Irá a juicio por vender drogas en la zona sur de la ciudad

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Carlos Martín Clemente, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en grado de autor. Sobre Clemente, pesa una condena previa, de tres años de prisión condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes. Fue condenado en marzo de 2019.

Según consta en el requerimiento, tras un allanamiento realizado por personal de la Dirección de Drogas el jueves 20 de febrero pasado, en el domicilio del imputado situado en barrio Pablo Saravia, de la zona sur de la capital salteña, se logró la detención de Clemente, de 38 años, y el secuestro de siete gramos de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest corresponde a cocaína y sus derivados y que estaba acondicionada en 60 envoltorios de polietileno.

También se logró el secuestro de 10 gramos de sustancia vegetal disecada, que según la prueba de narcotest corresponde a cannabis sativa y que estaba acondicionada en distintos envoltorios.

Por otra parte, fueros secuestrados un teléfono celular, la suma de $11.425 en efectivo y distintos elementos para acondicionar los estupefacientes, entre ellos, un colador metálico, una cinta de embalar transparente y varios recortes de envoltorios de polietileno.

El fiscal penal López Soto entendió que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que de las tareas de vigilancias realizadas por los investigadores, pudo advertir que el imputado entregó estupefacientes a diferentes consumidores y a cambio de dinero.

Tres imputados por vender drogas en barrio Autódromo

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Talía Alejandra Brites, Miguel Omar Brites y Ramón Domingo Figueroa, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres personas en forma organizada y por cometer el hecho en perjuicio de menores de edad.

El allanamiento al domicilio de uno de los imputados realizado el 13 de mayo permitió dar con los acusados mientras fraccionaban sustancias. Ese día se secuestraron 12 envoltorios de plástico color negro que contenían una sustancia blanquecina en forma de ralladura, tres envoltorios de plástico color negro con sustancia blanquecina en forma aterronada, una hoja A4 con sustancia blanquecina rallada suelta, una tarjeta de plástico con restos de sustancia, una tijera, un cepillo de dientes, un cuchillo, distintos frascos y un total de $43.280 en efectivo.

De otras habitaciones del mismo domicilio, se secuestraron una hoja en blanco con sustancia, un envoltorio de plástico transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura, tres teléfonos celulares y 10 proyectiles de distintos calibres.

El narcotest realizado sobre la sustancia dio positivo para cocaína y sus derivados por un total de 33.7 gramos.

En tanto, el allanamiento al domicilio de otro de los imputados, permitió el secuestro de distintos envoltorios con sustancia vegetal, cuatro plantines de marihuana y dos celulares.

El narcotest realizado sobre la sustancia secuestrada dio positivo para cannabis sativa.

En base a los elementos obtenidos y mediante las tareas de vigilancia realizadas por personal policial, se pudo determinar que las tres formaban parte de una organización con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división y posterior venta de sustancia estupefacientes. También fue documentada una venta que realizaron a un menor de edad.

Lamadrid: detenida por vender drogas en su casa

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a María Yanina Ávila, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En base a las tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal de la Policía Federal Delegación Salta y los elementos obtenidos tras un allanamiento al domicilio de la imputada en barrio Lamadrid de la capital salteña, se pudo determinar que la acusada, de 28 años, detentaba sustancias estupefacientes que estaban acondicionadas para la venta, como así también elementos utilizados para el fraccionamiento y dinero en efectivo. Previo a la irrupción de la morada, también se logró documentar el control a un comprador.

Durante el allanamiento, fueron encontrados en la habitación de la acusada envoltorios de nylon transparente que contenían marihuana, $310 pesos sobre el cajón de un modular, $6640 en una media en el segundo cajón del ropero, varios recortes con vestigios de sustancia color blanco amarillento, un cuchillo sierrita, dos tijeras de metal y un teléfono celular.

En otro lugar del domicilio, fueron encontrados envoltorios de papel blanco con una sustancia similar al clorhidrato de cocaína. Se encontró, asimismo, $850.en el interior de una moto Gilera.

Por último y con la colaboración de un perro detector de drogas, se hizo nuevamente un recorrido por el domicilio, con el que se encontró 16 papelitos plegables color blanco que contenían una sustancia amarillenta similar al clorhidrato de cocaína.

Consultado con el Juzgado de Garantías en turno, se dio lugar a la detención de la investigada y al secuestro de los elementos descriptos.

UFINAR requerirá fondos y bienes secuestrados del narcotráfico

El procurador general de Salta, Abel Cornejo, instruyó al fiscal penal a cargo de la UFINAR para que requiera a los jueces intervinientes que los automotores, motocicletas, aeronaves, embarcaciones, máquinas y equipos industriales o agrícolas y el dinero en pesos y divisas extranjeras (secuestradas o decomisadas), sean destinados al Ministerio Público Fiscal. Le corresponde el 30% del total de lo secuestrado, que debe destinarse a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes y gastos que demandan las investigaciones.

El procurador Abel Cornejo y la coordinadora general, Ana Cecilia Carraro, firmaron la Resolución 966, que instruye al fiscal de UFINAR a requerir a los magistrados los bienes y dinero provenientes de secuestros o decomisados, para destinarlos a los fines establecidos en la ley.

La Resolución precisa que la Ley de Presupuesto prorrogada, autoriza al Ministerio Público de la Provincia de Salta a reinvertir los fondos provenientes de “la venta de productos elaborados, bienes en desuso u otros ingresos”, de acuerdo a los procedimientos y metodologías establecidos por la Ley de Contrataciones. También la ley nacional 23737, establece que “El juez… procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión del delito”. Y en Salta, la Ley 7838, dispone que “El Juez de Garantías, a pedido del Fiscal o de parte interesada, dispondrá la entrega en depósito de los bienes secuestrados…”.

Con mayor especificidad para el supuesto de dinero secuestrado, la Ley 7838, modificada por Ley Nº 8.145, prevé que “El Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el treinta por ciento (30 %) del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad para solventar gastos vinculados a las investigaciones llevadas a cabo contra los delitos de su competencia”.

Vale recordar que la Ley 7782, modificada por la Ley 8145 establece que las multas, beneficios económicos, bienes decomisados y/o el producto de su venta se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, y para solventar gastos vinculados a las investigaciones de los delitos previstos por la Ley Nacional 23737.

Para tal fin, se dispuso la apertura de una cuenta bancaria en moneda nacional y otra en dólares estadounidenses, ambas con titularidad del Ministerio Público de la Provincia de Salta, denominada “UFINAR”.
La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) fue creada en 2017, pero nunca dispuso de los fondos o bienes establecidos por el marco jurídico vigente.

Gral. Güemes: investigan procedimiento policial en el que una niña resultó herida

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos tomó intervención ante un episodio ocurrido el pasado sábado en esa ciudad, donde una menor de 6 años de edad resultó herida con una bala de goma tras un procedimiento policial. Hay denuncias cruzadas entre los vecinos y personal policial.

El fiscal penal Santiago López Soto, interino en la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, informó que tomó intervención ante denuncias cruzadas entre vecinos de General Güemes y personal policial, donde resultó herida una menor de 6 años en uno de sus ojos con una bala de goma.

Según pudo conocerse, el pasado sábado, personal policial y en el marco del cumplimiento del DNU Nº 260/2020 y Modificatoria 297/20 “EMERGENCIA SANITARIA”, concurrió a calle Pellegrini de la ciudad de General Güemes, ante la presencia de personas que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Surgió una violenta discusión entre los vecinos que se negaban a acatar el aislamiento preventivo, social y obligatorio y fue subiendo de tono hasta que llegaron refuerzos policiales y se produjeron disparos con balas de goma que provinieron de los efectivos y resultó herida en un ojo la niña de 6 años que observaba el episodio.

La menor fue trasladada a Salta, atendida en el Hospital Público Materno Infantil y dada de alta, porque se diagnosticó una lesión superficial.

El vecino que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública y se resistió a la actuación policial se encuentra detenido y será imputado por la Fiscalía Penal de General Güemes este lunes.

López Soto explicó que desde la Fiscalía de Derechos Humanos se solicitaron diversas diligencias tendientes a esclarecer cómo sucedieron los hechos y evaluar el desempeño de los efectivos que intervinieron.

Investigan el accionar policial en un merendero

El fiscal penal interino de Derechos Humanos, Santiago López Soto, informó que fue abierta una investigación por los hechos que tomaron estado público sobre el accionar de efectivos de la Policía de la Provincia en el merendero “Carita Feliz”, de barrio 26 de Marzo de la capital salteña. No hay denuncia radicada.

Foto: Página 12

Del informe presentado por el personal de la Unidad Especial de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal, se desprende que personal de Motoristas del Sistema de Emergencias 911-Grupo GEDAM participaron en el hecho ocurrido el 30 de marzo, a las 17:45 en relación al Decreto Nacional 297/20 de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El informe indica que tras finalizar con la entrega de alimentos y mientras preparaban el cierre del merendero, se presentó el personal policial en motocicletas, quienes se dirigieron hacia un auto de color blanco estacionado frente al merendero, donde dos hombres escuchaban música.
Mientras los efectivos policiales registraban a ambos, apareció la hermana de uno de ellos, quien al observar la situación sufrió una descompensación por epilepsia.

Una vez que la mujer fue restablecida, los policías notificaron a los presentes sobre las medidas por la cuarentena.
El informe del CIF concluye que en el lugar no hubo personas lesionadas ni demoradas y que tampoco fue realizada ninguna denuncia por los hechos.

Preso cuatro años por vender droga en pleno centro

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público en la audiencia de juicio abreviado contra Carlos Federico Turquini, quien fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Desde la Fiscalía se dispusieron las tareas investigativas y de inteligencia que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para la acusación que comenzaron con un procedimiento realizado el 15 de julio del año pasado, en la intersección de las calles San Juan e Islas Malvinas.

Allí se logró la detención del ahora condenado y el secuestro de 35 gramos de sustancia estupefaciente acondicionada en 128 envoltorios de plástico tipo pipas.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal López Soto indicó que la cantidad secuestrada excedía cualquier parámetro de consumo personal y pudo comprobar la venta de la sustancia por parte del imputado, observada por el personal policial en intersección de calles Tucumán e Islas Malvinas momentos antes de su detención.

A juicio por comercializar estupefacientes en forma organizada

La Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad requirió juicio para cuatro hombres que comercializaban sustancias estupefacientes como banda en esta ciudad. La investigación se inició a partir de una denuncia web. Se realizaron allanamientos donde se logró el secuestro de cocaína, marihuana, semillas de cannabis sativa, dinero y elementos de corte y fraccionamiento.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 en feria para Marcelino Asensio Jeréz, Facundo Echenique Palomo, Fernando Ariel Villafañe y Gonzalo Fernando Palomo por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada ya que pudo determinar que formaban parte de una organización de más de tres personas, con diferentes roles y funciones, dedicada a la preparación, provisión, fraccionamiento, división, guarda y posterior venta de sustancia estupefacientes.

La investigación se inició a partir de una denuncia web que daba cuenta de la actividad ilícita que desplegaban estas personas, comercializando estupefacientes bajo la modalidad delivery.

López Soto dispuso que personal especializado despliegue tareas de vigilancia y de inteligencia en los domicilios de los investigados y reunidos los elementos de convicción necesarios, requirió al Juzgado de Garantías en turno, orden de allanamiento y detención para cuatro viviendas.

Como resultado del cumplimiento de las medidas, se logró el secuestro de cocaína y marihuana dispuesta para su comercialización, plantines y semillas de cannabis sativa, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos de corte y fraccionamiento.

En el requerimiento a juicio, el fiscal señala que a lo largo de la investigación se logró determinar que dentro de la organización, Marcelino Asencio Jerez y Facundo Echenique Palomo tenían la función de conseguir la sustancia estupefaciente y venderla a los distintos consumidores.

Fernando Ariel Villafañe participaba de las tareas de comercialización de la sustancia estupefaciente, mientras que Gonzalo Fernando Palomo tenía la función de resguardarla en su vivienda, ubicada en barrio Docente Sur.

López Soto sostiene que los imputados contaban con un avanzado grado de organización para ejecutar la conducta por la que se formula acusación, quedando clara la división de roles desempeñados por cada uno.

B° Solidaridad: condenado por vender estupefacientes

Héctor «Mono» Banega fue condenado a la pena de 4 años y 2 meses de prisión efectiva por comercializar estupefacientes en la zona Sudeste y por tenencia de un arma de fuego. La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que daban cuenta de su actividad ilícita.

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público ante la Sala IV del Tribunal de Juicio en la audiencia de juicio abreviado contra Héctor Gustavo Banega, «Mono», imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil.

La investigación se inició en 2019 a partir de denuncias anónimas que daban cuenta de la actividad ilícita que desplegaba «Mono» en la zona Sudeste de la ciudad.

Desde la Fiscalía se dispusieron tareas investigativas y de inteligencia que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para su acusación.

El juez Maximiliano Troyano, luego de obtener la confesión del acusado y la aceptación de los hechos endilgados, lo condenó a la pena de 4 años y 2 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Juzgarán a tres mujeres y un adolescente por vender drogas

El fiscal penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, solicitó a la jueza de Garantías de 1ra. Nominación (en feria), el juicio oral y público contra Yésica Verónica Lorena Medina, Valeria Edith Guedilla, Luciano Nahuel Flores y María José Choque, quienes deberán responder penalmente en calidad de coautores por la comisión del delito de comercialización estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada en perjuicio de la salud pública.

La causa se inició a través de una denuncia anónima, radicada a través del sitio https://www.denunciasweb.gob.ar/droga, y se extendió hasta que la UFINAR logró reunir los elementos probatorios que le permitieron concluir que los roles ocupados en la organización se distribuían de la siguiente manera: Lorena Medina, de 39 años, era la encargada de la distribución, compra y venta de sustancia estupefacientes; Choque, de 34 años, colaboraba en la recolección del dinero para adquirir la sustancia y su posterior comercialización y Guedilla, de 31 años, era provista de sustancia estupefaciente por Medina, para luego venderlas al menudeo con la ayuda de su hijo Luciano Nahuel Flores, de 19, quien colaboraba en la venta.

En el requerimiento elevado al Juzgado, López Soto solicitó que se tengan por ofrecidas las pruebas incorporadas al legajo de investigación y que sustentan la acusación, entre las cuales se encuentran declaraciones testimoniales, informes policiales y de allanamientos realizados a los domicilios de los imputados, además de los informes sociales, psicológicos, psiquiátricos y sociaoambientales. Se sumaron los resultados de las pruebas orientativas (narcotest), realizadas a los estupefacientes incautados, con resultado positivo para clorhidrato de cocaína y marihuana.