Santiago López Soto

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en un juicio abreviado en el que el juez de Garantías 2, Ignacio Colombo, condenó a Ricardo Ramón Abán, a la pena de cuatro años de prisión efectiva y el pago mínimo de la multa prevista por ley, y a Silvina Rivaineira, a la pena de dos años y ocho meses de prisión condicional.

Ricardo Ramón Abán fue imputado por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación a las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia, y al ser condenado, el juez le revocó la pena de un año de prisión condicional impuesta en una causa anterior y unificó la pena única de cinco años de prisión efectiva.

En tanto, Silvina Rivaineira fue imputada por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de partícipe secundaria y violación a las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia.

A su vez, se decomisaron los elementos secuestrados y se afectó el 30% del dinero a la cuenta del Ministerio Público Fiscal para el financiamiento de la lucha contra el microtráfico.

Según consta en el legajo, los imputados fueron detenidos tras un procedimiento realizado el pasado 14 de mayo, cuando personal policial pudo observar a la pareja que realizaba el intercambio de dinero por sustancia estupefaciente a bordo de un Volkswagen Gol azul.

La pareja fue interceptada en avenida Asunción, antes de llegar a la rotonda de Los Gauchos, donde se les secuestró la sustancia que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína, fraccionada en 27 envoltorios de polietileno con un peso de 4,4 gramos en total.

Además, un allanamiento realizado en el domicilio del matrimonio situado en Villa Primavera, permitió el secuestro de más cantidad de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína y de elementos para acondicionar el estupefaciente; entre ellos, una cucharilla de metal con cabo de plástico color naranja, dos tijeras, dos cuchillos con la hoja de metal tipo sierrita con cabo de madera con resto de sustancia blanquecina, recortes de bolsas de polietileno color negro y una vela de cera color blanca a medio consumir.

También fue secuestrada una motocicleta Motomel, un teléfono celular y la suma de $73.850 y USD 20.

El fiscal penal López Soto entendió que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que los imputados tampoco pudieron justificar los montos del dinero en efectivo secuestrado.

Con respecto a la violación de las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia, el fiscal destacó que quedó acreditado mediante las tareas de vigilancias realizadas por personal policial, que los imputados circularon por la vía pública en distintas oportunidades y sin la autorización correspondiente, mientras realizaban el intercambio de estupefacientes por dinero, por lo que violaron las medidas dispuestas por la autoridad competente (DECNU 260/2020) para impedir la propagación del coronavirus.

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Florencia Villalba y Cristian Rolando Cuellar, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Surge del requerimiento que la comisión del delito quedó comprobada tras el resultado de un procedimiento realizado el pasado miércoles 6 de mayo en el domicilio de los imputados ubicado en barrio Barrio Palmeritas, donde se logró la detención de los acusados y el secuestro de 28 gramos de sustancia blanquecina que según la prueba de narcotest corresponde a cocaína.

También fueron secuestrados diversos elementos para acondicionar el estupefaciente, como un colador metálico con restos de sustancia, un cuchillo, diferentes envoltorios de color azul y bolsas de color azul, dos teléfonos celulares y la suma de $2740 en efectivo.

El fiscal penal Santiago López Soto consideró que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal y que los acusados tampoco pudieron justificar el origen del dinero secuestrado.

De las tareas de vigilancia realizadas por personal policial pudo advertirse que los imputados Florencia Villalba y Cristian Cuellar entregaban estupefacientes a diferentes consumidores a cambio dinero, mientras que en la fiscalía fueron recepcionadas diferentes declaraciones testimoniales de personas que reconocieron haber comprado estupefacientes en el domicilio allanado.

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 2 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Marta Silvina Rivaineira y Ricardo Ramón Abán, por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y violación a las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia.

Según consta en el requerimiento, los imputados fueron detenidos tras un procedimiento realizado el pasado 14 de mayo, cuando personal policial pudo observar a la pareja que realizaba el intercambio de dinero por sustancia estupefaciente a bordo de un Volkswagen Gol azul.

La pareja fue interceptada en avenida Asunción, antes de llegar a la rotonda de Los Gauchos, donde  se les secuestró la sustancia que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína, fraccionada en 27 envoltorios de polietileno con un peso de 4,4 gramos en total.

Además, un allanamiento realizado en el domicilio del matrimonio situado en Villa Primavera, permitió el secuestro de más cantidad de sustancia blanquecina, que según la prueba de narcotest correspondió a cocaína y de elementos para acondicionar el estupefaciente; entre ellos, una cucharilla de metal con cabo de plástico color naranja, dos tijeras, dos cuchillos con la hoja de metal tipo sierrita con cabo de madera con resto de sustancia blanquecina, recortes de bolsas de polietileno color negro y una vela de cera color blanca a medio consumir.

También fue secuestrada una motocicleta Motomel, un teléfono celular y la suma de $73.850 y USD 20.

El fiscal penal López Soto entendió que la cantidad secuestrada excedió cualquier parámetro de consumo personal, mientras que los imputados tampoco pudieron justificar los montos del dinero en efectivo secuestrado.

Con respecto a la violación de las normas dispuestas para evitar la propagación de una pandemia, el fiscal destacó que quedó acreditado mediante las tareas de vigilancias realizadas por personal policial, que los imputados circularon por la vía pública en distintas oportunidades y sin la autorización correspondiente, mientras realizaban el intercambio de estupefacientes por dinero, por lo que violaron las medidas dispuestas por la autoridad competente (DECNU 260/2020) para impedir la propagación del coronavirus.