vale recordar que desde el 1 de julio pasado, cuando la fiscala Verónica Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía, y hasta el 31 de diciembre, hubo otras 132 imputaciones, con 113 requerimientos a juicio. El sistema de Denuncias web se habilitó en agosto de 2020.
“Si tenemos el monopolio de la acción penal pública, con mayor
razón debemos velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y
eliminar definitivamente la convicción de que para investigar un delito, se
debe torturar. Por el contrario, se debe investigar bajo las debidas garantías
constitucionales y los Tratados Internacionales a los que adherimos, que no son
escindibles del corpus constitucional”, enfatizó el Procurador.
Durante el encuentro, la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, explicó a los funcionarios de DDHH de la Nación y fiscales de distintos distritos del país, las posibilidades que ofrece el Sistema de Denuncias Web, a través del cual la ciudadanía puede registrar sus denuncias de robos, venta de drogas y abusos policiales. Al ítem “otros delitos”, se sumará en breve el específico para denunciar hechos de violencia de género.
