Encuentro en el marco del acuerdo Seabord para el fortalecimiento de la gestión ambiental

El Ministerio Público Fiscal, en colaboración con diversos organismos, se reunió en el marco del acuerdo Seabord para impulsar mejoras en la gestión ambiental y promover un enfoque progresivo en la adecuación de objetivos. Durante el encuentro, se dialogó sobre propuestas, y se acordó la realización de una inspección conjunta.

Se llevó a cabo la reunión programada entre representantes del Ministerio Público Fiscal, las Secretarías de Minería y Energía, Recursos Hídricos y Ambiente de la provincia, convocada y coordinada por el Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal de Salta y la Fiscalía de Estado de la provincia.

Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L había llegado a un acuerdo con la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Orán, Marcela Fernández, por el que la empresa asumió voluntariamente el compromiso de renovar los criterios de explotación de sus concesiones, suministros 712 y 713, correspondientes a los ríos Blanco y Pescado. Estas concesiones fueron otorgadas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta.

En colaboración con la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal ha desarrollado un mecanismo consensual con el propósito de ampliar y enriquecer los términos previamente establecidos. Durante este proceso, se han incorporado las perspectivas de los organismos administrativos competentes en la gestión ambiental requerida a la empresa, con el objetivo de proponer mejoras progresivas a través de esta instancia.

En atención al Principio de Progresividad establecido en la Ley General de Ambiente (Ley 25675), en el transcurso de la reunión se abordó la viabilidad de que las entidades públicas, de manera coordinada, presenten sugerencias, propuestas y observaciones dirigidas a fortalecer las labores en el proceso de homologación.

El acta de la audiencia celebrada en el marco de la mesa de diálogo estableció que se planificarán reuniones técnicas con el propósito mencionado, considerando una fecha inicial tentativa.

Además, se informó sobre la realización de una inspección conjunta en la que participarán el Equipo de Mediación, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se extendió la invitación a otras instituciones para que se sumen a esta actividad.

Es importante destacar que el artículo 4° de la Ley General de Ambiente establece que los objetivos ambientales deben alcanzarse de manera gradual, mediante metas interinas y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con esos objetivos.

De la Mesa de Diálogo llevada a cabo en la sala de reuniones de la Procuración General de la Provincia, participaron diversos representantes de instituciones claves, entre ellos: María Lelia Martínez del Centro de Mediación, Delegación Villa Mitre; Silvia Santamaría, Jefa del Programa Jurídico de la Secretaría de Recursos Hídricos; Ana Laura Moya, Jefa del Programa de Aguas Productivas de la Secretaría de Recursos Hídricos; Cintia Elías en representación de la Fiscalía de Estado; Alejandro José Aldazabal y Antonio Sánchez de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia; Sebastian Lloret, Secretario Relator de Ambiente del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta; Juan José Martínez de la Secretaría de Minería y Energía de Salta; y Ana Cardozo, Miguel Ortíz y Manolo Cordeyra en representación de Aguas del Norte.

 

El Ministerio Público Fiscal participó de la Segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2)

El encuentro, denominado COP 2, contó con la presencia de autoridades nacionales y activistas socioambientales de América Latina y El Caribe.

Atento al rol de defensa de los intereses generales ambientales de la sociedad y de atención y resguardo de víctimas ambientales al que está llamado a cumplir el Ministerio Público Fiscal, se comisionó al funcionario especializado en asuntos ambientales, Sebastián Lloret, a concurrir a la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2).

La invitación a participar de este encuentro llegó por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina (PNUD), cuyo representante Residente en Argentina es Claudio Tomasi. El PNUD es la red mundial de la ONU que impulsa el acceso al conocimiento, experiencia y obtención de recursos necesarios por parte de los países como una forma de colaborar a que las personas accedan y labren un futuro mejor. Trabaja en 1470 países y territorios, ayudando a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y la exclusión social.

La dinámica de esta segunda reunión en la que Lloret hizo uso de la palabra en calidad de miembro del Sistema Judicial, abarcó una serie de paneles multiinstitucionales, en los que se abordaron temáticas  vinculadas al ambiente como, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran comunidades del mundo, la directa relación del ambiente con los derechos humanos, la relación de los desastres naturales con la contaminación, y la implementación de las leyes ambientales.

En julio de 2022, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución general en la que reconoce el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, como un derecho humano universal. Además pide a los Estados, las organizaciones internacionales y las empresas que intensifiquen sus esfuerzos para garantizar un medio ambiente sano para todos.

El Acuerdo de Escazú del 4 de marzo de 2018, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo cuyo contenido incluye disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve la formación de autoridades y equipos de gobierno, la sensibilización ciudadana y la cooperación entre los países.

Argentina aprobó dicho acuerdo en el año 2020, mediante Ley 27566.

El Ministerio Público Fiscal medió en un Acuerdo de Naturaleza Ambiental con la empresa Seabord

La Compañía se comprometió a un monitoreo, análisis de alternativas y variables constructivas con tecnología superior entre otras medidas. A posterior, se realizará una auditoría socio-ambiental. 

Luego de un proceso llevado adelante por el Centro de Mediación del Ministerio Público Fiscal, la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L llegó a un Acuerdo con la Fiscal Civil, Comercial y del Trabajo del Distrito Orán, Marcela Fernández, en el cual se comprometió voluntariamente a una renovación de los criterios de explotación de sus concesiones, suministros 712 y 713 correspondientes a los ríos Blanco y Pescado, otorgadas por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta. 

El caso fue derivado a mediación por la Fiscal Penal, a solicitud de la Empresa Seabord Energías Renovables y Alimentos S.R.L.

En dicho contexto de negociación intervino el Area de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), pudiendo advertirse que las concesiones para el uso de agua eran de muy antigua data y estaban sometidas a criterios de explotación que justificaban una adecuación a los estándares vigentes en materia de explotación de los recursos naturales desde el paradigma actual del modelo eco-céntrico o sistémico.  

Por tal razón y en virtud de las funciones atribuidas por la ley al Ministerio Publico, se iniciaron conversaciones técnico-ambientales que culminaron en un Acuerdo de naturaleza ambiental, que consiste en un Monitoreo ambiental, análisis de alternativas a las obras de suministros por terraplén y canales existentes, junto a la variable constructiva que represente la mejor tecnología disponible, y una Auditoria socio ambiental, auditada por el Ministerio Público Fiscal, bajo especificaciones técnicas concretas.  

En el proceso de diálogo participaron también la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia de Salta, la Secretaria de Ambiente y la Secretaria de Asuntos Indígenas.

Audiencia Pública

Con posterioridad a la firma del Acuerdo, la Fiscal Marcela Fernandez inició el tramite homologatorio del Acuerdo ante el Juzgado Civil y Comercial N°1 del Distrito Oran a cargo de Eugenia Fernandez de Ulivarri quien en virtud de la naturaleza colectiva de la acción, corrió vista a la Procuración General.   

Es así como la Procuración General se expidió opinando que la Jueza interviniente debe proceder a certificar el trámite como homologación colectiva ambiental, registrando el proceso en los terminos de la Ley Provincial 7968. 

En el marco señalado la Jueza Eugenia Fernandez de Ulivarri convocó a Audiencia Pública Informativa la que se llevó adelante los días 1 y 2 de diciembre del corriente año en el la Ciudad San Ramón de la Nueva Orán y se transmitió por el canal de Youtube del Poder Judicial de Salta. En los mismos días se realizó un reconocimiento del aréa del conflicto en horario matutino.

La Audiencia Pública tuvo como objetivo poner en conocimiento la existencia del Acuerdo, su trámite homologatorio y escuchar a diferentes sectores de la sociedad.

La Audiencia estuvo encabezada por la Jueza en lo Civil y Comercial N°1 del Distrito Orán Eugenia Fernandez de Ulivarri.  Participaron Marcela de Los Angeles Fernandez Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Oran como parte firmante del Acuerdo, Sebastian Lloret Secretario Relator de Ambiente del Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Salta , Gladys Reynoso Asesora de Menores de Orán N°1, del Area de Ambiente del Cuerpo de Investigación Fiscal (CIF) José Manzano y Eliseo Joel Medina, por la Secretaría de Recursos Hídricos David Le Favi y Alfredo Sulekic, los Mediadores intervinientes Nancy Valencia Donat, María Lelia Martinez y Sergio Arch, Apoderados y Técnicos de la Empresa Seabord Energias Renovables y Alimentos S.R.L, Técnicos de la Empresa Pacha Consultora Ambiental contratada por la Empresa Seabord para realizar las actividades comprometidas en el Acuerdo, representados por Ariel Martinez, Presidente de la Comunidad Ava Guaraní, intergrantes de la comunidad originaria y otros ciudadanos de la sociedad en general. 

Hacia el final de la reunión, Eugenia Fernandez de Ulivarri manifestó  que luego de convocar a terceros (Ramón Tuma; Finca Abra Grande, de Mario Gerala; Aguas del Norte; y varias canteras de explotaciones de la zona) y cumplidos todos los pasos procesales, emitirá su resolución y solicitará las medidas tendientes a evitar o mitigar cualquier daño ambiental que, eventualmente, se compruebe, en resguardo de los intereses de los habitantes de la ciudad de Salta, usuarios de agua pública, que constituyen el colectivo que pudiera verse afectado.

Ambiente, Ciencia y Justicia: Destacan los avances de la Procuración de Salta

Salta estuvo presente en el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” del que participaron investigadores del CONICET junto a especialistas ambientales y representantes del ámbito judicial. Al abordarse temáticas de interés y desafíos en la materia, se destacó el funcionamiento del Servicio de Ambiente del CIF, único en el país.

Se llevó a cabo el Primer Encuentro “Ambiente, Ciencia y Justicia” organizado por el Programa Nacional de Ciencia y Justicia  del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF), la Red de Escuelas de Capacitación Judicial (Reflejar) y el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina.

El objetivo de la jornada fue abordar junto a fiscales, jueces, defensores y operadores de la justicia, sobre las capacidades técnicas y servicios que tiene el CONICET para aportar en el esclarecimiento de causas judiciales ambientales. Se dialogó sobre las complejidades y desafíos de los avances científicos y judiciales en diferentes mesas plenarias.

En el encuentro,  el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en representación del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Barraguirre, hizo extensivo el agradecimiento especial al procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, por el apoyo brindado en la Jornada, consistente en la presentación del informe institucional del Servicio de Ambiente del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que fuera destacado como un ejemplo del avance de las jurisdicciones provinciales. Actualmente Salta, cuenta con el único Servicio Forense en Ambiente, integrado interdisciplinariamente.

Es así como el gerente de Asuntos Legales del CONICET y representante técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, solicitó la participación de Salta en la delegación del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, debido a los avances y experiencia que presentan sus servicios jurídicos y forenses al respecto.

En representación de la Procuración General de la Provincia, participó el secretario relator ambiental Juan Sebastián Lloret, quien integró la mesa de trabajo sobre Pericias Ambientales, disertando  junto a investigadores del CONICET y especialistas del Sistema Judicial.

Las jornadas

La apertura de la jornada contó con la participación de la presidenta del Consejo, Ana Franchi, el gerente de Asuntos Legales del CONICET y Representante Técnico del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, Alan Temiño, la presidenta del Instituto de Capacitación Judicial de las provincias argentinas y CABA (Reflejar/Jufejus), Claudia Mizawak y el procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre.

Uno de los objetivos del programa es ayudar a fortalecer la integridad de las contribuciones científicas, aseguró la presidenta del consejo, quien resaltó que se trata de un trabajo que viene realizando el programa desde hace varios años, brindando oportunidades de cooperación y asistencia técnica en diversas áreas jurídicas. También remarcó la convocatoria federal del encuentro con la participación de especialistas de varias provincias. “La federalización es una asignatura pendiente que tenemos para llegar con igualdad a todas las provincias del país. La CyT se desarrolla casi en el 85% en la región central. Cuesta mucho integrar investigadores e investigadoras y también interactuar con la sociedad en las provincias más alejadas”.

Por su parte la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María del Carmen Battaini, elogió el acierto en la tarea de acercar el sector científico y el de la administración de justicia, resaltando que sin ambiente sano, no es posible ejercitar dignamente ninguno de los otros derechos humanos esenciales.

Los tres organismos participantes, de manera conjunta (CONICET, JUFEJUS y CONSEJO FEDERAL) dejaron abierta la propuesta para la concreción de un nuevo encuentro, con una mirada más federal dado el interés e importancia de la temática y la actividad.