Rodrigo González Miralpeix

 Integridad Sexual

Solicitan prisión preventiva para un sacerdote acusado de abuso

El religioso Horacio Chauque Perales fue detenido e imputado por hechos de abuso sexual denunciados por dos personas vinculadas a su actividad pastoral. Tras conocer la acusación en su contra, se abstuvo de declarar.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, imputó este martes a Horacio Chauque Perales de 33 años, como autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración agravado por ser el imputado ministro de culto católico en perjuicio de un joven que concurría a una vicaría en Villa Los Sauces ; abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración agravado por ser el imputado ministro del culto católico y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el imputado ministro de culto católico en perjuicio de otro joven que concurría a la parroquia del Tránsito.

La primera denuncia fue realizada en setiembre de 2019 por un joven, quien relata que conoció al sacerdote cuando tenía trece años, en la Vicaría Cristo Rey de Villa Los Sauces y que tenía activa participación en las actividades pastorales. El religioso se ganó su confianza y la de su familia y en 2014 comenzó a someterlo a tocamientos inapropiados, que se repitieron en el tiempo, hasta que fue destinado a otra parroquia. Añade que luego intentó contactarlo telefónicamente y por redes sociales.

En noviembre de 2019, otro joven denunció que conoció al religioso en 2016, cuando fue destinado a la parroquia Ntra. Señora del Tránsito y que luego de entablar un vínculo de confianza con él, comenzó a someterlo a tocamientos y a un trato inadecuado. Denuncia también que en 2017, luego de una conversación que se volvió incómoda por su contenido, Chauque Perales lo sometió sexualmente. Señala que en forma posterior, el acusado continuó tratando de mantener contacto.

Se inició la investigación y cumplidas las medidas solicitadas por González Miralpeix, se solicitó su detención.

Durante la audiencia de imputación estuvo acompañado de un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

Desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías 5, su prisión preventiva.

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 Integridad Sexual

A juicio, por abusar de una menor durante un cumpleaños

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías en feria, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 24 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una menor.

La denuncia fue radicada por la madre de la víctima, quien expresó que el jueves 2 de julio pasado, la menor de 14 años se retiró del domicilio, por lo que radicó una denuncia por extravío de persona en la Comisaría de Campo Quijano.

Sostuvo que en la madrugada del sábado 4 de julio, efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía encontraron a su hija en barrio Atocha, por lo que en la Comisaría de Campo Quijano pidieron otros datos personales a la denunciante y llevaron a la menor al hospital de ese municipio, donde le realizaron un examen médico.

Al llegar a su domicilio, la menor pudo contarle a la cuñada de la denunciante, que el jueves, fue con su prima en colectivo hasta el Parque San Martín, en la ciudad de Salta, donde debían encontrarse con el novio de la prima.

Mientras esperaban, dos menores se acercaron y las trasladaron hasta las inmediaciones de una escuela del barrio Atocha II, donde se presentó el novio de la prima, quien les pidió que lo acompañaran a la casa de su tía.

Una vez en el lugar, festejaron el cumpleaños de joven, junto a otros dos hombres, entre los cuales estaba el acusado. Allí comenzaron a tomar bebidas alcohólicas y consumir estupefacientes, por lo que la menor sostuvo que comenzó “a sentirse rara”.

En un momento dado, la víctima se quedó sola en una habitación con el acusado y el otro hombre. La menor relató que el imputado se acercó, la tapó con una sábana y que sintió que la besaron, pese a que se negó. Luego, perdió el conocimiento.

Al despertar, la joven notó que el acusado se subía los pantalones y también sintió un fuerte dolor en la zona genital.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que el accionar delictivo del acusado fue corroborado mediante informes psiquiátricos, que dieron cuenta de las características de la personalidad del imputado. Es que por las características propias del ilícito, son los dictámenes periciales los que permiten probar que los eventos existieron tal cual fueron descriptos, de acuerdo a una valoración y conforme la sana crítica de los indicios incorporados a la causa.

Por otro lado, el fiscal destacó el coherente testimonio de la víctima, sostenido durante todo este tiempo, lo que refleja su verosimilitud, como así también el testimonio de la prima de la denunciante, quien pudo ser testigo de los hechos denunciados.

En efecto, “no hay que olvidar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios, por ello el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés y odio tendiente a perjudicar al imputado”, precisa el pedido del fiscal.

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 Integridad Sexual

Le pidió que la acercara en moto, pero abusó de ella y la dejó en una plaza

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 6, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 37 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal (dos hechos).

La denuncia fue radicada el 1 de marzo por la víctima, de 57 años, quien expresó que cuando se disponía a regresar a su domicilio ubicado en paraje Colomé, tras visitar a sus nietos en Seclantás, se cruzó con una amiga en el camino, mientras hacía dedo, quien le dijo que había “un chico en moto al que le podía preguntar si podía alcanzarla”.

Durante esa noche, se acercó el acusado en una moto enduro, quien le dijo a la denunciante, que se encontraba en estado de ebriedad. Aún así, la mujer le preguntó si podía llevarla hasta Molinos, para continuar el viaje hacia Colomé.

En su relato, la víctima sostuvo que tras unos 10 minutos de viaje, el imputado estacionó en la banquina, en un lugar oscuro y sin viviendas, la tiró al suelo y abusó de ella.

Tras esto, el acusado le dijo que no la llevaría a Molinos, sino al Churcal, a unos 20 minutos de viaje. Allí, la ingresó a una habitación por la fuerza, donde volvió a abusar de ella y luego, se quedó dormido. En ese momento, la víctima intentó abrir la puerta para escapar, pero estaba cerrada con llave. Como estaba muy adolorida, la mujer tampoco logró abrir la ventana, por lo que permaneció en el lugar y esperó a que el imputado despertara.

Una vez que el acusado despertó, llevó a la mujer hasta una plaza cercana a un hospital, donde fue asistida.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que en ambos hechos, el imputado atentó severamente contra la libertad y dignidad sexual de la mujer.

Los eventos descriptos fueron corroborados, fundamentalmente con el relato sostenido en el tiempo y coherente de la damnificada, lo que avaló la verosimilitud de los sucesos narrados.

Además, la revisación médica a la que se sometió a la víctima, evidenció lesiones en su cuerpo, que fueron constatadas por las dos médicas que la asistieron.

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 Integridad Sexual

Tenía restricciones, pero retuvo, amenazó y abusó de su expareja

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 29 años, acusado de los delitos de desobediencia judicial, violación de domicilio, coacción, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real.

La denuncia fue radicada el 30 de abril pasado por la víctima, quien manifestó que estuvo en pareja con el acusado durante casi tres años, con quien tuvo tres hijos. También indicó que se separó de él hace más de un año, pero que el imputado permanentemente rondaba por la zona o ingresaba a su casa y que ya lo había denunciado, por lo que obtuvo la exclusión del hogar.

En su relato, la mujer sostuvo que mientras dormía en un inquilinato ubicado sobre calle San Martín, del municipio La Merced, el acusado ingresó a la habitación, la tomó del cuello y le cuestionó “con qué macho estabas”, en referencia a otros inquilinos. Cuando la mujer le pidió que se retirara, el acusado le dijo “yo nunca te voy a dejar libre y si te veo con otro, te mato”. Tras esto, se acostó a su lado.

La víctima sostuvo que el imputado estaba ebrio y que la agarró sin permitirle salir de la habitación hasta la mañana siguiente.

Cuando la mujer se levantó con la intención ver a los niños, que dormían en otra habitación, el acusado la tomó por la fuerza y abusó de ella.

Luego, el imputado se retiró del lugar, mientras la denunciante permaneció todo el día en la habitación, por temor a que el acusado estuviera cerca. Sin embargo, pudo hablar con una amiga y con su hermana sobre lo sucedido, antes de radicar la denuncia.

En sus fundamentos, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, sostuvo que los eventos fueron corroborados, fundamentalmente, con el relato sostenido en el tiempo y coherente de la víctima, quien a pesar del tiempo transcurrido, continuó angustiada, lo que avaló la verosimilitud de los sucesos narrados.

Además, la revisación médica a la que se sometió a la víctima, evidenció lesiones en su cuerpo.

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 Integridad Sexual

Por las conductas de su hijo, descubrió que era víctima de abuso de su cuñado

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 8 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 29 años, acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en concurso real, en perjuicio de un menor.

La denuncia fue radicada el 17 de mayo de 2018 por la madre del menor, en la que expresó que en algunas oportunidades, dejaba al niño al cuidado de su hermana, quien residía en el mismo domicilio ubicado en la zona sur de la Ciudad de Salta y que tenía como pareja al acusado.

Al notar que el imputado era una persona violenta y problemática, la denunciante pidió a su hermana que no permitiera que el acusado ingresara al domicilio.

En su relato, la denunciante indicó que pese al pedido, supo que su hermana permitía el ingreso del acusado cuando ella debía ausentarse por trabajo y que por conductas que detectó en el niño y por comentarios que le hizo la niñera, supo que el menor besó a un vecinito y que se tiraba encima de otros niños, cosa que antes, no hacía.

Cuando la denunciante se enteró que el acusado fue detenido por el robo de un celular, vinculó la conducta de su hijo con alguna cosa que podría haberle pasado con el acusado, ya que el niño también se había tornado agresivo.

Al mostrar al menor la noticia de la detención del acusado por robo y tras varios intentos de diálogo, la denunciante logró que el menor le contara, como secreto, sobre los abusos.

El accionar delictivo del acusado fue corroborado con informes psicológicos realizados a la víctima. Y por las características propias del ilícito, son los dictámenes periciales los que permiten probar que los eventos existieron tal cual fue descripto, de acuerdo a una valoración conforme a la sana crítica de los indicios suficientes incorporados a la causa.

Por otro lado, el fiscal resaltó el coherente testimonio de la víctima, sostenido durante todo este tiempo, lo que reflejó su verosimilitud.

Vale recordar que los delitos de abuso sexual se consuman en un marco de privacidad que conspira habitualmente para la incorporación de elementos probatorios. Por eso, el testimonio de la víctima adquiere plena prueba al no advertir interés y odio tendiente a perjudicar al imputado.

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 Integridad Sexual

Va a juicio por ejercer violencia verbal, física y sexual contra su expareja

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 1, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 40 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por el género.

La denuncia fue radicada el viernes 27 de septiembre de 2019 por la víctima, en contra del acusado, con quien mantuvo una relación sentimental durante dos semanas y que decidió terminar por malos tratos.

Relató que el sábado 21 de septiembre de ese año, cerca de las 23, cuando entraba sola a su domicilio ubicado en Villa Mitre de la Ciudad de Salta, apareció el acusado, quien la llevó por la fuerza al dormitorio, donde la insultó, golpeó y abusó de ella.

Sostuvo que en ese momento, no quiso radicar la denuncia por temor, luego de que recibiera audios amenazantes por whatsapp por parte del acusado, en los que advertía que si decía algo, “iba a conocerlo”.

Sin embargo, el miércoles 25 de septiembre, nuevamente el acusado ingresó a su domicilio con llaves que se había llevado y se abalanzó sobre la víctima, quien cayó pesadamente al suelo y se golpeó la cabeza.

El acusado continuó su ataque con golpes, mientras le cuestionaba a la víctima por qué le contó a una amiga sobre el primer episodio y la culpaba por ponerle fin a la relación.

La revisación médico legal practicada por profesionales del CIF a la víctima, permitió constatar que la damnificada presentaba importantes lesiones equimóticas en rostro y una lesión equimótica en la cara posterior y externa de la pierna derecha. Además, presentaba lesiones excoriativas en el segundo y tercer dedo de la mano derecha y del segundo al quinto dedo de la mano izquierda.

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 Integridad Sexual

Cachi: Va a juicio por abusar de una joven a la que antes acosó

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 5, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 41 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una mujer.

Una vez terminada la investigación, el fiscal penal Rodrigo González Miralpeix, entendió que fue acreditada la existencia del delito endilgado y la responsabilidad penal del imputado.

Las actuaciones de la fiscalía iniciaron tras la denuncia radicada el 27 de febrero del corriente año por la víctima, quien relató que ese día, su hermana la envió a dar de comer a los perros en la casa de su padre, a dos kilómetros de su domicilio, tras lo cual, caminó hasta el río de Cachi adentro e intentó cruzarlo para acortar la distancia.

En forma sorpresiva, el acusado apareció por detrás y la tomó de los brazos con la intención de tirarla al suelo. Durante el forcejeo, el imputado le dijo “vos me andás gorreando”; aunque la víctima no mantenía ningún tipo de relación con el acusado, quien en distintas oportunidades previas la acosó.

Una vez que logró zafarse, la víctima intentó cruzar un brazo del río, pero el acusado volvió a tomarla, la llevó hasta un corral y cometió el abuso.

La conducta atribuida al acusado fue establecida conforme lo declarado por la víctima en su denuncia y luego, en su declaración testimonial en la sede fiscal.

Además, el examen médico al que se sometió la mujer, dio cuenta de las lesiones sufridas, tanto en la superficie corporal como en la zona genital.

Por último, el Servicio de Biología Molecular Forense del CIF logró identificar células epiteliales y fluido seminal coincidentes con el perfil genético del acusado.

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 Institucional

Una Unidad Fiscal investigará posibles irregularidades en el otorgamiento de beneficios a Terrón Villagrán y Leiseca

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó la Unidad Fiscal para la Investigación de la Averiguación Preliminar sobre noticia criminis, referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos a los condenados Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, por parte del Juzgado de Ejecución N° 1. La Ley 7.138 establece la posibilidad de remoción de magistrados por mal desempeño.

Para adoptar tal decisión, el Procurador consideró necesario abrir una investigación, atento a la noticia criminis referida a supuestos beneficios penitenciarios concedidos al Francisco Terrón Villagrán y Aldana Leiseca, y que podrían constituir anomalías o irregularidades en su otorgamiento por parte del Juzgado de Ejecución N° 1 del Distrito Judicial del Centro.

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los arts. 81 y 82 del Código Procesal Penal de la Provincia y para asegurar un eficiente y adecuado desempeño de las funciones del Ministerio Público Fiscal, Cornejo adoptó las medidas tendientes a posibilitar un mejor aprovechamiento de los recursos humanos disponibles y favorecer así la defensa de los intereses por los que el organismo debe velar. Y destacó que resulta menester disponer la creación de la Unidad Fiscal mediante la cual los fiscales penales Rodrigo González Miralpeix y Ramiro Ramos Ossorio, asumirán el trámite de la causa.

Vale recordar que la normativa vigente, a través de la Ley 7.138, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público, en la sección referida a la Acusación y el procedimiento de remoción, establece que “los Jueces y Funcionarios del Ministerio Público pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por cualquiera del pueblo o por el Ministerio Público, por: Delito común, Mala conducta, Retardo de Justicia, Mal desempeño o Falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”.

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 Integridad Sexual

A juicio, por abusar de dos nenas de 12 años

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió ante el Juzgado de Garantías 4 la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado a un hombre de 26 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia en perjuicio de dos menores de 12 años.

De la investigación surgió que el imputado, de nacionalidad boliviana y quien se desempeñaba como peón rural, condujo a las menores un lugar apartado de la residencia para abusar sexualmente de ellas.

El imputado también aprovechó la vulnerabilidad de las víctimas por la ingesta de alcohol y su corta edad.

Las actuaciones iniciaron con la denuncia radicada por la madre de una de las menores en febrero del corriente año en el destacamento policial de La Silleta, quien manifestó que durante la medianoche tomó conocimiento que su hija no se encontraba en su dormitorio y tampoco su amiga.

Tras una búsqueda por las inmediaciones de la casa, al poco tiempo aparecieron las menores, quienes relataron lo sucedido.

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 Integridad Sexual

Apelaron la libertad condicional de Terrón Villagrán

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, interpuso ante el Juzgado de Ejecución y Detenidos de 1° Nominación un recurso de apelación de la libertad condicional otorgada a Francisco Javier Terrón Villagrán, condenado en agosto de 2016 por los delitos de abuso sexual y distribución de pornografía infantil.

El fiscal penal Rodrigo González Miralpeix argumentó que para otorgar el beneficio de libertad condicional, el juez Rodolfo Darío Quinteros consideró la evolución psicológica sostenida y favorable del perito de parte de la defensa de Terrón Villagrán y dejó pasar por alto lo expresado por los profesionales del Gabinete de Psicología del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario, quienes no descartaron la posibilidad de que el penado incurriera nuevamente en conductas iguales o similares a las que llevaron a su detención.

También advirtieron en su informe que en cuanto a su relación con la figura femenina, el penado establece relaciones asimétricas en las que se ubica en un lugar de control y superioridad con respecto de ella.

En cuanto a su desarrollo psicosexual, se infiere que Terrón Villagrán realiza un control de sus impulsos y despliegue de su sexualidad, la cual en la actualidad parece estar cercenada por las condiciones de encierro de detención. No obstante, advirtieron que “en situaciones de tensión pueden manifestarse comportamientos impulsivos y eventualmente agresivos”.

En este sentido, el fiscal penal González Miralpeix consideró que debe hacerse real hincapié en los informes realizados por los profesionales del Gabinete de Psicología del Poder Judicial y del Servicio Penitenciario, ya que lo expresado por ellos es de suma importancia y relevancia a la hora de analizar la concesión del beneficio, debido a que diferentes aspectos de la personalidad de Terrón Villagrán evidencian claramente que el penado no está aún en condiciones de reinsertarse a la vida social.

El fiscal también destacó que no se valoró en absoluto la opinión emitida por el Consejo Correccional, que por unanimidad, dictaminó desfavorablemente al acceso del penado al beneficio de la libertad condicional y que basó su opinión en referencia a conclusiones arribadas por el Gabinete Técnico Criminológico.

De tales informes psiquiátricos, surgió que el condenado “justifica y minimiza su accionar y no evidencia angustia ni actitud reparadora”, mientras que “evidencia conflictos intrapsíquicos no resueltos, por lo cual asiste a tratamiento psicológico extra institucionalmente”.

Por otra parte, el fiscal dijo que corresponde tener en cuenta lo manifestado por los padres de la niña víctima ante el juzgado el 11 de noviembre de 2019, cuando indicaron que no estaban de acuerdo con que el interno accediera al beneficio de libertad condicional y que es una persona que todavía no está rehabilitada.

Además, el fiscal González Miralpeix sostuvo que para la obtención de la libertad condicional, no resulta suficiente cumplir con el requisito temporal, ni tampoco con la observancia de los reglamentos carcelarios, sino que “resulta de fundamental importancia tomar en cuenta la evolución que el condenado ha tenido en el tratamiento penitenciario y, en consecuencia, su pronóstico de reinserción social”, que en el caso resulta insuficiente.

Por lo expresado, el Ministerio Público Fiscal entendió que debe revocarse el beneficio concedido y solicitó la impresión del trámite de ley para elevarlo al Tribunal de Impugnación, para que revea la decisión adoptada y resuelva conforme a lo planteado.

Javier Francisco Terrón Villagrán fue condenado en agosto de 2016 por la Sala IV del Tribunal de Juicio, a la pena de 5 años y 9 meses de prisión por abuso sexual y distribución de pornografía. La entonces fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Luján Sodero Calvet, representó al Ministerio Público Fiscal en el juicio.

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