Cinco integrantes del grupo antagónico serán llevados a juicio por el homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa en perjuicio de Santiago Roberto Sebastián Bayón, ocurrido el 9 de febrero de este año en Villa Los Tarcos.
La fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, requirió juicio para Matías Daniel Vázquez, “Huevo”; Walter Exequiel Vázquez, “Kiko”; Cristian Maximiliano Vázquez; Jonatan Emilio Caba y José Manuel Tapia, “Josí “como coautores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa en perjuicio de Santiago Roberto Sebastián Bayón.
Se pudo establecer que la víctima participó de una fiesta en la zona y se retiraba con unos amigos y quedó en el medio de una pelea entre dos grupos antagónicos conocidos como “Los más buscados” y “Los de 3 de Febrero”.
La fiscal señala en el requerimiento que Bayón falleció por traumatismo grave de cráneo, producto de los golpes que recibió la víctima en la cabeza por parte de los acusados, quienes además le sustrajeron las zapatillas.
Se requirió juicio para José Gustavo Gareca por el homicidio de Antonella Mirna Eva Di Marzo. El hecho ocurrió en octubre de 2018 y el fallecimiento se produjo en enero de este año.
La madrugada del 21 de octubre de 2018, la mujer trans fue encontrada tendida en la vía pública por una patrulla. Se encontraba inconsciente, visiblemente golpeada y semidesnuda, por lo que fue asistida y permaneció internada hasta el 27 de enero de este año, cuando falleció.
De las tareas investigativas desplegadas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y de datos obtenidos de testimonios de otras personas, se logró la detención de Gareca, que fue identificado como quien se encontraba con la víctima al momento de los hechos.
La propietaria del establecimiento y la persona que se encontraba al cuidado del bebé de 8 meses que falleció por broncoaspiración en el mes de julio del año pasado, serán llevadas a juicio por el delito de homicidio culposo.
En el requerimiento, la fiscal expone que del informe de autopsia se concluyó que la muerte del menor se produjo por neumopatía (bronquilitis), broncoaspiración y de los elementos colectados se determinó que el bebé estaba a cargo de Cristina María Yapura y que la propietaria y responsable de la guardería era Luciana Noelia Dan Fernández, por lo que entiende que ambas incurrieron en el delito de homicidio culposo, ya que a ellas se les había delegado el cuidado y guarda del niño, que por su corta edad no disponía de la capacidad de valerse por sí mismo y que exigía un mayor cuidado.
Según Simesen, la responsabilidad de la propietaria de la guardería obedece a que su conducta negligente contribuyó al resultado muerte, al haber contratado para el cuidado de un bebé, a una persona que no tenía idoneidad necesaria para asumir el rol.
En tanto, Cristina María Yapura, en su carácter de empleada de la guardería, tenía la obligación de cuidado, protección y vigilancia constante del niño, habiendo incurrido en una conducta omisiva que derivó en la muerte del bebé, que falleció por broncoaspiración, lo que demuestra que hubo un lapso en el que el menor no estaba siendo vigilado por la persona que lo tenía a cargo, ya que de haberlo estado observando, habría podido percibir manifestaciones externas e intervenir para salvarle la vida. Finalmente expresa que se sospecha que las maniobras de resucitación que se hicieron, fueron extemporáneas.
Se trata de 3 mayores y 1 menor de edad que en el mes de marzo fueron detenidos tras cometer dos robos violentos en la zona Sudeste de la ciudad. En uno de ellos, sustrajeron prendas de vestir y un celular a un menor de edad a punta de cuchillo.
Imagen Ilustrativa
La fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio requirió juicio para Pablo Benjamín Chosco Arumbari, Mauricio Víctor Burgos y Santiago Enrique Espinosa por los delitos de robo calificado por el uso de arma, por la participación de un menor y por cometerse en poblado y en banda y contra dos menores de edad por el delito de robo calificadopor el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda.
La investigación se inicia con la denuncia de un hombre mayor de edad que fue sorprendido por un grupo de jóvenes en barrio Primera Junta y que tras golpearlo, le sustrajeron algunos efectos personales.
Luego se radicó la denuncia de la madre de un menor que fue atacado también por un grupo de jóvenes en la zona y amenazándolo con un cuchillo, le sustrajeron prendas de vestir y el celular.
Los delincuentes fueron detenidos e imputados y tras reunir los elementos de convicción necesarios, la fiscal requirió juicio para los 5 acusados.
Se trata de dos mujeres y un hombre, quienes llevaban adelante la comercialización de droga en la ciudad termal. A partir de denuncia de vecinos, la fiscalía de esa ciudad llevó adelante pesquisas y desbarató esta boca de expendiohace una semana atrás.
El fiscal penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Metán, para Fabián Valdez de 27 años y para Teresa del Carmen Zernado de 19 años y Fernanda Isabel Zenardo de 28 años por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
De las tareas desplegadas por personal de la Sección de Drogas Peligrosas Rosario de la Frontera, se pudo identificar a los sospechosos y se reunieron los elementos de convicción necesarios para que el fiscal solicite orden de allanamiento y detención para los domicilios investigados.
Como resultado de los procedimientos se logró la detención de los tres investigados y se logró el secuestro de importante cantidad de sustancia estupefaciente, teléfonos celulares, dinero y otros elementos de interés para la causa.
Los hermanos Moreno Reyes están acusados de atacar a un hombre de 27 años a principios del mes de febrero y dejarlo en coma. La víctima falleció tras un mes de internación y se produjo su detención.
El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio para Carlos Emilio Moreno Reyes de 39 años, Carlos Rubén Moreno Reyes de 44 años y Carlos Moreno Reyes de 33 años por el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Nelson Javier Tolaba de 27 años.
El hecho ocurrió el pasado 16 de febrero a las 10.30 de la mañana en barrio La Rivera, zona Oeste de la ciudad, cuando tres personas ingresaron violentamente al domicilio de la víctima, le propinaron golpes en la zona de la cabeza y le provocaron lesiones en el cuero cabelludo con elementos contundentes que sacaron del vehículo en el que se movilizaban. Habría motivado el ataque la supuesta participación de la víctima en un robo.
Tolaba, apodado “Satanás”, fue trasladado al hospital San Bernardo, donde fue asistido y permaneció en coma hasta el día 27 de ese mes, que se produjo su deceso.
Un perro delató al intruso, quien luego fue reducido. Cuando la Policía se lo llevaba detenido, amenazó a sus captores y a sus familiares con matarlos y quemar sus casas. La fiscal penal 6, Ana Inés Salinas, remitió la causa a juicio.
El caso, según lo informado desde la fiscalía penal 6, ocurrió en una vivienda del barrio Solidaridad el 23 de marzo pasado. Por el hecho, la fiscal pidió el enjuiciamiento de Daniel Montoya, de 39 años, bajo la modalidad de proceso sumarísimo.
Entre las pruebas presentadas en su pedido de juicio, la fiscal se refirió a la denuncia del propietario, quien relató que se hallaba despierto a las 6 del día del hecho, por lo que se puso en alerta cuando escuchó que su perro ladraba cerca de un depósito que posee en el fondo del inmueble.
Ante ello, el hombre salió a revisar su morada y fue así que se dio con Montoya, quien se hallaba en el primer piso de su casa, que está en construcción. El sujeto trataba de forzar una ventana para llevársela, por lo que el dueño le pidió a su mujer que llamara al 911, como así también llamó a su vecino para que le ayudara a reducir al ladrón.
Cuando ambos subieron a la planta alta, descubrieron al intruso con una barreta que había tomado del depósito. El sujeto los amenazó con dicha herramienta, pero el propietario y su amigo no se amilanaron y acorralaron al acusado, al que finalmente redujeron.
Posteriormente, los captores bajaron al sujeto por las escaleras, pero éste trató de zafarse y al hacerlo, se cayó y sufrió lesiones en el rostro. Minutos después, la Policía llegó a la casa del vecino, circunstancias en que detuvieron a Montoya.
Al subirlo al móvil, en tanto, el acusado amenazó al dueño de casa y al vecino que lo capturaron, diciéndoles que iba a salir muy pronto y que luego los mataría y quemaría sus casas, hecho que también fue denunciado por el dueño de casa.
Tras la imputación penal, la fiscalía llevó adelante una serie de diligencias procesales que en los últimos días derivo en el cierre de la investigación penal, y su posterior remisión a juicio del caso por los delitos de amenazas y tentativa de hurto en contra de Montoya.
El acusado atacó a una vecina de la zona Este, pero apenas la abordó, vecinos salieron en su defensa. Su cómplice, que lo aguardaba en una moto, lo dejó solo y se dio a la fuga. Fue detenido y ahora, la fiscal penal 6, Ana Inés Salinas, pidió su enjuiciamiento.
Imagen Ilustrativa
El hecho, según lo informado desde la Fiscalía, sucedió el 14 de abril pasado cerca de la medianoche, cuando la víctima, una vecina del barrio Siglo 21, descendió del colectivo en inmediaciones de la plaza Nuevo Comienzo y se encaminó a su domicilio.
A los pocos metros, el acusado y su cómplice aparecieron en una motocicleta e interceptaron a la mujer. Al respecto, la Fiscalía informó que el imputado, identificado como Jesús Camacho, amenazó a la víctima con un arma de fuego, envuelta en una bolsa de plástico, exigiéndole la entrega de su teléfono celular.
La vecina entonces se trabó en un forcejeo con el acusado, circunstancias en que el sujeto intentaba apoderarse también de la cartera de la mujer. El atraco fue advertido por un grupo de vecinos, quienes al reconocer a la víctima inmediatamente entraron en acción.
Frente a la aparición de los vecinos, Camacho intentó darse a la fuga en dirección a donde se hallaba su cómplice, pero éste arrancó el rodado y escapó dejándolo solo. Tras correr unos metros, finalmente fue detenido y posteriormente entregado a la Policía.
El acusado tenía en su poder un arma de utilería, la que estaba envuelta en una bolsa de plástico. Para la fiscal Salinas, esta maniobra influyó notablemente en la víctima, quien no distinguió que se trata de un arma de juguete, por lo que el factor miedo influyó en su ánimo.
Tras la imputación penal en contra de Camacho por el delito de robo con arma de utilería en grado de tentativa, la fiscalía siguió adelante con una serie de declaraciones testimoniales, las que permitieron confirmaron el hecho y en vista de ello, la fiscal elevó en los últimos días la causa al Tribunal de Juicio.
Se trata de 20 personas que fueron detenidas en el mes de Agosto de 2018 en el marco del operativo “Pachamama”, que incluyó el allanamiento de 17 inmuebles y el secuestro de 4 motocicletas, 6 automóviles, una camioneta y más de 30 kilos de estupefacientes, entre marihuana y cocaína. Entre los imputados se encuentra una mujer que se desempeñaba como suboficial de la Policía de la Provincia.
El fiscal penal 1 de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, Santiago López Soto, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 para José Mauricio Guzmán, Facundo Leonel Guzmán, Lucas Martín Tanco, Adrián Nieto, Eliana Lorena Fuentes San Millán, Franco Exequiel Parrón, Fernando Ariel Zambrana, Alberto Nicolás Zerda, Juan Abel Ramírez, Elías Nicolás Verón, Hugo Portal, Rosa Arellano, Emanuel Alberto Acosta, Miguel Andrés Callau, Rodrigo Ezequiel Romero, Carlos Gustavo Díaz González, Elsa Padilla, Silvio Francisco Maza, Cristian Alexis Arias y Sergio Alejandro Estrada por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
Se trata de una causa compleja, tanto por la cantidad de detenidos, los elementos secuestrados como por el accionar desplegado por esta organización, la cual vendía droga al menudeo y proveía de estupefacientes a otras bocas de expendio, principalmente de la zona Norte, Oeste y Centro de la ciudad.
La investigación inició en Setiembre de 2017 a partir de investigaciones propias de los policías de esta Unidad, como así también se tomó en cuenta información aportada por vecinos y testigos a través del sistema de denuncias web.
En el requerimiento, López Soto agrega que las primeras informaciones llevaron a los investigadores, conducidos por el comisario Eduardo Sánchez Rosado, a centrar las pesquisas en un domicilio de barrio Universitario, apuntado por denuncias anónimas y también por estar relacionado a un incidente con un grupo supuestamente antagónico, perteneciente a un asentamiento vecino en Villa La Lata.
“Las pesquisas no fueron sencillas, pues esta banda tenía aceitados dispositivos para advertir la presencia de los investigadores. Uno de ellos estaba a cargo de jóvenes vecinos, la mayoría adictos, quienes ante la presencia de un vehículo extraño o que no fuera marcado por los acusados, alertaban a los hermanos Guzmán, principales imputados, con silbidos y otros recursos”, explicó.
Pese a ello, agregó el fiscal
“los policías lograron superar todos los cercos hasta obtener distintos datos
que nos permitieron atar cabos hasta llegar a todos los detenidos que proveían
de droga a varios revendedores”.
López Soto resaltó el aporte de testigos y vecinos, ya que fueron “claves” para seguir con las pesquisas. “Los Guzmán no solían comercializar la droga en su vivienda, sino que citaban a sus compradores en distintos lugares de los alrededores, y los encuentros se hacía dentro de vehículos”.
A partir del seguimiento e investigación en torno a los hermanos Guzmán, la fiscalía pudo llegar a otros revendedores, quienes se proveían de los principales imputados, los que a su vez comercializaban los estupefacientes en forma directa.
La organización, encabezada por los hermanos Guzmán, se proveía de droga que era entregada por Sergio Estrada, apodado “Negro Ale”.
“Este sujeto junto a otros dos
cómplices, Arias y Maza, eran los que proveían la droga”, declaró. Para dar con
los mismos, los investigadores centraron una serie de pesquisas en hospedajes
de la zona de la terminal de ómnibus y del hospital San Bernardo.
Desde allí, Estrada hacía los contactos para vender la mercadería a bandas organizadas, como el caso de la organización que lideraban Guzmán. “El primer procedimiento se realizó a fines de julio de 2018, oportunidad en la que se detuvo a Estrada, Arias y Maza con una importante cantidad de la droga”, indicó.
En el marco de esta investigación, las pesquisas permitieron dar con una mujer, Eliana Fuentes San Millán, quien resultó ser suboficial de la Policía de la Provincia y que se logró acreditar que participaba en la organización proporcionando información a su pareja, Fernando Zambrana, sobre el curso de la investigación.
El hecho ocurrió en Enero de este año, cuando tras una pelea, un hombre fue herido a traición con un arma de fuego en la zona abdominal, provocándole riesgo de vida.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Pablo Paz, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 para Emanuel Jesús Díaz Solís por el delito de tentativa de homicidio calificado por la alevosía y por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego y para José Alberto Morales por el delito de coacción agravada por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de fuego en concurso ideal por un hecho ocurrido el 19 de Enero de este año en asentamiento Sanidad.
En el requerimiento se hace constar que el damnificado, Tomás Ariel Casimiro se encontraba ese día por la tarde junto a dos hermanos y se presentaron tres personas con las que habían mantenido un incidente previo y se inició una pelea mano a mano entre Casimiro y Díaz Solís, mientras Morales sostenía un arma de fuego en forma intimidatoria para que los otros dos hermanos de la víctima no intervinieran.
Cuando terminó la pelea, Díaz Solís realizó tres disparos, uno de los cuales impactó en Casimiro por la espalda, según lo sostienen los testimonios y el informe efectuado por el Gabinete de Medicina Legal del CIF. Casimiro recibió una herida en la zona abdominal que le provocó lesión perforante hepática, perforación de vesícula biliar, perforación de colón transverso y lesión transfixiante de estómago en pared posterior y anterior del mismo.
