La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a siete efectivos policiales con revista en el Grupo de Intervención Conjunta.
Las imputaciones recayeron sobre los efectivos Miguel Exequiel Carrizo, Oscar Sebastián Torres, Mario Manuel Miranda, Víctor Hugo Quispe, Hugo Rolando Nicolás Villada Guzmán y Saúl Carlos Alfredo Chiliguay, acusados de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves en concurso ideal y en calidad de autores.
Por otra parte, el efectivo Fabián Marcelo Molina, fue acusado del delito de omisión de los deberes de funcionario público, en calidad de autor.
La denuncia fue radicada por el padre de la víctima, de 17 años en ese momento, quien sostuvo que el 23 de febrero de 2020, cerca de las 5, estaba en su domicilio de Grupo 222 de barrio Castañares, mientras sus dos hijos festejaban el cumpleaños de un amigo.
En ese momento, escuchó un grito y al salir, vio que los jóvenes entraban al patio delantero y que había policías que disparaban con balas de goma y pintura.
El denunciante sostuvo que intentó hablar con quien estaba a cargo del operativo y que encontró un móvil con las siglas GIC (Grupo de Intervención Conjunta) y otro de Infantería (DUE).
Entre los efectivos, había uno que estaba lesionado, mientras otro filmaba con celular y otro, que amagaba con la cachiporra, le dijo que entregara a los jóvenes y que no los cubriera, porque había un efectivo lastimado.
Luego, llegó un móvil del 911 y otro efectivo que dialogó con el denunciante, insistió en que dejara salir a los chicos, para llevarlos a la Comisaría por averiguación de antecedentes y luego liberarlos.
Fue allí que el denunciante les dijo a los chicos que salieran y se llevaron a su hijo y al resto de los jóvenes, menos a su otro hijo.
Más tarde, cuando fue a ver al menor, lo vio lesionado en el rostro y el menor le dijo que los efectivos del GIC lo habían golpeado y que le dijeron “así que vos sos denunciante, a donde te veamos vas a cobrar, así que sos gallito…”.
Luego, cuando vio a su hijo en la Fiscalía 1, le vio lesiones en la sien, pómulo derecho y ojo derecho; y hematomas en dorsal izquierdo y en el estómago.
El menor víctima relató que mientras circulaban en el móvil, unos cinco o seis efectivos le mostraron un celular con la foto de su hermano y le dijeron “quien es éste”, por lo que el menor respondió que era su hermano y los efectivos le dijeron “que lo iban a matar, que donde lo vieran, lo iban a agarrar y lo iban a llevar al río y lo iban a matar”.
Luego le dijeron “así que sos machito y te la bancas” y le dieron dos disparos con balas de pintura. Uno le impactó en el pómulo derecho, cerca del ojo y el otro en la frente, del lado derecho, mientras le daban patadas en el estómago y golpes de puño en la zona de las costillas y el estómago.
Luego, lo llevaron al Centro de Contraventores, para hacerlo revisar con el médico. Mientras hacían la fila, le dieron golpes en las costillas.
Al salir lo hicieron arrodillarse mirando hacia la pared y continuaron con las amenazas sobre su hermano, al decirle que “los iban a violar y a matar”.
El menor también sostuvo que en el trayecto le pisaron el pecho y le dijeron “ojalá que adentro te caguen a puñaladas” y lo trasladaron a la Comisaría de Castañares, donde al bajar se acercó otro efectivo y le dio golpes de puño en el estómago y las costillas, y le dijo “ya nos vamos a cruzar”.
Luego, lo llevaron al Centro de Menores pero no los quisieron recibir, por lo que lo llevaron de nuevo al médico, porque faltaba la firma del certificado.
Cuando salieron del Hospital San Bernardo, uno de los efectivos recibió una llamada y dijo “cómo que le volaron los dientes a mi compañero?”.
El mismo efectivo, tras cortar la llamada, dijo “ahora le volemos los dientes a todos estos”, por lo que los jóvenes fueron golpeados en la cara.
Las lesiones fueron constatadas con el examen médico y las declaraciones testimoniales, que dieron cuenta que los efectivos del Grupo de Intervención Conjunta, que se encontraban en el móvil 1847, en ejercicio de una acto de servicio y con claro exceso en el uso de la fuerza, acometieron contra la integridad física del menor víctima y también contra su integridad psíquica, al inferirle sendos mensajes intimidatorios.
En relación al imputado Fabián Marcelo Molina, corresponde formular la acusación por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, ya que al desempeñarse como chofer del móvil 1847, incumplió con efectuar el informe de relevancia sobre el hecho, conforme lo requerido en el artículo 29 del reglamento para el uso de la fuerza pública, máxime cuando en dicho traslado se produjeron las lesiones denunciadas.
