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Caso Teruel: El Fiscal de Ufinar pide declaración de incompetencia y que intervenga la Justicia Federal

El fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, solicitó al juez de Garantías 2, la declaración de incompetencia material en la causa originada a partir del hallazgo de plantas de marihuana y otros elementos en el domicilio de Mario Rolando Teruel.

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En sus argumentos, el fiscal López Soto afirmó que “en virtud de lo dispuesto por los artículos 241 y 242 del Código Penal, la Unidad sostiene su incompetencia para continuar interviniendo en la investigación”, por lo cual y al haberse dado intervención al juzgado en cuestión, “corresponde declarar la incompetencia material y que las actuaciones se remitan a la Justicia Federal”.

Explicó el fiscal en su presentación que “de los elementos obrantes en la causa, surge que el accionar del imputado encuadra prima facie, en el delito previsto en el artículo 5, inciso A de la Ley 23737 (Cultivo de estupefacientes), con lo cual, al no formar parte de los delitos llamados desfederalizados de la Ley 26052, conforme Acordada 11554/2013, su investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal”.

Agrega la presentación del fiscal López Soto que “el criterio se sostiene fundamentalmente, en los elementos hallados en una de las dependencias del domicilio del Sr. Mario Rolando Teruel, tratándose de fertilizantes, lámparas con plafón y rociador, sumado a que la cantidad de plantas de cannabis sativa halladas, exceden una cantidad que razonablemente pueda atribuirse al consumo personal, restando otras tareas de investigación y medidas de prueba que deberán ser dirigidas y controlados por la justicia competente, en este caso; la Justicia Federal”.

El hallazgo se produjo la semana pasada, en ocasión de la inspección ocular que llevaba adelante el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, en el marco de una causa contra Marcos Lautaro Teruel, quien se encuentra imputado por exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, en una causa, y por supuesto abuso sexual con acceso carnal, en otra.

Tras el hallazgo casual, Obeid dio intervención del fiscal de la Ufinar (Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad), Santiago López Soto, quien supervisó el operativo que llevó adelante el Grupo de Investigaciones de la Unidad.

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Estupefacientes: Detienen e imputan a una mujer prófuga hace cuatro años

Se trata de Vilma Tayagui, integrante del clan familiar del mismo apellido, quien fue detenida e imputada por infracción a la Ley de Estupefacientes 23737. El clan familiar posee ramificaciones en el norte provincial y el sur de Bolivia.

La mujer, que tenía pedido de captura desde abril de 2015, fue detenida en la playa de estacionamiento del Hipermercado ubicado en la zona sur de la ciudad, y acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Inicialmente intervino la Fiscalía Penal 4 y la investigación pasó a la Unidad Fiscal Contra la Narcocriminalidad (UFINAR), que logró la detención, con la participación en el operativo de efectivos de la UFINAR, de la dirección de Drogas Peligrosas y de la Comisaria 15.

Según los investigadores, Vilma Tayagui, de 47 años, forma parte del clan familiar delictivo del mismo apellido, que se dedica al tráfico de estupefacientes y que posee una ramificación en el norte provincial y el sur de Bolivia.

El pedido de captura y detención por tenencia de estupefacientes y fines de comercialización contra la mujer, se emitió el 8 de abril de 2015.

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Cae otra banda que comercializaba estupefacientes en la ciudad

Ocho personas fueron detenidas e imputadas tras varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad. La investigación se inició a partir de denuncias web que daban cuenta de la actividad ilícita desplegada. Se secuestró sustancia estupefacientes, alrededor de 200 mil pesos, tres autos, dos motocicletas, celulares y otros elementos de interés para la causa.

El fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Franco Eduardo Bravo, «Tanga», Cristina Córdoba (madre de Bravo), Mariela Graciela Añez, «Cuchi», Walter Javier Díaz, «Tucumano», Carlos Daniel Ferrari, «Pelado», Celso Gabriel Barrientos, «Chileno», Claudia Silvana Bravo (hermana del principal sospechoso) y Edith Yohana Tito por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

La investigación se inició a partir de denuncias web que señalaban a Bravo como quien desplegaba la actividad ilícita en barrio Bancario y zonas aledañas.

A partir de esta información, los investigadores desplegaron diversas medidas investigativas que permitieron corroborar que las personas investigadas ejecutaban actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes, siendo el principal investigado Franco Bravo, quien desplegaba la actividad ilícita con su pareja y su madre Cristina Córdoba, recibiendo la sustancia estupefaciente de Carlos Ferrari y fraccionándola para distribuirla entre los otros vendedores.

Una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó orden de allanamiento y detención para ocho domicilios de barrio Bancario, Siglo XXI, La Paz, macro centro, Don Emilio, Ampliación Parque La Vega, Autódromo y barrio Huaico.

Del cumplimiento de las medidas, se logró secuestrar dos motocicletas, tres automóviles, celulares, alrededor de 200 mil pesos y una importante cantidad de sustancia estupefacientes.

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Llevan a juicio a una banda que vendía estupefacientes

Se trata de 20 personas que fueron detenidas en el mes de Agosto de 2018 en el marco del operativo “Pachamama”, que incluyó el allanamiento de 17 inmuebles y el secuestro de 4 motocicletas, 6 automóviles, una camioneta y más de 30 kilos de estupefacientes, entre marihuana y cocaína. Entre los imputados se encuentra una mujer que se desempeñaba como suboficial de la Policía de la Provincia.

El fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 para José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

Se trata de una causa compleja, tanto por la cantidad de detenidos, los elementos secuestrados  como por el accionar desplegado por esta organización, la cual vendía droga al menudeo y proveía de estupefacientes a otras bocas de expendio, principalmente de la zona Norte, Oeste y Centro de la ciudad.

La investigación inició en Setiembre de 2017 a partir de investigaciones propias de los policías de esta Unidad, como así también se tomó en cuenta información aportada por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web.

En el requerimiento, López Soto agrega que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo supuestamente antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino en Villa La Lata.

“Las pesquisas no fueron sencillas, pues esta banda tenía aceitados dispositivos para advertir la presencia de los investigadores. Uno de ellos estaba a cargo de jóvenes vecinos, la mayoría adictos, quienes ante la presencia de un vehículo extraño o que no fuera marcado por los acusados, alertaban a los hermanos Guzmán, principales imputados, con silbidos y otros recursos”, explicó.

Pese a ello, agregó el fiscal “los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían de droga a varios revendedores”.

López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos, ya que fueron “claves” para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacía dentro de vehículos”.

A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.

La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.

“Este sujeto junto a otros dos cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.

Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraban Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.

En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.

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Caen tres integrantes de una organización que vendía drogas

A partir de denuncias web, se inició una investigación que culminó con la detención de tres hombres que comercializaban estupefacientes en la ciudad. El principal detenido desempeñaba el rol de proveedor de drogas de otros revendedores.

El fiscal penal 2 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Agustín Natividad Gaspar de 45 años, «Tino», a Claudio Rolando Morales de 42 años y Leonardo Aaron Moro de 23 años por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

La investigación se inició a partir de denuncias web que daban cuenta de la actividad ilícita que desplegaría «Tino» Gaspar, proveyendo sustancia estupefaciente a otros revendedores menores, llevando a cabo esta tarea junto a otras personas que tenían roles asignados dentro de la organización.

Los investigadores iniciaron el año pasado las tareas de inteligencia y vigilancia pertinentes para reunir los elementos de convicción necesarias sobre la actividad ilícita desplegada por el acusado, que una vez acreditados, permitieron solicitar orden de detención y allanamiento para tres domicilios.

Uno de los allanamientos se realizó en un monoambiente de barrio El Huaico, el segundo en asentamiento 20 de Junio y el tercero en barrio Santa Clara. Como resultado de las medidas, se logró secuestrar alrededor de 6 kilos de marihuana y algo más de 1 kilo de cocaína, elementos de corte y fraccionamiento, dinero, celulares y otros de interés para la causa.

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Desbaratan una banda dedicada al comercio de estupefacientes

El fin de semana se realizaron 14 allanamientos y se logró la detención de 16 personas que en forma organizada, comercializaban drogas en la ciudad. Uno de los imputados es empleado de la Cooperadora Asistencial. Se logró secuestrar 5 kilos de marihuana y alrededor de 100 gramos de cocaína de máxima pureza.

El fiscal penal 2 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Sergio Daniel Ríos, Cristian Eduardo Cristofani, Luis Alberto Chávez, Carlos Antonio Mamaní, Gladys Esther Penella, Carlos Mamaní, Julio Héctor Navia, Georgina Paola Medina, Alberto Nicolás Liendro, Ricardo Matías Calloja, Malvina Libertad Cejas, Francisco Eduardo Camacho, Juan Marcelo Colque, Iván Fabricio Colque y Saúl Ezequiel Pastrana por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

A Saúl Ezequiel Pastrana y a Alejo Agustín Medina se les imputó además el delito de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.

La investigación se inició tiempo atrás a partir de un informe policial remitido por la Policía Federal Delegación Jujuy, que daba cuenta que Marcelo «Chacota» Colque, se dedicaba a la comercialización de estupefacientes desde su residencia en avenida Independencia al 100, donde funciona una agencia de tómbola.

Con la información aportada, personal policial especializado inició una investigación que incluyó tareas de vigilancia e inteligencia que permitió identificar a quienes participaban de la organización, donde estaban los roles distribuidos y mantenían una fluida comunicación y coordinaban la comercialización de sustancias estupefacientes en la ciudad.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno, allanamiento y detención para 14 domicilios de esta ciudad.

Los procedimientos se concretaron en avenida Independencia al 100, barrio Ceferino, barrio Don Santiago, barrio Autódromo, barrio El Huaico, Alberdi al 700, barrio Libertad, barrio 23 de Agosto, Cerrillos, Vicario Toscano al 100, barrio Cerámica, Astigueta al 800, un lavadero de autos sobre avenida Paraguay y pasaje Bedoya y barrio Palenque.

Como resultado de las medidas, se logró secuestrar 5 kilos de marihuana, aproximadamente 100 gramos de cocaína de máxima pureza, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo, celulares y otros de interés para la causa.

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Cumplía prisión domiciliaria por drogas y comercializaba estupefacientes junto a su pareja

A partir de la denuncia de vecinos de dos domicilios que daban cuenta de la comercialización de estupefacientes, se produjo la detención de un hombre y una mujer que desplegaban la actividad ilícita. El detenido cumplía prisión domiciliara por otra causa de drogas y llevaba una pulsera electrónica.

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El fiscal penal Gustavo Torres Rubelt de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, imputó a Luis Carlos Vizcarra y a Inés Eudosia Marisol Ortega por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización luego de ser detenidos tras dos allanamientos realizados el pasado viernes.

La investigación se inició a partir de un informe policial que daba cuenta del reporte de vecinos de calle Talcahuano al 600 sobre la supuesta comercialización de estupefacientes en la casa de una persona identificada como «Chato» y que también lo hacía su pareja en una vivienda en barrio Palmeritas.

Se iniciaron así tareas de investigación e inteligencia en ambos domicilios, donde se pudieron reunir los elementos de convicción necesarios para solicitar orden de allanamiento.

Del cumplimiento de ambas medidas, se procedió a la detención de los dos acusados y el secuestro de sustancia estupefaciente, dinero y otros elementos de interés para la causa.

Cabe destacar que Vizcarra tiene antecedentes por infracción a la ley 23.737 y al momento de ser detenido se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria con uso de pulsera electrónica por otra causa de drogas.

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UFINAR: desbaratan venta de drogas en General Güemes

A partir de una investigación realizada por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad a partir de denuncias web que daban cuenta de la comercialización de estupefacientes en dos domicilios de esa ciudad, personal de la División de Drogas Peligrosas logró la detención de 4 hombres que fueron imputados.

El fiscal penal 2 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Antonio Domingo Egües de 39 años, Pablo Raúl Rasjido de 21 años, Alan Iván Livorio Serrano de 25 años y José Luis Rasjido de 19 años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas y por resultar en perjuicio de un menor tras haber sido detenidos en el marco de dos allanamientos en la ciudad de General Güemes.

La investigación se inició a partir de denuncias web de vecinos que daban cuenta de la actividad ilícita que se desplegaba en viviendas de barrio Nueva Esperanza y 1° de Mayo. Personal de la División Drogas Peligrosas de esa ciudad estuvo a cargo de las tareas investigativas y de inteligencia en los dos domicilios denunciados.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, Torres Rubelt solicitó al Juzgado de Garantías 4 orden de allanamiento y detención para dos domicilios investigados. La medida se concretó el miércoles y tras los procedimientos se logró la detención de los cuatro acusados y se secuestró alrededor de 500 dosis de droga, dinero en efectivo, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.

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Condena para un preso que dirigía la venta de drogas desde la cárcel y para su banda

Sebastián Federico Mercado, su pareja Raquel Andrina Torres;  su cuñado Walter Benjamín Torres y su suegra Felisa del Valle Verón fueron condenados comercializar estupefacientes en la zona Sudeste de la ciudad. Mercado, alojado en la Cárcel Federal de Güemes, actuaba como cabecilla.

El fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Sebastián Federico Mercado, Raquel Andrina Torres, Walter Benjamín Torres y Felisa del Valle Verón, acusados de comercializar estupefacientes en forma organizada.

El desbaratamiento de esta organización responde a una investigación de policías de la UFINAR (Unidad Fiscal de Narcocriminalidad), quienes bajo la dirección del fiscal penal Santiago López Soto, realizaron una minuciosa pesquisa que permitió la detención de los cómplices de Mercado y el secuestro de 34 mil dosis de estupefacientes e importantes pruebas.

Respecto al accionar de esta banda, la misma tenía su radio de operación en una zona conocida como “La Ranchada”, ubicada en la zona Sudeste de la ciudad, más precisamente en el barrio 26 de Marzo, donde residían los detenidos.

Las pesquisas realizadas en la zona, permitieron identificar a una familia de apellido Mercado como los que supuestamente dirigían la venta de droga en “La Ranchada”, lugar al que distintos consumidores y otros revendedores de otros puntos de la ciudad acudían para abastecerse.

La zona representa una dificultad para la Policía, pues se trata de un enclave de difícil acceso, debido no sólo a lo encumbrado de algunas de las viviendas, sino también al hecho de que los familiares y amigos de esta banda rápidamente salían a la calle a repeler la presencia policial en el lugar.

Desde la UFINAR se pudo establecer que un integrante de esta familia, Sebastián Mercado se encontraba alojado en la cárcel federal de General Güemes, donde se las ingenió para seguir con el negocio de la comercialización de estupefacientes, actividad en la cual su mujer, Raquel Andrina Torres, pasó a tener un rol más protagónico.

Es que Mercado, según surge de la investigación e imputación penal en su contra, encontró una pieza clave para su actividad delictiva en otro recluso de esa unidad carcelaria, quien se convirtió en un proveedor de distintas sustancias. Mientras ambos hacían los “arreglos” dentro de la cárcel, sus respectivas parejas se encargaban del resto. Así, al investigar a las mismas y a sus familiares, se pudo determinar que la comercialización de drogas había sido retomada por Mercado, esta vez a través de su pareja, quien le rendía informes detallados del negocio.

Tras reunir varias pruebas, la Fiscalía solicitó el allanamiento y detención de los implicados, procedimientos que se realizaron el 6 de junio pasado en viviendas ubicadas en los barrios 26 de Marzo y Siglo 21, donde también se logró el secuestro de ocho kilos de drogas.

Posteriormente, se realizó una medida similar en la cárcel federal de General Güemes, donde a Mercado se le secuestró una libreta con pruebas de la actividad que dirigía desde su celda.

Felisa del Valle Verón fue condenada a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al pago de una multa por la comisión de los delitos de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundaria en concurso real con el delito de tenencia Ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Walter Benjamín Torres fue condenado a la pena de 3 años de ejecución condicional y el pago de una multa por la comisión del delito de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundario.

Andrina Raquel Torres fue condenada a la pena de 4 años de prisión efectiva y pago de multa, mientras que su pareja, Sebastián Federico Mercado fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y pago de multa, ambos como coautores del delito de comercialización de estupefacientes.

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Dos hinchas de Central Norte comercializaban estupefacientes en su vivienda

Dos jóvenes de 20 y 23 años fueron detenidos a partir de denuncias anónimas que daban cuenta de la actividad ilícita en una casa de barrio Solidaridad. Ambos se identifican como miembros de una de las facciones del Club Atlético Central Norte y durante el allanamiento se secuestró importante cantidad de cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

El fiscal penal 2 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Gustavo Torres Rubelt, imputó a Oscar Omar Sulca de 20 años y su hermano Matías Ismael Sulca de 23 años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización luego de un allanamiento realizado en su vivienda ubicada en barrio Solidaridad.

La investigación se inició en el mes de Enero a partir de denuncias anónimas que daban cuenta de la actividad ilícita que se desplegaba en esa vivienda.

Tras realizar tareas de vigilancia y de inteligencia en la zona, se reunieron los elementos de convicción necesarios y se solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento y detención para el domicilio investigado.

Durante el allanamiento se concretó la detención de los hermanos Sulca y se logró secuestrar cocaína dispuesta en pequeños envoltorios para la comercialización, marihuana dispuesta en un pack compactado, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.

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