Prosigue juicio a policías: Este jueves declaró personal policial

Nueve policías son juzgados por los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real y tres de ellos por falsedad ideológica. El hecho sucedió el 19 de diciembre de 2020, durante un procedimiento por el que un hombre resultó con fractura de mandíbula.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate por el juicio a nueve efectivos policiales, acusados de cometer abuso policial. Este jueves se desarrolló la tercera jornada, durante la que declararon tres policías y una operadora VIF.

Durante el juicio, una testigo que ocupaba el cargo de jefa de guardia en la Comisaría 104 brindó su testimonio. Confirmó la identidad de los imputados y corroboró que el móvil policial utilizado para trasladar al damnificado era el vehículo con el número 1723. Como encargada de los libros de guardia, la testigo informó que no registró ninguna lesión del damnificado debido a que no se le comunicó que las tuviera, durante su permanencia en la dependencia. Además, señaló la presencia del jefe de turno, el encargado del sector y el jefe de la subcomisaría de Grand Bourg en la comisaría ese día, quienes tomaron conocimiento de las novedades.

Durante la reproducción del video del móvil policial, la integrante de la fuerza reconoció a un efectivo, el sargento Chauque, quien se encontraba debajo del vehículo y frente al domicilio donde se produjo la detención de la víctima, sosteniendo una piedra en su mano. La testigo reconoció a los imputados Alcoba y Miranda, cuyos nombres coincidían con los registros de los libros de guardia.

Al momento de exhibir el video del móvil policial, la integrante de la fuerza reconoció al sargento Chauque, que había descendido del móvil y estaba frente al domicilio donde fue aprehendida la víctima, con una piedra en la mano. Reconoció también a Alcoba y Miranda, lo que surge de los libros de guardia.

Luego declaró un oficial de servicio que había trabajado con los imputados en la Comisaría 104. Informó que el día del incidente, al recibir las novedades, ni la jefa de guardia ni otro miembro del personal le mencionaron que la persona detenida estuviera herida. Además, afirmó que había visto al damnificado, pero que no notó ninguna lesión en él.

Durante su testimonio, el oficial realizó un dibujo a mano alzada para representar la distribución interna de la dependencia policial y señaló el área donde se alojaban los detenidos. También reconoció el vehículo policial número 1723 y, al visualizar el video presentado, identificó a los imputados Alcoba, Corrillo y Chauque como el personal que aparecía en la grabación y portaba piedras en sus manos.

Otra testigo que declaró fue la operadora VIF (Violencia Intra Familiar) al momento del hecho. Manifestó que, por solicitud del Centro de Coordinación Operativa (CCO), se envió el móvil policial a una zona dentro de la jurisdicción debido a un incidente. A través de comentarios, escuchó que el móvil había sido atacado y que se había producido un altercado en el cual se detuvo a una persona que fue trasladada a la comisaría. Aunque pudo ver a la persona cuando llegó a la comisaría, no notó ninguna lesión en ella ni pudo identificar al personal que la custodiaba. Además, no tenía conocimiento del tiempo que la persona permaneció en la dependencia ni cuándo salió.

El siguiente testigo fue un comisario, quien se desempeñaba como jefe del turno noche. Afirmó que al apersonarse, no se le transmitió ninguna novedad sobre personal herido durante un procedimiento. Además, declaró que no tenía conocimiento de ningún informe que le hubiera sido presentado al respecto.

Cuando se le consultó sobre el procedimiento para documentar los daños causados por terceros al móvil policial, el comisario explicó que, en esos casos, se debe solicitar la intervención del personal de Criminalística para que documente los daños de manera adecuada. Manifestó que el personal policial recibe capacitación en técnicas de reducción para su aplicación en los procedimientos.

El comisario también enfatizó que, si hubiera habido una persona ingresada con lesiones, debería haberse registrado en el libro de guardia. De igual manera, si la lesión se hubiera producido dentro de la dependencia, también se debería haber dejado constancia de ello.

El juicio tiene lugar en el Salón de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial  y es presidido por la Jueza de la Sala V del Tribunal de Juicio, Mónica Faber. Mañana viernes continúa la audiencia de debate, luego del cuarto intermedio dispuesta por el tribunal unipersonal.

Inicia juicio a policías

Efectivos de la Policía de la Provincia serán juzgados desde este lunes 12 de junio, en el salón de Grandes Juicios por un hecho ocurrido en diciembre de 2020, cuando un hombre resultó víctima de un hecho de abuso policial por el cual sufrió fractura de mandíbula. Ocurrió durante un procedimiento, en una vivienda de barrio Bicentenario.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, representará al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra el sargento Aldo Daniel Chauque, el cabo Santiago Delfín Jonatan Alcoba, el suboficial principal Leonardo Corrillo, la cabo María José Miranda, el sargento ayudante Jorge Valdiviezo, el sargento Jorge Alberto Saracho Dermith, el cabo Álvaro Nicolás Guanca y el agente Cristian Cruz, como supuestos autores de los delitos de allanamiento ilegal, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. En tanto Chauque, Alcoba, y el suboficial principal Leonardo Corrillo, deberá enfrentar acusación por el delito de falsedad ideologica (art. 293 del CP).

En la mañana del 19 de diciembre de 2020, mientras el afectado caminaba por el barrio Bicentenario en compañía de un amigo, fueron abordados por un vehículo policial de la Comisaría Palermo con cuatro policías a bordo que comenzaron a proferir insultos y silbidos hacia ellos. Posteriormente, la situación se intensificó en el domicilio del amigo, donde los policías lanzaron piedras contra la vivienda, rompieron una ventana y entraron sin autorización de la dueña de la vivienda, para golpear al afectado, incluso después de haber sido reducido.

Posteriormente, llegaron más vehículos policiales y, de manera violenta, patearon la puerta de la vivienda para ingresar, profiriendo insultos hacia la propietaria y generando miedo entre los menores y otros residentes del lugar.

Una vez dentro, subieron al afectado al vehículo policial, donde continuaron las agresiones físicas, al igual que cuando llegaron a la comisaría del barrio Palermo. En la comisaría, lo llevaron hacia el fondo, donde ya se encontraba reducido y sujeto, y un grupo de agentes comenzó a agredirlo nuevamente, causándole diversas lesiones que fueron documentadas en los certificados médicos correspondientes.

El denunciante refirió, además, que reconoce al efectivo que le provocó la doble fractura de mandíbula, que fue quien lo pateó en la cara, así como también reconoció a los vehículos de apoyo que llegaron y lo agredieron violentamente.

El juicio tendrá lugar en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, con la dirección de la Dra. Monica Faber, Juez del Tribunal de Juicio Sala V, habiendo solicitado intervención como “amicu curiae” el Comité Provincial contra la Tortura, y la Secretaria de Derechos Humanos de la Nacion, al tratarse de un hecho de presunta Violencia Institucional cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

 

 

Un oficial auxiliar imputado por ejercer violencia institucional y falsear su declaración

Durante el desempeño del personal como policía adicional en el corredor Balcarce, excediendo sus funciones, el acusado le propinó un golpe de puño en la cara al damnificado, para luego privarlo ilegítimamente de su libertad, sin causa legal y por espacio de varias horas. Todo quedó registrado en un video grabado por un testigo.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, imputó de manera provisional y abrió la investigación penal correspondiente, por la presunta comisión del delito de vejaciones agravadas por la violencia, en concurso real con privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real y en calidad de autor, a un oficial auxiliar.

El hecho denunciado ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre de 2022 y, según consta en la denuncia, el damnificado caminaba junto a un amigo por calle Balcarce esquina Necochea cuando varios efectivos, que cumplían funciones de despeje, los interceptaron cortándoles el paso, recibiendo insultos y golpes.

En determinado momento, el acusado le habría propinado golpes de puño en la cara al damnificado, lo que le provocó hematomas en rostro frontal y malar derecho, según consta en el certificado emitido por el médico legal y Hospital San Bernardo.

Testigos relataron que presenciaron un episodio violento por parte del personal policial, que al damnificado lo golpearon, primero a mano abierta y luego a puño cerrado y que, al advertir que uno de ellos filmaba con el teléfono celular el episodio, se lo quisieron quitar, por lo que también fue esposado y demorado.

El análisis de las filmaciones de las cámaras de videovigilancia, ubicadas en Balcarce y Necochea, concluye que “se establece que en la escena intervienen seis efectivos de la Policía de la provincia de Salta. Se observa que la agresión es propinada por un solo policía, se trataría de un oficial auxiliar, como puede observarse en la imagen (…) que es identificado en el video como quien agrede al damnificado”, en referencia al acusado.

En el decreto de imputación, el fiscal González expresa además que, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de autoridad competente, se privó ilegítimamente de la libertad ambulatoria, tanto al damnificado como al tercero que lo acompañaba, a quienes retuvieron en la Comisaría 1, desde la madrugada hasta el mediodía, sin que existiera causa para tal aprehensión.

En relación a la versión de lo sucedido, volcada en el informe policial realizado por el acusado, se advierte que no resulta coincidente con la brindada por el damnificado, el testigo y las filmaciones, tergiversando la verdad respecto al origen de la lesión del denunciante, razón por la cual el fiscal estima que su conducta encuadra en  el delito de falsedad ideológica, en virtud de haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

Concluye el fiscal penal de Derechos Humanos: “de todo ello surge con claridad meridiana, que el accionar del efectivo policial aquí señalado no fue el adecuado, excediendo sobradamente con su accionar las facultades propias de una moderada actuación e intervención, incurriendo en conductas penalmente reprochables”.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar.