Caso Peñalva: 25 oficios presentados durante la feria extraordinaria

Los fiscales penales, Pablo Alejandro Rivero y Ramiro Ramos Ossorio, elevaron 25 oficios con solicitudes a la jueza de la Sala VI del Tribunal de Juicio con competencia en Transición, Mónica Mukdsi. Además, el Ministerio Público Fiscal puso a disposición de la magistrada un equipo de investigadores de la Dirección de Investigaciones del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

A partir de los informes producidos, en una primera instancia por los equipos de investigación de la División Homicidios del CIF, y luego, por los integrantes de la Dirección de Investigaciones del mismo cuerpo; los equipos de investigación presentaron a la jueza Mukdsi los informes de intervención de la causa y elevaron 25 oficios de pedidos de informes de telefonía celular. Del total, tres se refieren al record de antenas y otro, a la cobertura de antenas de telefonía celular en la zona de cobertura donde se movilizaron las jóvenes y fueron hallados sus cuerpos. Los informes se sumarán al análisis integral de telefonía de la causa, y se espera que aporten mayores precisiones, dados los avances tecnológicos disponibles en las empresas proveedoras de servicios telefónicos.

Los fiscales informaron que el mismo día que fueron presentados los pedidos, la jueza los firmó y remitió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; que auxilia en causas complejas y de crimen organizado con instrumentos de análisis criminal en materia de telecomunicaciones desarrollados por la Oficina de Captación de Comunicaciones.

Por otra parte, el nuevo equipo de investigadores que trabaja exclusivamente para la causa, fue puesto a disposición de la magistrada por los fiscales durante la feria extraordinaria, que regirá hasta el 26 de abril próximo. Recordemos que la feria fue prorrogada por disposición del procurador general de la provincia, Abel Cornejo, quien adecuó el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal a la decisión del gobierno nacional de continuar el aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19.

La intervención de los fiscales penales se produce en el marco de la investigación llevada a cabo por la jueza Mónica Mukdsi, en la causa originaria del ex Juzgado de Instrucción Formal 3, caratulada “Muerte dudosa en perjuicio de Nüesch, Yanina y Peñalva, María Luján”.

El lunes 16 de julio de 2012, Yanina Nüesch y Luján Peñalva, de 16 y 19 años, respectivamente, aparecieron sin vida. Las encontraron colgadas con una misma soga en un árbol de un descampado de la zona sur de la ciudad. Habían desaparecido dos días antes.

Le dispararon con una escopeta, lo abandonaron y huyeron

La fiscalía penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, investiga el intento de homicidio en perjuicio de un hombre que fue herido con una escopeta en el pecho y un ojo.

Un hombre mayor de edad fue hallado la noche del domingo con heridas de arma de fuego en un sector del paraje Pozo La Línea, camino de Balbuena, en la zona ubicada a pocos kilómetros al norte de Coronel Cornejo, en del departamento San Martín.  Por las dificultades de los caminos, la ambulancia no pudo llegar hasta el lugar exacto donde se encontraba el hombre, quien fue retirado por su hermano en un vehículo de doble tracción. Luego, lo acercó hasta la ambulancia ubicada en un camino aledaño y desde allí, al hospital de Tartagal.

La víctima, quien presenta heridas de perdigones en el tórax y otra en el ojo izquierdo, se encuentra fuera de peligro, pero será trasladada al hospital de San Ramón de la Nueva Orán, para el tratamiento de la lesión en el ojo.  

Los efectivos de la fiscalía GAP y de la Comisaría 44 ingresaron a la zona rural para buscar a los causantes, todavía sin resultados.

Conforman una unidad especial para investigar una denuncia contra la Policía de la Provincia

A través de la resolución 971, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal de Colaboración para la Investigación de la Causa Penal AP 643/20 – Comisaría 15, San Remo. La investigación se basa en una denuncia por posible maltrato hacia una oficial de la Policía de la Provincia.

A la Unidad Fiscal de Colaboración, la integran los fiscales penales Horacio Córdoba Mazuranic, Ramiro Ramos Ossorio y Pablo Paz, quienes asumirán el trámite de la causa en cuestión.

El Procurador adoptó las medidas que permitan un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y de esa forma, favorecer la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar.

La conformación de la Unidad de Colaboración se basa en las disposiciones reglamentarias para optimizar el funcionamiento de las Fiscalías Penales; el artículo 166 del Constitución Provincial; el artículo 82 inc. c) de la Ley N° 7690 y sus modificatorias; el art. 32 de la Ley N° 7328.

La denuncia contra la Jefa de Policía de la Provincia y otra oficial, ambas presentes en la supervisión de un operativo desarrollado  el 5 de abril pasado sobre avenida Paraguay y en el que participaba la denunciante, indica que la primera habría ejercido “abuso de autoridad en contexto laboral; violación de los artículos 19, 14 bis y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; de los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y leyes como las de Antidiscriminación y de Contrato de Trabajo, como así también  de la Ley Nacional 24685, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y Ley Provincial 7888”. También se las acusa de abandono de persona en perjuicio de la denunciante.

Luego de los hechos de posible maltrato denunciados, la mujer resultó  con pérdida de conocimiento por varias horas y recibió asistencia profesional en instituciones públicas y privadas.

Crédito: Télam

Se negó a declarar la funcionaria de Santa Victoria Este

La Fiscalía Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó a provisionalmente a Mercedes Susana Ávila, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora. Asistió acompañada de una defensora particular.

La mujer, quien informó que presta servicios al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia desde diciembre pasado, aclaró que lo hace “en cualquier servicio que le solicite” la cartera mencionada, se abstuvo de declarar este lunes en el marco de la investigación iniciada en enero pasado, a instancias de las actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia de Salta. La investigación sigue en trámite.

Durante la audiencia de imputación, a la acusada se le hicieron conocer los elementos de convicción agregados a la investigación; se le leyeron los hechos por los cuales se la imputa y la participación que se le atribuye y que consta en el decreto de imputación, que indica que “en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo pasado”, se dirigió a la vivienda de una familia, ubicada en Vertientes Chicas, a 30 kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, “cuyo hijo de un año de edad, había fallecido”.

En esa visita, la funcionaria entrevistó a los padres del bebé fallecido y constató que otra hija, de cinco años de edad, “se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitró los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este, sea con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció el 26 de marzo, consignándose como causa de fallecimiento shock séptico, en el certificado de defunción”.

Feria extraordinaria: fiscales y auxiliares afectados hasta el 26 de abril

En concordancia con el DNU 355 del Poder Ejecutivo Nacional, que extendió el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 26 de abril próximo, el procurador general, Abel Cornejo dispuso la prórroga de la feria extraordinaria. Regirá desde la hora cero del lunes 13 de abril y hasta el 26 de abril inclusive, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta.

La Resolución 970 establece que se mantendrá vigente el esquema de trabajo establecido en resoluciones anteriores y aprueba  la nómina de fiscales, funcionarias y funcionarios que prestarán servicios hasta el 26 de abril. La novedad fue notificada por todos los medios disponibles (vía telefónica, email, WhatsApp, página web y otros).

A partir de la declaración de Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19; los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, las Resoluciones del Colegio de Gobierno y de la Procuración General, Cornejo dispuso distintas medidas tendientes a preservar la salud del personal y aseguró la prestación del servicio de justicia. Se generó un sistema de guardias en toda la provincia; se priorizó el trabajo remoto y se dispuso el uso del teléfono oficial durante las 24 horas.

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO

Fiscalía Civil, Comercial y Laboral Nº 1 y N°2 y Fiscalía de Cámara, Civil, Comercial y Laboral

Michel Cullen, Ramiro

Secretaria letrada

Dávalos, Marcela Verónica

Fiscalía de Corte Nº 1 y 2

Sylvester, Eduardo Alberto

Secretaria letrada

Figueroa Jerez, Ximena Leonor

Fiscalía de Impugnación Nº 1, 2 y 3

Akemeier, Guillermo Gustavo

Auxiliar fiscal

Villagra, Diego

Fiscalía Penal de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 1, 2 y 3

Ramos Ossorio, Ramiro Hernán

Auxiliar fiscal

Alonso, Nicolás

Unidad de Graves Atentados Contra las Personas

Salinas Odorisio, Ana Inés

Auxiliar fiscal

Alonso López, Nicolás Antonio

Fiscalía de Derechos Humanos – UDEC- UFINAR

López Soto, Santiago

Auxiliar fiscal

Medina, Cristian Elio

Espilocín, Daniel (UFINAR)

Sumariante

Balbi, Federico (UFINAR)

UNICROH-Coordinación de Fiscales

Rivero, Pablo Alejandro

Auxiliar fiscal

Medina, Christian Elio

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº1 y 3°

Dávalos, Gabriela Raquel

Auxiliar fiscal

De la Cuesta, María Mercedes

Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N° 2

Ramos Ossorio, Ramiro Hernán

Auxiliar fiscal

Terán, Sebastián Marcelo

Fiscalía Penal de Violencia familiar y de Género N° 4

González, Gabriel Alejandro

Auxiliar fiscal

Terán, Sebastián Marcelo

Fiscalía Penal Cerrillos y Fiscalía Penal Rosario de Lerma

Jovanovics Torino, Federico

Auxiliar fiscal  

Saravia Falcón, Daniela Lorena

Fiscalía Penal Güemes

González, Gabriel Alejandro

Auxiliar fiscal

Jovanovics, Macarena

Fiscalía Civil y Penal Cafayate – Delegación Fiscalía Penal Cachi

Rojas, Sandra Graciela

Auxiliares fiscales

Costelo, Joaquín Nicolás

Juárez Mattar, María de los Ángeles

Sumariante

Palacios, Luciana

Fiscalía Penal Nº 1, 3 y 5.

Buabse Gabriela, María

Auxiliares fiscales

Saravia Falcón, Daniela

Jovanovics, Macarena

Villagra, Diego Alberto

Fiscalías Penales Nº 2, 4 y 6

Molinati, Juan Marcos Ezequiel

Auxiliares fiscales

Saravia Falcón, Daniela

Jovanovics, Macarena

Villagra, Diego Alberto

Jorge Royo, María Fernanda

Unidad Fiscal Contravencional

Buabse Gabriela María

Secretario letrado

Marchetti, Martín Ezequiel

Fiscalía Penal de Menores Nº 1 y 2 y Fiscalía de Transición

Hernández de Guillén, Irma Carolina

Oficina de Orientación y Denuncia

Profesionales – Savic

Cari, Blanca Graciela

Cámara de Observación – Salta

Sumariante

Albarracín, Mariano Federico

Centro de mediación

Gallagher, Luis

DISTRITO JUDICIAL SUR – METAN Y ROSARIO DE LA FRONTERA

Fiscalía Civil, Comercial, Penal y Laboral N° 1, N° 2 y Fiscalía Violencia familiar y de Género Metán – Fiscalía Penal Rosario de la Frontera

López Ibarra, Oscar Alfredo

Auxiliares fiscales:

Leavy, Juliana (Metán)

Salas, Claudia Carolina (Rosario de la Frontera)

SAVIC

Guerrero, María Eve

Fiscalía Penal – Joaquín V. González

Fuentes, María Sofía Guiomar

Zigarán Yonny Elizabet

Auxiliares fiscales

Moyano, María Luciana (Lajitas)

Savall, Soto Rolando (Quebrachal – Apolinario Saravia)

DISTRITO JUDICIAL – ORÁN

Fiscalía Penal GAP y Fiscalía de Violencia Familiar y de Género

Carreras, Claudia María Cecilia

Auxiliares fiscales:

Moricio, Ramiro (GAP)

Martorell, Sebastián Ariel (VFG)

Fiscalía Penal Nº 1, Fiscalía Penal N° 2, Fiscalía Penal N° 3 y Fiscalía Civil, Comercial y Laboral

Murúa, Alda Daniela

Auxiliar fiscal

Guerra Abregú, Rodrigo Baltazar

Fiscalía Penal Pichanal

Fuentes, María Sofía Guiomar

Auxiliar fiscal

González, Rogelio

SAVIC

Mercado, Soledad

DISTRITO JUDICIAL TARTAGAL

Fiscalía Penal Nº 1, Fiscalía Penal N° 2, Fiscalía Graves Atentados Contra las Personas. – Fiscalía Violencia Familiar y de Género

Martínez, María Lorena

Auxiliar fiscal

Baigorria, Jimena Liliana

Fiscalía Civil, Comercial y Laboral

Vélez Román, Rosa Graciela

Secretaria letrada

Britez, Betiana Gisel

Fiscalía Penal Embarcación

Souto, Gabriela Alejandra

Auxiliar fiscal

David Cabral, Valeria Alejandra

Fiscalía Penal Salvador Mazza

Cazón, Jorge Armando

SAVIC

Maidana López, Andrea Carina

Cuarentena: 15 denuncias diarias por violencia de género desde el inicio del aislamiento

Desde que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio de la población, el viernes 20 de marzo y hasta el 7 de abril pasado, el Ministerio Público Fiscal de Salta recibió 270 denuncias por violencia de género.  La mayoría se concentran en el Distrito Judicial del Centro. También se denunciaron delitos informáticos de contenido sexual.

Un total de 270 denuncias por violencia de género fueron radicadas en fiscalías de todo el territorio provincial, desde el 20 de marzo pasado y hasta el martes 7 de de abril, inclusive. Del total, 154 corresponden al Distrito Judicial Centro;  40 al Distrito Judicial Tartagal, 32 al Distrito Judicial Orán; 27 al Distrito Judicial Sur – Metán, y 17 al Distrito Judicial Sur – J.V. González.

Discriminación por Distritos

En el Distrito Judicial Centro – Salta, (que comprende los departamentos Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, y los municipios Santa Victoria Oeste y Nazareno del departamento Santa Victoria y el municipio Iruya del departamento homónimo), la discriminación por fiscalías fue la siguiente:   

  • Capital: 127
  • Rosario de Lerma: 11
  • Cerrillos: 9
  • El Carril: 5

En el Distrito Judicial Centro – Cafayate, que comprende los departamentos Cafayate y San Carlos:

  • Cafayate: 2

En el Distrito Judicial Tartagal (que comprende el departamento San Martín y los municipios Santa Victoria Este y Rivadavia Banda Norte del departamento Rivadavia), las denuncias se dividieron de esta forma:

  • Tartagal: 33
  • Embarcación: 5
  • Salvador Mazza: 2

En el Distrito Judicial Orán, (que comprende el departamento Orán, el municipio Rivadavia Banda Sur del departamento Rivadavia, el municipio Los Toldos del departamento Santa Victoria, y el municipio Isla de Cañas del departamento Iruya), las denuncias se radicaron en este orden:

  • Orán: 25
  • Pichanal: 6
  • Colonia Santa Rosa: 1

En el Distrito Judicial Sur – Metán, comprendido por los departamentos Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria:

  • Rosario de la Frontera: 10
  • Metán: 17

Finalmente, en el Distrito Judicial Sur – J.V. González, que comprende el departamento Anta, las denuncias se radicaron en este orden:

  • Joaquín. V. González: 8
  • Apolinario Saravia 6
  • El Quebrachal: 1
  • Las Lajitas: 2

Grooming y otros delitos sexuales

En otro sentido, del 20 de marzo al 8 de abril inclusive, las fiscalías recibieron 19 denuncias por Grooming y delitos sexuales a caratular.

Del total, 5 fueron por Grooming (4 radicadas en el Distrito Judicial del Centro y 1 en el de Orán); y otras 14, por delitos sexuales a caratular (vinculados con el uso de herramientas informáticas). De esas 14 denuncias, 10 se radicaron en fiscalías del Distrito Judicial del Centro; 3 en el de Tartagal y 1 en el de Metán.

El Grooming es un delito penal descripto en la Ley 26.904, y que incorpora al Código Penal el artículo 131, que establece que “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Crédito: Télam

Primera imputación por fallecimiento de menores en el norte provincial

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, imputará provisionalmente a una funcionaria por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autora. La imputación se realizará en el marco de la investigación iniciada por el fallecimiento de al menos trece menores fallecidos en enero pasado, en los departamentos San Martín y Rivadavia. El Ministerio de Salud informó al fiscal sobre otras 12 muertes, ocurridas en febrero pasado.

La intervención de la Fiscalía Penal de GAP de Tartagal comenzó en enero pasado, a instancias de las actuaciones remitidas por la Procuración General de la Provincia de Salta. La investigación sigue en trámite.

Esta semana, el fiscal Cabot decidió imputar a una funcionaria que se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, quien “en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo pasado”, se dirigió a la vivienda de una familia, ubicada en Vertientes Chicas, a 30 kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, “cuyo hijo de un año de edad, había fallecido”.

En esa visita, la funcionaria entrevistó a los padres del bebé fallecido y constató que otra hija, de cinco años de edad, “se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitró los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este, sea con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció el 26 de marzo, consignándose como causa de fallecimiento shock séptico, en el certificado de defunción”.

La audiencia de imputación se concretará el lunes 13 de abril.

Se investigan 25 muertes

En relación a los trece menores cuyo fallecimiento fue informado oportunamente (Ver más: Investigan la causa de muerte de trece menores en el norte), el fiscal remitió oportunamente la documentación (historias clínicas y otros), al plantel médico del CIF Orán, a fin de que determinaran si tales fallecimientos se relacionan con cuadros de desnutrición o deshidratación. El informe final se conocerá en breve.

Sin embargo, la directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud Pública, Susana Velazco, remitió en marzo pasado el listado con la información de otros doce menores fallecidos, pero durante febrero.  De los doce casos informados en esta oportunidad, ocho corresponden al Distrito Judicial Tartagal y cuatro, al Distrito Judicial Orán. En esos casos, también se dará intervención a la fiscalía de Orán.

La nueva documentación también será remitida a las médicas del CIF-Orán, con el mismo pedido de precisión de causa de muerte que se requirió para los primeros trece casos.

El MPF y la Fundación Cintia Fernández capacitan sobre investigación y litigio de femicidios

La capacitación virtual sobre el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios) – UFEM”, propuesta por la Fundación Cintia Fernández, será dictada este viernes 10 de abril, desde las 17, a través del canal oficial de YouTube del Ministerio Público Fiscal. Fue declarada de interés por el Procurador.

En 2019, la Procuración General  aprobó en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios)” confeccionado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General de la Nación. (Ver más: Fiscales de Salta adoptan el Protocolo de femicidios de la UFEM y ONU)

Por ello, resulta de especial interés para el organismo el intercambio de experiencias y conocimientos que se producirán en este tipo de capacitaciones, cuya plataforma virtual se encuentra al alcance de todos los magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal; y el público en general que esté interesado en la temática.

La capacitación propuesta por la Fundación Cintia Fernández, a través de la disertación de la abogada Gabriela Rodríguez, integrante del Comité de Evaluación de Femicidios y Transfemicidios y Violencia de Género, y la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, fue declarada de interés del Ministerio Público Fiscal de Salta, a través de la Resolución 968, firmada por el procurador Abel Cornejo y la coordinadora general, Ana Cecilia Carraro.

La capacitación virtual sobre el “Protocolo para la Investigación y Litigio de Casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios) – UFEM”, se ofrecerá este viernes, desde las 17, a través del Canal Oficial de YouTube, https://www.youtube.com/channel/UCJTsCn0xbkniaFIIx1iQrTA

Emergencia: El MPF donará equipamiento al hospital Papa Francisco

El procurador general de Salta, Abel Cornejo, resolvió que se realice una donación con cargo al hospital Papa Francisco. Se trata de equipamiento para un lavadero que podrá ser utilizado por todos los hospitales de la capital una vez superada la emergencia sanitaria actual. Los fondos para comprar el equipamiento saldrán de los incautados en causas de microtráfico. Se informará a la Auditoría General. Por qué el Procurador rechaza las colectas.

La donación con cargo, de $ 2.100.000, será destinada exclusivamente a la compra de una lavadora de ropa; una centrífuga pendular; un secador rotativo y una planchadora cubeta, para el funcionamiento de un lavadero que será de utilidad tanto para el Hospital como para el Centro de Convenciones, ambas instituciones designadas como Centros de Referencia para el tratamiento del Covid-19 en la provincia de Salta.

El cargo está sujeto a que una vez finalizado el periodo de emergencia epidemiológica, los bienes adquiridos deberán ser destinados exclusivamente para el uso de los hospitales públicos de la capital.

En la Resolución 967, Cornejo también instruyó a la Dirección de Administración a transferir los fondos a la cuenta que brinde la entidad beneficiaria e instruyó al fiscal penal a cargo de la UFINAR, a fin de que solicite a los juzgados de feria, con carácter de urgente, los libramientos de los fondos dispuestos por Resolución 966. (Ver más). La donación será informada a la Auditoría General de la Provincia.

Por qué equipamiento para hospitales y no donaciones en efectivo

La defensa de los intereses generales de la sociedad constituye una de las misiones más trascendentales del Ministerio Público Fiscal, según lo establece la Constitucional de la Provincia de Salta; y la salud y seguridad de la comunidad salteña resultan hoy ser bienes jurídicos de prioritario resguardo constitucional. Por ello, el Ministerio Público Fiscal de Salta, en su condición de representante del interés social, puede movilizar los recursos humanos y materiales que sean necesarios para responder a situaciones de contingencia.

A partir de la Resolución 966, el fiscal Santiago López Soto ya informó al Procurador el listado de causas con dinero secuestrado.

Vale mencionar que en 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo sobre el destino de bienes decomisados del narcotráfico “que resulta imprescindible establecer como política de Estado consistente, efectiva y coordinada, que todos aquellos bienes provenientes del delito, sean empleados para una finalidad de utilidad pública como lo es la seguridad de la población” y justamente, la seguridad y salubridad de la sociedad salteña hoy requieren medidas extraordinarias.

Transparencia y solidaridad, sin posturas ampulosas ni dadivosas

Afirmó el Procurador que “esta situación de inusitada excepcionalidad obliga a extremar esfuerzos y ponderar la administración de los recursos de una manera equilibrada conforme a la gravedad que la hora exige” y precisamente, por ello, “la transparencia y la solidaridad, aún siendo presupuestos habituales en el desempeño de la función pública, demandan mayores recaudos y como tal conductas apropiadas al uso y destino de fondos que nada tienen que ver con posturas ampulosas o dadivosas, sino con una eficaz ayuda para los organismos de la salud pública que demandan equipamiento con carácter de urgente”.

Cornejo también afirmó que “no se trata de recolectar o formar colectas, sino de atender con premura y responsabilidad a los centros sanitarios que ante una voraz y creciente enfermedad pandémica necesitan aguzar el ingenio y que se los dote de lo mínimo indispensable dentro de un contexto económico paupérrimo”.

Y entendió que para el Ministerio Público Fiscal “las donaciones de sumas de dinero o la incautación de un porcentaje del salario que perciben los trabajadores, lejos de paliar una cuestión apremiante, posibilitan que se generen confusiones o destinos inciertos, cuando el control republicano exige que cualquier destino del erario debe ser debidamente auditado y cotejado con las cuentas para los cuales se los asignó”.

De allí que realizar una compra directa de material para la asepsia de un hospital, es mucho más provechosa y diáfana; máxime si los fondos pertenecen a secuestros de remesas procedentes de causas de microtráfico que no le cuestan al Estado ni un céntimo de su patrimonio, más allá de que de la compra del equipamiento se le dará debida intervención a la Auditoría General de la Provincia, a los efectos que ejercite su competencia.

Otras acciones del MPF para acompañar la Emergencia

Desde que se dictó la Emergencia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Procurador dictó instrucciones dirigidas a acompañar las medidas emanadas de la autoridad sanitaria Nacional y Provincial.

Hoy destacó el compromiso individual y colectivo de todo el personal: de cada uno de los sumariantes, equipos técnicos y operativos informáticos, de investigaciones, de seguridad, empleados, funcionarios y fiscales, afectados a la feria extraordinaria y al sistema de guardias rotativas, para garantizar la prestación efectiva del servicio de justicia.

También resaltó que el Ministerio Público Fiscal adhirió al congelamiento de sueldos desde febrero pasado, y que en marzo último, el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF), donó al hospital Señor del Milagro 20 equipos de protección personal (indumentaria de alta protección).

Lotes 14 y 55: La Corte Interamericana de DDHH falló a favor de las comunidades

Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.  Así lo expresa la sentencia del Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, notificada este jueves 2 de abril al Estado Argentino.

Foto: Asociana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua de las comunidades indígenas en el caso “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina (San José, Costa Rica, 2 de abril de 2020).

Por primera vez en un caso contencioso, la Corte analizó los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural en forma autónoma a partir del artículo 26 de la Convención Americana,  y ordenó medidas de reparación específicas para la restitución de esos derechos, incluyendo acciones para el acceso al agua y a la alimentación, para la recuperación de recursos forestales y para la recuperación de la cultura indígena.

El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

El caso se vincula con el reclamo de reconocimiento de la propiedad de sus tierras de parte de las Comunidades Indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Chorote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete) dentro de la Provincia de Salta (en el límite con Paraguay y Bolivia).

Dichas tierras han sido también ocupadas por otros pobladores y se construyó un puente internacional sin previa consulta por parte del Estado. En la zona se ha constatado presencia indígena de modo constante, al menos desde 1629.

En su sentencia, la Corte determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria, al no dotarla de seguridad jurídica y permitir que se mantenga la presencia de pobladores “criollos”, no indígenas, en el territorio. Lo anterior, pese a que el reclamo indígena de propiedad lleva más de 28 años.

También concluyó que Argentina no cuenta con normativa adecuada para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. A su vez, el Tribunal señaló que no se siguieron mecanismos adecuados de consulta a las comunidades indígenas sobre un puente internacional construido en su territorio.

Resolvió, asimismo, que autoridades judiciales no siguieron un plazo razonable en la tramitación de una causa judicial en que se decidió dejar sin efecto normas relativas a adjudicaciones fraccionadas de tierra.

La Corte, además, determinó que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas de los mismos.

En su sentencia, el Tribunal entendió que la tala ilegal, así como otras actividades, desarrolladas en el territorio por población criolla, puntualmente la ganadería e instalación de alambrados, afectaron bienes ambientales, incidiendo en el modo tradicional de alimentación de las comunidades indígenas y en su acceso al agua. Lo anterior alteró la forma de vida indígena, lesionando su identidad cultural. El Tribunal ordenó al Estado la adopción de diversas medidas de reparación.

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: jueza Elizabeth Odio Benito (Presidenta); juez Patricio Pazmiño Freire (Vicepresidente); juez Eduardo Vio Grossi, (Chile); juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, (México); y juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) no participó en la deliberación y firma de la Sentencia.

Un reclamo de 36 años

Las comunidades reclaman desde 1984 un título único de propiedad sin subdivisiones sobre los exlotes fiscales 55 y 14 del departamento de Rivadavia, provincia de Salta.

Mujeres aborígenes con la escribana de Gobierno, Graciela Galíndez. Entrega de escrituras de lotes 55 y 14 

Las comunidades de la Asociación de Comunidades Aborígenes “Lhaka Honhat” llevan 36 años reclamando por un título único sin subdivisiones internas a nombre de todas las comunidades indígenas que habitan los exlotes fiscales 55 y 14 del departamento Rivadavia. Ante la falta de respuesta del Estado argentino, en 1998 la Asociación Lhaka Honhat –con el patrocinio del CELS– hizo una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2012, la Comisión Interamericana dictó su informe de fondo, en el que declaró la violación de los derechos de las comunidades y dispuso las reparaciones correspondientes. El incumplimiento del Estado determinó que el caso fuera presentado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría ser un hito para las comunidades indígenas del país y la región. En la Argentina no existen mecanismos para garantizar el derecho al territorio indígena y los problemas por la falta de titulación se extienden por todo el país.