El acusado fue detenido el 6 de junio pasado luego de una investigación de la UFINAR.
El fiscal Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Gustavo Torres Rubelt, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado por el que Santiago Cejas fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Torres Rubelt encomendó al personal del departamento de UFINAR del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) que investigara denuncias realizadas en la web del Ministerio Público Fiscal que referían que Cejas y su pareja vendían estupefacientes en el barrio San Jorge de El Carril.
A través de tareas de campo , se pudo validar las denuncias, identificar a los sospechosos y documentar las transacciones de drogas llevadas a cabo en diversos días y horarios. No obstante, los sospechosos desaparecieron del lugar. Posteriormente, los agentes encargados del caso verificaron de manera fehaciente que se habían establecido en el loteo Los Lapachos de El Carril.
Al continuar con la investigación, los efectivos reunieron distintas pruebas por lo que el fiscal Torres Rubelt solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías, medida que se llevó a cabo el 6 de junio pasado.
En el operativo, Cejas entregó de manera voluntaria las sustancias estupefacientes que tenía acondicionadas para la venta, balanza gramera y otros elementos propios de la comercialización, dinero en efectivo y celulares. El hombre y su pareja fueron detenidos y alojados en la Alcaidía General de la Provincia.
Tras avanzar en la investigación, la Fiscalía retiró la acusación contra la pareja de Cejas y llegó a un acuerdo de juicio abreviado con el acusado, quien luego de admitir su responsabilidad en el hecho, fue condenado.
En orden a lo dispuesto en la ley nacional 23.737 y la ley provincial 7838, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso y destrucción de las sustancias estupefacientes secuestradas, como así también respecto a los elementos utilizados para el corte y acondicionamiento de la misma. Con relación al dinero secuestrado, el Juzgado determinó el decomiso y posterior transferencia de los fondos a la cuenta que el Poder Ejecutivo destina por ley a los fines afrontar las tareas de prevención, asistencia y rehabilitación de los afectados por el consumo de estupefacientes, y lo sea previa afectación del 30% del dinero secuestrado a la cuenta del Ministerio Publico de Salta para lucha contra la Narcocriminalidad.
