Condenas para los 20 integrantes de una banda que vendía estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la Sala VII del Tribunal de Juicio, condenó a 20 personas, acusadas de los delitos de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil.

José Mauricio Guzmán, de 29 años; Adrián Ramiro Nieto, de 25 y Elsa Padilla Márquez, de 62, fueron condenados a la pena de cuatro años de prisión efectiva y al pago de una multa, por resultar autores del delito de comercialización de estupefacientes.

Silvio Francisco Maza, de 26 años, fue condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y multa, como partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes.

En tanto, Franco Exequiel Parrón Baldoni, de 31, fue condenado a un año de prisión efectiva como autor del delito de confabulación. Se tuvo por cumplida la pena y se ordenó su libertad.

Por su parte, Cristian Alexis Arias, de 22 años, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión efectiva y multa como autor penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes.

Sergio Alejandro Estrada, de 36 años, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva y multa como autor del delito de comercialización de estupefacientes.

Al imputado Emanuel Alejandro Alberto Acosta, de 34 años, se le dictó la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva y multa, como autor del delito de comercialización de estupefacientes y portación de arma de uso civil, en concurso real. Permanecerá con la modalidad de arresto domiciliario.

A los acusados Facundo Leonel Guzmán, de 27 años; Lucas Martín Tanco, de 32; José Elías Nicolás Verón Marín, de 22; Hugo Antonio Portal, de 74; Rosa Arellano, de 73; Miguel Andrés Callau, de 32; Rodrigo Exequiel Romero, de 28; Leandro Alberto Nicolás Zerda, de 31; Juan Abel Ramírez, de 28; Carlos Gustavo Díaz González, de 26 y Fernando Ariel Zambrana, de 36, fueron condenados a la pena de tres años de prisión condicional y multa por resultar partícipes secundarios del delito de comercialización de estupefacientes.

Finalmente, Eliana Lorena Fuentes San Millán, de 32 años, recibió una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional como autora del delito de encubrimiento agravado y fue inhabilitada como funcionaria pública por el término de tres años.

La investigación inició en setiembre de 2017, a partir de actuaciones propias de los efectivos policiales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y los datos aportados por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web. Todos los acusados fueron detenidos en agosto de 2018, en un operativo que se denominó “Pachamama”.

En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Lorena Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.

Juzgan a una banda de 20 personas que vendía estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representará al Ministerio Público Fiscal en el juicio contra 20 personas, imputadas por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, en forma organizada y por la portación de arma de fuego de uso civil. Una de las imputadas es policía. Las audiencias se desarrollarán en la Sala VII del Tribunal de Juicio.

En abril de 2019, el fiscal penal Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio contra José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

La investigación inició en setiembre de 2017, a partir de actuaciones propias de los efectivos policiales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y los datos aportados por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web. Todos los acusados fueron detenidos en agosto de 2018, en un operativo que se denominó “Pachamama”.

En el requerimiento, el fiscal penal López Soto sostuvo que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino llamado Villa Lata.

El fiscal indicó que los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían de droga a varios revendedores.

López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos que fueron claves para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacían dentro de vehículos”.

A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.

La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.

“Este sujeto junto a otros dos cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.

Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraba Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.

En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.

Quiso entregar marihuana a su hermano detenido

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Lucía Mariela Giménez, de 40 años, acusada del delito de tentativa de entrega de estupefacientes a título gratuito agravado por cometerse en un establecimiento carcelario, en perjuicio de la salud pública.

Las actuaciones iniciaron luego de que el pasado 3 de febrero, se practicara una requisa a la acusada, quien iba a visitar a su hermano detenido en la Alcaidía General de la Provincia.

Durante el procedimiento se le secuestró sustancia vegetal disecada en forma de picadura, acondicionada en 8 envoltorios de papel, ocultos entre las hojas de un rollo de papel higiénico. Además, se le secuestró un teléfono celular. 

El narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para Cannabis Sativa. 

Entre los elementos colectados durante la investigación, el fiscal penal Santiago López Soto, valoró las testimoniales del personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y del Servicio Penitenciario, la prueba documental, la pericia toxicológica, el informe de antecedentes penales y los datos extraídos del teléfono celular.

En sus fundamentos, el fiscal sostuvo que se trató de un intento de entrega ocasional de estupefacientes, agravada por tratarse de un lugar de detención de personas.

Piden juicio contra los asaltantes de un supermercado

El fiscal penal interino de UNICROH, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Mauricio Osvaldo Robles, Carlos Walter Roldán Pavón y Juan Carlos Alberto Bulacio Pereyra, acusados del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda, todo en concurso real.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que los elementos reunidos durante la investigación, permitieron acreditar la participación de los sindicados mencionados como autores materiales, quienes se apoderaron ilegítimamente y por medio del uso de la fuerza de $36.000 pertenecientes a los denunciantes.

Para cometer el ilícito, los acusados utilizaron armas de fuego, según la declaración de la propia víctima y de los testigos, lo que luego fue ratificado por las imágenes captadas por la cámara de seguridad del local.

Las actuaciones de UNICROH, iniciaron tras la denuncia radicada por uno de los empleados del local, quien expresó que el 13 de abril a las 16:30, mientras trabajaba en el Supermercado Día ubicado en la Ruta 26, ingresó un hombre que gritó “esto es un asalto” y mostró un revolver que sacó de la cintura.

También pudo observar que otro sujeto se dirigió al sector de las cámaras de video y le pidió que abriera la caja registradora y le entregara el dinero. Tras apoderarse de $18.000, el asaltante lo obligó a abrir otra caja registradora, de donde sacó otros $8000.

Tras esto, el empleado relató que fue obligado a quedarse en el piso, desde donde observó a otro hombre que ingresó por uno de los pasillos, donde lo perdió de vista.

En tanto, otro de los empleados expresó que esa tarde, mientras trabajaba en uno de los pasillos del local en la reposición de mercadería, pudo escuchar una discusión en el sector de los cajeros y al pensar que se trataba de un intercambio entre clientes no le dio importancia. Segundos después, un cliente lo arrastró hacia el depósito y le dijo que se trataba de un robo con armas de fuego.

Tras permanecer unos instantes allí, el empleado reaccionó y se dirigió a ayudar a sus compañeros. Al aproximarse hacia las cajas no pudo observar a nadie en particular, pero al revisar sus pertenencias faltaba de su mochila una billetera con $10.600 y distintos documentos.

Modus operandi

De la declaración testimonial de una clienta que concurrió al supermercado junto a su hija, surgió que dos motocicletas se estacionaron en la entrada y que tres hombres entraron al local, mientras otro se quedó afuera. El último le mostró un arma de fuego, sin decirle nada. La mujer también pudo ver que en el interior del local los sujetos le apuntaban al cajero con un arma.

Personal de la División de Delitos en contra la Propiedad realizó diversas tareas investigativas, entre ellas, el análisis de las filmaciones captadas por la cámara de seguridad del local. Surgió que los causantes del hecho fueron cuatro hombres y que ingresaron al comercio solo tres, mientras uno se quedó en la puerta de ingreso con dos motocicletas de grandes cilindradas encendidas para escapar rápidamente.

Piden el juicio contra una mujer que tenía marihuana, cocaína y más de un millón de pesos

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.

De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la mujer tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.

Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos). El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa; y el hecho sobre la sustancia blanquecina, fue positivo para clorhidrato de cocaína.

La mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial 7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.

En visita navideña al penal, quiso ingresar drogas ocultas

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Andrea del Valle Chocobar, de 29 años, acusada del delito de tentativa de entrega de estupefacientes agravado por cometerse en un establecimiento carcelario, en perjuicio de la salud pública.

Las actuaciones iniciaron con la recepción de un acta suscripta por el Grupo de Drogas del Sector 1C, en la que se precisó que el 24 de diciembre de 2020, cerca de las 16.30, la comisión policial a cargo se dirigió a la Unidad Carcelaria 1, donde una oficial precisó que durante una requisa practicada minutos antes a la acusada que concurría a visitar a un interno, se secuestró del interior de su vagina, un envoltorio de polietileno color verde. Ese bulto contenía 25 envoltorios con sustancia blanquecina pulverulenta, cinco con sustancia amarillenta compacta, uno con sustancia vegetal compacta, 16 con 10 pastillas cada uno y un pendrive.

El narcotest realizado a la sustancia pulverulenta dio positivo para cocaína, mientras que el hecho sobre la sustancia vegetal dio positivo para cannabis sativa.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, destacó que la sustancia secuestrada estaba acondicionada y fraccionada en distintos envoltorios, lo que indicó que estaba destinada a la distribución interna dentro del establecimiento carcelario y no dirigido al consumo directo por parte del interno que debía recibir los estupefacientes.

La detienen con marihuana, cocaína y más de un millón de pesos en su poder

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A su vez, el fiscal requirió ante el Juzgado de Garantías 6, el mantenimiento de su detención y la afectación del 30% del dinero secuestrado al Ministerio Público Fiscal, con destino a la lucha contra el microtráfico.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.

De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la imputada tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.

Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos)

El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa, por un peso de 61 gramos. En tanto, la prueba realizada a la sustancia blanquecina, arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, por un peso de 106 gramos.

Durante la investigación, se comprobó que la mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737.

Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial N°7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.

Dos detenidos por el raid de robos armados en Tres Cerritos

El fiscal penal interino de UNICROH, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Luis Santiago Martín, de 23 años y Víctor Nicolás Altamirano, de 28, acusados del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego (dos hechos) y tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego (un hecho), todo en concurso real. Durante la audiencia de imputación realizada este sábado, los acusados, asistidos por su defensa particular, optaron por declarar. El fiscal solicitó la prisión preventiva al Juzgado de Garantías interviniente. Mientras tanto, personal de la Brigada de Investigaciones del Sector 2A, investiga la posible participación de los imputados en otros hechos denunciados con el mismo modus operandi.

Del decreto de imputación, surgió que durante la medianoche del 29 de enero, los acusados ingresaron a un drugstore ubicado en avenida Bicentenario al 1100, de barrio Tres Cerritos, con un arma de fuego. Una vez adentro, ejercieron violencia física sobre la denunciante, a quien le sustrajeron la suma aproximada de 12 mil pesos. La damnificada brindó detalles de la fisonomía de los asaltantes y relató que tras el robo, ambos corrieron hacia calle 12 de Octubre. La mujer supo por un vecino que los imputados abordaron una moto, en la que escaparon por calle Juramento.

Otro damnificado, empleado en un almacén ubicado en Los Carolinos al 400 del mismo barrio, denunció que la noche del 28 de enero, cerca de las 23:40, fue asaltado por un hombre, a quien pudo describir. Relató que este sacó un arma de fuego tipo pistola y le sustrajo la suma de $2500. Tras esto, el asaltante salió caminando por calle Los Parrales.

Un tercer hecho fue denunciado por otro hombre, quien sostuvo que durante la medianoche del 29 de enero, trabajaba en un local comercial ubicado en calle Zuviría al 1400, cuando ingresó un sujeto, a quien también pudo describir, con un arma “tipo aire comprimido” con la intención de sustraerle la suma de $5.000 que tenía en la caja. El denunciante sostuvo que creyó que el arma era de juguete y le hizo frente. Tras esto, el asaltante se retiró y se subió a una moto ubicada sobre calle Anzoátegui.

Con las características aportadas por las víctimas, transmitidas por personal de Coordinación Operativa al del 911, efectivos policiales identificaron a los sospechosos en la madrugada del 29 de enero en la intersección de Los Piquilines y Los Tarcos, a bordo de una moto. Allí inició una persecución que finalizó con la intercepción de los acusados en la esquina de Reyes Católicos y Los Tiatines, donde fueron detenidos. Durante la requisa, encontraron en la cintura de Altamirano una pistola Bersa de 9 milímetros con nueve cartuchos. También le secuestraron la suma de $15.400.

Lo juzgarán por vender cannabis en Villa Floresta

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Pedro Nicolás Quinteros, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con un informe policial de 2020, que precisó que el 7 de julio de ese año, cerca de las 19 y en inmediaciones del pasaje Los Cóndores de barrio Cabildo, personal de Drogas Peligrosas interceptó a tres jóvenes. Les secuestraron cuatro envoltorios con sustancia vegetal disecada, un cigarrillo armado con la misma sustancia y cinco semillas de cannabis sativa. Uno de los demorados sostuvo que conseguía la sustancia en un domicilio de calle Zuviría, de Villa Floresta. Vecinos señalaron a Quinteros como vendedor de drogas y sobre todo los fines de semana.

Además, efectivos policiales documentaron el permanente arribo de personas, la mayoría jóvenes, quienes adquirían las sustancias y las consumían en el lugar o cerca de él. Varios compradores fueron interceptados por la policía.

En base a los elementos obtenidos, pudo confirmarse que el investigado llevaba a cabo actividades ilícitas de fraccionamiento y comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la autorización para su allanamiento.

El allanamiento se produjo el 11 de diciembre de 2020, donde terminada la identificación de los residentes, el imputado entregó un envoltorio verde con sustancia vegetal. De la requisa personal al imputado, se secuestró la suma de $8800. Y de su habitación, con la intervención de un perro antinarcóticos, se incautó un envoltorio rectangular con cinta de embalar, con sustancia vegetal disecada; un teléfono celular; $44.900 escondidos en un ropero y $10.910 de un chiffonnier.

De la habitación del hijo del imputado, se secuestró la suma de $ 21.000, seis cartuchos anti tumulto calibre 12 y cinco postas de guerra calibre 16. De la que utiliza la hija del imputado, se secuestró la suma de $ 21.100, un cigarrillo con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y un teléfono celular.

En la cocina fue encontrada una balanza gramera gris, tres cajas de papel para armar cigarrillos, un picador con restos de sustancias, ocho semillas de cannabis sativa y $220.

Por último, de una habitación que funcionaba como almacén, se secuestraron envoltorios de plástico blanco con sustancia vegetal disecada de forma compactada, 69 cigarrillos armados con sustancia vegetal disecada en forma de picadura y la suma de $10.330. Del patio, se secuestraron tres plantas de cannabis.

El narcotest sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa, con un pesaje total de 453 gramos.

Condenaron a “Maraña” y “Nano” por el asalto a una vinoteca

El fiscal penal interino de UNICROH, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio, Pablo Farah, condenó a Cristian Emanuel Domínguez a la pena de 5 años y 3 meses de prisión de ejecución efectiva y lo declaró reincidente por primera vez. También condenó a Mauricio Nicolás Heredia a la pena de 5 años, le revocó la condicionalidad de una pena impuesta en una causa anterior y unificó la condena en 7 años de prisión efectiva.

En julio de 2020, Cristian Emanuel Domínguez y Mauricio Nicolás Heredia, fueron imputados por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y arma blanca.

De las tareas de investigación, que contaron con el trabajo del personal del sector 3B, a cargo del comisario Chaile Maldonado y de la División de Robos y Hurtos, bajo la responsabilidad del comisario Oscar Chocobar; quedó acreditado que los imputados Cristian Emanuel Domínguez, alias “Maraña”, de 28 años, y Mauricio Nicolás Heredia, alias “Nano”, de 29, se dirigieron el sábado 18 de julio, a las 21, al local comercial “Cru Vinoteca”, ubicado en Avenida Arenales al 2900. Llegaron a bordo de dos motos.

Uno de los acusados ingresó al local y pidió información sobre promociones de cerveza. Luego sacó un cuchillo de sus prendas y redujo al empleado. En ese instante, ingresó el segundo, quien con un arma de fuego intimidó tanto a clientes como al personal de local y sustrajo de la caja registradora la suma de $7900 en efectivo y tres teléfonos celulares.

Una vez que cometieron el ilícito, ambos escaparon a bordo de una de las motos y dejaron la segunda en el lugar del hecho.

A través de la investigación y posteriores allanamientos, se logró la identificación de los causantes, su detención y el secuestro de elementos que los vinculan a la causa. Entre otros, les secuestraron los teléfonos que pertenecían al local y las vestimentas utilizadas por uno de ellos y que fueron captadas por las cámaras de seguridad del negocio.