Orán: El Ministerio Público Fiscal pidió celeridad para concretar dos juicios de interés público y relevancia institucional

Las Unidades Fiscales que intervienen en el distrito Orán presentaron pedidos de pronto despacho para que avancen dos procesos judiciales de alto impacto institucional. Los planteos están vinculados a la causa por el robo a la empresa Abra del Sol y al expediente que tiene como imputado al exjuez de Garantías Claudio Parisi.

Las Unidades Fiscales creadas por el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, para intervenir en el distrito Orán solicitaron a los tribunales competentes que adopten las medidas necesarias para avanzar con la realización de los juicios orales y públicos en dos causas consideradas de interés público y relevancia institucional.

Los planteos fueron presentados en carácter de pronto despacho, con el objetivo de evitar nuevas demoras en expedientes que se encuentran en condiciones de avanzar hacia la instancia de debate.

Robo a la empresa Abra del Sol

La primera de las causas mencionadas se refiere al robo sufrido por la empresa Abra del Sol, hecho que causó gran conmoción en la ciudad de Orán por la violencia desplegada por sus autores, quienes el 16 de diciembre de 2022 ingresaron al predio de la firma con los rostros cubiertos por pasamontañas y portando armas de fuego largas y cortas. Allí golpearon a empleados y personal de seguridad, les ataron las manos con precintos, les sustrajeron sus teléfonos celulares y una importante suma de dinero en pesos y dólares. 

Además, privaron de su libertad a uno de los socios gerentes y lo trasladaron en su camioneta Toyota SW4, dominio AB713XY, hasta un lugar alejado, donde lo abandonaron.

Por el hecho ya fueron condenados algunos de sus autores, entre ellos Cristian Gabriel Palavecino, quien actualmente cumple condena en el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza bajo el régimen de Personas Privadas de Libertad de Alto Perfil, y su mano derecha, Delfor Rogelio Sandoval, quienes reconocieron integrar una asociación ilícita dedicada a la comisión de este tipo de delitos.

Resta definir la situación procesal de otros imputados, entre ellos el contador de la empresa Abra del Sol, José Dimas Ruiz, quien fuera candidato a intendente de la ciudad de Orán.

La Unidad Fiscal requirió al Tribunal interviniente, en carácter de pronto despacho, que se lleven adelante las medidas necesarias para concretar la realización del juicio sin admitir más demoras, en razón de que las partes ya ofrecieron sus pruebas y estas fueron proveídas, restando únicamente la fijación de la fecha para la realización del debate.

Los representantes del Ministerio Público también recurrieron la decisión del juez de ordenar la devolución de la camioneta secuestrada a Delfor Sandoval. El mismo reconoció haber integrado una asociación ilícita, por lo que entienden que el vehículo debe ser decomisado en favor del Estado Provincial por constituir una ganancia proveniente de las actividades ilícitas que confesó cometer. Asimismo, reclamaron que la misma premura que se tuvo para resolver esa cuestión se tenga para disponer la realización del debate.

Investigación contra el exjuez Claudio Parisi

La segunda presentación fue realizada en una causa que tiene como imputado al exjuez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, quien fue destituido recientemente por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.

Se lo acusa del supuesto cobro de sumas de dinero a cambio de conceder distintos beneficios procesales en la tramitación de causas que tenía a su cargo. Justamente, una de las personas que habría resultado beneficiada por ese accionar fue José Dimas Ruiz, en relación con su participación en el robo a la empresa Abra del Sol.

En la causa mencionada, y debido a distintas excusaciones de magistrados del Poder Judicial de Orán, el Tribunal quedó conformado por jueces de la ciudad de Tartagal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin perjuicio de ello, los fiscales consideraron que existen diferentes planteos pendientes de resolución que no admiten mayores dilaciones. Recordaron que el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución que dispuso el otorgamiento de prisión domiciliaria al imputado, por entender que no se encuentran dadas las condiciones para modificar la modalidad de detención. 

En ese contexto, solicitaron que se adopten con celeridad las medidas procesales necesarias para avanzar hacia la realización del juicio.

En esta última causa ya fueron condenados por su participación en los hechos el exsecretario letrado del Juzgado, Maximiliano Correa; un exempleado de la Defensoría de Violencia de Género, Héctor Alderete; y un abogado del foro local, Roberto Ortega Serrano.

Orán: Roberto Ortega Serrano, Hector Manuel Alderete y Carlos Alfredo Martínez fueron condenados por delitos contra la administración de justicia

El letrado del foro local admitió su intervención en dos hechos de cohecho activo, además de violación de secretos y entorpecimiento de actos funcionales; Héctor Manuel Alderete reconoció haber actuado como intermediario en dos episodios de cohecho pasivo agravado, aprovechando su condición de empleado de la Defensoría de Violencia de Género y su relación de amistad con el magistrado destituido; mientras que el exintendente de Aguas Blancas aceptó su responsabilidad en los delitos de violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Las fiscales Daniela Murua y Mariana Torres y los fiscales Daniel Espilocín y Carlos Salinas, representaron al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado ante el Tribunal de Juicio Sala 1 de Orán, celebrada por pedido de los propios acusados para brindar su confesión sobre los hechos por los que venían acusados.

Ortega Serrano, fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y quedara sujeto al control de cumplimiento de reglas de conducta.

Carlos Alfredo Martínez fue condenado a un año y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, y a 4 años de inhabilitacion para ejercer cargos públicos, el máximo previsto para esa especie de pena para los delitos por los que fue acusados.

Hector Manuel Alderete fue condenado a 2 años y 8 meses de prision condicional y a la pena de inhabilitacion perpetua para ejercer cargos publicos.

Durante la investigación, la Unidad Fiscal constató que Roberto Ortega Serrano, en su carácter de abogado, pagó dádivas a un magistrado y a su secretario para obtener beneficios procesales indebidos para sus defendidos. Entre los actos confesados se incluyen la obtención de la detención domiciliaria de César Daniel Martínez, imputado por tentativa de femicidio, la nulidad del requerimiento acusatorio que impidio que la causa sea elevada a juicio, así como la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien hasta la fecha permanece prófugo acusado de matar a una mujer mientras conducía una camioneta y luego fugarse del lugar y hacer desaparecer el vehículo.

Ortega Serrano admitió, además, haber accedido indebidamente a un expediente judicial, obteniendo información reservada sobre allanamientos, pedidos de secuestro de celulares y dispositivos de almacenamiento de datos, así como detalles de declaraciones de testigos. Parte de esta información fue compartida mediante la aplicación WhatsApp, permitiendo a los investigados anticiparse a las medidas fiscales y alterar el curso normal de la investigación.

Carlos Alfredo «Conejo» Martínez, reconoció haber recibido información confidencial de Ortega Serrano, respecto de la investigación del crimen de su hermano, «Oreja» Martínez, y haberla difundido a terceros, vulnerando la reserva de los datos judiciales, aprovechando la misma para borrar datos de sus dispositivos electrónicos e influir sobre testigos para que modifiquen su declaración.

Hector Manuel Alderete reconoció haber intermediario entre Ortega Serrano y el Magistrado a cargo de las causas para que este último reciba los pagos mencionados.

Los ahora condenados, llegaron al juicio abreviado, detenidos durante 1 año y 2 meses con prisión preventiva, ante los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Tras la condena dictada para estos tres acusados, resta juzgar a los imputados Claudio Alejandro Parisi, destituido de su cargo de Juez de Garantías y actualmente detenido, y al Secretario Letrado quien se encuentra con prision domiciliaria, quienes optaron por la realización de un juicio oral y publico.

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