Requieren juicio para el acusado por abuso sexual a menores, y por producir y distribuir material de abuso sexual infantil

Las actuaciones se iniciaron por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children).  Los abusos quedaron registrados en material que se usaba para distribución y que forman parte de la causa.

La fiscal Penal especializada en Ciberdelincuencia Sofia Cornejo Solá requirió juicio ante el Juzgado de Garantías Nº 3, para un hombre mayor de 42 años, como autor del delito de producción y difusión de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación en calidad de víctimas de personas menores de 13 años, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la edad de la víctima (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima (dos hechos), y abuso sexual simple agravado por la edad de la víctima.

Las actuaciones de la Fiscalía de Ciberdelincuencia se iniciaron por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children) donde la empresa Google detectó que un ciudadano de nacionalidad boliviana residente en Salta, se habría filmado abusando sexualmente de menores de edad, de sexo femenino oriundas de Salta.  Esto fue corroborado en investigaciones realizadas en redes sociales donde se observó que las menores concurrían al lugar donde acontecieron los abusos.

Durante la investigación, se llevaron a cabo diligencias con el objetivo de ubicar el lugar donde ocurrieron los incidentes, lo que condujo a la residencia del imputado en el macrocentro de la ciudad de Salta. En el transcurso de estas pesquisas, se pudo establecer que los videos fueron grabados y producidos en el interior de la habitación donde el acusado residía. Estos videos se registraron utilizando una cámara que estaba estratégicamente ubicada para enfocar principalmente la cama de su dormitorio.

Adicionalmente, en los videos, el imputado mostraba su rostro y su apariencia física, y luego compartía estas imágenes en línea a través de una cuenta de correo electrónico. Esta cuenta de correo se verificó al estar vinculada a un número de teléfono que se comprobó pertenecía al acusado.

Las conexiones realizadas fueron identificadas por la empresa Google, donde se pudo verificar de manera concluyente la descarga de contenido de abuso y/o explotación sexual infantil, utilizando el servicio de internet cuya titularidad también correspondía al acusado.

 

No declaró el detenido por distribución y producción de material de abuso sexual infantil

Salvador Mazza: Imputaron a once personas por numerosos delitos

El intendente Rubén Méndez Salazar declaró brevemente, sin aceptar preguntas. Los otros diez se abstuvieron de declarar. Otra mujer será imputada en la capital salteña.

La Unidad Fiscal integrada por Ana Inés Salinas Odorisio (Unidad de Delitos Económicos Complejos y Pablo Cabot (Fiscalía Penal de Tartagal) imputó hoy a once personas en Salvador Mazza. Otra será imputada en la capital salteña.

Las imputaciones fueron resultado de una investigación que venía desarrollando la Unidad Fiscal con el apoyo de los investigadores fiscales del CIF y que culminaron ayer con los allanamientos realizados en la Municipalidad de Salvador Mazza, el domicilio de Rubén Méndez, intendente de esa localidad, y otros 16 inmuebles.

En los allanamientos, los investigadores del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), que contaron con el apoyo de fuerzas provinciales y federales, incautaron un total de U$S 854.178 (ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y ocho dólares estadounidenses); EUR 9070 (nueve mil setenta euros) y $ 34.342.350  (treinta y cuatro millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta pesos argentinos), dos automóviles BMW, dos camionetas Ford Raptor, celulares, tarjetas prepagas de celular, documentación y un arma con municiones, entre otros elementos de interés para la causa.

Durante la audiencia, los once imputados se presentaron con abogados particulares. Todos se abstuvieron de declarar, menos el intendente Rubén Méndez Salazar, quien declaró brevemente sin aceptar preguntas.

Una contadora fue citada a audiencia de imputación en la capital salteña.

Once imputados

1. Rubén Méndez: Imputado por enriquecimiento ilícito; peculado (tres hechos) en calidad de coautor; peculado de servicios y trabajos en calidad de coautor; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales; incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

2. Ivanna Irene Méndez (hija): Imputada por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y asociación ilícita.

3. Roque Maximiliano Méndez (hijo): Imputado por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesario; peculado (dos hechos) en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita

4. Susana Angelita Palacio (expareja): Imputada por enriquecimiento ilícito en calidad de partícipe necesaria y asociación ilícita

5. Juan Marco Méndez (hermano del Intendente): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de coautor; asociación ilícita.

6. Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de coautor y asociación ilícita.

7. Jesús Manuel Gijena (hermano de la pareja actual del Intendente): Imputado por peculado  en calidad de coautor; asociación ilícita

8. Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salvador Mazza): Imputado por peculado  (dos hechos) en calidad de partícipe necesario y asociación ilícita.

9. Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salvador Mazza): Imputado porpeculado  de servicios y trabajos en calidad de coautor y asociación ilícita.

10. Ángela Paola Beatriz Gijena (pareja): Imputada por asociación ilícita

11. Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino): Imputado por asociación ilícita.

Las imputaciones

Enriquecimiento ilícito: Rubén Méndez Salazar aumentó considerablemente sus activos patrimoniales desde que asumió como intendente de Salvador Mazza, lo cual denota una situación anormal considerando sus ingresos legales.

Adquirió a título propio y por interpuestas personas los siguientes bienes: un inmueble (matrícula Nº 23322) y cuatro vehículos: un BMW, modelo X6 XDRIVE 40I a su nombre; una camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su hija Ivanna Irene Méndez; un BMW, modelo M340I XDRIVE a nombre de su hijo Roque Maximiliano Méndez y otra camioneta FORD Ranger Raptor 2.0L BIT 4×4 10AT a nombre de su expareja Susana Angelita PALACIO,

Ni los hijos ni la exmujer tienen capacidad patrimonial y financiera para realizar dichas erogaciones, por lo que fueron imputados provisionalmente por el delito de enriquecimiento ilícito en calidad de partícipes necesarios.

Peculado  en calidad de coautores: Rubén Méndez Salazar,  Juan Marco Méndez; Oscar Rodolfo Gutiérrez y Jesús Manuel Gijena; y en calidad de partícipes necesarios a Roberto Justo Balverdi y Roque Maximiliano Méndez, quienes teniendo a su cargo el manejo y cuidado de fondos públicos conforme las funciones respectivas de cada uno ellos, sustrajeron caudales públicos percibidos en el puesto denominado “VOVE”, en el que se percibe el pago a cuenta de “Contribución que incide sobre la actividades comercial, Industrial o de servicios” (Resolución Municipal Nº 240/04)y en el puesto denominado “Guandacarenda”, en el cual se percibe el pago de la “Tasa de Reconstrucción de Pavimento – Transporte de cargas”, sin efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas durante el periodo emprendido de enero de 2020 hasta el primer semestre del presente año, causando con ello un perjuicio patrimonial al Estado.

Gijena es el inspector del puesto VOVE y cumple las directivas del Intendente respecto al funcionamiento y percepción de las contribuciones. Es el hermano de la pareja actual de Rubén Méndez y es el vigía de la recaudación y tráfico de circulación. Juan Marco Méndez (hermano del Intendente) y Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado del Intendente), en su condición de empleados municipales, cumplen la función de recolectar diariamente las sumas recaudadas en el puesto VOVE y Guandacarenda, y trasladarlas al domicilio particular de Roque Maximiliano Méndez.

Las maniobras desplegadas no pudieron pasar por alto de Balverdi, quien mediante su intervención en la confección de los registros contables -dado su conocimiento en la materia por su carácter de contador y Secretario de Hacienda- permitió que las recaudaciones no sean registradas y expuestas como ingresos de las arcas municipales en las ejecuciones presupuestarias, siendo responsable de la registración de los ingresos de los fondos del Municipio y control de los mismos.

Peculado  de servicios y trabajos en calidad de coautores:  Rubén Méndez Salazar y Roberto Orellana, toda vez que ejerciendo su función de Intendente y Secretario de Obras Públicas, respectivamente, ordenaron en octubre y noviembre 2020 que personal municipal y maquinaria de la Intendencia conviertan un sendero peatonal privado en una calle transitable para que circulen vehículos de transporte de carga con fines comerciales privados y exentos de los controles formales de tránsito internacional.

Peculado  en calidad de autor: Rubén Méndez Salazar ya que utiliza la camioneta Ford Ranger en beneficio propio y de su grupo familiar con fines particulares, sustrayéndolo de la actividad de la Administración Pública Municipal.

Negociaciones Incompatibles con el ejercicio de Funciones Públicas: a Rubén Méndez Salazar ya que hubo confusión de intereses públicos y privados. El intendente emitió la Resolución Nº 31/20, que autoriza el funcionamiento de la asociación de transporte de carga denominada “Asociación de Fleteros, Transportistas y Afines Emanuel”, la cual está integrada con rodados de propiedad de Méndez Salazar, quien actúa como parte interesada por su actividad comercial particular (distribución de bebidas).

Omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales: a Rubén Méndez Salazar por no presentar las declaraciones juradas ante Escribanía General de Gobierno, a pesar de las intimaciones fehacientes cursadas por el inicio y cese de gestión de 2013 al 2015, por el inicio y cese de gestión 2015 a 2019 e intimación por el inicio de la gestión del periodo 2019, conforme obra constancia de fs. 296/311

Incumplimiento de los deberes de funcionario público: a Rubén Méndez Salazar ya que, en su carácter de Intendente del Municipio Prof. Salvador Mazza, incumplió en forma reiterada las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión en orden al manejo de una administración pública municipal. En particular, no presentó en debida forma las ejecuciones presupuestarias del periodo 2021, sumado al hecho de que no presentó la correspondiente al ejercicio 2020.

Asociación ilícita: en calidad de Jefe/Organizador a Rubén Méndez Salazar (Intendente), y de miembros a Ivanna Irene Méndez (hija), Roque Maximiliano Méndez (hijo), Susana Angelita Palacio (expareja), Juan Marco Méndez (hermano), Roberto Orellana (Secretario de Obras Públicas), Oscar Rodolfo Gutiérrez (secretario privado), Jesús Manuel Gijena (cuñado), Roberto Justo Balverdi (Secretario de Hacienda), Ángela Paola Beatriz Gijena, (pareja) y Jesús José Antonio Reinoso Méndez (sobrino), toda vez que forman parte de una organización con división de tareas, con permanencia y de manera organizada, encaminados a cometer indeterminados hechos ilícitos en contra de la Administración Pública.

Los roles de la asociación ilícita

Rubén Méndez Salazar, en su carácter de Jefe Comunal, dirigía la empresa criminal designando los miembros y asignando las funciones respectivas; mientras que Roque Maximiliano Méndez era quien se encargaba de controlar el cumplimiento de las directivas criminales impartidas por el Intendente y, en particular, de la recaudación de sumas de dinero.

Por su parte, Juan Marco Méndez y Oscar Rodolfo Gutiérrez eran quienes recaudan el dinero de los puestos municipales de cobro de tasas y contribuciones, para luego trasladarlos al domicilio particular del Intendente, de donde se retiraban Juan Marco Méndez y Gutiérrez con los bolsos vacíos, evidenciando un circuito espurio del dinero recaudado en los puestos señalados.

Jesús Manuel Gijena, como cuñado, era la persona de confianza del Intendente, ocupándose de controlar la recaudación y funcionamiento del puesto VOVE.

Roberto Orellana y Roberto Justo Balverdi eran quienes ejecutan las directivas en el ámbito de las Secretarías de Obras Públicas y Hacienda.

Ivanna Irene Méndez y Susana Angelita Palacio eran quienes se encargan de la actividad económica privada del Intendente y recibir los beneficios de las maniobras delictivas.

Por último, Ángela Paola Beatriz Gijena y Jesús José Antonio Reinoso Méndez como personas de confianza del Intendente (pareja y sobrino, respectivamente) participaban del circuito del dinero obtenido por la empresa criminal.

Condenaron a un hombre que golpeaba con un cinto a su pareja

El trabajo con perspectiva de género de la fiscala de Violencia Familiar y de Género 2, Luján Sodero, permitió que la mujer narrara durante el juicio los distintos hechos de violencia a los que fue sometida.

Un gendarme de 43 años fue condenado a dos años de prisión de ejecución en suspenso con reglas de conducta y la obligatoriedad de realizar tratamiento psicológico por el delito de coacción en perjuicio de su expareja.

La mujer había radicado una denuncia en 2017 y el acusado fue excluido del hogar. Luego, el hombre volvió a convivir con ella y los cuatro hijos del matrimonio pero, en 2021, la víctima debió efectuar una nueva denuncia.

El trabajo con perspectiva de género de la fiscala de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, permitió que la mujer narrara durante el juicio los distintos hechos de violencia a los que fue sometida por su expareja.

De manera contundente, la víctima contó cómo era sometida a un control permanente, obligada a sacarle las botas y lustrarle los zapatos y cómo era golpeada por el hombre con un cinto o le arrojaba agua para que se levante de la cama cuando él llegaba a la vivienda.

Por todo ello, el juez de la Sala VI del Tribunal de Juicio, José Luis Riera y con perspectiva de género, condenó al hombre a dos años de prisión de ejecución en suspenso y la obligatoriedad de realizar tratamiento psicológico.

El MPF medió entre el Registro Civil de Salta y una persona que pudo cambiar su identidad de género

Como parte de su tarea en el INADI, el abogado del Ministerio Público Fiscal realiza gestiones ante otros organismos a fin de acercar soluciones

El Ministerio Público Fiscal, a través de su delegado en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Salta, Edgardo Torrejón, intervino ante el Registro Civil de Salta a fin de llevar una solución a una salteña que solicitó su partida de nacimiento para poder concretar el cambio de su nombre de pila.

Emma Simone nació en Salta en 1995 y desde hace varios años se encuentra radicada en Tucumán. En diciembre de 2020, amparada por la ley 26.743 de Identidad de Género, inició los trámites en la vecina provincia para cambiar en el registro su nombre de pila.

De acuerdo a lo explicado por Torrejón, como parte del proceso, desde Tucumán solicitaron a la filial Salta, la partida de nacimiento correspondiente. Por la pandemia, y al tratarse de un trámite no urgente, el procedimiento sufrió demoras. Cuando comenzaron a regularizarse las actividades del Registro Civil de Salta, el delegado del Ministerio Público Fiscal, solicitó –infructuosamente- que dieran respuesta a Simone.

Con la sanción de Decreto 476/2021 –que habilitó a las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción, que utiliza la letra «X»-, Simone insistió con su solicitud y Torrejón volvió a contactarse con las autoridades del Registro Civil local.

Luego de mantener reuniones con la asesora legal del Registro, Carina Colque, finalmente la partida de nacimiento de Emma Simone fue enviada a Tucumán, donde se realizó el cambio de su nombre de pila y se le entregó un DNI no binario.

Como parte de su tarea en el INADI, el abogado del Ministerio Público Fiscal recibe consultas sobre posibles casos de discriminación, asesora y acompaña a las víctimas en todo el proceso para que formalicen su denuncia. Además, realiza gestiones ante otros organismos a fin de acercar soluciones.

El MPF y el INADI brindaron jornadas de formación y sensibilización en Cafayate

Ciento cincuenta agentes de la Comisaría N°60, del Hospital Nuestra Señora del Rosario y de la Municipalidad fueron capacitados con una perspectiva antidiscriminatoria por la  asistente Técnica del INADI, Sofía Müller, y el asesor legal del Ministerio Publico Fiscal, Edgardo Torrejón. El delegado del INADI Salta, Gustavo Farquharson  coordinó la actividad.

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), junto al Ministerio Público Fiscal, dictó en Cafayate una capacitación al personal policial de la Comisaría N° 60, al personal del Hospital Nuestra Señora del Rosario y a los agentes municipales con el objetivo de generar espacios de formación y sensibilización.

Las “Jornadas de formación y sensibilización” -que fueron solicitadas por el Departamento de Género y Diversidad del municipio- tuvieron lugar este jueves y viernes y alcanzaron a 150 personas y se realizaron en el marco de una serie de cursos que viene realizando el INADI en las comunas de la provincia. “Necesitamos formar a todos los agentes públicos y capacitarlos con una perspectiva antidiscriminatoria, por eso estamos recorriendo los municipios con el objetivo de construir un Estado sin discriminación”, detalló el delegado del INADI Salta, Gustavo Farquharson.

Prácticas sociales discriminatorias, Discriminación por motivos de género, discriminación por motivos de diversidad sexual, Ley 26.485, Ley de identidad de género, fueron algunos de los temas sobre los que capacitaron en Cafayate, la asistente Técnica del INADI, Sofía Müller, y el asesor legal del Ministerio Publico Fiscal, Edgardo Torrejón.

El Ministerio Público Fiscal, a través del convenio de cooperación firmado por el procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, formó parte de las jornadas a través de Torrejón, quien está afectado al organismo nacional.

El MPF reconoció el aporte de familiares de víctimas de siniestros viales en la construcción de una sociedad más justa

A través de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV) se reconoció el permanente apoyo recibido por parte de Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad en Salta, en la lucha incansable que llevan a cabo en pos de la seguridad vial en la provincia.

El Ministerio Público Fiscal de Salta, a través de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales (OPRIV), reconoció en un emotivo acto, el valioso y permanente apoyo recibido por parte de Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad en Salta, en la lucha incansable que llevan a cabo en pos de la seguridad vial en nuestra provincia.

Raúl Córdoba y Marcela López fueron los encargados de recibir los reconocimientos de manos del procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien minutos antes recalcó la hercúlea tarea de los familiares de víctimas de siniestros viales, que “fueron capaces de metabolizar el dolor en el trabajo por una sociedad más justa”.

“Los admiro porque hay gente, que tras vivir lo que les sucedió, no sabe qué hacer con el dolor y ustedes, con su lucha, fueron capaces de derrumbar muchos muros de impunidad», destacó Cornejo.

Por su parte, Raúl Córdoba –papá de Marco Córdoba fallecido en un siniestro vial en 2007- señaló que ya pasaron 14 años desde aquel segundo que les cambió la vida y que su objetivo es que la muerte de su hijo no haya sido en vano. “Buscamos que comprendan a la víctima”, precisó para luego lamentar la falta de acción por parte de la Justicia en lo que hace al cumplimiento de las inhabilitaciones para conducir y en la no aplicación de las penas establecidas en el artículo 84 bis (conducción imprudente) del Código Penal en Salta”.

En este marco, Córdoba destacó la creación de la Fiscalía Especializada en Siniestros Viales como un logro del Ministerio Público Fiscal y consideró que es un gesto de apertura hacia los familiares de las víctimas.

El procurador Cornejo subrayó que la puesta en funcionamiento de la OPRIV y la sanción de la ley que establece la creación de la fiscalía especializada es una respuesta al permanente trabajo de asociaciones como Estrellas Amarillas Salta, Familiares de Víctimas de Siniestros Viales y Familiares Contra la Impunidad.

“El éxito de esta Fiscalía será tener poco trabajo represivo y mucho constructivo. La misión de prevenir en el futuro los incidentes y la seguridad vial, excede en mucho a la seguridad ciudadana. Es una apuesta a la vida”, finalizó el Procurador General de Salta.

Del acto también participaron miembros de las tres organizaciones, la presidenta de la Fundación Cintia Fernández, Ana Fernández; la coordinadora General de la Procuración, Ana Cecilia Carraro; la titular de la OPRIV, Clelia Poma; las secretarias de Política Criminal, Sofía Cornejo; y de Gestión Institucional, Ivana Flores, entre otros.

La búsqueda de David Sulca sigue por aire y por tierra

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovanovics dirige la investigación para dar con el paradero del joven David Sulca, desaparecido desde el 15 de septiembre pasado en la zona de la Quebrada del Toro y participó anoche de una nueva reunión para optimizar los recursos disponibles para la búsqueda. Ademas del operativo aéreo desplegado, se rastrillan las rutas nacionales 40 y 51 y la zona de San Antonio de los Cobres, la zona triangulada por la que podría haber descendido. El padre de David se sumó al operativo aéreo.

Los helicópteros de la Fuerza Aérea especializados en búsqueda y rescate en montaña vuelan durante la jornada y podrían seguir mañana, si la búsqueda resultara infructosa.

En el encuentro de anoche, estuvieron autoridades nacionales, provinciales, la cúpula y personal de la Policía de la Provincia que tomó parte de la búsqueda terrestre e integrantes del grupo de rescate en altura de la Policía, quienes informaron cómo se realizó el primer vuelo de reconocimiento y búsqueda con los dos helicópteros y que, debido a las condiciones meteorológicas, debían regresar hoy.

El fiscal de Rosario de Lerma precisó que la convocatoria al padre del joven desaparecido, Wenceslao Sulca, para que se sume a los vuelos, surgió para que aporte y oriente desde arriba, como baquiano y por el conocimiento de la zona de Las Capillas, enclavada en medio de altas cumbres de los nevados San Miguel y Acay.

También confirmó que hay vertientes de agua en la zona, lo que genera otra expectativa con respecto de las posibilidades de hallar a Sulca con vida.

Jovanovics aclaró que “no hay fecha límite para la búsqueda porque son datos inciertos”, pero destacó que este jueves se confirmó que hay vertiente con agua en la zona, con lo cual, si el joven estuviera desorientado, tiene acceso al agua y eso extiende las probabilidades de encontrarlo con vida”.

Además, puntualizó que hay un operativo sobre las rutas nacionales 40 y 51 y la zona de San Antonio de los Cobres, “que son los  tres lugares por donde pudo llegar a salir, si no está en el cerro”, al tiempo que aclaró que “si bajó hacia la ruta o hacia algún poblado, ese es el triángulo”.

Finalmente, el fiscal Jovanovics detalló que dicho triángulo se encuentra en un punto equidistante entre Santa Rosa de Tastil y Potrero de Payogasta y hacia el oeste, la zona del Nevado del Acay y San Antonio de los Cobres. Por ello, también se están haciendo operativos de búsqueda en esos poblados, en los controles de ruta y en los puestos  de la zona. Ya no tanto cercano al lugar, sino en los alrededores.

Recordemos que el joven baquiano de 21 años lleva desaparecido nueve días, desde la mañana del miércoles 15 de septiembre, fecha en la que salió a lomo de mula rumbo al paraje Potrerillos, ubicado en los altos de la quebrada y con acceso por Santa Rosa de Tastil.

Abuso sexual: Recurren a la Corte Suprema contra el sobreseimiento del exsacerdote Rubén Lamas

El Ministerio Público Fiscal interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que deje sin efecto el  punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, que hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa del exsacerdote Emilio Raimundo Lamas y que dejó firme el sobreseimiento del acusado.

El lunes 20 de septiembre, el Alto Tribunal dispuso el sobreseimiento de Emilio Raimundo Lamas por prescripción de la acción penal por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por sacerdote y por la guarda, y abuso sexual simple agravado por ser cometido por sacerdote –tres hechos–, en perjuicio de J.C.G., y por el delito de promoción a la corrupción de menores agravada por la guarda, en perjuicio de C.F.M.

El recurso extraordinario federal por arbitrariedad de sentencia será en contra del punto I del pronunciamiento de la Corte de Justicia de Salta, mediante el cual, -por el voto de la mayoría, expresado por el presidente de la Corte, Guillermo Alberto Catalano, las juezas de Corte, Sandra Bonari, María Alejandra Gauffin y Teresa Ovejero Cornejo y su par, Sergio Fabián Vittar-, se dispone el sobreseimiento del exsacerdote.

Es que según la Corte de Justicia de Salta, casos como el de Lamas (como citó en el fallo que benefició al exsacerdote Aguilera, acusado de delitos del mismo tipo), fueron tratados en el precedente Chinque, de 2021, y cuyos fundamentos, en el caso actual, “resultan aplicables al presente y cabe reproducir”.

Entre otros argumentos, el pronunciamiento del Alto Tribunal refiere que “como bien señala Claus Roxin, ―la prohibición de retroactividad goza de una permanente actualidad político- jurídica por el hecho de que todo legislador puede caer en la tentación de introducir o agravar a posteriori las previsiones de pena bajo la impresión de hechos especialmente escandalosos, para aplacar estados de alarma y excitación políticamente indeseables”, y sostiene que entonces “impedir que se produzcan tales leyes ad hoc, hechas a la medida del caso concreto y que en su mayoría son también inadecuadas en su contenido como consecuencia de las emociones del momento, es una exigencia irrenunciable del Estado de Derecho”.

Y citó su propia jurisprudencia, en la que la Corte de Salta “tiene dicho que el instituto de la prescripción constituye la renuncia del Estado a la potestad represiva, en tanto cumple un relevante papel en la preservación de la defensa en juicio al impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano”.

También hicieron notar los ministros de la Corte que “no existe disposición alguna del derecho internacional de los derechos humanos que impida que los Estados partes, establezcan reglas de prescripción de la acción penal respecto de delitos de abuso sexual…Dicho de otro modo, por más aberrante que sea el delito de abuso sexual u otras formas de abuso infantil, no están comprendidos en ninguna disposición de un instrumento internacional que establezca su imprescriptibilidad”.

Por el contrario, el voto de la minoría -conformada por la jueza de Corte, Adriana Rodríguez Faraldo y sus pares Ernesto R. Samsón, Horacio José Aguilar y Pablo López Viñals-, sostuvo que correspondía rechazar el recurso y entre otros argumentos, por el mismo que esgrimió el Ministerio Público Fiscal, cuando citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Ilarraz, de naturaleza similar. En su fallo del 7 de junio de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, Justo José Ilarraz,  que solicitó el sobreseimiento por extinción de la acción – por prescripción-. El cura había sido investigado por delitos contra la integridad sexual en detrimento de menores y la Corte Federal entendió que no obraba en esa causa sentencia definitiva y habilitó la continuación del proceso contra el sacerdote.

Emilio Raimundo Lamas fue imputado el 17 de octubre de 2018 por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el hecho cometido por un sacerdote y por la guarda y por abuso sexual simple agravado en perjuicio de un hombre que lo denunció por hechos cometidos durante su adolescencia en Rosario de Lerma. El 5 de noviembre del mismo año, el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, lo imputó por el delito de corrupción de menores, en perjuicio de una segunda víctima, también menor de edad al momento de los hechos.

El inicio del juicio contra el exsacerdote estaba previsto para el 7 de mayo de 2020, pero el 28 de abril de ese año, el presidente de la Corte dispuso que se llame autos para resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Lamas que atacó la imprescriptibilidad de la acción penal. Este lunes, por mayoría, la Corte de Justicia de Salta dejó firme el sobreseimiento del acusado.

En agosto de 2020, el Tribunal Colegiado conformado por orden de la Congregación para la Doctrina de la Fe encontró culpable a Lamas de haber cometido los delitos y lo sentenció a la pena máxima, que es la dimisión del estado clerical. Después del juicio canónico en el que el Arzobispado de Salta encontró al religioso culpable de los abusos sexuales, se informó que esa sentencia, es definitiva e inapelable.

Allanamiento y detención en una financiera que estafaba con planes de «Autoahorro»

Bajo la dirección del fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, los investigadores del CIF, llevaron adelante este martes un allanamiento en una oficina ubicada en el centro de la capital salteña. Fue detenida una mujer, que será imputada en las próximas horas. Se sumarán otras detenciones.

Las actuaciones de la Fiscalía Penal iniciaron tras numerosas denuncias referidas al accionar de bandas delictivas que operan en la provincia de Salta y que utilizaban como fachada, supuestas financieras que ofrecían la fácil adquisición de automóviles y otros bienes, a partir de un plan de «Autoahorro».

El modus operandi detectado era el de cobrar cuotas pactadas, pero sin concretar la entrega de los vehículos. De esa forma, lograban hacerse de una gran cantidad de dinero abonado por los clientes, para luego cambiar las denominaciones de las empresas a través de las cuales cometían las estafas.

Durante el procedimiento fueron secuestradas tres CPU, sellos, talonarios de facturas de cinco supuestas empresas, además de documentación vinculada con clientes y posibles víctimas, entre otros elementos de interés para la causa.

El allanamiento solicitado por el fiscal Ramos Ossorio fue autorizado por el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien también hizo lugar al pedido del MPF y ordenó la detención de una mujer mayor de edad, quien será imputada en las próximas horas por la comisión de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita.  Habrá nuevas detenciones.

Un detenido por el homicidio de Misión Tapiete

El fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, interviene en la investigación penal iniciada por el homicidio de un hombre mayor de edad, ocurrido anoche en Misión Los Tapietes, de ese municipio. Hay un detenido.

La intervención de la UGAP inició cerca de medianoche del sábado, cuando tres hombres que habrían sido protagonistas de un enfrentamiento, ingresaron con heridas de arma blanca al hospital Juan Domingo Perón. De los tres, Néstor Rubén Pereira falleció como consecuencia de lesiones de ama blanca múltiples en tórax.

El segundo herido, de 28 años, es hijo de la víctima y presentaba heridas cortantes a la altura de la espalda y lateral derecho del tórax. Manifestó que estaba en otra casa cuando supo que varias personas fueron a causar desorden a su domicilio, pero fue herido durante el trayecto por integrantes de la familia que atacó la vivienda.

El tercero, de 37 años, se encontraba ebrio y presentaba una herida cortante a la altura de la espalda y de acuerdo al relato de la pareja de la víctima, fue el responsable de la muerte de su esposo. La mujer declaró que el acusado habría ingresado al domicilio, junto a otras quince personas y causaron desorden y arrojaron piedras. Entonces, salió su esposo y resultó lesionado con arma blanca.

El fiscal ordenó distintas diligencias, tales como el relevamiento planimétrico y fotográfico e inspección  ocular, con levantamiento  de indicios, además de la autopsia del cuerpo por parte del CIF – Orán, después del cumplimiento de protocolos vigentes por Covid-19.

El hombre fue detenido esta madrugada, luego de haber recibido el alta médica y será imputado en las próximas horas.