Piden el juicio contra “Pinza”, por vender cocaína en barrio Limache

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 4, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Matías Javier Olivares, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Olivares, alias “Pinza”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Limache.

En base a los elementos obtenidos de las tareas de investigación, se llegó a la conclusión de que el investigado llevaba a cabo actividades ilícitas relacionadas con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias estupefacientes, por lo que se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para el allanamiento de su vivienda.

El procedimiento fue realizado durante la noche del 4 de mayo de 2021 y permitió el secuestro, durante la requisa al investigado, de 42 envoltorios de plástico con sustancia amarillenta en forma pulverulenta, $21.430 en efectivo y un celular.

En tanto, del inmueble fueron incautados otros $11.780 en efectivo, ocultos en un placard y un biberón.

El Narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el acusado.

Por otra parte, las tareas de vigilancias realizadas por personal policial permitieron documentar al imputado mientras entregaba la sustancia a cambio de dinero a diferentes consumidores, de los cuales, uno reconoció en Fiscalía haber adquirido la sustancia en lugar de residencia del acusado.

Condenaron a un clan familiar que comercializaba estupefacientes

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate en el que la Sala III del Tribunal de Juicio, condenó a seis personas y absolvió a dos, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

Franco Eduardo Bravo, alias “Tanga”, fue condenado a la pena de cinco años y tres meses de prisión efectiva; Federico Miguel Ángel Herrera, fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva; Cintia Romina Córcoba, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva; Mariela Graciela Añez, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva.

Todos los mencionados fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, en calidad de autores materiales.

En tanto, Edit Yohana Tito, fue condenada a la pena de tres años y dos meses de prisión de efectiva; mientras que Carlos Daniel Ferrari, fue condenado a la pena tres años y seis meses de prisión efectiva y se la llevó a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, luego de que se le unificara una condena previa.

Ambos fueron condenados por el delito de comercialización de estupefacientes, en calidad de autores materiales.

Por otra parte, Cristina Córdoba y Claudia Silvana Bravo, madre y hermana respectivamente del acusado Franco Eduardo Bravo, fueron absueltas por el beneficio de la duda.

La intervención del fiscal penal Santiago López Soto, se produjo a comienzos a mediados de 2018, tras la recepción de denuncias recibidas en la página web del Ministerio Público Fiscal, que señalaron a Franco Eduardo Bravo como el responsable de vender drogas en barrio Bancario y zonas aledañas.

Las investigaciones permitieron corroborar que los penados realizaban actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes, con Franco Bravo como principal sospechoso.

Una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, fue solicitado al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento y detención en los domicilios de los acusados, ubicados en los barrios Bancario, Siglo XXI, La Paz, Don Emilio, Ampliación Parque La Vega, Autódromo El Huaico y macro centro.

Los operativos permitieron el secuestro de dos motocicletas y un automóvil, teléfonos celulares, alrededor de 200 mil pesos en efectivo y una importante cantidad de sustancia estupefaciente.

El 30 por ciento del dinero secuestrado quedó afectado al Ministerio Público Fiscal, al igual que los vehículos utilizados para la venta de la droga.

Piden el juicio contra una banda que vendía drogas en el penal de Villa Las Rosas

La Unidad conformada por los fiscales penales Santiago López Soto, Verónica Simesen de Bielke y Federico Jovanovics, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene a diez personas acusadas de comercializar estupefacientes en la Unidad Carcelaria 1 de la Ciudad de Salta.

Las imputaciones recayeron sobre Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, Cristina Alejandra Santander Contrera, Rocío Alejandra Rodríguez, Micaela del Valle Alderete y Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por cometerse en un establecimiento de detención.

En tanto, Daniel Nicolás Valeriano, Miguel Martín Navarro y Pablo Alexis González Hussain, fueron imputados por el delito de

Además, Claudia Graciela Carrizo, fue acusada del delito de comercialización de estupefacientes en carácter de autora, mientras que Miguel Martín Navarro, fue acusado del delito de portación de arma de fuego de uso civil.

Con respecto a la participación del imputado Guillermo Alejandro Alfredo Lozano, se acreditó que dentro de la organización delictiva, era el encargado de conseguir la sustancia estupefaciente mediante comunicaciones telefónicas desde el interior de la Unidad Carcelaria, tarea que realizaba junto a su pareja Cristina Alejandra Santander Contrera, quien además fraccionaba y distribuía la sustancia a otro de los imputados para su comercialización dentro de establecimiento, para luego recaudar el dinero de la actividad ilícita.

Tanto Santander Contrera como Lozano, comercializaban la sustancia estupefaciente en el interior de la Unidad Carcelaria. La que cobraba a los internos o a sus familiares era la primera de las mencionadas, a través de una cuenta de mercado pago. Esa actividad ilícita fue reconocida por Santander Contreras al declarar en fiscalía y en presencia de su abogado defensor.

Allanamientos realizados el 17 de diciembre de 2020 en el domicilio de Santander Contrera, en barrio 17 de Octubre, permitieron el secuestro de dinero en efectivo y un teléfono celular; mientras que de la celda 15 del Pabellón B1 de la Unidad Carcelaria 1, ocupada por Lozano, se secuestró dinero en efectivo, un DVD, una billetera con un papel con anotaciones de apodos, sumas de dinero y un celular.

Además, un procedimiento que tuvo lugar en la rotonda de acceso a la Universidad Católica, permitió la detención de Santander Contreras, a quien se le secuestró sustancia estupefaciente que llevaba a su pareja a la cárcel y otro celular.

Con respecto a la participación de Rocío Alejandra Rodríguez y Nicolás Ezequiel Martínez Fleitas, fue corroborado que conseguían estupefacientes para ingresarlos junto con los imputados Lozano y Santander Contreras a la Unidad Carcelaria 1, para que la vendan en el interior del establecimiento penitenciario.

También se sustenta la acusación en los elementos secuestrados durante el allanamiento al domicilio de los imputados Martín Navarro y Rocío Rodríguez, de calle Independiente al 2700, donde incautaron dinero en efectivo, marihuana y cocaína, una balanza gramera, celulares y un automóvil Chevrolet Agile.

Sobre la imputada Micaela del Valle Alderete, quedó acreditado que era una de las personas que Cristina Santander Contrera y Rocío Rodríguez contactaban para ingresar estupefacientes a la Unidad Carcelaria. El imputado Martín Miguel Navarro era quien conseguía la sustancia estupefaciente, que luego su pareja Rocío Rodríguez y Cristina Santander Contreras, ingresaban a la cárcel. Entre los elementos secuestrados en el domicilio que compartía con Rocío Rodríguez, se destaca la gran cantidad de sustancia estupefaciente y otro teléfono celular.

El imputado Pablo Alexis González Hussein, por su parte, era otro de los encargados de proveer sustancias a la imputada Rocío Rodríguez, para que ella las ingresara al Penal y las entregara a su hermano pata la venta. De su domicilio se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera, un celular y un automóvil marca Volkswagen Gol Power.

Otro de los encargados de proveer estupefacientes a la imputada Rocío Rodríguez era el imputado Daniel Nicolás Valeriano.

La acusación también queda corroborada mediante las tareas de vigilancia realizadas en diciembre de 2020 en barrio 23 de Agosto, en una vivienda donde fueron vistos Martín Navarro y Rocío Rodríguez, que permitieron conocer una de las residencias del imputado Daniel Valeriano, donde se observó el vehículo Chevrolet utilizado por Martín Navarro, junto a un Renault Fluence y se pudo divisar que Martín Navarro abordó éste último como acompañante junto a otro sujeto, luego identificado como el imputado Daniel Valeriano.

Del domicilio de Valeriano, en Villa Palacios, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, una balanza gramera color gris, 13 semillas de cannabis y una caja con 23 cartuchos calibre 22; mientras que de la vivienda ubicada en barrio 23 de agosto, se secuestró dinero en efectivo, marihuana, teléfonos celulares y un Renault Fluence.

Con respecto de la imputada Claudia Graciela Carrizo, fue acreditado que era otra de las personas que proveían de sustancia estupefaciente a Cristina Santander Contreras para introducirla a la Unidad Carcelaria para su venta. Del domicilio de Carrizo, sito en barrio Bancario, se secuestró dinero en efectivo, cocaína, un colador, un cuchillo con restos de sustancia, una tijera con restos de sustancia, una agenda con anotaciones varias y un teléfono celular.

Por último, la acusación en contra en contra de Martín Navarro, por portación de arma de fuego de uso civil, fue acreditada con el secuestro de su domicilio de barrio Castañares, de un arma de fuego tipo revolver calibre 22 largo, una bolsa plástica con 21 proyectiles punta hueca y otro proyectil calibre 11.25; dos armas de fuego calibre 22, 11 cajas de cartón con 50 cartuchos, a plena disposición del acusado y en carácter de ser utilizadas de forma inmediata, sin contar con las autorizaciones legales para tal fin.

Vendía marihuana y Clonazepam en la zona sudeste de la Capital

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Ismael Aníbal Rojas, de 28 años, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

Las actuaciones iniciaron con el registro de una denuncia anónima en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre conocido como “Ranchín”, vendía estupefacientes en inmediaciones de su domicilio ubicado en barrio Virgen de Urkupiña.

Tras numerosas pruebas recolectadas durante la investigación, fue requerido al Juzgado de Garantías interviniente una orden de allanamiento al domicilio del acusado, que fue realizado el 15 de abril.

Durante el procedimiento, el acusado hizo entrega voluntaria de $8.200 que estaban en una billetera que tenía encima del mueble del televisor.

Del domicilio fueros secuestradas dos bolsas con restos de sustancia vegetal disecada y otros tres envoltorios con sustancia vegetal, cuyo narcotest dio positivo para cannabis sativa, además de 74 blister con 10 unidades cada uno de Clonazepam y distintos elementos de cortes y fraccionamiento.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por el imputado.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar al acusado mientras entregaban los estupefacientes a cambio de dinero a diferentes consumidores.

Condenaron a dos hombres que vendían cocaína en barrio Juan Pablo II

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado, en la que la jueza de Garantías 7, María Edith Rodríguez, condenó a dos hombres acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Martín Iván Guerra fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autor, mientras que Sergio Rubén Reyes, fue condenado a la pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de partícipe secundario.

Durante la audiencia de juicio abreviado, ambos acusados, con la asistencia de su defensa, reconocieron en forma expresa su participación en los hechos.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los mencionados vendían estupefacientes en inmediaciones de sus viviendas, ubicadas en barrio Juan Pablo II, en la zona norte de la ciudad de Salta.

Allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente y que fueron realizados el 24 de febrero en los domicilios de los acusados, permitieron su detención y el secuestro de estupefacientes y elementos de corte y fraccionamiento.

Del domicilio de Guerra, fueron secuestrados 71 envoltorios de papel con sustancia blanquecina pulverulenta (cartuchos), un envoltorio de polietileno transparente con sustancia amarillenta en forma compacta, un colador metálico grande, una tijera pequeña, una espátula, teléfonos celulares y la suma total de $30.520. La prueba de narcotest sobre la sustancia secuestrada, dio resultado positivo para cocaína.

En tanto, del domicilio de Reyes, fueron secuestradas 23 semillas de cannabis sativa, un envoltorio de papel con sustancia amarillenta en forma de pulvurenta, un colador con restos de sustancia blanquecina, una balanza gramera gris y un teléfono celular. El narcotest realizado a la sustancia, también arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los penados.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores.

Condenaron a una mujer que vendía cocaína en su kiosco

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la Sala VI del Tribunal de Juicio, condenó a Jesica Celeste Cortez, a la pena de cuatro años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras el registro de una denuncia anónima recibida en la subcomisaría de Villa Lavalle, en la que señalaron que la penada vendía estupefacientes en su inmueble, donde funcionaba un kiosco al que llegaban constantemente jóvenes con consumos problemáticos.

Un allanamiento realizado el 18 de noviembre de 2020 al domicilio de la imputada ubicado en barrio 23 de Agosto de la capital salteña, permitió el secuestro de un cuaderno con restos de sustancia blanquecina en forma de picadura, una mochila rosada con 70 envoltorios de polietileno celestes con sustancia blanquecina en forma de polvo, dos envoltorios de polietileno verdes y otro blanco con sustancia blanquecina compacta, un colador metálico con restos de sustancia blanquecina, un teléfono celular, una balanza gramera electrónica y la suma de $800 en efectivo. El narcotest realizado a la sustancia dio resultado positivo para cocaína y sus derivados.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada.

También destacó los contundentes elementos probatorios incorporados por el personal policial a cargo de las tareas de investigaciones, quienes lograron documentar fílmica y fotográficamente a la penada mientras comercializaba sustancias prohibidas y la demora de compradores.

Piden el juicio contra una pareja que vendía drogas en Gauchito Gil

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Néstor Alberto Durán y Sonia Esther Carabajal, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores.

Las actuaciones iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que Néstor Alberto Durán, alias “Cordobés” y Sonia Esther Carabajal, comercializaban estupefacientes en inmediaciones de su vivienda ubicada en barrio Guachito Gil, de la Ciudad de Salta.

Un allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente realizado el 11 de marzo pasado, permitió la detención de los acusados y el secuestro de 99 envoltorios con cocaína y sus derivados y de dos cigarrillos de marihuana. También fueron secuestrados elementos para acondicionar el estupefaciente como, tijeras y cuchillos; teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $23.330.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los imputados.

Además, las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial interviniente, permitieron documentar a los imputados mientras entregaban drogas a cambio de dinero a diferentes consumidores, mientras que uno de ellos declaró en fiscalía y reconoció haber comprado estupefacientes a los acusados.

Piden en juicio contra una banda que vendía drogas en barrio San Benito

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene a cinco imputados por los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización agravada por la participación organizada de tres o más personas, en calidad de coautores.

Las imputaciones recayeron sobre Juan José Vargas, de 21 años; Ángel Sebastián Vargas, de 23; Matías Ezequiel Vargas, de 27; Eduardo Andrés Giménez, de 36 y Martín Alberto Silvestre Samana, de 21.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en el sistema del Ministerio Público Fiscal, en la que indicaron que en un inmueble de barrio San Benito de la Ciudad de Salta, vendían drogas las 24 horas del día y que también hacían entregas en moto.

Tras los allanamientos autorizados por el Juzgado de Garantías interviniente realizados el 27 de noviembre de 2020 en los domicilios de los imputados, fue secuestrada sustancia estupefaciente cuyo narcotest dio resultado positivo para cocaína y cannabis sativa, que estaba a disposición de los acusados y acondicionada para la venta directa al público.

También fueron secuestrados elementos de corte y fraccionamiento y una balanza gramera, además de teléfonos celulares y dinero en efectivo por un total de $24.360.

En sus fundamentos, el fiscal penal Santiago López Soto, sostuvo que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal e hizo hincapié en la forma en que la sustancia estaba acondicionada y fraccionada, además del dinero en efectivo cuya cantidad y procedencia lícita no pudo ser justificada por los imputados.

También destacó los contundentes elementos probatorios incorporados por el personal policial a cargo de las tareas de investigaciones, quienes lograron documentar fílmica y fotográficamente a los acusados mientras comercializaban sustancias prohibidas y la demora de compradores.

Tres condenados por vender estupefacientes en barrio Autódromo

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado en la que la jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio condenó a prisión de ejecución efectiva a tres personas, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio, Mónica Mukdsi, condenó a Miguel Omar Brites, a la pena de cuatro años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y lo declaró reincidente por segunda vez.

En tanto, Ramón Domingo Figueroa, fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión de ejecución efectiva, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al tener una condena previa, la magistrada unificó la pena y la llevó a seis años y seis meses de prisión de ejecución efectiva.

Talía Alejandra Brites recibió una condena de tres años de prisión de ejecución efectiva, por ser partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización y la magistrada amplió la pena a tres años y seis meses de ejecución efectiva, también por una condena anterior.

El allanamiento al domicilio de uno de los imputados, realizado el 13 de mayo de 2020, permitió dar con los acusados mientras fraccionaban sustancias.

Ese día fueron secuestrados 12 envoltorios de plástico color negro que contenían una sustancia blanquecina en forma de ralladura, tres envoltorios de plástico color negro con sustancia blanquecina en forma aterronada, una hoja A4 con sustancia blanquecina rallada suelta, una tarjeta de plástico con restos de sustancia, una tijera, un cepillo de dientes, un cuchillo, distintos frascos y un total de $43.280 en efectivo.

De otras habitaciones del mismo domicilio, se secuestraron una hoja en blanco con sustancia, un envoltorio de plástico transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura, tres teléfonos celulares y 10 proyectiles de distintos calibres. El narcotest realizado sobre la sustancia dio positivo para cocaína y sus derivados.

En tanto, el allanamiento al domicilio de otro de los imputados, permitió el secuestro de distintos envoltorios con sustancia vegetal, cuatro plantines de marihuana y dos celulares. El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa.

En base a los elementos obtenidos y mediante las tareas de vigilancia realizadas por personal policial, se pudo determinar que las tres formaban parte de una organización con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancia estupefacientes.

Condenas para la banda de “Los Poseídos” por vender drogas

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviada, en la que el juez del Sala V del Tribunal de Juicio, condenó a tres integrantes de la banda “Los Poseídos”, que se dedicaban a la venta de estupefacientes y que operaban en barrio San Benito, en la zona sudeste de la ciudad.

El vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, Marcelo Rubio, condenó a Cristian Rubén Bernardino Choque, a la pena de cuatro años de prisión de ejecución efectiva, al considerarlo penalmente responsable del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en forma organizada y en calidad de autor.

En el mismo fallo, el magistrado condenó a Brisa Candela Yaqueline Alba a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional; y a Eduardo Joaquín Nico, a la pena de tres años de prisión de ejecución efectiva, al considerarlos penalmente responsables del delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en forma organizada y en calidad de partícipes secundarios.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de un informe presentado en marzo de 2020 por el Grupo de Investigaciones de Drogas del Sector 6, que recibió denuncias de vecinos del barrio San Benito, quienes llegaron hasta la base operativa para manifestar su preocupación por la venta de estupefacientes en ese barrio. Señalaron a un tal “Burro Choque” como el líder de una banda conocida como “Los Poseídos”.

Múltiples allanamientos realizados el 23 de abril de 2020 en los domicilios de los penados, permitieron el secuestro de cocaína y cannabis sativa, acondicionadas para su venta y que estaban a entera disposición de los imputados, además de sumas de dinero en efectivo obtenido de la actividad ilícita y elementos para acondicionar el estupefaciente para su comercialización.