Cinco condenados y un menor declarado responsable por venta de drogas

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que la Sala II del Tribunal de Juicio, condenó a cinco personas y declaró responsable a un menor, por comercializar estupefacientes.

Del fallo surgió que Héctor Ramón Álvarez fue condenado a una pena de 6 años de ejecución efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por cometer el hecho valiéndose de un menor de edad, en carácter de autor.

En tanto, Daniela Franco fue condenada a una pena de 4 años de ejecución efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por cometer el hecho valiéndose de un menor de edad, en carácter de partícipe secundaria.

Maximiliano Barrionuevo y Ricardo Gabriel Agüero fueron condenados a una pena de 4 años de ejecución efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autores.

Además, María Laura Morales fue condenada a una pena de 2 años y 8 meses de ejecución efectiva por el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundaria.

También se declaró responsable al menor, por el delito de comercialización de estupefacientes, por lo que se remitieron las actuaciones al Juzgado de Menores, para que determine si corresponde la aplicación de una pena.

Por último, el fiscal requirió la absolución de los imputados Kevin Luna y Agustina Dávalos.

En base a las tareas de investigación y vigilancias realizadas por personal policial y los elementos obtenidos tras distintos allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente, se determinó que los acusados tenían en su poder estupefacientes que vendían a terceros y elementos para fraccionarla y acondicionarla, además de dinero en efectivo de la actividad ilícita.

Las actuaciones de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, iniciaron en mayo de 2020, con un informe policial realizado por efectivos comisionados a partir de una denuncia anónima que precisó que en un inmueble de barrio Canillita, una persona identificada como “Chancho” y su pareja María Laura, vendían estupefacientes.

Ese mismo día, los efectivos policiales documentaron con fotografías la existencia de la vivienda, donde observaron una moto estacionada y la salida de un hombre identificado como Ricardo Gabriel Agüero, quien tenía antecedentes condenatorios. En el domicilio también residía María Laura Morales, con antecedentes condenatorios por infracción a la ley 23.737.

Fue documentada la llegada de diferentes personas al inmueble, quienes fueron atendidos por algunos de los residentes, a quienes les entregaban dinero a cambio de pequeños elementos que los compradores se llevaban a sus fosas nasales.

Otro informe policial indicó que la pareja se retiró del domicilio en moto hasta un inmueble de barrio Solidaridad y luego a otro de Villa Juanita, donde Ricardo Agüero fue atendido por un hombre, mientras María Laura Morales lo esperaba. Luego ambos volvieron a barrio Canillita.

De lo expuesto se concluyó que la pareja investigada se abastecía de estupefacientes en el domicilio de Villa Juanita, donde residía Héctor Ramón Álvarez, con condena por infracción a la ley 23.737. La pareja de Álvarez era Daniela Franco, con antecedentes condenatorios por infracción a la ley 23.737 y el hijo de ésta, menor de edad, también tenía participación en la hipótesis delictiva.

Vigilancias realizadas sobre el inmueble de Villa Juanita, permitieron documentar la llegada de diversas personas al lugar, que se retiraban al cabo de unos minutos.

Por otra parte, tareas investigativas permitieron confirmar que Martín Maximiliano Barrionuevo, con domicilio en barrio La Angostura, también vendía estupefacientes, y que era provisto por Héctor Álvarez.

Múltiples allanamientos realizados en los domicilios de los barrios Canillita, La Angostura y Villa Juanita, permitieron la detención de los acusados y el secuestro de la droga.

Del inmueble ubicado en Canillita, se secuestraron 33 gramos de cocaína y sus derivados, la suma de $45.480, una moto y dos celulares.

En tanto, del domicilio ubicado en La Angostura, se secuestraron 18 gramos de cocaína y derivados, $16.860 una moto y dos celulares.

Por último, del domicilio de Villa Juanita, se secuestraron 627 gramos de cocaína y derivados, $89.400 en efectivo, una moto y tres celulares.

Con tres allanamientos en Orán, desarticulan venta de drogas en Capital

El fiscal de UFINAR, Santiago López Soto dirige la investigación que permitió detener a un hombre mayor de edad, acusado de venta de estupefaciente en Orán, después de tres allanamientos realizados esta madrugada, en los que se secuestraron estupefacientes, vehículos y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos que llevó adelante el grupo operativo UFINAR y bajo la coordinación del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, bajo la supervisión del director interino del CIF, Pablo Rivero, fueron autorizado por los Juzgados de Garantías 7, del Distrito Centro y 2, del Distrito Judicial Orán.

La investigación de López Soto sobre la organización que comercializaba sustancias en Salta Capital, comenzó con la detención de una persona con gran cantidad de sustancia estupefaciente en esta ciudad y conectó la investigación con Orán y otros lugares.  

Los tres allanamientos en la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, ocurridos en los barrios Aeroparque y Néstor Kirchner, contaron con la asistencia de aproximadamente 70 efectivos del Grupo de Irrupción y Contención de la Policía Federal Argentina con asiento en la Ciudad de Salta; del Grupo Operativo Conjunto (NOA); de personal policial de la Motorizada, Infantería y Sistema de Emergencia 911, dependientes de la Dirección de Unidad Regional 2.

El detenido será imputado en las próximas horas. No se descartan nuevas detenciones  

Imputaron a los ocho de la banda que vendía drogas y que integraba un policía

El fiscal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a ocho personas, detenidas por la comisión de los delitos de  comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada. Al policía que participaba en la banda se le sumaron los agravantes de revestir carácter de funcionario público encargado de la persecución y prevención de los delitos previstos en la ley 23.737 y portación de armas sin autorización.

Las imputaciones por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, recayeron sobre Luis Ángel Falcón, Tania Micaela Tabernero, Franco Jesús Adrián Tabarcache, Facundo Hipólito Ausa, Leandro Ezequiel Mealla, Yamila Daniela Cardozo, Gabriela Nelly Medina y Álvaro Luciano Medina, toda vez que en base a los elementos obtenidos mediante las tareas de vigilancias realizadas por el personal policial, el resultado de los procedimientos realizados los días 29 y 30 de junio últimos, mediante el cual se obtuvo el secuestro de elementos de interés para la causa y los elementos obtenidos mediante las intervenciones telefónicas, se determinó  que las personas nombradas, forman parte de una organización de más de tres personas, con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancia estupefacientes.

Por otra parte, al imputado Franco Jesús Adrián Tabarcache, se les aplicó también el agravante previsto en el art. 11 inc. D de la Ley 23737, por el carácter de funcionario público encargado de la persecución y prevención de los delitos previstos en la ley 23.737. Al policía también se le imputó el delito de portación de arma de fuego, ya que durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, se secuestró en su poder un arma de fuego en condiciones de ser usada en forma inmediata, además de su arma reglamentaria, sin la autorización legal para tal fin.

Vale recordar que la semana pasada se concretaron distintos allanamientos que permitieron desarticular una banda que se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes. Los ocho allanamientos se produjeron tras siete meses de la investigación que permitió descubrir también la intervención de Tabarcache, efectivo de la Policía de la Provincia de Salta, con revista en Santa Victoria.

Durante la audiencia de imputación, todos optaron por no declarar.

Una pareja denunciada en forma anónima fue imputada por vender drogas en barrio San Calixto

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Susana Alicia Sarapura, de 28 años y Mauro Enrique López, de 30, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Susana Sarapura y su pareja, Mauro López, vendían sustancias estupefacientes en inmediaciones de su domicilio, ubicado en barrio San Calixto, de la Ciudad de Salta.

Las tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal policial de la Dirección de Drogas Peligrosas Sector 3 y los elementos obtenidos del allanamiento realizado el pasado 18 de junio en el domicilio de los imputados, permitieron determinar que ambos tenían en su poder estupefacientes acondicionados para su venta al público, además de elementos de fraccionamiento de la droga.

Durante la requisa, se le secuestró a López una balanza gramera digital con restos de sustancia amarillenta y la suma de $250, un  envoltorio de polietileno con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y otro envoltorio de polietileno con sustancia amarillenta en forma compacta.

En tanto, del dormitorio del inmueble se secuestró dos envoltorios rectangulares tipo ladrillo con sustancia vegetal disecada en forma compacta y un envoltorio de polietileno con sustancia amarillenta en forma compacta.

En el comedor se encontró una bolsa con sustancia vegetal disecada en forma compacta en trozos, un envoltorio de polietileno con sustancia vegetal en forma de picadura, $500 en efectivo y un teléfono celular. 

Por último, en el patio se encontraron dos plantas de cannabis sativa – marihuana, en su estado natural.

El narcotest realizado a la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa, por un total de 1 kilo con 76 gramos y para cocaína y sus derivados, por un total de 13 gramos.

Prisión efectiva para una mujer que vendía drogas y fue detenida con más de $ 1.250.000

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala III del Tribunal, condenó a Gloria Jorgelina Ríos a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El 30% del dinero secuestrado será afectado a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.

De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero pasado en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la mujer tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.

Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada de 38 años, entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos). El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa; y el hecho sobre la sustancia blanquecina, fue positivo para clorhidrato de cocaína.

La mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.

En el mismo fallo, la Sala III del Tribunal de Juicio hizo lugar al requerimiento del fiscal penal Santiago López Soto, para la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por Ley Provincial 7838.

Zona sur: Condenado por hacer delivery de cocaína en un remís

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Carlos Alberto Martín Molina, a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Durante la audiencia de juicio abreviada desarrollada de forma virtual, el fiscal penal Santiago López Soto, requirió la afectación del 30% del dinero secuestrado al imputado para el Ministerio Público Fiscal, para su utilización en la lucha contra el microtráfico.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado del procedimiento efectuado el miércoles 12 de agosto de 2020, que permitió el secuestro de sustancias que el imputado tenía en su poder, pudo establecerse que Molina, de 43 años, vendía estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, a bordo de un remís.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre que manejaba un remís gris, comercializaba estupefacientes en los barrios Parque La Vega y Limache.

Reunidos los elementos de convicción suficientes, fue solicitada al Juzgado de Garantías interviniente, la orden de allanamiento para el domicilio de barrio Santa Ana I y la orden de requisa y secuestro del vehículo Chevrolet Corsa.

Durante un seguimiento realizado el miércoles 12 de agosto, cerca de las 18, cuando Molina regresaba a la zona sur de la Ciudad de Salta por avenida Paraguay en sentido Norte-Sur, a bordo del remís, el acusado detuvo su marcha en un semáforo de Parque la Vega, donde fue detenido por personal policial.

Sin embargo, teniendo en cuenta el lugar, los efectivos policiales optaron por desplazarse al domicilio del detenido de barrio Santa Ana I, donde iniciaron la requisa del vehículo, en cuyo habitáculo de la puerta del conductor, encontraron un bolso de cuero con 91 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina en forma pulvurenta.

Durante una requisa, a Molina se le encontró un teléfono celular. Por último, se encontró en el domicilio del investigado, la suma de $ 20.360 y otro teléfono celular.

La prueba de narcotest realizada a la sustancia encontrada, arrojó resultado positivo por cocaína, por lo que Molina fue detenido.

Un hombre y una mujer, imputados por vender drogas en barrio San Benito

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Marcelo David Alba y Nadia María Cristina Cruz, por del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante la audiencia de imputación, ambos acusados se abstuvieron de declarar.

Los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial, la identificación de personas que adquirieron sustancias mediante los acusados y el resultado del allanamiento realizado el pasado jueves 27 de mayo en un domicilio ubicado en barrio San Benito, donde se detuvo a las personas mencionadas, permitieron determinar que éstos tenían a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta y elementos de corte y fraccionamiento de la sustancia, además de dinero en efectivo de la actividad ilícita.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal.

Una vez reunidos los elementos de convicción suficientes, obtenidos mediante las tareas de investigación, se llegó a la conclusión de que los investigados llevaban a cabo actividades ilícitas, por lo que se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para allanar su domicilio.

Durante el procedimiento, Marcelo David Alba, al notar la presencia del personal policial, corrió al baño del inmueble y arrojó al inodoro una cartuchera negra y un teléfono celular, que pudieron ser recuperados.

De la cartuchera, se extrajo un envoltorio de polietileno verde con 75 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; otro envoltorio de polietileno transparente con 45 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; dos envoltorios de polietileno con sustancia amarillenta en forma granulada y un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura.

Durante la requisa al inmueble, se secuestró de una habitación, dos cuchillos tipo sierrita con restos de sustancia blanquecina, una balanza gramera, un envoltorio de polietileno transparente con sustancia blanquecina en forma de polvo, dos velas a medio consumir y un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura.

De un baño a medio construir, se secuestró un envoltorio de polietileno verde con 259 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; un envoltorio de polietileno transparente con 324 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo; un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma granulada y la suma de $1.630 en efectivo.

Desde otra habitación, se secuestró un envoltorio de polietileno color verde con sustancia vegetal disecada, un envoltorio de polietileno rosa con sustancia blanquecina en forma de polvo, una tijera, recortes de polietileno y $400 en efectivo.

Por último, en el interior de un brasero ubicado en el comedor, se encontraron 16 envoltorios de polietileno quemados y una bolsa de polietileno rosa con 16 envoltorios con sustancia blanquecina en forma de polvo.

El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cocaína y sus derivados para la sustancia blanquecina y positivo para cannabis sativa para la sustancia vegetal.

Piden el juicio contra “Pinza”, por vender cocaína en barrio Limache

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Javier Olivares, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Olivares, alias “Pinza”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Limache.

En base a los elementos obtenidos de las tareas de investigación, se llegó a la conclusión de que el investigado llevaba a cabo actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para el allanamiento de su vivienda.

El procedimiento fue realizado durante la noche del 4 de mayo de 2021 y permitió el secuestro, durante la requisa al investigado, de 42 envoltorios de plástico con sustancia amarillenta en forma pulverulenta, $21.430 en efectivo y un celular.

En tanto, del inmueble fueron incautados otros $11.780 en efectivo, ocultos en un placard y un biberón.

El Narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el acusado.

Por otra parte, las tareas de vigilancias realizadas por personal policial permitieron documentar al imputado mientras entregaba la sustancia a cambio de dinero a diferentes consumidores, de los cuales, uno reconoció en Fiscalía haber adquirido la sustancia en lugar de residencia del acusado.

Condenaron a un clan familiar que comercializaba estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate en el que la Sala III del Tribunal de Juicio, condenó a seis personas y absolvió a dos, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

Franco Eduardo Bravo, alias “Tanga”, fue condenado a la pena de cinco años y tres meses de prisión efectiva; Federico Miguel Ángel Herrera, fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva; Cintia Romina Córcoba, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva; Mariela Graciela Añez, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Todos los mencionados fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, en calidad de autores materiales.

En tanto, Edit Yohana Tito, fue condenada a la pena de tres años y dos meses de prisión de efectiva; mientras que Carlos Daniel Ferrari, fue condenado a la pena tres años y seis meses de prisión efectiva y se la llevó a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, luego de que se le unificara una condena previa.

Ambos fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes, en calidad de autores materiales.

Por otra parte, Cristina Córdoba y Claudia Silvana Bravo, madre y hermana respectivamente del acusado Franco Eduardo Bravo, fueron absueltas por el beneficio de la duda.

La intervención del fiscal penal Santiago López Soto, se produjo a comienzos a mediados de 2018, tras la recepción de denuncias recibidas en la página web del Ministerio Público Fiscal, que señalaron a Franco Eduardo Bravo como el responsable de vender drogas en barrio Bancario y zonas aledañas.

Las investigaciones permitieron corroborar que los penados realizaban actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes, con Franco Bravo como principal sospechoso.

Una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, fue solicitado al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento y detención en los domicilios de los acusados, ubicados en los barrios Bancario, Siglo XXI, La Paz, Don Emilio, Ampliación Parque La Vega, Autódromo El Huaico y macro centro.

Los operativos permitieron el secuestro de dos motocicletas y un automóvil, teléfonos celulares, alrededor de 200 mil pesos en efectivo y una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

El 30 por ciento del dinero secuestrado quedó afectado al Ministerio Público Fiscal, al igual que los vehículos utilizados para la venta de la droga.

Vendía marihuana y Clonazepam en la zona sudeste de la Capital

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Ismael Aníbal Rojas, de 28 años, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones iniciaron con el registro de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre conocido como “Ranchín”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Virgen de Urkupiña.

Tras numerosas pruebas recolectadas durante la investigación, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento al domicilio del acusado, que fue realizado el 15 de abril.

Durante el procedimiento, el acusado hizo entrega voluntaria de $8.200 que estaban en una billetera que tenía encima del mueble del televisor.

Del domicilio fueros secuestradas dos bolsas con restos de sustancia vegetal disecada y otros tres envoltorios con sustancia vegetal, cuyo narcotest dio positivo para cannabis sativa, además de 74 blister con 10 unidades cada uno de Clonazepam y distintos elementos de cortes y fraccionamiento.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el imputado.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar al acusado mientras entregaban los estupefacientes a cambio de dinero a diferentes consumidores.