Verónica Simesen de Bielke

 Derechos Humanos

Piden juicio contra los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, todos con revista en la División Seguridad Urbana, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del requerimiento se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados, a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente. También relató que uno de los efectivos le dijo al oído “cagate hijo de puta si perdiste el ojo”.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

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 Derechos Humanos

Juzgarán a policías de la Comisaría Segunda por vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a tres efectivos policiales con revista en la Comisaría Seccional Segunda, acusados del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia (dos hechos) en concurso real.

Las acusaciones recayeron sobe el cabo Javier Acosta, de 36 años, el suboficial ayudante Lucas Mamaní, de 26 y el agente Gabriel Alejandro Pistán, de 32.

Las actuaciones iniciaron con la declaración de la víctima, quien manifestó que el 20 de septiembre de 2015, a las 6:30, en compañía de su hermano y un amigo tras salir de una juntada, caminaban por la intersección de calle Tucumán y Esteco.  En ese momento, llegó una moto conducida por un hombre, que le tocó bocina mientras cruzaba la calle para apurarlo. Al momento de cruzar y pasar a su lado, el motociclista lo empujó, por lo que el denunciante lo insultó.

Tras esto, el motociclista se bajó de la moto, le dijo “vos no sabes quién soy yo chango”, se sacó el casco y lo agarró del cuello. En ese momento, el denunciante le pegó una piña entre la nariz y la boca, para poder zafarse. Sostuvo que en ese instante, su hermano y su amigo le advirtieron que se trataba de un policía, por lo que retrocedió y notó que llevaba el uniforme, tapado por una campera.

Luego, el  denunciante, su hermano y su amigo, corrieron por calle Pellegrini y doblaron en calle La Rioja.  En calle Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, el denunciante cayó al suelo frente a un billar y en ese momento fue alcanzado por personal policial.

Relató que eran entre cinco y seis policías, entre mujeres y hombres, que lo patearon en las costillas, piernas y cabeza, lo esposaron y lo llevaron arrastrado hasta la Comisaría Seccional Segunda. Allí lo metieron en la cocina, lo sentaron en el suelo esposado y entre los mismos policías, volvieron a golpearlo.

En ese momento ingresó otro policía que le dijo “que me querés ver la cara” y le dio un cachiporrazo en la ceja derecha, lo que le produjo un corte.

Posteriormente ingresó el mismo policía con el que tuvo el inconveniente inicial, y le dijo “mirá lo que me hiciste” mientras le mostraba su cara, y fue allí que lo golpeó hasta que la víctima perdió el conocimiento.

Tras esto, la víctima fue trasladada al Hospital San Bernardo y luego a la Central donde también lo revisaron. Una vez de vuelta en la Comisaría Segunda, le dijeron que le harían una causa por tentativa de robo en banda, agresión, resistencia a la autoridad y amenazas, por lo que se negó a firmar. Cuando le dijeron que si no firmaba no podría irse, accedió a firma y fue trasladado a Alcaidía General, donde permaneció alojado dos días y medio.

El certificado médico del Departamento de de Medicina y Química Legal, hizo constar que la víctima presentaba excoriaciones en dorso de la nariz y la rodilla derecha, equimosis en hombro izquierdo y derecho, tórax posterior y anterior, herida en arco superciliar, escoriación en mucosa yugal de labio superior e inferior e inflamación en boca.

En sus fundamentos, la fiscal penal Simesen de Bielke sostuvo que claramente el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario”, pues las lesiones constatadas en la integridad física del denunciante permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido; es decir, la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en el concreto atropello de su dignidad.

Además el sufrimiento infligido, tanto al momento de su detención como luego, mientras se encontraba en la sede de la Seccional Segunda configuró un trato denigratorio e humillante, físico y verbal, con el fin mortificar a la víctima con ataques a su dignidad que merece como persona y con el que espera ser tratado.

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 Económicos Complejos

El MPF remite a la Fiscalía Federal la investigación sobre funcionarios que habrían cobrado el IFE

La fiscal interina de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en razón de la materia, en la investigación sobre posibles cobros irregulares del Ingreso Familiar de Emergencia y remitió las actuaciones para su intervención a la Fiscalía Federal 1. Es que las sumas que habrían sido percibidas por las personas investigadas, corresponden a fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En el escrito dirigido al Fiscal Federal Nº 1, la fiscal Simesen de Bielke relató que la Unidad Fiscal intervino a partir de la noticia periodística respecto a los funcionarios públicos provinciales y municipales que habrían accedido a la gestión y cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, inició las actuaciones y despachó las diligencias correspondientes.

Vale recordar que en mayo pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta tomó intervención a raíz de la publicación en la que se mencionó que el concejal de Guachipas, Héctor Cari, habría cobrado personalmente el beneficio nacional conocido como IFE. Al advertir tal situación, se dispuso la intervención de oficio y se logró determinar que efectivamente el edil había accedido a tal subsidio. Se dispuso su imputación y actualmente, el caso se encuentra con requerimiento de juicio ante el Juzgado de Garantías 4.

Y ante la presunta existencia de hechos ilícitos de similares características al de Cari, se dispuso la intervención fiscal.

Simesen de Bielke remitió al Fiscal Federal la averiguación Preliminar que contiene el informe de la División Delitos Económicos y distintos elementos probatorios; junto al listado agregado con datos de funcionarias y funcionarios que habrían accedido al pago del IFE. La maniobra defraudatoria sería, prima facie, en perjuicio de un organismo nacional, por lo que el hecho resulta de competencia federal, conforme las previsiones de la Ley 48.

Ingreso Familiar de Emergencia

A raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron distintas medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso este Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, de entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Pero como toda medida de carácter excepcional, se establecieron para el acceso requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

Pero también se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al acceso aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

Y tratándose de funcionarios públicos el desconocimiento de la normativa no deviene en una excusa que permita eximirlos de responsabilidad penal, máxime en el contexto actual en el que nos encontramos a raíz de la declaración de emergencia económica. Se vislumbran como posibles hipótesis de investigación, las de aquellos que se inscribieron en el IFE siendo funcionarios públicos y que no accedieron al beneficio como aquellos que cobraron el beneficio.

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 Económicos Complejos

Investigan a funcionarios que habrían accedido al IFE

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una investigación para determinar si funcionarios públicos de la provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia. La Fiscalía interviene de oficio, ante la notitia criminis.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, dispuso dentro de las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, la intervención de oficio y la apertura de una investigación para determinar si los hechos denunciados que tomaron estado público a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.

El Art. 241 del Código, establece que “conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho”.

A raíz de la declaración por parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en virtud de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz del COVID 19, se dispusieron medidas tendientes a coadyuvar a la población por la falta de ingresos ante la imposibilidad de trabajar y para aquellos ciudadanos que no contaban con un ingreso efectivo por encontrarse relegados del sistema legal de trabajo.

Fue así que se dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del beneficio.

También se establecieron exclusiones, de forma tal que no tendrían derecho al mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que tuviera ingresos provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.

En Salta, 322.416 personas perciben el ingreso de los $10.000, cuyo tercer pago comenzará el 10 agosto.

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Derechos Humanos

Juzgarán a policías de la Subcomisaría San Jorge por severidades agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados al cabo Rubén Adrián Arias y al oficial subayudante Luis Daza, acusados del delito de severidades agravadas.

Las actuaciones iniciaron tras la denuncia de la víctima, quien expresó que fue detenido en La Silleta el 3 de marzo de 2016, cerca de las 19, y fue llevado a la Subcomisaría San Jorge, donde quedó alojado.

Relató que apareció el cabo Arias, de 34 años, junto al oficial Luis Daza, de 26, y que en ese momento, había otros dos detenidos en la celda, a quienes hicieron salir.

Ambos imputados comenzaron a golpearlo y lo arrojaron al piso, donde le siguieron pegando. La víctima sostuvo que Arias le colocó el palo negro en el cuello, mientras Daza le pegaba piñas en la panza y patadas en los genitales.

A posterior el Arias sacó su celular y Daza lo agarró de los pelos para que muestre la cara y tomarle fotos.

Finalmente, sostuvo que Daza lo amenazó al decirle que si él le pedía a la otra guardia que lo lleven al médico o hablaba algo, ellos se iban a enterar.

Luego volvieron los otros dos detenidos, que lo ayudaron a que se acostara en el colchón y le dieron agua.

El damnificado también sostuvo que cuando su hermana fue a visitarlo y lo encontró golpeado, quiso radicar una denuncia y no se lo permitieron. Tampoco la dejaron fotografiar al detenido.

Una vez que se curó de todas las lesiones, el detenido fue trasladado a la Comisaría Nº 14 de Rosario de Lerma.

Aclaró que por temor no quiso contar nada a nadie, ni denunciar, ya que pensaba que otra vez sería golpeado.

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 Institucional

HIJOS y la Asociación de Pensamiento Penal piden un Comité de Seguimiento de Violencia Institucional

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo y la Fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, recibieron este miércoles a representantes de la Asociación HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y de la Asociación Pensamiento Penal Salta. Las organizaciones presentaron un Registro de Casos de Violencia Institucional durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la vigencia del Decreto Provincial 255/20 y solicitaron la conformación de un Comité de seguimiento de casos de violencia policial e institucional.

Durante el encuentro, al que asistieron Canela Álvarez y María José Castillo, de HIJOS Salta y Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, de la Asociación Pensamiento Penal Salta, Cornejo informó sobre distintas medidas adoptadas por el Ministerio Público Fiscal en pos de la investigación, esclarecimiento y sanción de hechos de violencia policial. Algunas de ellas fueron la auditoría realizada sobre la Fiscalía de Derechos Humanos; el sumario administrativo que se sustancia contra el extitular de dicha Fiscalía; el proyecto de Ley para que la Fiscalía en cuestión vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias; la formación de investigadores civiles a través del  Cuerpo Especializado de Investigadores del Ministerio Público Fiscal y el aporte del MPF para la creación de cinco Juzgados Contravencionales en la Provincia y su pedido para que se constituya el Comité de la Prevención de la Tortura, entre otras.

Po su parte, la fiscal Simesen de Bielke, anunció la puesta en marcha del Sistema de Denuncias Web para denuncias de violencia policial e institucional, atento a las numerosas quejas de víctimas que alertan sobre la imposibilidad de denunciar a efectivos de la fuerza en las comisarías. La página web funcionará en breve, como  lo hace el sitio https://www.denunciasweb.gob.ar/landing, disponible para denunciar delitos contra la propiedad y microtráfico.

En el mismo sentido, anunció la Fiscal la aplicación de un Protocolo de Actuación Interna, desde “el momento cero” de una investigación y hasta que se concrete el juicio por hechos de abuso policial. Además, un Protocolo Externo será destinado a otros organismos y especialmente al Ministerio de Seguridad de la Provincia. Simesen de Bielke lo elaboró en base a la “Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” y al “Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes”, más conocido como el Protocolo de Estambul. El segundo consiste en el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias.  El Protocolo establece buenas prácticas de actuación y especialmente las destinadas a evitar la revictimización.

Por su parte, Álvarez, Castillo, Plaza y Díaz Cueto, expusieron las acciones en las que vienen trabajando ambas organizaciones en  contra del abuso policial y denunciaron la sistematización de dichos abusos; el avasallamiento permanente sobre los Derechos Humanos y la falta de acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la población; la obstrucción y entorpecimiento policial para que ciudadanas y ciudadanos denuncien y el MPF investigue; las demoras en imputaciones y las amenazas a denunciantes y testigos por parte de efectivos, entre otros temas abordados durante la reunión.

El Procurador ratificó su compromiso de trabajar conjuntamente con las organizaciones, para asegurar el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce y “las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y sus medios para hacerlas efectivas”.

Encuentro con HIJOS y APP
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 Derechos Humanos

Un policía va a juicio por golpear en la cara a un hombre en un baile

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al sargento ayudante José Anastacio Cruz, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La investigación inició tras la denuncia radicada por la víctima el 26 de diciembre de 2014 en la subcomisaría de Guachipas, donde manifestó que en la tarde el día anterior, asistió a la carpa de los Gauchos de Coropampa, junto a su pareja y su cuñado.

Al regresar a su sitio tras dar un mensaje a los músicos, la expareja de su concubina, sin motivo alguno y sin mediar palabras, le arrojó vino en la cara, lo que provocó que el personal policial agarrara al denunciante para sacarlo del evento, ya que pensaban que había iniciado el pleito, por lo que opuso resistencia y forcejó para que no lo sacaran del baile.

De repente, el efectivo policial apodado “Atacho” le propinó dos golpes de puño en la nariz, por lo que el denunciante debió ir el hospital para que lo atendieran, ya que no podía controlar el sangrado.

De la investigación surgió con claridad que el autor del hecho que causó las lesiones al denunciante fue el sargento ayudante José Anastacio Cruz, de 51 años, con revista en la subcomisaría de Guachipas, quien en su calidad de funcionario policial, abusó de sus funciones al causar daño cierto en la integridad física del denunciante.

La fiscal penal Simesen de Bielke también requirió el sobreseimiento del oficial ayudante Alejandro Yurquina y el cabo César Augusto Apaza, con revista en la subcomisaría de Guachipas; el sargento ayudante Jorge Villagrán, con revista en el Puesto de Control de Talapampa; y el cabo Neri Normando Maita y la cabo Andrea Valeria Suárez, con revista en la División Lacustre y Fluvial.

El pedido obedece a que en su denuncia, la víctima manifestó claramente quién fue la persona que le causó las lesiones constatadas, sin que existiera coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.
Además, de las declaraciones testimoniales de las personas que se encontraban en el lugar, no surgió en modo alguno que estos tomaran parte en el hecho que causó la lesión al denunciante.

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 Derechos Humanos

Imputaron a los policías por los que Luciano Cruz perdió un ojo

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales sargento ayudante Rómulo Segovia, sargento Pablo Exequiel Toledo, cabo Ignacio Esteban Zurita y cabo Alfonso Néstor Sánchez, acusados del delito de vejaciones calificadas en concurso ideal con lesiones graves.

Del decreto de imputación se desprendió que aproximadamente a las 13:20 del 24 de febrero pasado, en barrio Norte Grande, los efectivos policiales mencionados y a bordo del móvil policial 1829, acometieron contra la integridad física de Luciano Enrique Cruz, de 19 años, y le causaron el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular. La lesión sería producto de un impacto de proyectil de posta de goma.

Tras ocasionarle la lesión en el ojo, al ser trasladado al Hospital Papa Francisco, la víctima se encontró nuevamente con sus agresores, donde el sargento Exequiel Toledo y el cabo Alfonso Sánchez, lo agredieron físicamente.

Del certificado médico surgió que Luciano Cruz sufrió lesiones contusas equimóticas de forma redondeada en arco superciliar derecho, otra en párpado superior derecho, otra en párpado superior de ojo izquierdo, otra en borde izquierdo de maxilar inferior, una en la cara interna tercio medio de brazo derecho, una sobre tercio superior de esternón, equimosis en tercio interno de clavícula izquierda, lesión contuso equimótica en cara anterior tercio medio de brazo izquierdo y dos en el codo izquierdo, dos sobre línea media y posterior a la altura de la tetilla izquierda y otras dos en la axila izquierda.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke destacó que la acusación está corroborada con la denuncia del damnificado, las declaraciones testimoniales de los testigos presenciales, los certificados médicos y la copia de la filmación del móvil policial, entre otros elementos de convicción reunidos, que dieron cuenta de la participación punible de los imputados.

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Derechos Humanos

Piden juicio contra un policía acusado de vejaciones agravadas

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al efectivo policial Daniel Martín Yapura, acusado del delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

Del requerimiento surgió claramente, tras la denuncia realizada por la víctima en febrero de 2019, la existencia del mal accionar del funcionario de la Policía de la Provincia, de 32 años, luego de que se realizara el traslado del detenido y víctima al Sector 4B, ubicado en la Comisaría 9 de la Ciudad de Salta.

Allí,  el encargado del sector, Daniel Martín Yapura, mientras el detenido estaba esposado con las manos hacia atrás, le levantó los brazos y lo hizo trastabillar, por lo que la víctima cayó boca abajo con todo su peso. Tras esto, el acusado le colocó el pie en la espalda, lo que ocasionó al detenido lesiones que luego fueron constatadas por los médicos del CIF y Poder Judicial.

Surgió así que el accionar desplegado por Daniel Martín Yapura, provocó múltiples lesiones al damnificado, a quien oprimió con medidas arbitrarias. El hecho se agrava por la calidad especial que el acusado reviste en su calidad de funcionario policial.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción del acta de control de legalidad de detención de la víctima del Juzgado de Garantías 2, luego de que al detenido se le preguntara sobre el trato recibido. Aunque el detenido manifestó que no quería denunciar, fue citado a la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que se tomara conocimiento de la situación.

Por otra parte, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, también requirió el sobreseimiento de los acusados Natalia del Milagro Zuleta, Marcelo Rivas y Javier Fernando Iñigo, tras entender que no existió coparticipación o coautoría en orden a la comisión del hecho delictivo que les fuera oportunamente endilgado.

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 Económicos Complejos

Condenaron al municipal que estafó en nombre del Tribunal de Faltas

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el Juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, condenó a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional a Ramiro Gustavo Rivero, por el delito de estafa y falsificación del instrumento público, todo en concurso real. El magistrado también lo inhabilitó por seis meses para ejercer cargos públicos.

Surgió de la investigación que el acusado invocó tener contactos en el Tribunal de Faltas y requirió al denunciante una suma de dinero para solucionar la infracción que tenía por un accidente de tránsito en que estuvo involucrado su rodado, por lo que el damnificado abonó la suma solicitada por el imputado, quien entregó un oficio para retirar el rodado del organismo municipal.

El instrumento resultó ser falso tras ser rechazado por el Tribunal Administrativo de Faltas interviniente, al advertir que los sellos y firmas no se corresponden a los verdaderos, lo que causó un perjuicio patrimonial a la víctima.

La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos se produjo tras la denuncia radicada por Lucía Inés Zapata Usandivaras en su carácter de Jueza de Faltas de Tercera Nominación y subrogante de Cuarta Nominación, quien refirió que escuchó una sumariante decir “¿Se siguen dando oficios a los particulares para que retiren vehículos de los canchones?” lo cual le llamó mucho la atención y la llamó inmediatamente.

Al chequear el documento se dio con que las firmas y sellos impresos en la documentación no eran los reales e hizo constar que el oficio en cuestión posee el número perteneciente a un levantamiento de secuestro otorgado el 9 de diciembre de 2019 y que al corroborar en el sistema con el número de acta observó que pertenece al Juzgado de Primera Nominación y que no tiene resolución.

En tanto, el denunciante también radicó una denuncia en la que refirió que es personal del área de Infantería de la Municipalidad e indicó que el 18 de enero, en inmediaciones del Pasaje Zorrilla Y Juramento de la Ciudad de Salta, su vehículo Volkswagen Power colisionó con otro vehículo, por lo que personal de Tránsito Municipal dispuso que el rodado quedara secuestrado en el predio de la Municipalidad ubicado en Avenida Paraguay, a disposición del Tribunal de Falta.

El denunciante sostuvo que el 23 de enero se presentó por ante el Tribunal de Faltas y le informaron que su deuda era aproximadamente de $30 mil. Fue entonces que se comunicó con el imputado que se desempeña en el CCM para consultarle los pasos a seguir para poder retirar su vehículo y si tenía conocimiento de si había planes o descuentos por pago voluntario.

Fue así que el imputado le comunicó que tenía un compañero que trabaja para el tribunal y que podía realizar todos los trámites por el monto de $5500 y que podría retirar el vehículo en dos semanas.

El dicente aceptó y pactó una reunión en una empanadería que queda frente al Centro Municipal, donde entregó el efectivo y las copias de cédula verde, licencia de conducir, título del vehículo, el formulario 08 y el comprobante de lo adeudado emitido por el ente.

Posteriormente recibió un mensaje por “whatsapp” del acusado, quien le expresó que los papeles estaban listos y lo citó afuera de las instalaciones de Tránsito Municipal, en calle Santa Fe N° 545.

El denunciante se presentó y el imputado le entregó un oficio donde refería que su vehículo estaba listo para ser liberado. Le explicó que debía ver a un “motorista” para que se encargue del diligenciamiento y fue allí que cuando consultó, se dio con la novedad que el oficio en mención no existía en la base de datos del Tribunal y que atento a lo ocurrido se presentó por ante la magistrada interviniente, Lucía Zapata Usandivaras, para explicarle lo ocurrido.

Dejó constar que fue víctima de un estafa y que actuó con desconocimiento de cómo se maneja el área administrativa y que por esa razón busco asesoramiento.

Un allanamiento realizado en el domicilio del imputado, permitió el secuestro de documentación valiosa para la causa.

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