La Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género 1 solicitó al Juzgado de Garantías que allane un domicilio en barrio Solís Pizarro. Geria tomó la decisión luego de que la Unidad Especial de Investigaciones del CIF investigara una denuncia por maltratos y cautiverio
La fiscala Penal N° 1 de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria, solicitó al Juzgado de Garantías ordene el allanamiento de una vivienda de barrio Solís Pizarro, en la zona oeste de la ciudad, a fin de verificar el estado de salud y resguardar la integridad psicofísica de dos adultos mayores con discapacidad.
Luego de que el Juzgado hiciera lugar al pedido, los abuelos –M., una mujer de 67 años y G., un hombre de 73- fueron hallados y puestos bajo la tutela del Estado. Como resultado de las actuaciones y tras un trabajo articulado entre la Fiscalía Penal y la Secretaría de Adultos Mayores de la Provincia, los adultos mayores se encuentran alojados en un geriátrico y se les están practicando distintos exámenes médicos.
El pasado diciembre, Mercedes G. -hermana de M y G- efectuó una denuncia en la Comisaría 102 de barrio La Lonja asegurando que desde hacía cinco años no sabía nada de sus hermanos y que presumía que otra hermana, de nombre A., los tenía secuestrados. Además, afirmó que años atrás ya había radicado la misma denuncia sin obtener respuestas.
La causa fue remitida a la Asesoría de Menores e Incapaces que, a su vez, a comienzos de marzo de 2021, la remitió a la Procuración General de la Provincia, en donde la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N° 1 inició las actuaciones.
A fin de determinar el estado de salud de M y G y verificar si eran víctimas de violencia, malos tratos o falta de cuidado, la fiscala Claudia Geria convocó a la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
Luego de varios días de investigación, la UEI elevó un informe a Geria, en el que constaban las declaraciones de distintos vecinos que aseguraban que M y G vivían con A., aunque hace tiempo no se los veía. Asimismo, los vecinos declararon que, desde la vivienda, se escuchaban gritos, sin poder precisar de quién serían ya que en el domicilio también viven un hijo de A. con discapacidad y otro, con antecedentes penales por abuso sexual.
Reunidas las pruebas, la fiscala Penal N° 1 de Violencia Familiar y de Género, elevó al Juzgado de Garantías el pedido de allanamiento y el secuestro de: tickets y constancias que hubiera en torno al pago de préstamos a nombre de los damnificados; recetas e indicaciones médicas; medicación no autorizada o prescripta profesionalmente; constancias de salud que acrediten el estado de salud o atención médica del último tiempo; y documentos personales de los damnificados que se encuentren en poder de la denunciada y/o sus familiares, para ser entregados a las víctimas o a sus familiares.
Además, Geria solicitó que se realice una inspección ocular en el lugar donde se encontraban M y G a fin de determinar si se encontraban privados de su libertad o si tenían libre circulación, tanto dentro del hogar como hacia el exterior.
Por último, la Fiscala solicitó a la Asesoría de Menores e Incapaces que tome intervención en el caso.
