Piden juicio contra un militar acusado de abusar sexualmente de sus tres hijos

El fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Sergio Federico Obeid, elevó ante el Juez de Garantías Nº 2, la elevación a juicio contra un hombre de 42 años, acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y las circunstancias de su realización, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia con un menor de 18 años, en perjuicio de su hijo de 4 años; y de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia con un menor de 18 años, con corrupción de menores, en  perjuicio de sus hijos de 10 y 12 años.

Para requerir la elevación a juicio, el fiscal Obeid tuvo en cuenta la existencia de distintos elementos de convicción agregados al Legajo y que permitieron sostener como probable la participación del imputado en los hechos. Entre la prueba colectada, se incluyeron los informes médicos, psicológicos y policiales, las declaraciones testimoniales y el contenido de las audiencias de imputación y ampliación de la imputación en las que el acusado realizó su declaración.

El hombre fue detenido el miércoles 21 de octubre. Según consta en las actuaciones los tres menores habrían sido sometidos sexualmente por su padre. En el caso de los dos mayores, los hechos habrían ocurrido desde que tenían cuatro años y hasta noviembre de 2018; y en circunstancias en las que la madre se encontraba trabajando o fuera del hogar.

La denuncia fue radicada por la madre de los menores en febrero de 2019, por supuesto abuso en perjuicio de su hijo menor, quien entonces tenía 3 años. Ocho meses después, la mujer denunció que sus otros dos hijos, entonces de 9 y 11 años, habrían sido abusados también por su padre.

Los informes psicológicos indicaron que fueron “confirmadas las situaciones de abusos sexuales por parte de su padre, sometiéndolo desde temprana edad a manipulaciones y violencia para tapar tales escenas” y agregan que “además del abuso sexual, fueron espectadores de violencia física”. Precisan también que “se trata de niños severamente traumatizados a partir de situaciones abusivas denunciadas con respecto de su padre”.

Agregó el fiscal en el pedido de elevación a juicio que “no se debe olvidar que se trata de tres víctimas que al momento de los hechos ostentaban entre 3 y 11 años, y que sus relatos, especialmente de los hermanos mayores, fueron análogos respecto de los abusos sufridos por parte de su progenitor”. Dijo también que “de la intervención de por lo menos catorce profesionales de la salud – entre médicos, asistentes sociales y psicólogos y cuyos informes fueron valorados; “no surgió de ninguna de las intervenciones de los profesionales de la psicología, alusión alguna a que los menores fabularan o hayan advertido indicadores de mendacidad”.

El detenido ostenta el grado de Capitán en la V Brigada de Montaña «General Manuel Belgrano» del Ejército Argentino con base en la Guarnición de Ejército Salta.

Con anuncio de mayor descentralización, Cornejo y Saravia habilitaron la Delegación Fiscal de San Lorenzo

El Procurador General de la Provincia y el intendente de San Lorenzo, habilitaron este lunes la Delegación Fiscal de ese municipio, que estará a cargo de la auxiliar Analía Alisio, con dependencia de la Fiscalía Penal 1, a cargo de Pablo Paz. Cornejo anunció que en el marco de la descentralización iniciada por su gestión, la Delegación Fiscal se transformará en Fiscalía Penal y se habilitará una segunda Delegación Fiscal, al sur del municipio

En el marco de la inauguración, el intendente Manuel Saravia consideró que se trata de uno de los días más importantes de su gestión, porque el Ministerio Público Fiscal llevó la posibilidad de acercar la justicia a la sociedad, lo que aportará a mejorar la seguridad. La oficina se ubica en calle 25 de Mayo 2130. “San Lorenzo ya no es la villa veraniega de 5 ó 6 mil habitantes de hace unas décadas; y con 50 mil habitantes, merecíamos que éste vuelva a ser un municipio seguro”, afirmó Saravia y destacó la posibilidad de trabajar en forma coordinada con las instituciones, para lograrlo.  

Por su parte, el procurador Abel Cornejo, sostuvo que “acercar la justicia a la sociedad no es solamente un imperativo, sino una obligación estratégica” impuesta por su gestión, al tiempo que anunció que la Delegación Fiscal hoy inaugurada, se transformará en Fiscalía Penal y que próximamente se habilitará una segunda Delegación Fiscal, ubicada al sur del municipio para garantizar cobertura en todo el corredor que comprende desde Los Yacones y hasta Atocha. La delegación del Sur se conformará con recursos propios y sin generar gastos, “porque es el momento de ser solidarios”, dado el crítico contexto profundizado por la situación sanitaria, sostuvo el Procurador.

Se refirió a la complejidad de los nuevos delitos y a que justamente, dicha complejidad y la realidad social “nos interpelan y obligan a dar respuesta, para que el acceso a la Justicia no sea una utopía”. En pos de atender a la seguridad ciudadana, Cornejo instó a radicar las denuncias en fiscalías, donde se garantiza el control de legalidad y se cumplen los parámetros exigidos por la normativa vigente.

También expresó que la pandemia deja muchas enseñanzas y entre ellas, que “la solución no pasa por arreglar algunos problemas pensando con espíritu represivo” al tiempo que recordó que el MPF alienta a la conformación de una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional, para fomentar “la amistad social, convivencia y diálogo fructíferos y así, evitar que todo termine en la Justicia”. Ratificó la política del MPF de priorizar el sistema de mediación, lo que dará resultados en la medida en la que todos los actores sociales se sienten bajo el imperio irrestricto de la Ley y sin buscar atajos.

Además, expresó que hoy, el escándalo moral que es la pobreza, debe preocupar a todos y que “la pobreza estructural se debe a bolsones mafiosos de corrupción que impiden el desarrollo de instituciones y obstaculizan la justicia”. Ratificó también la política del MPF de lucha frontal contra delitos vinculados con el ejercicio de la violencia de género, institucional y los abusos de cualquier tipo. Y consideró que “la falta de Justicia y la impunidad, generan escenarios como el de Tucumán (donde vecinos mataron al supuesto femicida de una niña), lo que es “un llamado de atención, porque nadie puede mirar hacia otra parte ante el clamor ciudadano de que la justicia sea efectiva y no se demore”.  

Por el contrario, señaló Conejo, la descentralización del MPF “es una muestra del diálogo fructífero y la sinergia institucional, para lograr una sociedad integradora que sepa convivir con divergencias y disidencias, porque de los grandes disensos vienen  las construcciones definitivas”, finalizó.

En el acto participaron el secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez; el diputado provincial Javier Diez Villa,  el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Dávalos, la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro y el fiscal penal 1, Pablo Paz, entre otras autoridades.

Azzolin capacita en Salta sobre “Violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología”

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal de Salta, organizaron la capacitación destinada a integrantes del Ministerio Público Fiscal sobre “Violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología”, que se desarrollará este miércoles 28, a las 16, a través del uso de plataforma digital.

La formación para fiscales e integrantes del MPF de Salta, estará a cargo del titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, Horacio Azzolin, quien brindará herramientas teóricas y prácticas para el abordaje de situaciones y delitos del cibercrimen. La apertura estará a cargo del procurador Cornejo.

La capacitación se organizó ante el crecimiento exponencial de relaciones y vinculaciones en nuevos espacios y al desarrollo de las personas en torno al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y debido a que la progresión de esas interacciones, demanda herramientas que permitan comprender su funcionamiento y sus riesgos, además de la importancia de su uso responsable que posibilita la formación, comunicación y la consecuente ampliación de derechos y libertades.

Sin embargo, su uso también devino en la comisión de delitos informáticos de los cuales muchos constituyen actos y hechos de violencia de género que afectan la intimidad, el honor, la libertad, la integridad moral y otros derechos, siendo las víctimas más expuestas y vulnerables de esos ataques niñas, niños y adolescentes.

En noviembre pasado, el procurador interino Eduardo Casal recibió en Buenos Aires a su colega Abel Cornejo, quien se interiorizó sobre el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) y para acordar la firma de un convenio de colaboración para que el MPF nacional brinde capacitaciones en la materia. En ese encuentro también participaron el titular de la unidad fiscal mencionada, Horacio Azzolin, y el secretario de Coordinación Institucional Juan Manuel Olima Espel.

Azzolin tiene 25 años de trayectoria en el servicio de justicia argentino. Desde 2008 es Fiscal Federal, especializado en litigación de casos complejos relacionados con el crimen organizado y las violaciones masivas a los derechos humanos. Desde 2013 se ocupa de la temática del cibercrimen, primero como punto focal de la Procuración General de la Nación y, desde fines de 2015, como titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).

En Salta, la Ley de creación de la Fiscalía de Ciberdelitos fue promulgada en diciembre pasado, pero aún no fue puesta en funcionamiento.

San Lorenzo: Piden juicio contra el exintendente, un exsecretario y un exconcejal

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, requirió a la Jueza de Garantías Nº 5 (I), la elevación a juicio en contra del exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza, por los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público (cinco hechos) y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todo en concurso real y en carácter de autor.

El pedido de elevación a juicio incluye al exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, por los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos), todo en concurso real y al exconcejal Aldo Dalmiro Gonza, por el delito de peculado en calidad de partícipe primario.

En el requerimiento -hecho en virtud de contar con elementos de convicción suficientes para el ejercicio de la acción penal-, Simesen de Bielke pidió que se tenga por ofrecida la prueba, sin perjuicio de ampliarla en la etapa procesal oportuna y sumó las denuncias hechas por el intendente actual, José Manuel Saravia Arias; por el expresidente del Concejo, Juan Pablo Dávalos  y el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris; distintas declaraciones testimoniales e informes técnicos, entre otros numerosos elementos.

En junio pasado, la fiscal imputó al exintendente Ernesto Fernando Gonza porque incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión, en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. El incumplimiento facilitó la discrecionalidad, a lo que se sumó la falta de rendición de cuentas al finalizar su mandato.

Además, en su carácter de máxima autoridad del municipio, Gonza realizó un contrato de cesión por el plazo de 99 años en beneficio personal, para gozar de una parcela en el cementerio parque San Lorenzo a cambio de una suma de dinero que a todas luces resultó irrisoria e incompatible con la función ejercida.

Por su parte, Rogelio Higinio Guaymás también incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal y dispuso en forma discrecional de los recursos municipales sin observar tales normas, lo que produjo un grave perjuicio al erario municipal. Ello facilitó la discrecionalidad del manejo de los fondos públicos, al percibir durante los períodos 2017-2019, la suma de $ 3.701.724. Sin su participación conjunta con Gonza, los hechos no podrían haberse llevado a cabo.

La fiscal Simesen de Bielke también entendió que las maniobras no pudieron concretarse sin la participación necesaria de Aldo Dalmiro Gonza, quien a sabiendas que no formaba parte esa administración (porque era concejal) retiró fondos por la suma de $ 539.215 entre 2017 y 2019, mediante la firma de vales.

Auditoría externa

Vale recordar que el intendente de San Lorenzo, José Manuel Arias Saravia, dispuso la realización de una auditoría externa de la gestión llevada adelante por Gonza. El informe final de auditoría del 9 de marzo de 2020, comprendió los ejercicios presupuestarios de los períodos 2018-2019 y determinó observaciones como la inexistencia de un sistema de control interno; de indicadores de gestión en orden a la evolución de los recursos, su seguimiento y control, y el incumplimiento de las normas vigentes en materia de compra de bienes y contratación de servicios.

A su vez, evidenció una falta de control sobre los bienes adquiridos y servicios contratados y el incumplimiento de normas contables, financieras y presupuestarias, entre otras. También hubo inconsistencias determinadas en gastos de combustibles, reparación de vehículos, compras de repuestos y alquiler de bienes.

Se identificaron retiros de dinero en efectivo que eran autorizados por el Intendente y el Secretario de Hacienda, cuyo destino se debía informar. Sin embargo, para el trimestre abril, mayo y junio de 2019 las extracciones hechas por la suma de $11.514.135, no se registraron en el sistema informático.

En cuanto a los ingresos tributarios, se detectó un supuesto en el que la tasa de construcción estaba impaga por falta de ingreso efectivo del dinero, pero con situación regularizada en el sistema tributario municipal. Particularmente se pudo establecer que el 31 de agosto de 2018 ingresó en concepto de derecho de construcción un importe de $2.252.860 que fue abonado con cheques de pago diferido y que al momento de su depósito, eran retirados por las personas autorizadas por el Intendente y luego se entregaba el comprobante. Sin embargo, surge que solo se depositó un cheque el 31 de octubre de 2018 y que fue rechazado por falta de fondos, además de figurar como pagado en el sistema.

También se determinó la existencia de programas nacionales de asistencia social, con recepción de fondos en una cuenta del Banco Nación, de los cuales no existe uniformidad e integralidad en la información y documentación obrante en las oficinas administrativas de la Municipalidad con los extractos bancarios de dicha cuenta, tales como el “Programa de integración socio comunitaria”, “Acciones para la provisión de tierras para el hábitat social” y “Convenios de cooperación”, en los que no se efectuaron las ejecuciones correspondientes.

Por último, se pudo establecer la existencia de un sistema paralelo al formal con montos de entregas en efectivo para los periodos auditados que ascienden a la suma de $828.950 para el período 2018 y de $3.328.139 para el 2019. De esos montos, la suma de $3.701.724, fue retirada por Rogelio Guaymás, en su carácter de Secretario de Hacienda entre 2017 y 2019; mientras que un total de $539.215, fue retirado por Aldo Gonza, en su carácter de Concejal y hermano del Intendente.

Siete años y medio para un hombre que robó a remiseros

La fiscal penal 5, María Gabriela Buabse, intervino en la audiencia de debate pública mediante la cual el juez del Tribunal de Juicio Sala V, Marcelo Javier Rubio, condenó a Marcelo Sebastián Prieto a siete años y seis meses de prisión efectiva, por ser reincidente por sexta vez.

La condena que recayó sobre Prieto fue por los delitos de robo calificado por el uso de arma, tentativa de robo calificado por el uso de arma y amenazas con armas, todo en concurso real y en perjuicio de dos personas que se desempeñan como conductores de remises.

Según consta en el legajo de investigación tramitado por la Fiscalía Penal 5, los hechos que tuvieron como víctimas a los dos trabajadores del volante, ocurrieron el 4 y 15 de noviembre de 2019.

El Ministerio Público Fiscal de Salta ratifica su posición a favor de la mediación

Legisladores provinciales y funcionarios nacionales se reunieron en forma virtual con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, y abordaron la situación de conflictos territoriales que involucran a pueblos originarios y especialmente, el caso de la comunidad wichí El Algarrobal, en Pichanal.

El encuentro contó con la participación del director Jurídico del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Julián Celso Fernández Duarte; el coordinador Norte y la directora de Tierras de la Secretaria de Agricultura Familiar Campesina Indígena, Ignacio Garzarón y María José Castillo; la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Salta, Jorgelina Juárez y el diputado de Orán, Iván Mizzau; los abogados Chyntia Flores y José Castro Videla y la coordinadora general de la Procuración, Ana Cecilia Carraro.

El director de Asuntos Jurídicos del INAI, Fernández Duarte, manifestó al procurador Abel Cornejo, la necesidad de que se respete la normativa nacional vigente; y especialmente la Ley nacional 26160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas, que fue sancionada a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional y dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. Dicha Ley fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en 2013 a través de la Ley 26.894, y en 2017 mediante la Ley 27.400, por la cual se extendió su vigencia hasta noviembre de 2021. Es una ley de emergencia y de orden público.

Específicamente sobre la comunidad El Algarrobal, el funcionario recordó el reconocimiento de la ocupación hecho por el INAI, en 2018, a través de la Resolución 323/2018, que en el Artículo 2°, indica: “Reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Wichi El Algarrobal, perteneciente al pueblo wichi, asentada en el Depto. Orán, provincia de Salta, respecto de la superficie georreferenciada, que como Anexo I (IF-2018-40132113-APN-INAI#MJ) forma parte de la presente medida”. La superficie comprende 622 hectáreas y las que actualmente están en conflicto son menos de cinco, comprendidas en dos lotes no productivos. El conflicto se originó cuando la comunidad empezó a limpiar ese sector para establecer una huerta.

En ese marco, el Procurador recordó la propuesta de conformar una Mesa de Concertación para el uso de la Tierra y la Emergencia Habitacional y su instrucción al cuerpo de fiscales de llamar a mediaciones y evitar el uso de la fuerza o la represión “como alternativa ante los conflictos que agravan situaciones generadas por la emergencia social y el escándalo moral, que es la pobreza”, porque ello, “solo echaría nafta al fuego”. Insistió en que la única solución posible, debería “adoptarse desde un punto de vista humanitario, de los derechos humanos y político, sostenido por el equipo de mediadores del MPF.

También señaló la necesidad de que se cumpla con el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Lotes Fiscales 14 y 55.

Fernández Duarte y María José Castillo coincidieron en que la vía de solución es política y la funcionaria manifestó su preocupación por la criminalización de una situación que no requiere una definición penal. También pidió que el Ministerio Público Fiscal establezca un protocolo para que prohibir desalojos cautelares y que se prorroguen los previstos, tal como lo establece la normativa vigente.

Finalmente, Fernández Duarte compartió que preparan un anteproyecto de Ley para que todos los poderes del Estado se capaciten en Derecho Indígena, tal como sucede con Ley Micaela porque “se necesitan seriamente políticas públicas y una mirada intercultural, además de la capacitación de fiscales en esa rama del derecho”.

Piden la detención del exintendente de Campo Quijano

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke pidió a la Jueza de Garantías Nº 6, que libre orden de allanamiento para efectivizar la detención del exintendente de Campo Quijano, Manuel Cornejo, de 50 años. Cornejo se encuentra imputado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado (cuatro hechos), todos en concurso real.

Cornejo fue imputado en marzo pasado, tras irregularidades detectadas en el registro de gastos sin documentación respaldatoria para el control de legalidad de la erogación y entonces, se le atribuyó la adquisición con fondos públicos mediante el pago con cheques de una camioneta Chevrolet que no fue registrada a nombre del Municipio. En la misma causa está imputada Carmen Rosa Méndez por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todos en concurso real.

Dijo la fiscal en su pedido a la Jueza, que “si bien ambos se han presentado a prestar declaración, nos encontramos claramente ante una de las hipótesis previstas en la teoría de los riesgos procesales constitutiva del “peligro de fuga” y puso a su disposición desgrabaciones del teléfono celular del imputado Cornejo, en el que constan mensajes intercambiados con Méndez.  

El pedido de allanamiento y detención, indica que “surgen elementos suficientes para sostener que Cornejo y Méndez disponían de los fondos municipales a su antojo, sin rendir cuentas en absoluto y que además, ese dinero proveniente de fondos públicos – principalmente de la coparticipación – era utilizado en beneficio personal y no público” y agrega que “de la extracción de mensajes del teléfono celular del imputado Cornejo se permite inferir que, se utilizaban los fondos públicos con un total y absoluto descontrol, constituyendo plazos fijos, retirando el dinero en “bolsos” y sin poner en conocimiento de la existencia de la cuenta, principalmente del Banco Patagonia para llevar a cabo sus actos ilícitos”.

En tal sentido se observaron mensajes tales como: “Retira 60 mil”, “Buen día ya tengo la plata, dónde se lo entrego”; ”en Salta”; “Si yo se lo llevo”, ”Necesitamos tener efectivo para hoy”; ”Es Importante” “De donde puedas sacar”; “Los 300 ya estoy en el banco”; “Mañana le tenemos que dar 9 mil al comisario”; “Cuanto tenemos en las cuentas del Macro?”; “Que hagas un plazo por los días justos en que lo necesitemos para pagar aguinaldo”; “Se pagaría después de navidad ???”; “Supongo que sí, y yo no voy a estar”; “O después de año nuevo”; «Cuando usted esté”; “Vacía las cuentas”; ”Manda todo a la rotonda”; “Si Dr.”; “Y deposita lo del camping el lunes temprano”; ”No dejes efectivo”; “La Copa es de 1.960.000 y sueldo de permanente, contratado y judicial es de 2.720.000 y para pagar falta 830.000”; “Teneme efectivo para mí para el finde”; “Te tiene que haber entrado 600 mil Más hoy”; ”105 y 400”; “Hoy tenemos vencimiento de plazo fijo”;  “Renovamos ?”; “A 30 días estamos en 46.5% por un monto de $7.035.926,65”; “Si renovalo”; “Tenemos que transferir todo”; ”Ok”; ”lo veo después para que firme transferencia; “Llamo la gerente de la rotonda dijo que mañana retiramos de la sucursal del centro porque ella mañana no van a tener disponible esa cantidad”; “Que tasa te pasaron al final ?”; ”De la rotonda ?”; ”Me dicen que está sin fondos”; ”Buen día si hoy se acreditan los cheque que se depositaron para cubrir”; “No te olvides de preguntar la tasa”; “Y cuanto es la Copa”; “Transferila”; “Con respecto al mes anterior ingresó 600.000 menos”; “La tasa hoy está 38”; “Transferí todo a la rotonda”; “Pero déjalo así nomas”; “No digas nada”; ”Se mandó hoy 2.000.000”; “Entrante            1.000.000 en plazo fijo”; “Necesita que de las otras dos cuentas también se hagan las transferencias”; “Si por favor”; “Que no vean que tenemos en ninguna cuenta”; “Súmale separado lo que hay en el Macro”; “En el Macro por transferir 160.000 más 300.000 hace un total de 460.000 y por depositar del camping y carpa 135.000 lo que suma 595.000”; “Bueno para que lo transfieras”; “Saquemos hoy de la rotonda”; “Preguntá cuanto tienen disponible”; ”Acordate de traer el certificado del plazo que te pidieron”; “Cuanto tienen disponible en la rotonda ?”; “Dos millones tiene ahora”; “Ya está reservada la plata para mañana”; “En teoría el lunes ingresa de aguas del norte una suma similar”; “Esta última cuando ingrese hacela plazo fijo”; “Hoy se vence un plazo fijo se lo vuelve a renovar ???; “Pregunta bien la tasa”; ”42000000”; “buen día en 30 días 51,25 en 60 53% y en 90 54%, Esa es la tasa; “Si hacelo”; “A 30 días”. «Trae bolsos»; «En la mochila están los sellos».

La fiscal recordó que el MPF tomó intervención “en lo que evidencian sendos incumplimientos injustificados e intencionales de la normativa vigente, como así también desórdenes o ausencia de documentación en el ejido Municipal de Campo Quijano relativa a la actividad contable, circunstancia que permite sostener una actividad deliberada de descontrol de los fondos municipales, ejecutando conductas abusivas contrarias a las disposiciones vigentes, excediéndose en el marco de la actuación que por ley les correspondía”.

Durante la investigación, se pudo determinar la existencia de maquinarias que pertenecerían al Municipio de Campo Quijano y que fueron sustraídas poco tiempo antes de finalizar su gestión y que el imputado Cornejo, mediante el libramiento de cheques pertenecientes a la cuenta del Municipio adquirió una camioneta que jamás patentó como bien público y sobre la cual el juzgado interviniente dispuso el secuestro

“Nos encontramos ante una investigación de actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Municipio y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo, resultando Cornejo – como máxima autoridad del ejecutivo municipal – y, Méndez – como tesorera y secretaria de hacienda, las piezas fundamentales para llevar a cabo tales actos”, dijo la fiscal Simesen de Bielke y agregó que “aún se desconoce el destino de los fondos públicos comprometidos, cuya ubicación y recuperación es -por su naturaleza- uno de los objetivos prioritarios para los intereses generales de la sociedad”. Hasta hoy, si bien existe una inhibición general de bienes, no se ha podido hallar en su totalidad el destino que se le ha dado a los fondos públicos presuntamente desviados.

La totalidad de las circunstancias analizadas permitieron a la fiscal concluir que, en tanto se verifican en derredor de los imputados indicios de entidad suficiente como para presumir que sus libertades constituyen un riesgo para el proceso en curso, su detención resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación.

Condenado en Tartagal por intento de homicidio

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, intervino en la audiencia de debate en la que resultó condenado Carlos Fabián Fernández, de 24 años, a cinco años y cuatro meses de prisión, como autor de tentativa de homicidio (arts. 79, 42 y 45 del Código Penal).

La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio, Sandra Sánchez, condenó a Carlos Fabián Fernández por el hecho registrado el 25 de diciembre de 2019. La mañana de ese día, Fernández circulaba en motocicleta cuando interceptó a Ricardo Rubén Jaime, quien charlaba en la vía pública con otra persona y lo atacó con arma blanca.

Según el certificado médico del hospital zonal de Tartagal, la víctima presentó múltiples lesiones de arma blanca en antebrazo derecho, muslo derecho y zona axilar izquierda.

El hombre había sido condenado en 2015 a una condena de cuatro años, por hurto calificado.

Ampliarán la imputación contra un médico

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Leandro Flores, citó al médico Martín de la Arena para este miércoles 21, a las 10, para ampliar la imputación inicial contra el profesional, quien se encuentra acusado del delito de tentativa de fraude a la administración pública (dos hechos), en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial. El fiscal le imputará mañana el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, también en carácter de autor.

En el decreto de imputación, Flores repasó las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la posterior imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública -dos hechos en grado de tentativa en concurso real y en el carácter de autor.

Y entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico, porque en su carácter de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, incumplió las normativas que regulan la incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón.

Flores sumó que de la Arena, en su condición de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la Empresa HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía (CRH) para la ejecución del servicio.

Es que el Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; de la Arena fue designado en julio de 2010 como director del Centro Regional de Hemoterapia y en abril de 2013, el Ministerio de Salud aprobó el convenio de Suministro de Sangre Humana y Componentes Sanguíneos con Empresa HEMOSALTA SRL.

Sucesivamente, en diciembre de 2013 y luego en 2016, el imputado fue designado nuevamente en el cargo.

Del informe remitido por el Instituto Provincial de Salud de Salta, surgió que la empresa Hemosalta S.R.L. es prestadora de esa obra social y que desde 2002, su titular es de la Arena. El IPSS adjuntó al informe el detalle de las prestaciones facturadas por la empresa Hemosalta S.R.L. de 2019 a 2020, con los códigos facturados de prácticas de hemoterapia (transfusión de plasma, glóbulos rojos, sangre sin leucocitos, plaquetas o leucocitos y crioprecipitados).

El fiscal de Delitos Económicos Complejos, consideró que se violentó el bien jurídico protegido, es decir la “administración pública”, y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionario, a sabiendas que estaba interviniendo en un contrato u operación como funcionario público y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.

Abren sumario disciplinario a una fiscal

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, dispuso la apertura del sumario disciplinario en contra de la fiscal penal N° 3, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos y designó como Instructora Sumariante a la fiscal penal a cargo de la Fiscalía de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio.

El Procurador consideró que pudo advertirse “prima facie” la falta de los deberes funcionales atinentes a su cargo como titular de la Fiscalía Penal N° 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, en orden a la violación de los deberes que surgen de la normativa constitucional referidas a la actuación del Ministerio Público Fiscal, las leyes que regulan la actuación fiscal y las resoluciones de la Procuración General. Y consideró que todo ello justifica, por su gravedad y complejidad, la promoción de la presente instancia disciplinaria.

Según consta en las actuaciones, el 9 de octubre pasado la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual Nº 3 recibió un oficio del comandante de la V Brigada de Montaña del Ejército Argentino, coronel mayor Mariano Castelli, quien solicitó información sobre el estado procesal de la causa que tramita esa fiscalía, en la que un oficial se encuentra imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en perjuicio de su hijo. Lo requerido fue a los fines de mantener actualizada la situación del imputado ante la fuerza y la eventual asignación de destinos y tareas a su personal. Castelli mencionó también el tiempo transcurrido desde la radicación de la denuncia en contra del oficial en cuestión, de casi 1 año y 8 meses, y la necesidad de contar con una definición de su situación procesal.

El 14 de octubre, la Procuración General solicitó a la Fiscalía interviniente la remisión de las actuaciones, de las cuales surgieron que  el 7 de febrero de 2019 la cónyuge del imputado radicó denuncia penal en contra de su pareja, por supuesto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su hijo menor, de 3 años. El hombre fue imputado al día siguiente, el 8 de febrero, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, y la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías de 2° Nominación, el mantenimiento de detención del imputado.

El 19 de febrero, la Fiscalía requirió la prisión preventiva del imputado; el 22 su defensa técnica instó su sobreseimiento y fue rechazado. Pero el 27 de marzo, cuando la defensa requirió la libertad o el arresto domiciliario del acusado, el Juzgado de Garantías, le concedió el beneficio del arresto domiciliario y su incorporación al sistema U.A.D.M.E.

Luego, la nueva defensa técnica del imputado instó la aplicación de medidas sustitutivas, a lo cual se opuso la Fiscalía. El beneficio de medidas sustitutivas fue otorgado al militar el 20 de mayo y la Fiscal, consintió esa decisión judicial.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2019, la denunciante volvió a presentarse ante la Fiscalía, donde manifestó que sus otros dos hijos menores, de 10 y 12 años, habrían sido abusados también por su padre. Ante los nuevos hechos denunciados y las diligencias probatorias realizadas con posterioridad, la Fiscal no arbitró medida procesal alguna.

En virtud de ello y de conformidad con el Reglamento General del Ministerio Público,  es que el Procurador dispuso la apertura del sumario disciplinario, para corroborar la posible responsabilidad de la fiscal Cecilia Flores Toranzos en los hechos descriptos.