Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, condenó a dos hombres acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Martín Iván Guerra fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor, mientras que Sergio Rubén Reyes, fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de partícipe secundario.

Durante la audiencia de juicio abreviado, ambos acusados, con la asistencia de su defensa, reconocieron en forma expresa su participación en los hechos.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los mencionados vendían estupefacientes en inmediaciones de sus viviendas, ubicadas en barrio Juan Pablo II, en la zona norte de la ciudad de Salta.

Allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente y que fueron realizados el 24 de febrero en los domicilios de los acusados, permitieron su detención y el secuestro de estupefacientes y elementos de corte y fraccionamiento.

Del domicilio de Guerra, fueron secuestrados 71 envoltorios de papel con sustancia blanquecina pulverulenta (cartuchos), un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma compacta, un colador metálico grande, una tijera pequeña, una espátula, teléfonos celulares y la suma total de $30.520. La prueba de narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína.

En tanto, del domicilio de Reyes, fueron secuestradas 23 semillas de cannabis sativa, un envoltorio de papel con sustancia amarillenta en forma de pulvurenta, un colador con restos de sustancia blanquecina, una balanza gramera gris y un teléfono celular. El narcotest realizado a la sustancia, también arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los penados.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores.

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Jesica Celeste Cortez, a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras el registro de una denuncia anónima recibida en la subcomisaría de Villa Lavalle, en la que señalaron que la penada vendía estupefacientes en su inmueble, donde funcionaba un kiosco al que llegaban constantemente jóvenes con consumos problemáticos.

Un allanamiento realizado el 18 de noviembre de 2020 al domicilio de la imputada ubicado en barrio 23 de Agosto de la capital salteña, permitió el secuestro de un cuaderno con restos de sustancia blanquecina en forma de picadura, una mochila rosada con 70 envoltorios de polietileno celestes con sustancia blanquecina en forma de polvo, dos envoltorios de polietileno verdes y otro blanco con sustancia blanquecina compacta, un colador metálico con restos de sustancia blanquecina, un teléfono celular, una balanza gramera electrónica y la suma de $800 en efectivo. El narcotest realizado a la sustancia dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada.

También destacó los contundentes elementos probatorios incorporados por el personal policial a cargo de las tareas de investigaciones, quienes lograron documentar fílmica y fotográficamente a la penada mientras comercializaba sustancias prohibidas y la demora de compradores.

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra 20 personas, imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil. Una de las imputadas es policía. Las audiencias se desarrollarán en la Sala VII del Tribunal de Juicio.

En abril de 2019, el fiscal penal Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio contra José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

La investigación inició en setiembre de 2017, a partir de actuaciones propias de los efectivos policiales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y los datos aportados por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web. Todos los acusados fueron detenidos en agosto de 2018, en un operativo que se denominó “Pachamama”.

En el requerimiento, el fiscal penal López Soto sostuvo que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino llamado Villa Lata.

El fiscal indicó que los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían de droga a varios revendedores.

López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos que fueron claves para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacían dentro de vehículos”.

A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.

La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.

“Este sujeto junto a otros dos cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.

Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraba Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.

En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.