El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que la Sala IV del Tribunal de Juicio, condenó a Carlos Emanuel Ugarte y Ana Laila Díaz Gálvez, a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, más el pago mínimo de la multa, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Tras los allanamientos realizados el pasado 16 de mayo en los domicilios de los imputados, ambos ubicados en barrio Limache, pudo secuestrarse en la residencia de Carlos Emanuel Ugarte un total de 6,5 gramos de pasta base de cocaína, mientras que en el inmueble de Ana Laila Díaz Gálvez fue secuestrado material enervante por un peso total de 2,3 gramos.
El fiscal penal López Soto, valoró que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal y que la sustancia estaba acondicionada, dividida y fraccionada en pequeñas dosis para su venta al público, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita los imputados no pudieron justificar.
Además, las vigilancias realizadas por personal policial permitieron documentar mediante filmaciones y fotografías a los acusados comercializando sustancias estupefacientes en inmediaciones de sus domicilios.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que María de las Mercedes Orquera, de 46 años y su hija, Valeria Rocío Trovatto, de 23, fueron condenadas en la Sala IV del Tribunal de Juicio, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El juez Roberto Faustino Lezcano, condenó a María de las Mercedes Orquera, a la pena de cuatro años de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autora.
En el mismo fallo, Valeria Rocío Trovatto, fue condenada a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, como partícipe secundaria del mismo delito.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas, que advirtieron sobre la actividad ilícita que desplegaban ambas mujeres en su domicilio de Ituzaingó al 1900.
El personal investigativo desplegó tareas de inteligencia y pudo reunir los elementos de convicción necesarios para que el fiscal solicite orden de allanamiento y detención para el domicilio investigado.
Durante el procedimiento, fueron secuestradas numerosas dosis de pasta base, dinero en efectivo, celulares, elementos de corte y fraccionamiento y otros de interés para la causa.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a José Bautista Rodríguez, Fernando Lucas Peloc, Claudio Omar Liendro y Oscar Daniel Fernando Carrasco, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada.
En base a los elementos obtenidos de las tareas de vigilancias realizadas por personal policial y el resultado de los procedimientos del 29 de octubre, pudo determinarse que los acusados formaban parte de una organización con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y venta de estupefacientes.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Fiscal y en el Sistema 911, en las que se indicó que Carlos Peloc, Omar Liendro y otro grupo de personas, vendían drogas en inmediaciones del pasaje La Viña al 800 y de calle 10 de Octubre al 800, de Villa Chartas.
En el inicio de la investigación, se constató la existencia de los domicilios denunciados y pudo corroborarse que Carlos Peloc, de 34 años y José Bautista Rodríguez, de 20, tenían antecedentes por infracción a la ley 23.737.
Con los elementos obtenidos de las
distintas tareas de investigación, fue
solicitado al Juzgado de Garantías interviniente el allanamiento de los
domicilios.
El jueves 29 de octubre, personal
policial irrumpió en una de las viviendas de calle 10 de Octubre al 800 y en
presencia de testigos civiles, los efectivos detuvieron a los acusados Claudio
Omar Liendro, de 42 años y Oscar Daniel Fernando Carrasco, de 33.
Durante la requisa corporal, se
secuestró desde la billetera de Carrasco la suma de $4430 y desde la vestimenta
de Liendro, la suma de $ 4670.
En tanto, en el domicilio se secuestró una motocicleta Motomel de 150 CC, un teléfono celula, dos tijeras, un cuchillo con cabo de color verde, dos velas consumidas, dos envoltorios de papel con restos de sustancia blanquecina, tres coladores, una bolsa plástica transparente con nueve envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta y otra bolsa plástica transparente con 113 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. El narcotest dio resultado positivo para cocaína por un total de 13.2 gramos.
Por otra parte, en el domicilio de
pasaje La Viña al 800, se produjo la detención del imputado Lucas Fernando
Peloc y no se secuestraron elementos de interés para la causa.
Por último, de otro domicilio,
también ubicado en calle 10 de Octubre al 800,
la comisión policial detuvo al acusado Bautista Rodríguez, a quien se le
secuestró dos teléfonos celulares.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Sebastián Alex Lamas, de 23 años, acusado de los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización agravada por cometerse en perjuicio de un menor de edad y portación de arma de fuego de uso civil.
En base a las tareas de investigación y vigilancias realizadas por personal policial y los elementos obtenidos tras los allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente, pudo determinarse que el acusado tenía en su poder y a su disposición estupefacientes que vendía a terceras personas, además de elementos para fraccionarlos y acondicionarlos para la venta.
Durante los procedimientos, también se obtuvo que el imputado tenía en su poder un revólver en condiciones de ser utilizado en forma inmediata.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Fiscal en las que se indicó que en un domicilio del Grupo 648 de barrio Castañares, el acusado vendía drogas.
Con los elementos obtenidos mediante las tareas de investigación, fue pedida la autorización al Juzgado de Garantías para los allanamientos.
El pasado 30 de octubre, personal policial advirtió que el investigado se retiró del domicilio de barrio Castañares a bordo de una moto, en la que se dirigió hasta otro inmueble de barrio Puerto Argentino. Cerca de las 21, la comisión policial irrumpió en el domicilio de barrio Castañares, donde secuestraron de una habitación, cinco envoltorios de papel con sustancia blanquecina y nueve envoltorios de papel con restos de la misma sustancia, mientras que de otra habitación se secuestró un colador y un picador de metal. El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cocaína, por un pesaje 0.21 gramos.
Respecto al domicilio de barrio Puerto Argentino, la comisión policial observó la llegada del acusado, quien ingresó a la vivienda y luego se retiró, por lo que fue interceptado en la esquina de las calles Di Pasquo y Aconcagua, donde se le secuestró la moto y una mochila con la suma de $28.200 y un teléfono celular.
Terminado ese procedimiento la comisión policial ingresó al domicilio, donde secuestró la suma de $19.000, un revólver calibre 22 largo, 13 envoltorios con sustancia amarillenta compacta, dos envoltorio con sustancia vegetal disecada, dos terrones dos terrones de sustancia vegetal disecada compacta y restos de sustancia vegetal disecada, compacta y picada.
Además, se secuestraron dos cuchillos con restos de sustancia, otro teléfono celular, una balanza granera y tres plantas de cannabis sativa.
El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cocaína sobre la amarillenta y para cannabis sativa sobre la vegetal, por un pesaje total de 1.321 gramos para la primera y 246 gramos para la segunda.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, brindó detalles del procedimiento con múltiples allanamientos y requisas en la Unidad Carcelaria N° 1 realizado durante este lunes, que finalizó con la detención de seis personas, entre ellas, un agente del servicio penitenciario. Las imputaciones se llevarán a cabo en las próximas horas.
Del procedimiento surgió que la venta de estupefacientes se realizaba dentro del penal, mediante un agente carcelario que colaboraba con el ingreso de los distintos elementos, mientras que dos presos manejaban desde adentro la organización.
La causa, denominada “Pasaporte a la Cancha”, inició luego de que se produjera el 15 de mayo pasado, el hallazgo de 161 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulvurenta en el interior de una celda de la Unidad Carcelaria N° 1.
De las tareas investigativas, que hasta ahora demandaron seis meses, pudo conocerse que las actividades eran realizadas por “clanes familiares”, con la participación activa de cada uno de sus integrantes, que eran comandados por un interno desde el interior del Servicio Penitenciario Provincial Nº 1, que los reos llaman “La Cancha”.
La banda desbaratada contó con la participación y connivencia de un funcionario de la administración pública perteneciente a esa fuerza, con jerarquía de Sargento Primero.
Las actuaciones llevadas a cabo por el grupo de investigaciones de UFINAR, se realizaron de forma conjunta con el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba y contaron con la cooperación del personal del Servicio Penitenciario.
A partir de una denuncia anónima que daba cuenta de la actividad ilícita en barrio Santa Cecilia de la ciudad de Salta, dos hombres y dos mujeres fueron detenidos y en el allanamiento realizado, se secuestró sustancia estupefaciente, dinero, celulares y otros elementos de interés para la causa.
El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalid, Santiago López Soto, imputó a Fernando Federico Figueroa, Miguel Angel Figueroa, Camila Ayelén Velázquez y Yoana Elizabeth Figueroa, como coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de más de tres personas en forma organizada.
La investigación se inició a partir de la denuncia anónimade un vecino a través del sistema de denuncias web, que daba cuenta de la actividad ilícita que se desplegaba en una vivienda del barrio Santa Cecilia de la ciudadde Salta y de las tareas desplegadas por el personal policial, se reunieron los elementos de convicción necesarios para solicitar una orden de allanamiento y detención para el domicilio que funcionaba como boca de expendio.
Como resultado de la medida, se logró secuestrar sustancia estupefaciente dispuesta para su comercialización, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo, celulares y otros de interés para la causa.
En la imputación, López Soto hace constar que se pudo determinar que los acusados forman parte de una organización de más de tres personas, con diferentes roles y funciones, dedicados a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancias estupefacientes.
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado por videoconferencia en el que el Tribunal de Juicio Sala V -en feria-, condenó a Cristian Rolando Cuéllar a la pena de cuatro años y dos meses de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor y fue declarado reincidente por segunda vez. También fue condenada Florencia Valeria Villalba a la pena de tres años de prisión condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes en calidad de autora y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de partícipe secundaria.
El fiscal penal López Soto había requerido la elevación a juicio de la causa en junio pasado.
Del requerimiento surgió que la comisión del delito quedó comprobada tras el resultado de un procedimiento realizado en mayo pasado, en el domicilio de los imputados ubicado en barrio Palmeritas, donde se logró la detención de los acusados y el secuestro de 28 gramos de sustancia blanquecina, positivo para cocaína según la prueba de narcotest.
También fueron secuestrados elementos para acondicionar el estupefaciente, como un colador metálico con restos de sustancia, un cuchillo, diferentes envoltorios de color azul y bolsas azules, dos teléfonos celulares y la suma de $2740 en efectivo.
El fiscal penal Santiago López Soto consideró que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal y que los acusados tampoco pudieron justificar el origen del dinero secuestrado.
La vigilancia del personal policial confirmó que Villalba y Cuellar entregaban estupefacientes a diferentes consumidores a cambio dinero, mientras que en la fiscalía a través de declaraciones testimoniales, distintas personas reconocieron haber comprado estupefacientes en el domicilio allanado.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Ivana Analía Espíndola y Daniel Ernesto Troncoso, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que Espíndola, de 39 años y con domicilio en avenida Costanera de Barrio Ceferino, vendía pasta base y que todos los días llegaban compradores.
Al iniciar la investigación, se confirmó que la mujer investigada ya contaba con antecedentes por infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.
Además, de entrevistas con vecinos que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias, pudo conocerse que el grupo familiar de la investigada era muy problemático y que Ivana alias “Iva”, vendía drogas en su domicilio, lo que provocaba que sus compradores cometieran diferentes delitos, tales como robos, hurtos, amenazas y daños a instituciones públicas.
En base a tareas de vigilancia y la demora de algunos compradores a quienes se les secuestraron sustancias, se llegó a la conclusión de que la mujer llevaba a cabo de manera organizada actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, por lo que se pidió al Juzgado de Garantías interviniente la realización de un allanamiento.
El procedimiento en el domicilio de la acusada fue realizado el pasado 22 de julio por personal policial de Drogas Peligrosas Sector 5 “B”, donde Espíndola fue vista junto a Troncoso, de 39 años, quien según se determinó, actuaba como “pasamanos”.
De una de las habitaciones se secuestraron 28 envoltorios de polietileno color rosado con sustancia blanquecina en forma de “pipas”. Además, en una caja se encontró un envoltorio de polietileno color blanco con sustancia blanquecina en forma granulada.
Otra requisa realizada a Troncoso permitió el secuestro de una bolsa con 101 envoltorios color rosado con sustancia blanquecina en forma en forma de pipas.
Durante el allanamiento también se secuestraron $ 45.910 en efectivo.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio oral y público en el que jueza del Tribunal de Juicio Sala III del Distrito Judicial del Centro, Gabriela González, condenó a Pedro Jesús “Boliviano” Copa, a la pena de cuatro años y cinco meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Las actuaciones del fiscal penal
Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas en la
página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que en un
domicilio del barrio Boulogne Sur Mer, del sur de la capital salteña, vendían
drogas.
Tras constatar la existencia del inmueble y que el residente era “Boliviano” Copa, se confirmó que éste tenía antecedentes por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737.
Con el avance de la investigación, fue solicitado al Juzgado de Garantías 4, una orden de allanamiento para el domicilio investigado. La irrupción al domicilio se produjo el domingo 3 de noviembre de 2019, cerca de las 21:30, con la presencia de testigos civiles.
Durante la requisa domiciliaria, se encontró en una de las habitaciones una bolsa de plástico con 23 envoltorios de polietileno de color verde, con sustancia vegetal disecada amarronada en forma de picadura, cuyo narcotest dio resultado positivo para marihuana.
En tanto, en el patio interno fue encontrada una bolsa transparente con 19 envoltorios de polietileno de color rosa, con sustancia blanquecina en forma pulverulenta. En este caso, el narcotest, arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.
El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a ocho personas, acusadas del delito de tenencia de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
Las imputaciones recayeron sobre Ricardo Gabriel Agüero, María Laura Morales, Héctor Ramón Álvarez, Daniela Elizabeth Franco, Dolores Agustina Dávalos, Maximiliano Martín Barrionuevo, Kevin Luna y un menor de edad.
En base a las tareas de investigación y vigilancias realizadas por personal policial y los elementos obtenidos tras distintos allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías 4 (en feria), pudo determinarse que los acusados, con división de roles y funciones, tenían en su poder estupefacientes que vendían a terceros y elementos para fraccionarla y acondicionarla, además de dinero en efectivo de la actividad ilícita.
Sobre los imputados Héctor Ramón Álvarez y Daniela Elizabeth Franco, se aplicó un agravante, por valerse del menor para desarrollar la actividad ilícita.
Las actuaciones iniciaron el 7 de mayo, con un informe policial realizado por efectivos comisionados a corroborar o descartar una denuncia anónima, en la que se indicó que en un inmueble de barrio Canillita, una persona identificada como “Chancho” y su pareja María Laura, comercializaban estupefacientes.
Ese mismo día, los efectivos policiales pudieron documentar con fotografías la existencia de la vivienda, donde observaron una moto estacionada y la salida de un hombre, que fue identificado como Ricardo Gabriel Agüero, quien tenía antecedentes condenatorios.
También pudo conocerse que en el domicilio también residía María Laura Morales, con antecedentes condenatorios por infracción a la ley 23.737.
Fue documentada la llegada de diferentes personas que llegaban al inmueble y que eran atendidos por algunos de los residentes, a quienes les entregaban dinero a cambio de pequeños elementos que los compradores se llevaban a sus fosas nasales.
En tanto, otro informe policial del 18 de junio, indicó que la pareja se retiró del domicilio en moto hasta un inmueble de barrio Solidaridad y luego a otro de Villa Juanita, donde Ricardo Agüero fue atendido por un hombre, mientras María Laura Morales lo esperaba. Luego ambos volvieron a Barrio Canillita.
De lo expuesto se concluyó que la pareja investigada se abastecía de estupefacientes en el domicilio de domicilio de Villa Juanita, donde residía Héctor Ramón Álvarez, con condena por infracción a la ley 23.737.
Pudo conocerse que la pareja de Álvarez era Daniela Franco, con antecedentes condenatorios por infracción a la ley 23.737 y que el hijo de ésta, menor de edad, también tenía participación en la hipótesis delictiva.
Vigilancias realizadas sobre el inmueble de Villa Juanita, permitieron documentar la llegada de diversas personas al lugar, que se retiraban al cabo de unos minutos.
Por otra parte, tareas investigativas permitieron confirmar que Martín Maximiliano Barrionuevo, con domicilio en barrio La Angostura, también vendía estupefacientes, y que era provisto por Héctor Álvarez. Tanto Barrionuevo, como su pareja, Dolores Agustina Dávalos, habían sido denunciados por venta de sustancias.
Además, se determinó que Kevin Luna, vendía sustancias estupefacientes para Maximiliano Barrionuevo.
Múltiples allanamientos realizados en los domicilios de los barrios Canillita, La Angostura y Villa Juanita, permitieron la detención de los acusados y el secuestro de la droga.
Del inmueble ubicado en Canillita, se secuestraron 33 gramos de cocaína y sus derivados, la suma de $45.480, una moto y dos celulares.
En tanto, del domicilio ubicado en La Angostura, se secuestraron 18 gramos de cocaína y derivados, $16.860 una moto y dos celulares.
Por último, del domicilio de Villa juanita, se secuestraron 627 gramos de cocaína y derivados, $89.400 en efectivo, una moto y tres celulares.
