En el marco de la investigación que se sigue por los disparos realizados desde el balcón de un edificio céntrico, ayer se concretó la audiencia de imputación de un ciudadano colombiano estadounidense y el Juzgado de Garantías interviniente dispuso la libertad con cumplimiento de medidas sustitutivas de la joven que se encontraba detenida.
La Fiscalía Penal 2, a cargo en forma interina de Santiago López Soto, imputó a Misael Hernández de 26 años por el delito de portación de arma en calidad de coautor.
La detención de Hernández se produjo a partir de testimonios recogidos durante la investigación, donde personas que participaron de la reunión en el departamento que éste alquilaba, lo señalaron como el propietario del arma e indicaron que aquella noche la tenía en su posesión y la manipulaba en presencia de sus invitados.
Estas personas conocían a Fanny Estela Sisnero y señalaron que era pareja del ciudadano colombiano estadounidense y que en la oportunidad no la vieron manipulando el arma, solo a través del video ya que llegaron en forma posterior.
Hernández fue asistido por dos abogados particulares y tras conocer el delito que se le imputa, decidió no declarar.
En tanto, Fanny Estela Sisnero, imputada por el mismo delito, por disposición del Juzgado de Garantías interviniente, recuperó su libertad y deberá cumplir reglas de conducta.
Un hombre de 55 años que se desempeñaba como conductor de un colectivo, fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación para conducir por cinco años para conducir todo tipo de vehículo de transporte de pasajeros por un hecho ocurrido en 2015, cuando falleció una mujer que había concurrido a la Virgen del Cerro.
El fiscal penal Santiago López Soto, representó al Ministerio Público ante la Sala V del Tribunal de Juicio en la audiencia de debate contra Manuel Enrique Ruiz por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito agravado en perjuicio de Gloria Graciela Armella.
El hecho ocurrió el 28 de Noviembre de 2015 en el camino que conduce a la ermita de la Virgen del Cerro, cuando el imputado conducía un colectivo que transportaba visitantes y tras una maniobra abrupta provocó que la pasajera perdiera la estabilidad, cayera al suelo y saliera despedida por una de las puertas, resultada herida y tras permanecer internada, falleció.
El juez interino José Luís Riera lo condenó a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de cinco años para conducir todo tipo de vehículo de transporte público de pasajeros y al cumplimiento de reglas de conducta
También se ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Un joven de origen colombiano estadounidense fue detenido ayer en el marco de la investigación que se sigue por un hecho ocurrido en un departamento de avenida Sarmiento al 400, donde una joven efectuó disparos desde un balcón. Será imputado en las próximas horas.
La Fiscalía Penal 2, a cargo en forma interina de Santiago López Soto, habiendo reunido elementos de convicción necesarios, solicitó al Juzgado de Garantías en turno, orden de detención para un hombre de 26 años, de origen colombiano estadounidense y que es inquilino del departamento desde cuyo balcón se efectuaron los disparos que se aprecian en un video que se viralizó en redes sociales.
Personal policial del Grupo Investigativo del Sector 2, a cargo de las pesquisas, procedió ayer por la tarde a la aprehensión de esta persona, la que será imputada en las próximas horas en la sede fiscal. Cabe recordar que por el hecho se encuentra detenida e imputada Fanny Estela Sisneros de 19 años.
López Soto explicó que se continúa con las tareas investigativas tendientes al hallazgo del arma usada y al esclarecimiento de las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.
Ocurrió en el centro de la ciudad, cuando una mujer que viajaba en el corredor 6 detectó que le faltaba su teléfono celular. Avisó al chofer y un efectivo de Infantería que viajaba en la unidad, solicitó que cerrara las puertas de la unidad y demoró al delincuente que intentó descender presurosamente. Tenía el aparato oculto entre sus prendas.
La Fiscalía Penal 2, a cargo en forma interina de Santiago López Soto, imputó a Héctor Alberto Silva o Pablo Rolando Silva de 41 años por el delito de tentativa de hurto en perjuicio de una pasajera de una unidad de transporte en esta ciudad.
El hecho ocurrió a bordo de un ómnibus del Corredor 6, cuando una mujer que se dirigía hacia la zona Centro detectó que le faltaba su teléfono celular. Le dio aviso al chofer e intervino un efectivo policial que revista en Infantería que viajaba de civil. Éste solicitó al conductor que cierre las puertas y demoró a un hombre que intentó descender en forma presurosa.
Al requisarlo, encontró un teléfono oculto entre sus prendas, el que fue reconocido por la damnificada. Se solicitó apoyo de un móvil policial para realizar la detención.
Fanny Estela Sisneros de 19 años fue imputada ayer por la tarde por el delito de portación de arma y desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención. Estuvo acompañada de una defensora oficial y se abstuvo de declarar.
Durante la audiencia de imputación, la joven fue asistida por una defensora oficial y tras conocer los hechos que se le imputan, decidió abstenerse de declarar.
Desde la Fiscalía se solicitó que se mantenga su detención en atención a la falta de arraigo de la joven y el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
Lo solicitó el fiscal penal 2, Santiago López Soto, en base a la falta de arraigo de la acusada por el presunto delito incurso de portación ilegítima de arma de fuego y entorpecimiento del proceso penal. Mañana, la Fiscalía seguirá con los pasos formales de las actuaciones penales en curso.
A partir de la amplia difusión de un video en las redes sociales, en el que se ve a una joven que realiza disparos con un arma desde un balcón, en un edificio de esta ciudad, se dispusieron actuaciones de oficio que llevaron a la Policía a identificar a la protagonista del hecho.
En respuesta, la División de Investigaciones y la Unidad de Análisis Criminal de la Policía, lograron identificar primero el edificio, para posteriormente dar con la joven en un hostal de calle Leguizamón al 1.800, por lo que se procedió a su detención preventiva.
Tras tomar conocimiento de los detalles de la identificación y demora de la joven, el fiscal penal interino de la Fiscalía Penal 2 con jurisdicción en el hecho, solicitó al Juzgado de Garantías en turno, la detención de la mujer por considerar que la misma incurrió presuntamente en el delito de portación ilegítima de arma de fuego.
Asimismo, sostuvo que la joven no tiene arraigo en esta ciudad, por lo que el riesgo de fuga está latente. También, entre otras causales para pedir la detención, López Soto indicó que la mujer habría entorpecido el proceso penal, pues hasta el momento no dio a conocer el destino del arma de fuego.
En vista de estos elementos, la Fiscalía solicitó la detención de la mujer hasta la correspondiente audiencia de imputación, la que podría concretarse mañana. Por otra parte, el fiscal dispuso una serie de diligencias en busca de reunir otras pruebas en torno a este hecho.
Ocho personas fueron detenidas e imputadas tras varios allanamientos en distintos puntos de la ciudad. La investigación se inició a partir de denuncias web que daban cuenta de la actividad ilícita desplegada. Se secuestró sustancia estupefacientes, alrededor de 200 mil pesos, tres autos, dos motocicletas, celulares y otros elementos de interés para la causa.
El fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Franco Eduardo Bravo, «Tanga», Cristina Córdoba (madre de Bravo), Mariela Graciela Añez, «Cuchi», Walter Javier Díaz, «Tucumano», Carlos Daniel Ferrari, «Pelado», Celso Gabriel Barrientos, «Chileno», Claudia Silvana Bravo (hermana del principal sospechoso) y Edith Yohana Tito por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
La investigación se inició a partir de denuncias web que señalaban a Bravo como quien desplegaba la actividad ilícita en barrio Bancario y zonas aledañas.
A partir de esta información, los investigadores desplegaron diversas medidas investigativas que permitieron corroborar que las personas investigadas ejecutaban actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de sustancias estupefacientes, siendo el principal investigado Franco Bravo, quien desplegaba la actividad ilícita con su pareja y su madre Cristina Córdoba, recibiendo la sustancia estupefaciente de Carlos Ferrari y fraccionándola para distribuirla entre los otros vendedores.
Una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó orden de allanamiento y detención para ocho domicilios de barrio Bancario, Siglo XXI, La Paz, macro centro, Don Emilio, Ampliación Parque La Vega, Autódromo y barrio Huaico.
Del cumplimiento de las medidas, se logró secuestrar dos motocicletas, tres automóviles, celulares, alrededor de 200 mil pesos y una importante cantidad de sustancia estupefacientes.
Se trata de 20 personas que fueron detenidas en el mes de Agosto de 2018 en el marco del operativo “Pachamama”, que incluyó el allanamiento de 17 inmuebles y el secuestro de 4 motocicletas, 6 automóviles, una camioneta y más de 30 kilos de estupefacientes, entre marihuana y cocaína. Entre los imputados se encuentra una mujer que se desempeñaba como suboficial de la Policía de la Provincia.
El fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 para José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
Se trata de una causa compleja, tanto por la cantidad de detenidos, los elementos secuestrados como por el accionar desplegado por esta organización, la cual vendía droga al menudeo y proveía de estupefacientes a otras bocas de expendio, principalmente de la zona Norte, Oeste y Centro de la ciudad.
La investigación inició en Setiembre de 2017 a partir de investigaciones propias de los policías de esta Unidad, como así también se tomó en cuenta información aportada por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web.
En el requerimiento, López Soto agrega que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo supuestamente antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino en Villa La Lata.
“Las pesquisas no fueron sencillas, pues esta banda tenía aceitados dispositivos para advertir la presencia de los investigadores. Uno de ellos estaba a cargo de jóvenes vecinos, la mayoría adictos, quienes ante la presencia de un vehículo extraño o que no fuera marcado por los acusados, alertaban a los hermanos Guzmán, principales imputados, con silbidos y otros recursos”, explicó.
Pese a ello, agregó el fiscal
“los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos
que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían
de droga a varios revendedores”.
López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos, ya que fueron “claves” para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacía dentro de vehículos”.
A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.
La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.
“Este sujeto junto a otros dos
cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con
los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes
de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.
Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraban Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.
En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.
Los padres de la menor se reunieron hoy con el fiscal Ramos Ossorio, quien fue sumado a la investigación por su desaparición, ocurrida el 16 de Mayo de 2017. Fueron acompañados por el abogado que los representa.
Por resolución del Procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals, se sumará un fiscal a la investigación que se lleva adelante por la desaparición de la menor Constanza Gala Cancinos, ocurrida en Mayo de 2017.
Las actuaciones son llevadas adelante por la Fiscalía Penal 2, a cargo en forma interina de Santiago López Soto y a partir de la resolución 802, se sumó el trabajo del fiscal penal 4 de la UGAP, Ramiro Ramos Ossorio.
Se fundamenta tal disposición en la complejidad en el análisis de los elementos colectados y las medidas de investigación que se encuentran en curso.
En este marco, los padres de la menor, acompañados de su abogado, mantuvieron hoy una reunión con Ramos Ossorio, quien los notificó de la resolución e intercambiaron información de la investigación en curso.
Sebastián Federico Mercado, su pareja Raquel Andrina Torres; su cuñado Walter Benjamín Torres y su suegra Felisa del Valle Verón fueron condenados comercializar estupefacientes en la zona Sudeste de la ciudad. Mercado, alojado en la Cárcel Federal de Güemes, actuaba como cabecilla.
El desbaratamiento de esta organización responde a una investigación de policías de la UFINAR (Unidad Fiscal de Narcocriminalidad), quienes bajo la dirección del fiscal penal Santiago López Soto, realizaron una minuciosa pesquisa que permitió la detención de los cómplices de Mercado y el secuestro de 34 mil dosis de estupefacientes e importantes pruebas.
Respecto al accionar de esta banda, la misma tenía su radio de operación en una zona conocida como “La Ranchada”, ubicada en la zona Sudeste de la ciudad, más precisamente en el barrio 26 de Marzo, donde residían los detenidos.
Las pesquisas realizadas en la
zona, permitieron identificar a una familia de apellido Mercado como los que
supuestamente dirigían la venta de droga en “La Ranchada”, lugar al que
distintos consumidores y otros revendedores de otros puntos de la ciudad
acudían para abastecerse.
La zona representa una dificultad
para la Policía, pues se trata de un enclave de difícil acceso, debido no sólo
a lo encumbrado de algunas de las viviendas, sino también al hecho de que los
familiares y amigos de esta banda rápidamente salían a la calle a repeler la
presencia policial en el lugar.
Desde la UFINAR se pudo establecer que un integrante de esta familia, Sebastián Mercado se encontraba alojado en la cárcel federal de General Güemes, donde se las ingenió para seguir con el negocio de la comercialización de estupefacientes, actividad en la cual su mujer, Raquel Andrina Torres, pasó a tener un rol más protagónico.
Es que Mercado, según surge de la
investigación e imputación penal en su contra, encontró una pieza clave para su
actividad delictiva en otro recluso de esa unidad carcelaria, quien se
convirtió en un proveedor de distintas sustancias. Mientras ambos hacían los
“arreglos” dentro de la cárcel, sus respectivas parejas se encargaban del
resto. Así, al investigar a las mismas y a sus familiares, se pudo determinar
que la comercialización de drogas había sido retomada por Mercado, esta vez a
través de su pareja, quien le rendía informes detallados del negocio.
Tras reunir varias pruebas, la
Fiscalía solicitó el allanamiento y detención de los implicados, procedimientos
que se realizaron el 6 de junio pasado en viviendas ubicadas en los barrios 26
de Marzo y Siglo 21, donde también se logró el secuestro de ocho kilos de
drogas.
Posteriormente, se realizó una
medida similar en la cárcel federal de General Güemes, donde a Mercado se le
secuestró una libreta con pruebas de la actividad que dirigía desde su celda.
Felisa del Valle Verón fue condenada a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al pago de una multa por la comisión de los delitos de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundaria en concurso real con el delito de tenencia Ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Walter Benjamín Torres fue condenado a la pena de 3 años de ejecución condicional y el pago de una multa por la comisión del delito de comercialización de estupefacientes en carácter de partícipe secundario.
Andrina Raquel Torres fue condenada a la pena de 4 años de prisión efectiva y pago de multa, mientras que su pareja, Sebastián Federico Mercado fue condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo y pago de multa, ambos como coautores del delito de comercialización de estupefacientes.
