Piden el juicio contra “Pinza”, por vender cocaína en barrio Limache

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Javier Olivares, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Olivares, alias “Pinza”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Limache.

En base a los elementos obtenidos de las tareas de investigación, se llegó a la conclusión de que el investigado llevaba a cabo actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para el allanamiento de su vivienda.

El procedimiento fue realizado durante la noche del 4 de mayo de 2021 y permitió el secuestro, durante la requisa al investigado, de 42 envoltorios de plástico con sustancia amarillenta en forma pulverulenta, $21.430 en efectivo y un celular.

En tanto, del inmueble fueron incautados otros $11.780 en efectivo, ocultos en un placard y un biberón.

El Narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el acusado.

Por otra parte, las tareas de vigilancias realizadas por personal policial permitieron documentar al imputado mientras entregaba la sustancia a cambio de dinero a diferentes consumidores, de los cuales, uno reconoció en Fiscalía haber adquirido la sustancia en lugar de residencia del acusado.

Vendía marihuana y Clonazepam en la zona sudeste de la Capital

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Ismael Aníbal Rojas, de 28 años, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones iniciaron con el registro de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre conocido como “Ranchín”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Virgen de Urkupiña.

Tras numerosas pruebas recolectadas durante la investigación, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento al domicilio del acusado, que fue realizado el 15 de abril.

Durante el procedimiento, el acusado hizo entrega voluntaria de $8.200 que estaban en una billetera que tenía encima del mueble del televisor.

Del domicilio fueros secuestradas dos bolsas con restos de sustancia vegetal disecada y otros tres envoltorios con sustancia vegetal, cuyo narcotest dio positivo para cannabis sativa, además de 74 blister con 10 unidades cada uno de Clonazepam y distintos elementos de cortes y fraccionamiento.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el imputado.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar al acusado mientras entregaban los estupefacientes a cambio de dinero a diferentes consumidores.

Condenaron a dos hombres que vendían cocaína en barrio Juan Pablo II

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, condenó a dos hombres acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Martín Iván Guerra fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor, mientras que Sergio Rubén Reyes, fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de partícipe secundario.

Durante la audiencia de juicio abreviado, ambos acusados, con la asistencia de su defensa, reconocieron en forma expresa su participación en los hechos.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los mencionados vendían estupefacientes en inmediaciones de sus viviendas, ubicadas en barrio Juan Pablo II, en la zona norte de la ciudad de Salta.

Allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente y que fueron realizados el 24 de febrero en los domicilios de los acusados, permitieron su detención y el secuestro de estupefacientes y elementos de corte y fraccionamiento.

Del domicilio de Guerra, fueron secuestrados 71 envoltorios de papel con sustancia blanquecina pulverulenta (cartuchos), un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma compacta, un colador metálico grande, una tijera pequeña, una espátula, teléfonos celulares y la suma total de $30.520. La prueba de narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína.

En tanto, del domicilio de Reyes, fueron secuestradas 23 semillas de cannabis sativa, un envoltorio de papel con sustancia amarillenta en forma de pulvurenta, un colador con restos de sustancia blanquecina, una balanza gramera gris y un teléfono celular. El narcotest realizado a la sustancia, también arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los penados.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores.

Embarcación: grupo familiar dedicado a la venta de estupefacientes

Cuatro personas, entre ellas una sexagenaria, fueron detenidas e imputadas por comercializar estupefacientes. La investigación se inició a partir de tareas desplegadas por personal policial y al momento de realizarse allanamientos, se secuestró drogas, dinero, celulares y otros elementos de interés para la causa.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a Pablo Alejandro Egües de 26 años, Felipa Juárez de 62 años, Claudia Andrea Juárez de 26 años y José Alfredo Corvalán de 44 años, como autores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Personal policial de la Sección de Investigación Narcocriminal, Sector 44 de Embarcación inició una investigación a partir de la información obtenida sobre un grupo familiar, con una sexagenaria a la cabeza, dedicado a la comercialización de sustancias estupefacientes en esa ciudad.

Reunidos los elementos de convicción necesarios, la fiscal Souto solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento, secuestro y detención para dos domicilios vinculados a la causa.

Cumplidas las medidas solicitadas, se logró la detención de estas cuatro personas, el secuestro de envoltorios conteniendo sustancia estupefaciente, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Condenaron a una mujer que vendía cocaína en su kiosco

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Jesica Celeste Cortez, a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras el registro de una denuncia anónima recibida en la subcomisaría de Villa Lavalle, en la que señalaron que la penada vendía estupefacientes en su inmueble, donde funcionaba un kiosco al que llegaban constantemente jóvenes con consumos problemáticos.

Un allanamiento realizado el 18 de noviembre de 2020 al domicilio de la imputada ubicado en barrio 23 de Agosto de la capital salteña, permitió el secuestro de un cuaderno con restos de sustancia blanquecina en forma de picadura, una mochila rosada con 70 envoltorios de polietileno celestes con sustancia blanquecina en forma de polvo, dos envoltorios de polietileno verdes y otro blanco con sustancia blanquecina compacta, un colador metálico con restos de sustancia blanquecina, un teléfono celular, una balanza gramera electrónica y la suma de $800 en efectivo. El narcotest realizado a la sustancia dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada.

También destacó los contundentes elementos probatorios incorporados por el personal policial a cargo de las tareas de investigaciones, quienes lograron documentar fílmica y fotográficamente a la penada mientras comercializaba sustancias prohibidas y la demora de compradores.

Piden el juicio contra una pareja que vendía drogas en Gauchito Gil

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Néstor Alberto Durán y Sonia Esther Carabajal, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Néstor Alberto Durán, alias “Cordobés” y Sonia Esther Carabajal, comercializaban estupefacientes en inmediaciones de su vivienda ubicada en barrio Guachito Gil, de la Ciudad de Salta.

Un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente realizado el 11 de marzo pasado, permitió la detención de los acusados y el secuestro de 99 envoltorios con cocaína y sus derivados y de dos cigarrillos de marihuana. También fueron secuestrados elementos para acondicionar el estupefaciente como, tijeras y cuchillos; teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $23.330.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los imputados.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores, mientras que uno de ellos declaró en fiscalía y reconoció haber comprado estupefacientes a los acusados.

Metán: sorprendido con una encomienda con marihuana

En el marco de una investigación por la posible comercialización de estupefacientes en Rosario de la Frontera, se logró la detención de un hombre cuando retiraba una encomienda que contenía alrededor de tres kilos de marihuana dispuesto en tres envoltorios. Se declaró el caso como de flagrancia.

El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó en forma provisional a Yulián Gabriel García, de 23 años, como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La detención de esta persona se produjo en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía por la posible comercialización de sustancias estupefacientes en la ciudad de Rosario de la Frontera, denunciada en forma anónima por un ciudadano.

De las tareas desplegadas por personal de Drogas Peligrosas de esa ciudad, se procedió a la detención de García en el momento en que retiró de la ciudad de Metán, una encomienda, donde transportaba alrededor de tres kilos de sustancia vegetal disecada, dispuesta en tres envoltorios y que el narcotest arrojó que se trata de cannabis sativa.

Rodríguez López declaró el caso como de flagrancia y por distribución territorial, remitió las actuaciones a la Fiscalía Penal 2 de Metán, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, donde continuará su trámite.

Tres condenados por vender estupefacientes en barrio Autódromo

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio condenó a prisión de ejecución efectiva a tres personas, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Mónica Mukdsi, condenó a Miguel Omar Brites, a la pena de cuatro años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lo declaró reincidente por segunda vez.

En tanto, Ramón Domingo Figueroa, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al tener una condena previa, la magistrada unificó la pena y la llevó a seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.

Talía Alejandra Brites recibió una condena de tres años de prisión de ejecución efectiva, por ser partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización y la magistrada amplió la pena a tres años y seis meses de ejecución efectiva, también por una condena anterior.

El allanamiento al domicilio de uno de los imputados, realizado el 13 de mayo de 2020, permitió dar con los acusados mientras fraccionaban sustancias.

Ese día fueron secuestrados 12 envoltorios de plástico color negro que contenían una sustancia blanquecina en forma de ralladura, tres envoltorios de plástico color negro con sustancia blanquecina en forma aterronada, una hoja A4 con sustancia blanquecina rallada suelta, una tarjeta de plástico con restos de sustancia, una tijera, un cepillo de dientes, un cuchillo, distintos frascos y un total de $43.280 en efectivo.

De otras habitaciones del mismo domicilio, se secuestraron una hoja en blanco con sustancia, un envoltorio de plástico transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura, tres teléfonos celulares y 10 proyectiles de distintos calibres. El narcotest realizado sobre la sustancia dio positivo para cocaína y sus derivados.

En tanto, el allanamiento al domicilio de otro de los imputados, permitió el secuestro de distintos envoltorios con sustancia vegetal, cuatro plantines de marihuana y dos celulares. El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa.

En base a los elementos obtenidos y mediante las tareas de vigilancia realizadas por personal policial, se pudo determinar que las tres formaban parte de una organización con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancia estupefacientes.

Juzgan a una banda de 20 personas que vendía estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra 20 personas, imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil. Una de las imputadas es policía. Las audiencias se desarrollarán en la Sala VII del Tribunal de Juicio.

En abril de 2019, el fiscal penal Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio contra José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

La investigación inició en setiembre de 2017, a partir de actuaciones propias de los efectivos policiales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y los datos aportados por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web. Todos los acusados fueron detenidos en agosto de 2018, en un operativo que se denominó “Pachamama”.

En el requerimiento, el fiscal penal López Soto sostuvo que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino llamado Villa Lata.

El fiscal indicó que los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían de droga a varios revendedores.

López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos que fueron claves para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacían dentro de vehículos”.

A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.

La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.

“Este sujeto junto a otros dos cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.

Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraba Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.

En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.

Piden el juicio contra una mujer que tenía marihuana, cocaína y más de un millón de pesos

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.

De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la mujer tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.

Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos). El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa; y el hecho sobre la sustancia blanquecina, fue positivo para clorhidrato de cocaína.

La mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.