En juicio virtual, la condenaron por intentar ingresar drogas a la Alcaidía

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio abreviado en el que la jueza de Garantías 1, Ada Zunino, condenó a Miriam Alejandra Colque, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, por el delito de tentativa de entrega de estupefacientes a título gratuito, agravada. La audiencia de juicio se desarrolló con modalidad virtual.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con un informe policial realizado el 21 de agosto de este año, luego de que efectivos fueran comisionados a la Alcaidía General de la Provincia.

Allí, los efectivos se entrevistaron con una responsable, quien les informó sobre el resultado de un procedimiento de requisa a la penada, cuando fue a visitar a su concubino, alojado en el pabellón B.

Durante el procedimiento, se le secuestró sustancia vegetal disecada acondicionada en 15 envoltorios de polietileno, escondidos dentro de un tupper que contenía papas fritas.

Por lo expuesto, el fiscal entendió que los elementos probatorios recolectados fueron suficientes para acusar a Miriam Alejandra Colque, quien fue imputada por el delito de tentativa de entrega de estupefacientes a título gratuito agravada, por realizarse en el interior de un establecimiento de detención.

Irá a juicio por vender cocaína en su casa

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Carlos Alfredo Domínguez, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que en un domicilio de barrio Ampliación Santa Ana II, una persona identificada como “Cabeza” Domínguez, comercializaba estupefacientes.

Pudo constatarse el 1 de junio la existencia del domicilio mencionado y de entrevistas con vecinos que pidieron mantener el anonimato, pudo conocerse que la persona denunciada era Carlos Alberto Domínguez, de 43 años, que según la base de datos del Gabinete Técnico, tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Además, se documentó que la vivienda era visitada con frecuencia por compradores que adquirían la droga directamente del investigado y que luego se retiraban, llevándosela a la nariz.

En base a los elementos obtenidos, se solicitó autorización al Juzgado de Garantías interviniente para allanar la vivienda del imputado. El 24 de junio se implantó vigilancia en el domicilio, donde se observó la llegada de un hombre en moto, que fue atendido por el investigado y quien le entregó un elemento a cambio de dinero.

El comprador fue interceptado luego en el mismo barrio y se le secuestró un envoltorio de papel de color blanco tipo cartucho, con sustancia en forma de polvo.

Tras esto, los efectivos irrumpieron en el domicilio investigado  en presencia de testigos civiles y al advertir la presencia policial, el imputado subió por una escalera y arrojó fuera de la vivienda, un frasco de plástico negro que quedó tirado y abierto en la vereda.

En el frasco había 38 envoltorios de papel con sustancia estupefaciente, idénticos al envoltorio secuestrado al comprador. Las pruebas de narcotest dieron positivo para cocaína.

Una requisa realizada con un perro antinarcóticos, permitió el secuestro en el patio interno, donde el imputado también intentó escapar, de un envoltorio de papel tipo cartucho de diferentes colores con sustancia blanquecina y de una planta de marihuana.

De la habitación del imputado, se secuestró un cartucho de papel en forma rectangular de diferentes colores con sustancia blanquecina y un envoltorio de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada en forma de picadura.

Además, en un mueble se encontró un frasco de madera con 450 semillas de cannabis y una balanza granera, con capacidad de 10 kilos.

Lo detuvieron con más de un kilo de marihuana en junio y ahora requieren juicio

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a Facundo Emiliano Molina, acusado del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de un acta de procedimiento elevada por el Grupo de Investigaciones de Drogas del Sector 5 A, que puso en conocimiento que el 30 de junio pasado, cerca de las 18 y durante un patrullaje preventivo, efectivos de la motorizada de la Comisaría Quinta, demoraron a una persona con sustancias estupefacientes.

Al llegar a esa comisaría, el oficial responsable se entrevistó con un cabo de DSU, quien le manifestó que en la fecha y hora mencionadas, estuvo de servicio junto a otros dos efectivos y que mientras circulaban por calle Diagonal 9 de Julio, observaron por calle José Paso a dos personas a bordo de una moto negra y roja.

Con el motivo de identificarlos, los efectivos los siguieron por calle Beltrán y los interceptaron en calle Costanera, donde el conductor detuvo la marcha y el acompañante, tras descender, intentó ingresar a una vivienda cerrada.

Tras la identificación, los efectivos le pidieron a uno de ellos que exhibiera lo que tenía en el morral y en ese momento, el imputado escapó, pero fue interceptado en la intersección de las calles Usandivaras y Diagonal 20 de Junio.

Por otro lado, el conductor de la moto se retiró con el vehículo, a pesar de que le habían secuestrado la llave de encendido.

Una vez demorado, Molina, de 23 años, fue requisado y con la colaboración de un testigo civil se le secuestró de un bolso, un envoltorio rectangular con cinta de embalar color ocre, tres terrones grandes, una bolsa de color verde y dos envoltorios de plástico color negro, todos con sustancia vegetal. Además, se le secuestró una netbook con la leyenda “Conectar Igualdad” y una balanza electrónica gramera.

Una vez trasladado el procedimiento a la base de Comisaría Quinta, en presencia del testigo mencionado y del otro sujeto identificado, se realizó el Narcotest sobre la sustancia secuestrada, con resultado positivo para cannabis por un total de 1.321 gramos.

Zona sur: detenido e imputado por repartir cocaína en un remís

El fiscal penal de la Unidad contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, imputó a Carlos Alberto Martín Molina, acusado del delito de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado del procedimiento efectuado en la tarde del miércoles 12 de agosto, que permitió el secuestro de sustancias que el imputado tenía en su poder, pudo establecerse que Molina, de 43 años, vendía estupefacientes bajo la modalidad “delivery”, a bordo de un remís.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron con la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se indicó que un hombre que manejaba un remís gris, comercializaba estupefacientes en los barrios Parque La Vega y Limache.

Un vecino de Parque La Vega, que no quiso aportar sus datos personales por temor a represalias, manifestó que entre las 20 y las 22, solía llegar a la intersección de calles Congo y Celestino Burgos, un remís color gris, conducido por un hombre mayor de edad, que realizaba la entrega de estupefacientes desde el vehículo a los jóvenes que se acercaban.

El martes 7 de julio, a las 20:35, personal policial observó en la esquina mencionada la llegada de un remís Chevrolet Corsa, color gris, conducido por un hombre con características similares a las mencionadas por el vecino.

Cuando el acusado detuvo la marcha del vehículo, se acercó un hombre por el lado del acompañante, quien subió al auto para realizar el intercambio de drogas por dinero. Luego, se acercó otra persona por el lado del conductor, que también realizó con el investigado otro intercambio de sustancia por dinero.

El seguimiento realizado al investigado, permitió determinar que residía en un inmueble de bario Santa Ana I. De entrevistas con vecinos de este último barrio, surgió el nombre del acusado.

Efectivos policiales también observaron la llegada constante de personas a ese domicilio, que ingresaban y salían luego de unos minutos.

Por otra parte, al realizarse la exploración de la Red Social Facebook, surgió de un grupo de vecinos de la zona sur, una publicación que también afirmaba que el remisero vendía droga a muchos “pibes que se sentaban a esperar en la oscuridad”.

Tras esto, fue solicitada al Juzgado de Garantías interviniente, la orden de allanamiento para el domicilio de barrio Santa Ana y la orden de requisa y secuestro del vehículo Chevrolet Corsa.

Durante un seguimiento realizado el miércoles 12 de agosto, cerca de las 18, cuando Molina regresaba a la zona sur de la Ciudad de Salta por avenida Paraguay en sentido Norte-Sur, a bordo del remís, el acusado detuvo su marcha en un semáforo de Parque la Vega, donde fue detenido por personal policial.

Sin embargo, teniendo en cuenta el lugar, los efectivos policiales optaron por desplazarse al domicilio del detenido de barrio Santa Ana I, donde iniciaron la requisa del vehículo, en cuyo habitáculo de la puerta del conductor, encontraron un bolso de cuero con 91 envoltorios de polietilieno con sustancia blanquecina en forma pulvurenta.

Durante una requisa, a Molina se le encontró un teléfono celular. Por último, se encontró en el domicilio del investigado, la suma de $ 20.360 y otro teléfono celular.

La prueba de narcotest realizada a la sustancia encontrada, arrojó resultado positivo por cocaína, por un total de 13 gramos, por lo que Molina fue detenido.

Irá a juicio por vender drogas en un comedor de barrio Gauchito Gil

El fiscal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputada a Mabel Estela Avilés, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por cometerse en un centro asistencial.

La mujer, de 36 años, fue imputada luego de las tareas de investigación y vigilancia realizadas por personal policial y los elementos obtenidos mediante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente en el domicilio de la acusada y donde funciona el merendero y comedor, en la zona sudeste de la capital.

Durante la investigación, se constató que Avilés tenía a su disposición sustancia estupefaciente que vendía a diferentes consumidores, y dinero en efectivo producto de la actividad ilícita que realizaba.

Las actuaciones comenzaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, la que se precisó que en el merendero “Los Ángeles del Gauchito Gil”, del barrio homónimo, la imputada comercializaba sustancia estupefaciente.

Las tareas de vigilancia permitieron constatar con fotografías y filmaciones que distintas personas intercambiaron dinero por estupefacientes.

Se sumaron testimonios de vecinos, quienes aseguraron que en el lugar también se venden bolsones de mercadería que son entregados en donación para el merendero.

A partir de esa afirmación, el fiscal López Soto dio intervención a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, para que investigue la posible comisión de delitos en torno a las donaciones.

En el marco de la investigación, a una de las personas que compró se le secuestraron seis envoltorios de polietileno, con sustancia blanquecina en forma pulverulenta. Y durante el allanamiento, en el domicilio se incautó un frasco con 161 envoltorios con la misma sustancia; $2.060 en efectivo y dos teléfonos celulares. El narcotest dio resultado positivo para cocaína, con un pesaje total de 11.7 gramos.

Drogas: en julio imputaron a una banda de Villa Los Sauces; ahora piden juicio

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, requirió ante el Juzgado de Garantías 7, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputados a Ramón Guerrero Camisay, Luis David Cala Guaymás, Cristian Alejandro Pérez y Gimena Belén Guerrero, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 22 de julio, pudo determinarse que los imputados formaban una organización que tenía a su disposición sustancia estupefaciente que destinaba a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, que indicó que en un inmueble ubicado en calle García Lorca, de Villa Los Sauces, vendían sustancias estupefacientes de manera continua.

Vecinos de la zona que no quisieron identificarse por temor a represalias, manifestaron que uno de los vendedores de estupefacientes era un tal Luis, alias “Cascarudo”, quien posteriormente fue identificado como Luis David Cala Guaymás.

Se pudo constatar que en el mismo domicilio también residía Cristian Alejandro Pérez, quien ya tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Posteriormente, otro vecino, que tampoco quiso identificarse por temor a represalias, expresó que otro individuo que también se encargaba de vender estupefacientes era Ramón Guerrero, quien recientemente había recuperado la libertad, tras ser detenido por infracción a la ley 23.737.

También indicó que éste participaba de las maniobras junto a su hija Gimena y que ambos residían en un domicilio ubicado en calle Juan XXIII.

Para completar la investigación, se realizó consultas con el Sistema del Ministerio Público y se advirtió la existencia de denuncias anónimas que indicaban que la hija de Ramón Guerrero Camisay también vendía drogas, posteriormente identificada como Gimena Belén Guerrero.

Con la información recabada tras tareas de vigilancia, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento para los domicilios, el secuestro y la detención de los mencionados.

Madre, hija y yerno vendían drogas en barrio La Paz

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Nahuel Jonathan Exequiel Lescano, Irma Graciela Cruz y Brisa Noelia Cruz, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado del allanamiento realizado el 31 de julio, con el que se logró el secuestro de sustancias, pudo determinarse que los acusados formaban parte de una organización que tenía a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, en la que se advirtió que vendían drogas en un domicilio de barrio La Paz.

En el inicio de la investigación, se confirmó que las imputadas Irma Graciela Cruz, de 54 años y su hija Brisa Noelia Cruz, de 20, residían en el domicilio denunciado y que la primera acusada tenía antecedentes por infracción a la ley N° 23.737.

Además, vecinos de la zona que no quisieron aportar datos personales por temor a represalias, manifestaron que en el domicilio señalado, residía una mujer llamada Irma que hace muchos años vendía droga. Manifestaron que su hija la ayudaba con la comercialización de las sustancias, junto con la pareja de ésta última, Nahuel Lescano, de 22 años.

En el avance de la investigación y con el objeto de recabar mayores elementos probatorios, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento y detención de los acusados.

Durante el procedimiento, se encontró en el dormitorio de Brisa Cruz y Nahuel Lescano, un envoltorio con 30 semillas cannabis sativa. En tanto, en el dormitorio de Irma Cruz, fueron encontrados 87 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. La prueba de narcotest arrojó resultado positivo por cocaína. También fueron secuestrados distintos elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, fraccionadotes, cuchillos y velas.

Desbaratan una banda familiar que vendía droga en Juan Pablo II

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Lucas Exequiel Mancilla, Lorena Rocío Belén Cari, Maximiliano Darío Cari y Diego Armando Cari, acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación de tres o más personas.

En base a los elementos obtenidos tras las tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de un allanamiento realizado el 23 de julio (que permitió el secuestro de sustancias acondicionadas para la venta y dinero en efectivo) pudo acreditarse que los acusados tenían estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron con la recepción de una serie de denuncias anónimas registradas en la página Web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los acusados vendían drogas durante las 24 horas en un inmueble de barrio Juan Pablo II y que Lorena Rocío Belén Cari, usaba a su bebé recién nacido como “escudo”, para hacer la entrega de las sustancias ilegales.

Tras diversas tareas investigativas y con el propósito de recabar mayores elementos probatorios, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento y detención de los nombrados.

El 23 de julio, cerca de las 18, personal policial irrumpió en el domicilio y detuvo a Lucas Mancilla, quien intentó escapar. Dentro del domicilio, también fueron detenidos Maximiliano Cari, Cristian Cari, Diego Cari y Lorena Cari. 

Al realizar la requisa corporal, a Lucas Mancilla se le encontró un envoltorio de papel color blanco con sustancia blanquecina pulverulenta tipo “cartucho” y la suma de $930, mientras que a Maximiliano Cari se le encontró un total $1430.

En tanto, a Lorena Cari, se le encontró un envoltorio de papel con sustancia blanquecina pulverulenta tipo “cartucho” y la suma de $1200.

La requisa domiciliaria permitió el secuestro de otros 42 envoltorios de papel con sustancia blanquecina pulverulenta tipo “cartuchos”, cuatro plantines de cannabis sativa, tres teléfonos celulares, una tablet y la suma de $20.200.

Imputaron a una pareja que vendía drogas en Nueva Esperanza

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia Belén Durán, acusados de los delitos de tenencia de estupefacciones con fines de comercialización.

Con los elementos obtenidos de las tareas de vigilancia realizadas por el personal policial y el resultado del allanamiento realizado el pasado jueves 23 de julio, en el que se logró el secuestro de sustancia acondicionada para la venta, una balanza y dinero en efectivo, pudo acreditarse que los imputados tenían a su disposición estupefacientes que destinaban a la venta.

Las actuaciones iniciaron con la recepción de varias denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se indicó que los acusados vendían droga, tanto de día como de noche y que hacían delivery en motos enduro con las que esquivaban los controles policiales puestos por la cuarentena y atravesaban los ríos y vías de Solís Pizarro.

Con la información recabada en el transcurso de la investigación, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento, el secuestro y la detención de los imputados.

A las 22:16 del 23 de julio,  los efectivos policiales arribaron a la vivienda investigada y detuvieron a Jorge Marcos René Garvizu y Noelia María Belén Durán.

Al requisar a la imputada, se le encontró la suma de $600, mientras que al imputado se le encontró una billetera con la suma total $5.020 y un celular.

Cuando se realizó el registro domiciliario, Durán entregó 18 envoltorios de polietileno con sustancia vegetal disecada amarronada en forma compacta y 11 envoltorios de polietileno con sustancia blanquecina pulverulenta. También entregó en mano la suma un total de $9.250. En el patio externo del inmueble se encontró una rejilla metálica (tipo colador) y una moto Yamaha 110 cc.

Por último, de una habitación se secuestraron varios teléfonos celulares y una balanza electrónica blanca.

Desbaratan una banda que vendía drogas en Villa Los Sauces

El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó a Ramón Guerrero Camisay, Luis David Cala Guaymás, Cristian Alejandro Pérez y Gimena Belén Guerrero, acusados del delito de tenencia de estupefaciente con fines de comercialización agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.

En base a los elementos obtenidos de tareas de vigilancia realizadas por personal policial y el resultado de los allanamientos realizados el pasado 22 de julio, pudo determinarse que los imputados formaban una organización que tenía a su disposición sustancia estupefaciente que destinaba a la venta.

Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto iniciaron tras la recepción de una denuncia anónima registrada en la página web del Ministerio Público Fiscal, que indicó que en un inmueble ubicado en calle García Lorca, de Villa Los Sauces, vendían sustancias estupefacientes de manera continua.

Vecinos de la zona que no quisieron identificarse por temor a represalias, manifestaron que uno de los vendedores de estupefacientes era un tal Luis, alias “Cascarudo”, quien posteriormente fue identificado como Luis David Cala Guaymás.

Se pudo constatar que en el mismo domicilio también residía Cristian Alejandro Pérez, quien ya tenía antecedentes por infracción a la ley 23.737.

Posteriormente, otro vecino, que tampoco quiso identificarse por temor a represalias, expresó que otro individuo que también se encargaba de vender estupefacientes era Ramón Guerrero, quien recientemente había recuperado la libertad, tras ser detenido por infracción a la ley 23.737.

También indicó que éste participaba de las maniobras junto a su hija Gimena y que ambos residían en un domicilio ubicado en calle Juan XXIII.

Para completar la investigación, se realizó consultas con el Sistema del Ministerio Público y se advirtió la existencia de denuncias anónimas que indicaban que la hija de Ramón Guerrero Camisay también vendía drogas, posteriormente identificada como Gimena Belén Guerrero.

Con la información recabada tras tareas de vigilancia, se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente la orden de allanamiento para los domicilios, el secuestro y la detención de los mencionados.