Salta

 Ambientales, Institucional

Dengue, Zica y Chikunguya: Funcionarios municipales ya acceden al sistema informático para denuncias

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, aprobó el instructivo del Sistema Informático de Denuncias -Informes Municipales-, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de Salta. Estableció su uso como herramienta informática obligatoria para las Municipalidades de la Provincia, que pueden registrar sus informes por cuestiones relacionadas a las enfermedades Dengue, Zica y Chikunguya, transmitidas por mosquitos Aedes.

Oportunamente, los fiscales penales no especializados fueron instruidos para tomar intervención frente a la comisión de hechos delictivos relacionados al impedimento del ejercicio de campañas y protocolos de prevención y lucha contra la propagación del mosquito Aedes, vector del virus dengue, zika y chikungunya. (Dengue, zika y chikungunya: Fiscales penales intervendrán en la eliminación de reservorios).

Para el cumplimiento de esa resolución, la Coordinación Informática de la Procuración General, priorizó la creación de un Sistema Informativo de Denuncias – Informes Municipales-, para que las Municipalidades de la Provincia de Salta pueden registrar sus informes sobre las cuestiones relacionadas a las enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes: Dengue, Zika y Chikunguya. 

La Resolución fue informada a todos los jefes comunales y el Foro de Intendentes de la Provincia de Salta.

Cómo funciona el Sistema Informático de Denuncias -Informes Municipales-.

El único medio para la remisión de los informes municipales a fiscales y funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, es a través del siguiente sitio web: https://denuncias.mpfsalta.gob.ar/

El Sistema se encuentra disponible para todos los operadores habilitados de la Provincia de Salta, a través de un acceso web seguro. Para dar de alta a los operadores que utilizan el Sistema, cada Municipio debe designar al funcionario o empleado para el acceso. Son habilitados a través de un usuario y clave, otorgados por la Coordinación Informática del Ministerio Público Fiscal. Todos los datos cargados en los instructivos correctamente, serán de prueba para las investigaciones.

Las Fiscalías Penales no Especializadas deberán adoptar las medidas cautelares preventivas que correspondan, sin perjuicio de las pertinentes diligencias investigativas.

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 Fiscalías Interior

Orán: El MPF restringe totalmente la atención al público

El procurador general, Abel Cornejo, resolvió restringir la atención al público en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Orán. La medida acompaña las dispuestas por la Municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán, a partir de la detección de un caso positivo de COVID 19 en esa ciudad.

Las medidas restrictivas adoptadas por el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Pablo González, a raíz de la detección de un caso positivo de COVID 19 en esa ciudad, se extenderán desde este domingo y por un plazo de quince días.

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, establecido por el Decreto 297/2020,  la Procuración General de la Provincia dispuso diversas medidas tendientes a preservar la salud de su personal. Lo hizo para evitar el riesgo de contagio y propagación del nuevo Covid-19 y por el otro, para seguir garantizando la prestación del servicio de justicia. Con el mismo temperamento es que adhirió a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por el gobierno municipal de San Ramón de la Nueva Orán: para resguardar al personal, pero fundamentalmente, a toda la comunidad oranense.

En consecuencia, a partir del día de la fecha y hasta tanto no se ordene lo contrario, se dispuso la medida de restricción total para la atención al público en todas las dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial de Orán.

Quien lo requiera podrá recurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia, institución que funcionará como nexo con las fiscalías correspondientes.

708
 Institucional

Impulsan el funcionamiento de una Delegación Fiscal en San Lorenzo

El Procurador General de la Provincia recibió este jueves al intendente de San Lorenzo y parte de su equipo. Abordaron la situación actual en ese municipio del Distrito Judicial del Centro con respecto del crecimiento poblacional y la consecuente preocupación sobre problemáticas de seguridad.

El jefe comunal Manuel Saravia, expuso ante el procurador Abel Cornejo sobre el crecimiento demográfico del municipio San Lorenzo, y planteó la necesidad de mayor presencia del Ministerio Público Fiscal en territorio.

Saravia, quien asistió con el secretario de Gobierno, Rodrigo de la Serna y el abogado Martín Diez Villa, llevó la problemática vinculada con la seguridad, referida a los delitos contra la propiedad privada, abigeato, usurpaciones de tierras de patrimonio municipal y provincial y venta de estupefacientes al menudeo (microtráfico).

El municipio San Lorenzo se encuentra en el departamento Capital. El Distrito Judicial Centro – Salta comprende los departamentos: Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, y los municipios Santa Victoria Oeste y Nazareno del departamento Santa Victoria y el municipio Iruya del departamento homónimo.

Dada la extensión del Distrito, es que se pensó en la inmediata posibilidad de reforzar la descentralización del Ministerio Público Fiscal, a través de una Delegación que funcionará en San Lorenzo y tendrá competencia territorial sobre la propia Villa, más Lesser, Castellanos, Yacones, Las Costas y Atocha, entre otros parajes del municipio.

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 Fiscalías Capital

Zona sudeste: Dos policías y un civil heridos en operativo de despeje de un asentamiento

El fiscal penal 6, Marcos Molinati investiga los hechos vinculados con la usurpación de terrenos privados y fiscales ubicados en la zona sudeste de la capital salteña. Hay dos policías lesionados y un civil detenido e imputado, que además está herido y fue asistido en el hospital San Bernardo. De oficio, la policía llevó adelante cuatro operativos de despeje en 24 horas. La Procuración General sostiene que el de los asentamientos, es un problema habitacional y social y no judicial.

La intervención de la Fiscalía Penal 6 ocurre a partir de distintas usurpaciones. La primera fue protagonizada por unas 70 personas, en el predio ubicado entre los barrios San Justo y Justicia, colindante al río Ancho, en el sector de la cuenca. Otra se registró en el denominado asentamiento de barrios Juan Postachini /Solidaridad detrás de la Planta de Gas, donde se ubicaron unas 300 personas. Por la noche, se denunció el asentamiento de familias en canchas de barrio Sanidad.

La Fiscalía también cuenta con la denuncia del propietario de un terreno de 600 metros de largo por 100 metros de ancho y ubicado en barrio Solidaridad primera etapa,  frente a la ruta provincial 26. De acuerdo a la denuncia, la noche del domingo 24, el dueño observó a un grupo de más de 300 personas limpiando el terreno de su propiedad con machete, quienes habían instalado lonas y plásticos con palos.

Según consta en las actuaciones, efectivos policiales impidieron y desactivaron los ilícitos de usurpación en flagrancia, en cuatro ocasiones durante 24 horas. Antes, las familias asentadas fueron intimadas para retirar a los menores y personas en riesgo, dada la vigencia de la Emergencia Sanitaria originada en la pandemia de coronavirus. La mayoría, se resistió.

En uno de los operativos de despeje, efectivos policiales resultaron lesionados con piedras. En ese contexto, un civil se abalanzó sobre uno de los efectivos con un machete y lo lesionó. El civil fue detenido y será imputado. El acusado también resultó herido y fue asistido en el hospital San Bernardo, donde se diagnosticó herida de arma de fuego en pierna derecha. El civil será imputado por los delitos de violación de medidas sanitarias, usurpación en concurso real y amenazas con armas, en calidad de autor material. El machete fue secuestrado.

Durante los distintos operativos de despeje, la policía secuestró también: un hacha con mango de madera de un metro aproximadamente, un cuchillo de cocina de 15 cm de hoja y 10 cm de mango de color negro marca Tramontina, seis tarimas de madera  y cuatro cascotes de cemento de gran tamaño.

Como en otros casos de usurpaciones que tramita el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Molinati intervino bajo las directivas de la Procuración General de la Provincia, que considera que el abordaje y soluciones finales a la problemática habitacional y social, no son judiciales.

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 Graves Atentados

Seis nuevas imputaciones por el fallecimiento de menores en el norte provincial

La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó provisionalmente a seis funcionarios más, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en grado de autores y en el marco del legajo que investiga la muerte de dos hermanos de la etnia wichí, fallecidos en marzo pasado. Suman siete imputados. La Fiscalía no descartó la determinación de responsabilidades en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional.

La Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, imputó provisionalmente al agente sanitario Nelson Américo Andrada; a los supervisores de zona, Mateo Talimpe y Víctor Rubén Palomo; al encargado de atención primaria de la salud, Gregorio Moreno; al licenciado en nutrición, César Adrián Murillo y al médico Edgar Machicao, por la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal, en grado de autores, en los términos del artículo 45 del Código Penal. Las nuevas imputaciones se suman a la de Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia. *(Ver más: Primera imputación por fallecimiento de menores en el norte provincial)*

El jueves 21, durante las respectivas audiencias de imputación, se abstuvieron de declarar Mateo Talimpe, Víctor Rubén Palomo y Nelson Américo Andrada.

Moreno, Murillo y Machicao, prestaron declaración este viernes 22. Los tres fueron asistidos por una defensora oficial.

La intervención de la Fiscalía Penal de Graves Atentados contra las Personas, se produjo a partir de las actuaciones remitidas en enero pasado por la Procuración General de la Provincia de Salta, actualmente en trámite en la Fiscalía y de cuyas constancias surge: “Que en fecha imprecisa, con posterioridad al 20 de marzo de 2020, Mercedes Susana Ávila, quien se desempeña como Coordinadora de la Niñez (Formación de desarrollo integral), en Santa Victoria Este, y el agente sanitario Nelson Andrada, se dirigieron a la vivienda ubicada en Vertientes Chicas, a treinta kilómetros aproximadamente de Santa Victoria Este, cuyo hijo de un año de edad, había fallecido.

Agrega el decreto de imputación que “al entrevistarse con los padres del menor fallecido, Mercedes Susana Ávila y el agente sanitario Nelson Andrada constataron que otra hija, de cinco años de edad, se encontraba en grave estado y requería asistencia médica, pese a lo cual no arbitraron los medios pertinentes para que la menor fuese asistida de inmediato, sea mediante traslado en ambulancia u otro vehículo al Hospital de Santa Victoria Este, sea con la presencia de un médico o un enfermero en la vivienda de la menor, quien finalmente falleció en fecha 26 de marzo de 2020”. En el certificado de defunción se consignó como causa de fallecimiento “shock séptico”.

También surge de las actuaciones que el licenciado César Adrián Murillo, el encargado de Atención Primaria de la Salud Gregorio Moreno y el supervisor de zona Rubén Palomo no efectuaron los controles correspondientes en relación al estado de salud de los menores mencionados. En tanto, el médico Edgar Machicao radicó una denuncia penal en la que hizo constar que la causa del deceso del menor, de un año, fue “gastroenteritis con deshidratación severa”, sin que ese diagnóstico le constara debidamente.

Entre la información brindada por los tres imputados que declararon este viernes; Moreno dijo que la familia cuyos dos hijos fallecieron, estaba calificada como de “Prioridad 3”, según las normativas establecidas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia. Dicha normativa, según el acusado, fija que las familias en Prioridad 1, son visitadas una vez cada tres meses; las de Prioridad 2, dos veces en tres meses; y las de Prioridad 3, tres veces en tres meses. 

Murillo dijo que en el Área Operativa 8, hay unas 3 mil familias (unos 13 mil habitantes) de los cuales, unos 2500 son menores de 6 años y que la mayoría de ellos, son de pueblos originarios, con necesidades básicas insatisfechas y en estado de alta vulnerabilidad; que la única ambulancia disponible estuvo abocada al traslado de otro menory no estaba en el lugar, para llegar al domicilio de Las Vertientes para verificar la situación de la niña; y que solicitó a la policía del lugar que lo trasladara hasta allí, en cuatro oportunidades. Primero le dijeron que el móvil debía volver de un operativo y luego, que debían cargar combustible. El móvil partió más tarde con Ávila y Aranda.

Dijo que desde que se decretó la Emergencia Sanitaria por COVID, en marzo pasado, las comisiones con recursos humanos y movilidad de Nación y Fundaciones, volvieron a sus lugares de origen. Agregó que quedó una sola ambulancia disponible para toda el Área Operativa 8 y que la estrategia territorial debió reorganizarse con recursos humanos locales.

En el decreto de imputación, la Fiscalía también hizo constar “que atento a la etapa procesal en la que se encuentra la causa, todo lo expuesto es sin perjuicio de la determinación de responsabilidades que eventualmente pudieren surgir en la estructura jerárquica tanto provincial como nacional”.

1000
 Institucional

El Procurador manifestó su preocupación por políticas públicas no correspondidas en Salta

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, brindó un informe ante el plenario de la Cámara de Senadores de Salta. Después del informe, legisladores de Capital y el interior, realizaron distintas consultas.

Durante el encuentro de este jueves, que fue encabezada por el presidente del Senado de la Provincia, vicegobernador Antonio Marocco, el Procurador manifestó su preocupación ante distintos hechos que trascendieron la provincia, relacionados con el accionar policial en su vinculación con los fiscales penales, responsables de las investigaciones criminales.

“Existe una preocupación sobre la política del Ministerio Público Fiscal no correspondida por el accionar policial”, afirmó Cornejo ante los legisladores cuando se refirió al caso del femicidio de Rosa Sulca y la responsabilidad imputada por los fiscales intervinientes a integrantes del Sistema de Emergencias 911 y la Policía de la Provincia. Afirmó que la gestión del Ministerio Público Fiscal tiene “espíritu autocrítico y no hay una gestión antipolicial”, aunque se hayan detectado “serios escollos” para avanzar en ciertas investigaciones. Dijo que este hecho no es el único, porque hace seis meses, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, ya había advertido sobre la posibilidad  de disminución de consignas policiales a las víctimas de violencia y una semana después, ocurrió el femicidio de Cerrillos. En diciembre pasado, el policía Hedgar Exequiel Almirón, de 31 años, se presentó en la vivienda de sus hijos, agredió y amenazó Liliana del Valle Flores y escapó. Ella avisó a la Policía y se le asignó una consigna policial. Alrededor de las 7, el efectivo que se encontraba en la puerta de la casa, escuchó la detonación de un arma de fuego y cuando ingresó, Liliana del Valle Flores, se encontraba herida y su expareja se disparó en la cabeza.

Cornejo, quien fue condecorado once veces por la Policía de la Provincia, señaló que se requiere una “rápida solución” a los planteos, porque “se observa destrato o falta de derivación del problema, aunque haya buena predisposición de los fiscales. Sin embargo, falta acompañamiento inmediato”, señaló. Reiteró su preocupación porque “la investigación del femicidio de Sulca tuvo interferencia y hubo obstrucción”.

“Es que nadie, nunca escuchó el audio en el que una mujer anuncia que la están matando. Y en este caso, se desvía la atención del femicidio, que es el eje que debe preocuparnos”, aseveró.

Reiteró que el fiscal se enteró del audio por la policía, 16 horas después del llamado al Sistema de Emergencias 911 y consideró que “nada del 911 puede ser secreto, porque la falta de auxilio y negligencias posteriores, obstruyen la investigación. Yo no quiero esa policía, y no toda la policía de Salta es así”, finalizó.

Consultado sobre la Unidad Fiscal conformada para investigar supuestos dichos amenazantes de un diputado provincial, Cornejo aclaró que el Ministerio Público Fiscal conoce y respeta la inmunidad de opinión parlamentaria, pero no puede tolerar condicionamientos como los que inclusive, recibió el primer fiscal interviniente. “Que un fiscal no investigue es causal de mal desempeño; pero que se obstruya la investigación no se puede permitir, porque no se puede subordinar el rol del MPF a estas situaciones”, enfatizó.

“Por supuesto que se puede opinar; es la base del equilibrio de poderes, pero no interferir”, afirmó Cornejo, quien confirmó la viralización de audios alentando acciones en contra del procurador.

Otros temas abordados

Cornejo se refirió a los casos de femicidios que se investigan en Salta; el protocolo de actuación para eventuales casos de muerte por coronavirus y el próximo llamado a concurso para que empiecen a funcionar las fiscalías de ciberdelitos, Cachi y Rosario de la Frontera; sobre la necesidad de creación de juzgados contravencionales para poner en plena vigencia el Código Contravencional y así atender casos que constituyen faltas y no delitos, entre otros temas.

Junto a Marocco, participaron los senadores Mashur Lapad, Jorge Pablo Soto, Silvina Abilés, Manuel Pailler, Carlos Rosso, Dani Nolasco, Carlos Ampuero, Héctor Nolasco, Esteban D’Andrea, Alfredo Sanguino, Walter Abán, Sergio Saldaño, Guillermo Durand Cornejo, José Ibarra, Martín Arjona, Juan Cruz Curá, Marcelo Durval García y Sergio Ramos. También concurrieron el coordinador Diego Pérez y los secretarios, Daniel Porcelo, Guillermo López Mirau y Pedro Liverato.

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 Institucional

Urge la constitución del Comité de la Prevención de la Tortura

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a integrantes de la  Mesa Provincial de Derechos Humanos, quienes realizaron una serie de planteos vinculados con potestades del Ministerio Público Fiscal. También pidieron que el Procurador interceda ante el Poder Ejecutivo Provincial para que se complete la integración del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

La Ley 8024 que crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la adecua al requerimiento internacional y que ratifica derechos reconocidos en la Constitución nacional y en la Constitución de Salta, establece la creación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Debe llevar a cabo la evaluación y seguimiento de la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de su Protocolo Facultativo; y actúa en todo el territorio de la Provincia.

Durante el encuentro, en el que participaron Nora Leonard, de la Asociación Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación de Derechos Humanos Coca Gallardo; Cristina Cobos y Rodrigo Solá, de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura; Blanca Lescano, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Causas políticas y Gremiales y Elia Fernández, Referente de HIJOS Salta; el procurador Abel Cornejo consideró clave que se constituya el Comité establecido por la ley vigente; que también establece la creación del Consejo Consultivo para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Precisamente, el Consejo Consultivo que atenderá las sugerencias y analizará lo monitoreado por el Comité a fin de proponer la creación de políticas públicas, debe sumar a un representante del Ministerio Público de la Provincia.

Por otra parte, los referentes de la Mesa de Derechos Humanos y el Procurador, intercambiaron sobre la necesidad de modificar la denominación actual de la Fiscalía de Derechos Humanos y que vuelva a llamarse Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias.

Otros temas abordados y sobre los cuales la Mesa de DDHH dejó documentación, fueron:

  • El pedido de la Mesa de DDHH a la Corte de Justicia de Salta, para que declare la inconstitucionalidad del decreto provincial 255/20, que otorga a la Policía de la Provincia amplias facultades en el control del aislamiento
  • La necesidad de formación democrática, en Derechos Humanos y Perspectiva de Género de la Policía de la Provincia
  • La sistematicidad del abuso policial en la Provincia, expresada a través de distintos comunicados de la Mesa (violencia sobre pueblos originarios y otras minorías y sectores de la población de mayor vulnerabilidad). Expresamente, manifestaron “repudio a la represión policial, los desalojos y allanamientos sin orden judicial y que se frene la sensación de impunidad y hostigamiento de la fuerza de seguridad, porque agrava la situación social”
  • La necesidad de que las denuncias se radiquen mayormente en Fiscalías y no en destacamentos policiales
  • La puesta en funcionamiento de la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya creación fue promulgada en diciembre pasado
  • La pendiente creación de Juzgados Contravencionales, tal como lo establece la normativa vigente

El Procurador se comprometió a canalizar los planteos hechos por la Mesa Provincial de Derechos Humanos y a trabajar conjuntamente con sus integrantes, para asegurar el cumplimiento de los derechos que la Constitución reconoce y “las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y sus medios para hacerlas efectivas”.

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 Fiscalías Interior

Orán: A ella la derivaron al hospital San Bernardo; él fue imputado por intento de femicidio

La fiscal penal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, imputó a un hombre de 40 años, por el delito de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género en grado de tentativa y por infracción al artículo 205 del Código Penal. La víctima fue agredida el 26 de abril pasado y permanece internada.

María Emilia Díaz se encuentra internada en el hospital San Bernardo, de la capital salteña, luego de haber sido atacada por su pareja en Orán, donde le causó lesiones en torso, brazos y cara. En primera instancia, la víctima no quiso denunciarlo, pero cuando fue derivada a la capital salteña, reveló el nombre del atacante.

La agresión fue reconstruida a partir de la entrevista de un policía, porque la mujer dijo primero que no quería actuaciones. Pero ante su estado de salud, reveló que su pareja desde hace dos meses habría sido el autor del hecho.

Según el relato de María Emilia Díaz, Sergio Daniel Torres le arrojó combustible y prendió fuego cuando se dirigía hacia un almacén, el 26 de abril pasado. La mujer pudo trasladarse a la casa de un familiar, desde donde junto a una amiga, llamaron al Sistema de Emergencias 911. Fue atendida en el hospital local hasta el 30 de abril, fecha en la que fue derivada al hospital San Bernardo, porque se agravaron las lesiones. Se encuentra estable y en sala común.

Torres fue imputado por delito de homicidio doblemente calificado por mediar relación de pareja y violencia de género en grado de tentativa y por infracción al artículo 205 del Código Penal, por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Dicho artículo establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

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 Fiscalías Capital

Investigan el ataque a la vivienda de una dirigente social

El fiscal penal Pablo Paz investiga la denuncia radicada por una mujer, que indicó que desconocidos atacaron su domicilio, dejaron “revueltas” sus pertenencias y no se llevaron ningún elemento.  El hecho ocurrió  en el barrio San Calixto.

El fiscal penal Pablo Paz, ordenó distintas diligencias tendientes a esclarecer el ataque a una vivienda ubicada en el sector conocido como “Ampliación parque La Vega, San Calixto”. La investigación cuenta con el apoyo de la Brigada del sector y se realizó el relevamiento con vecinos, entre otras medidas. La zona no cuenta con cámaras de vigilancia.

Según consta en  la denuncia radicada en la comisaría de barrio San Remo por María Florencia Zigarán, quien se desempeña como responsable de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) de Finca Valdivia, el sábado 9 del corriente, “los causantes revolvieron la ropa y calzados, la bolsa de basura y destendieron la cama”.  La víctima aclaró que los desconocidos no se llevaron elementos del domicilio.

Zigarán es la referente provincial de la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa (JCCC) y del Movimiento Ni Un Pibe Menos Por La Droga.

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 Institucional

El CIF realiza autopsias y exámenes que no debe, por falta de prestación de servicio policial

Los profesionales del Departamento Técnico Científico del CIF realizaron al menos unas 40 intervenciones sobre personas que fallecieron de muerte natural o “blanca”, desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto, a pesar de que el CIF solo debe realizar autopsias médico- legales en casos de muerte violenta o dudosa de criminalidad. Advierten la ausencia de prestación de servicios del departamento de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia.

La directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, María Luján Sodero Calvet, informó que desde el 20 de marzo pasado, el Departamento Técnico Científico lleva realizados al menos 40 exámenes cadavéricos y de otra índole que no debía hacer, por tratarse de las denominadas “muertes blancas” o por causas naturales. Sodero advirtió “reticencia y ausencia de prestación de servicios del área de Medicina y Química legal de la Policía de la Provincia”, área que debería tramitar ese tipo de casos.

Desde marzo pasado, y ante la reiterada respuesta de falta de médicos de la Policía, los fiscales debieron recurrir a la asistencia del CIF, aunque no se tratara de homicidios.  La situación se agravó ante otros hechos en los que el Poder Judicial debió recurrir al CIF porque la Policía contestó que “no había médico disponible”.

Según el registro, los más de 40 hechos en los que intervino la Policía, no tuvieron participación de sus médicos porque “no quieren ver ni tocar los cuerpos y directamente, piden autopsias cuando no se trata de muertes violentas”, con la consecuente sobrecarga de trabajo para el CIF, que debería destinar sus recursos estrictamente a la resolución de investigaciones originadas en crímenes.

Según el detalle brindado por el CIF, se realizaron desde el 20 de marzo último: 18 autopsias, 37 exámenes cadavéricos, cuatro juntas médicas  y un examen de huesos, con varios profesionales afectados.

“No hay justificativo ni información fehaciente sobre la falta de médicos de la Policía” informó Sodero y estimó que “tal vez pueda existir desconocimiento sobre protocolos de prevención de contagios de COVID-19 u otras razones”, analizó la funcionaria, para luego remarcar que la Policía está derivando autopsias evitables, cuando el principio que rige en el mundo, ante el marco de pandemia, “es reducir al mínimo la cantidad de autopsias realizadas”.

En algunos casos, según se pudo constatar, efectivos policiales informaron que “les pidieron que dijeran que los especialistas estuvieron en los lugares de muertes informadas, aunque no concurrieron a donde fueron convocados”. Otras respuestas brindadas a las fiscalías intervinientes, fueron que “los médicos no se encuentran” o “no hay disponibilidad”.

La directora del CIF pidió a los fiscales que registren por escrito la respuesta policial ante cada requerimiento, para que a partir de este lunes, la Policía de la Provincia, informe cuál fue el destino de sus profesionales en cada caso que debió resolver el CIF.

Qué implica realizar una autopsia

El caso más evidente que abordó el CIF en los últimos días, fue el fallecimiento de una paciente de enfermedad terminal, de 98 años, para quien se pidió autopsia. Se la define como un «examen anatómico de un cadáver», aunque el proceso conlleve mucho más que el análisis del cuerpo en sí. La autopsia comienza en el lugar del supuesto hecho, con el análisis de la escena y recolección de indicios relacionados directamente con el cuerpo. Los indicios biológicos que están en el cadáver y la ropa se levantan cuando el cuerpo está en la morgue.

En el lugar se hace un primer examen tanatológico, examen traumatológico, búsqueda de lesiones y luego, deben esperarse los resultados preliminares y finales, con los consecuentes estudios anatomopatológicos y otros, establecidos por protocolo.

También debe hacerse el fichaje, es decir, la toma de huellas para luego ingresarlas a AFIS (Sistema Automatizado de Búsquedas de Huellas Dactilares).  Una vez finalizado todo el proceso, el cadáver es cerrado y se lo limpia y prepara para poder entregarlo a la familia.

Todo ese proceso implica el destino de recursos del CIF, los cuales deberían estar afectados solamente al avance de investigaciones criminales, como las de los últimos homicidios registrados en Salta.

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