General Güemes: Prisión preventiva para la mujer imputada por 67 estafas

Un grupo de personas había denunciado en junio pasado que la imputada les había ofrecido un terreno a cambio de la entrega de dinero, además de hacerles hacer trabajos de mantención de un espacio público.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 4 del distrito Centro, en la audiencia flexible y multipropósito para resolver el pedido de prisión preventiva para una mujer acusada del delito de estafas reiteradas (67 hechos) en concurso real.

En la audiencia, de la que participaron los 67 damnificados, el juez Diego Rodríguez Pipino, haciendo lugar a lo solicitado por la fiscal Salinas Odorisio, dictó la prisión preventiva de la acusada.

La investigación se inició a partir de que un grupo de personas denunció que hace cinco años, habían entregado documentación y dinero en efectivo a una mujer perteneciente a la agrupación piquetera y sindical conocida como Movimiento Evita para acceder a un terreno en la parte posterior del barrio 200 Viviendas de La Banda, localidad de General Güemes, lo que nunca se concretó.

Manifestaron que además les solicitaba realizar trabajos de mantención en la plaza del B° Cooperativa en el horario y en su domicilio.

Imputan a la mujer detenida el jueves pasado en General Güemes por 67 estafas

 

Reanuda el juicio contra el exintendente de San Lorenzo

Hoy martes, a las 13, en la Sala de Grandes Juicios, está previsto que se reanude la audiencia de debate en el juicio contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza.

La fiscal Penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate que se sigue contra Ernesto Fernando “Kila” Gonza y Sergio Armando, acusados de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.

Durante la jornada de hoy se escucharán testimoniales de testigos del caso.

Cabe recordar que durante la primera jornada de audiencia, la fiscal penal de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, expuso los delitos que el Ministerio Público Fiscal le imputa a Gonza, de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor. En tanto, a Armando le imputa los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos), en calidad de autor, y peculado de servicios, en calidad de partícipe necesario, todo en concurso real.

El juicio se desarrolla con tribunal colegiado, integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Araníbar y María Gabriela González.

Múltiples allanamientos y detenciones por robo de combustible a la Municipalidad de Salta

La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputará este miércoles a seis personas, por la comisión del delito de defraudación a la administración pública. Cuatro de ellos son empleados municipales.

Salinas Odorisio tramitó ante el Juzgado de Garantías Nro. 3 las órdenes de allanamiento, para lograr la detención de las seis personas acusadas de sustraer gasoil que luego comercializaban. Los cuatro primeros son choferes de la Municipalidad, mientras que un hombre y una mujer, serían los propietarios del lugar donde se reducía el combustible.

Las tareas desplegadas por personal de la Unidad Especial de Investigaciones, dependiente del Departamento Investigaciones y Criminología del CIF, permitieron establecer las maniobras ilícitas perpetradas por los empleados municipales y las dos personas externas a la comuna.

Así determinaron que entre los días lunes y viernes, arribaban distintos camiones del municipio a un domicilio particular situado en la zona sudeste de la capital salteña, cuyos choferes  descargaban gasoil de los tanques de combustible. Allí, el diésel -habitualmente utilizado para grandes vehículos o maquinaria-, era adquirido por los propietarios de esa vivienda. Se corroboró que luego, las mismas personas vendían el combustible mal habido a terceros.

Investigan si hubo delito en el desmantelamiento de una casona histórica

La fiscal penal 5, Gabriela Buabse, interviene en la investigación originada a partir de la posible demolición de una casa histórica ubicada en calle Caseros 1401, esquina Lamadrid, de la capital salteña. Ordenó distintas medidas y el caso pasó a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, por la temática.

La Fiscalía penal inició la averiguación preliminar, de oficio, y en virtud de las distintas publicaciones en medios de comunicación referidas a la posible demolición de la casona histórica ubicada en el macrocentro de la ciudad.

Entre las medidas ordenadas, tendientes a valorar la existencia de un hecho delictivo, la fiscal Buabse libró distintos oficios a la Municipalidad de Salta, Área de Desarrollo Urbano, de Fiscalización de Obras y de Edificios Históricos. Otro oficio fue dirigido a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, para que remita a la Fiscalía el informe de dominio del inmueble en cuestión, con todos sus antecedentes registrales.

Por otra parte, ordenó una inspección ocular a cargo del personal de Criminalística del CIF.

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas, el inmueble, de arquitectura neocolonial y donado oportunamente a la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, no se encuentra catalogado como bien patrimonial contextual, arquitectónico ni monumental en el Registro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta.

La Ley 7418, de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta establece que la CoPAUPS define el otorgamiento de cualquiera de esas categorías a los inmuebles correspondientes y que debe velar por su protección.

Gral. Güemes: imputaron a la exdirectora de Cultura por peculado

A partir de la denuncia realizada por el actual intendente ante irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio al asumir su función, se inició una investigación donde se pudo comprobar que la exfuncionaria sustrajo fondos que tenía a cargo, sin efectuar la rendición correspondiente, causando un perjuicio patrimonial al municipio.

Gentileza Canal 4 SCA

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, imputó a Mónica Fernanda Valdiviezo como autora del delito de peculado.

La investigación se inició a partir de la denuncia que presentó el intendente de General Güemes, Sergio Salvatierra, donde consignaba irregularidades detectadas en la auditoría interna realizada en el municipio, irregularidades en el manejo de fondos del centro cultural y el faltante de algunos archivos.

Tras el análisis de la documentación aportada y la recepción de testimonios de las personas encargadas de realizar las tareas de auditoría, desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se pudo comprobar que Valdiviezo, en su carácter de Directora de Cultura de ese municipio durante la gestión de gobierno anterior, tenía a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos y que sustrajo caudales estatales pertenecientes al Centro Cultural 13 de Febrero sin efectuar la correspondiente rendición de cuentas de los ingresos que se producían por actividades en el cine y las ventas en el bar. De la rendición de fondos del año 2019, la suma de $ 807.208,23 se encuentra sin respaldo documental alguno, lo que causó un perjuicio patrimonial al Municipio.

Tras conocer la acusación en su contra, Valdiviezo se abstuvo de declarar.

Plasma: Citan a audiencia de imputación por fraude a la administración pública

La Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal, ordenó la citación a audiencia de imputación para el lunes 5 de octubre,  a un médico que será imputado  por la comisión del delito de fraude a la administración pública (dos hechos), en grado de tentativa en concurso real, en el carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. La notificación de citación se hizo bajo apercibimiento de ordenar su conducción por la fuerza pública en caso de incomparecencia injustificada. Deberá designar abogado defensor particular u oficial.

En el decreto de imputación ya notificado al futuro imputado, constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.

Para avanzar, se tuvo en cuenta que el futuro imputado, en su condición de socio gerente de una empresa habilitada para la realización de Servicio Transfusional Hospitalario, y siendo prestador de la obra Social IPS, habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC -plasma- (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado. La primera presentación fue rechazada toda vez que pretendía el pago de $69.000, asimilando esta práctica a la de plaquetoferésis; solicitando posteriormente, por medio de notas a dos sanatorios, el cobro de $ 30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS. Todo esto, a sabiendas que al no haber una resolución ministerial, no se estaba cobrando la entrega de las unidades, y que por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.

Consta también en el decreto que el futuro imputado, no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el Instituto Provincial de Seguros de Salta rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4607,88.

Consideró la Fiscalía, que en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo. De esa manera, la obra social y en caso de ser engañada hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.

Noticia Criminis

Como se sabe, la investigación penal inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis, en función de una publicación que daba cuenta del supuesto cobro de $ 30.000 por la transfusión de plasma. Entre otras medidas adoptadas, la fiscalía requirió Informe al Centro de Hemoterapia Regional y a distintos sanatorios privados; se solicitó al Ministerio de Salud Pública la copia de convenio celebrado con la empresa privada y las copias de actuaciones labradas a raíz de las noticias extraídas de los sitios web; se solicitó a la Dirección de Personería jurídica copia del expediente de la empresa en cuestión, constitución y sus posteriores modificaciones y se pidió Informe al Instituto Provincial de Seguros de Salta.

También se verificó que la persona en cuestión, se desempeñó como director del Centro de Hemoterapia Regional. Su renuncia al cargo de Profesional Asistente, Agrupamiento, Profesional Subgrupo 1 dependiente del Centro Regional de Hemoterapia, fue aceptada el 15 de febrero de 2020 y el 1 de agosto pasado, fue designada otra profesional en el cargo de Directora, formalmente, aunque estuvo desempeñándose en el cargo del despacho de Dirección, desde el 6 de enero de este año.

Mediante diferentes declaraciones testimoniales, se pudo esclarecer que el proceso de extracción de plasma y el análisis del producto extraído está a cargo del Centro de Hemoterapia; que la trasfusión está a cargo de empresas públicas o privadas con categoría de servicio de Transfusión hospitalaria y que el procedimiento tiene un costo valuado en UCP que en la actualidad es de $ 27,30 aproximadamente.

Y que si bien se hizo el estudio de costo, nunca se terminó de aprobar por resolución ministerial, por lo que siempre se entregó dicho Plasma de Convaleciente Covid-19, sin ningún costo, sumado a que es un tratamiento experimental. Además, se informó que al costo de la práctica médica que corresponde a la trasfusión, lo regulan las obras sociales.

Se supo también que hay otras empresas privadas y de carácter público que trabajan en la misma especialización; que el plasma se entrega a toda institución hospitalaria que lo solicite, siempre que se encuentre autorizado como Centro Receptor por la Comisión de investigación biomédica del Ministerio Salud y que a la fecha, se entregaron aproximadamente 350 unidades de plasma a establecimientos de toda la provincia -públicos o privados- y en forma gratuita.

Se investiga la organización de bingos virtuales ilegales

A partir de la denuncia realizada por el presidente del Directorio del Ente Regulador de Juegos de Azar, la Unidad de Delitos Económicos Complejos inició una investigación sobre un grupo de personas que organizaban a través de Facebook, la realización de un bingo virtual. Se realizaron 10 allanamientos con secuestro de elementos de interés para la causa.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, encabeza una investigación iniciada a partir de la denuncia realizada por Aníbal Osvaldo Caro, como presidente del Directorio del Ente Regulador de Juegos de Azar sobre un grupo de personas que estaría organizando un bingo virtual en forma ilegal.

La División de Delitos Económicos de la Policía de la Provincia inició tareas investigativas y pudo comprobar que a través de Facebook, un grupo de personas estaba organizando un bingo virtual ofreciendo premios en efectivo, violando las regulaciones fiscales, administrativas y penales relativas a la realización de juegos de azar

En las publicaciones indicaban diversos números de CBU como medio de pago para participar y números de teléfono de contacto para reservar “las líneas”.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal Flores solicitó al Juzgado de Garantías 1, orden de allanamiento y secuestro para 10 domicilios vinculados a los sospechosos y como resultado de la medida, se logró secuestrar diversos elementos de interés para la causa.

Irán a juicio por estafar con la venta de terrenos y viviendas

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos, se requirió juicio para dos hombres y una mujer, que bajo el nombre de la empresa Ecovista, ofrecían a través de publicidad masiva, la posibilidad de adquirir terrenos y/o viviendas que nunca entregaron. Son 24 los damnificados que radicaron denuncia.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio para Francisco Marcelino Alfaro, Marcos Sebastián Alfaro y Justina Chaile como coautores del delito de estafa (24 hechos).

En la investigación consta que los acusados, actuando de común acuerdo y mostrándose como titulares de una empresa solvente y responsable de diversos loteos y construcción de viviendas -Proyectos Urbanístico Los Arcos y Palmares de la Isla-, ofrecían a través de publicidades masivas la posibilidad de adquirir lotes y/o viviendas.

Luego suscribían un contrato con los interesados, solicitando distintas sumas de dinero, a sabiendas de que no cumplirían con lo pactado.

El modus operandi de los acusados consistía en hacer suscribir a las victimas un plan de pagos (“Ecoplan”) o un contrato de adhesión al Fideicomiso “Los Arcos” por el cual debían pagar cuotas mensuales ajustadas a un índice de aumento salarial para la adquisición del lote.

El ardid se completaba a través del montaje de una infraestructura suficiente como para otorgar visos de legitimidad al negocio propuesto. Asimismo, para perfeccionar el engaño se certificaba la firma de los compradores por medio de un escribano que era propuesto por los imputados y se trasladaba a los interesados en autos de la empresa a distintas locaciones para mostrarle supuestos barrios que se encontraban urbanizando, lo que no era cierto.

Como evidencia del engaño desplegado por los imputados, en el requerimiento se encuentran incorporados los informes de las empresas Gasnor, Edesa y Aguas del Norte, que dan cuenta de las respuestas negativas acerca de proporcionar los servicios básicos en los lotes que los imputados ofrecían al público. En este sentido, se observa que éstos iniciaron los trámites en las mencionadas empresas a los efectos de otorgar una apariencia de viabilidad y legitimidad al futuro loteo, sin embargo éstos fueron discontinuados.

Tampoco obran registros en la Dirección General de Inmuebles acerca de loteos o urbanizaciones aprobadas con los nombres “Los Arcos” o “Palmares de la Isla”.

Se demuestra también que se trata de un mismo grupo de acción, donde figuran como titulares de la sociedad “Ecovista”, Francisco Marcelino Alfaro, Justina Chaile y Marcos Sebastián Alfaro, con distribución de tareas para lograr el cometido defraudatorio.

Pareja a juicio por estafar con supuestas inversiones on line

Desde la Unidad de Delitos Económicos Complejos se requirió juicio para una pareja acusada de al menos cuatro hechos de estafas reiteradas. Ofrecían a sus conocidos la oportunidad de invertir en una plataforma informática brasilera y lograr grandes ganancias en dólares o la obtención de piedras preciosas. Incluso los instaban a sumar a otros adherentes para tener mayores posibilidades.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, requirió juicio para Juan Carlos Nieva y Ivanna Elizabeth Correa como coautores del delito de estafas reiteradas (4 hechos).

En las denuncias, los damnificados son coincidentes en señalar que eran compañeros de trabajo en el Ministerio de Educación de Salta con el acusado y que basados en la relación de confianza, decidieron invertir importantes sumas de dinero en una empresa virtual denominada “Pay Diamond”.

Para concretar la maniobra, la pareja concertaba encuentros en hoteles de la ciudad y en su misma casa, donde les prometían a los damnificados, grandes rentabilidades dinerarias o su equivalente en piedras preciosas si invertían sumas de dinero, como así también si adherían a nuevos suscriptores o inversores.

Cabe señalar que nunca otorgaron recibo alguno del dinero que recibieron de los damnificados y sus familiares, quienes al intentar retirar su inversión se vieron imposibilitados ya que la plataforma desconocía el acceso a los suscritos.

El fiscal Flores sostiene en la acusación que los imputados Nieva y Correa, actuando en connivencia y aparentando la dirección u organización de una empresa virtual, lograron que los denunciantes entregaran importantes sumas de dinero en efectivo –pesos y/o dólares-, creyendo que se trataba de una operación de inversión. Actuando los acusados a sabiendas que no iban a cumplir con las promesas de ganancias, lo que perjudicó gravemente el patrimonio de las víctimas, constituyendo un caso de estafa piramidal.

Condenan a exempleado de Rentas

Un hombre que se desempeñaba en la mesa de entradas de la Dirección General de Rentas de la Provincia, fue condenado por el delito de exacciones ilegales. Solicitó dinero a un contribuyente cambio de sustraer un expediente.

El fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, representó al Ministerio Público ante la Sala III del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Alejandro López, imputado como autor del delito de exacciones ilegales.

El acusado era empleado en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta y se desempeñaba en la mesa de entradas de la dependencia y fue denunciado por el Director General de Rentas de la Provincia por solicitar a un contribuyente el pago de una suma de dinero para «cajonear» un expediente.

La jueza Gabriela González le impuso la pena de 1 año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación y el pago de una multa.