Requieren juicio para un hombre que abusó de una mujer a la que invitó a cenar a su casa

Luego de presenciar un partido de fútbol, el acusado invitó a la damnificada a su casa a cenar. Cuando la víctima quiso retirarse, la habría sometido a tocamientos y abusos.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito judicial Centro, para un hombre de 23 años, como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de una mujer.

La damnificada había conocido al acusado dos meses atrás, desde el momento del hecho, según denunció, y con el que no mantenía ningún tipo de vínculo sentimental.

El 23 de enero de 2022, la denunciante se encontró con el acusado en una cancha y, tras una charla, este la invitó a cenar, a lo que ella accedió.

En su relato la mujer señala que ya en el domicilio del hombre de 23 años, luego de terminar de comer, le expresó su intención de marcharse. Cuando él la acompañó a la puerta para despedirla, en lugar de abrir el portón, comenzó a realizar tocamientos que se tornaron cada vez más bruscos.

Contó la víctima que intentó pedir ayuda, pero el acusado la condujo a una habitación en la que abusó de ella, a pesar de su resistencia y su continua negativa, habiendo previamente forcejeado con ella.

El informe médico, emitido por la profesional que examinó a la damnificada, dio cuenta de que presentaba equimosis (moretones) en superficie inferior de maxilar, en senos, brazo, codo y muñeca derechos, en región axilar y brazo izquierdo, en rodillas y piernas, muslos, zona inguinal y glúteo.

Además, el certificado expresa que la paciente presentaba excoriaciones (irritación por raspadura) en brazos y rodillas.

El fiscal González Miralpeix sostiene en el requerimiento que, de los elementos colectados se vislumbra un grave acometimiento contra la reserva sexual de la denunciante por parte del acusado, lo cual se corrobora con el informe psicológico de la víctima, elaborado por la perito psicóloga del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), del que se desprende que presenta indicadores compatibles con vivencias de daño, devenidas de situaciones que se inscribieron como traumáticas. Concluye expresando que no se evidencian indicadores de simulación, ni mendacidad (hábito de mentir).

Remisero irá a juicio por abusar de una niña que quedaba a su cuidado en ausencia de su madre

La niña quedaba al cuidado del imputado, quien contaba con la confianza de la madre para dejarla a la menor a su cuidado e incluso la trasladaba a la escuela en el remis.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito judicial Centro, para un hombre de 57 años como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y reiteración, agravado por la guarda, en perjuicio de una menor de 9 años.

Fue el padre de la niña, separado de la madre, quien denunció los hechos en representación de su hija, luego que ésta le dijera que fue abusada por un hombre, amigo de su mamá.

La menor, quien actualmente tiene 13 años, le contó a su padre que los abusos sucedieron hasta 2019, cuando la madre la mandaba con su amigo o quedaba a su cuidado cuando ella se ausentaba, situaciones que el individuo aprovechaba para someterla a los abusos.

En su declaración testimonial mediante Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la niña expresó que todo comenzó cuando ella tenía 5 o 6 años hasta los 10 u 11, de forma reiterada.

El hombre la sometía a tocamientos en sus partes íntimas, según relató, en el auto, en la casa y en su habitación, en ausencia de su madre, ya que quedaba encargado de su cuidado y tenía llave de la vivienda.

Por su parte, la abuela materna de la niña declaró que conocía al hombre y que, tanto para su hija, su nieta y ella, era una persona de confianza.

El informe psicológico realizado por la perito psicóloga del Gabinete de Psicología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), concluyó que “se observa una afectación psíquica, que trae como consecuencia estados de angustia, llanto, ansiedad y un significativo sentimiento de desamparo, ligado a situaciones vivenciadas como avasallamiento a la esfera de la sexualidad”.

El padre de la adolescente refirió oportunamente que su hija tiene cicatrices de cortes, consecuencia de conductas autolesivas o de autoagresión.

El fiscal González Miralpeix pone de relieve en el requerimiento el testimonio de la víctima, sostenido durante todo este tiempo, de acuerdo a lo relatado por los testigos, lo que refleja su verosimilitud.

Por último, el Fiscal de UDIS expresa que el delito descripto resulta agravado, dado que el imputado ostentaba la condición de guardador de la niña.

“El fundamento del mayor reproche a la conducta se deduce del implícito deber moral que tenía el imputado sobre aquella y el nivel de confianza puesto en él, dado el trato familiar, derivado de la relación de amistad existente entre él, su pareja y la madre de la niña y por la profesión que ejercía y por la que fue contratado en diversas ocasiones”, concluye el Fiscal.

Requieren juicio para el acusado por abuso sexual a menores, y por producir y distribuir material de abuso sexual infantil

Las actuaciones se iniciaron por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children).  Los abusos quedaron registrados en material que se usaba para distribución y que forman parte de la causa.

La fiscal Penal especializada en Ciberdelincuencia Sofia Cornejo Solá requirió juicio ante el Juzgado de Garantías Nº 3, para un hombre mayor de 42 años, como autor del delito de producción y difusión de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación en calidad de víctimas de personas menores de 13 años, abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la edad de la víctima (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por la edad de la víctima (dos hechos), y abuso sexual simple agravado por la edad de la víctima.

Las actuaciones de la Fiscalía de Ciberdelincuencia se iniciaron por una alerta generada por NCMEC (Nacional Center For Missing & Exploited Children) donde la empresa Google detectó que un ciudadano de nacionalidad boliviana residente en Salta, se habría filmado abusando sexualmente de menores de edad, de sexo femenino oriundas de Salta.  Esto fue corroborado en investigaciones realizadas en redes sociales donde se observó que las menores concurrían al lugar donde acontecieron los abusos.

Durante la investigación, se llevaron a cabo diligencias con el objetivo de ubicar el lugar donde ocurrieron los incidentes, lo que condujo a la residencia del imputado en el macrocentro de la ciudad de Salta. En el transcurso de estas pesquisas, se pudo establecer que los videos fueron grabados y producidos en el interior de la habitación donde el acusado residía. Estos videos se registraron utilizando una cámara que estaba estratégicamente ubicada para enfocar principalmente la cama de su dormitorio.

Adicionalmente, en los videos, el imputado mostraba su rostro y su apariencia física, y luego compartía estas imágenes en línea a través de una cuenta de correo electrónico. Esta cuenta de correo se verificó al estar vinculada a un número de teléfono que se comprobó pertenecía al acusado.

Las conexiones realizadas fueron identificadas por la empresa Google, donde se pudo verificar de manera concluyente la descarga de contenido de abuso y/o explotación sexual infantil, utilizando el servicio de internet cuya titularidad también correspondía al acusado.

 

No declaró el detenido por distribución y producción de material de abuso sexual infantil

Se requirió juicio para un hombre acusado de atentar contra la vida de su expareja

El hecho ocurrió el pasado mes de abril en un salón de fiestas de la zona norte de la ciudad de Salta, donde la mujer resultó gravemente lesionada con un elemento punzo cortante.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro para un hombre de 36 años como autor del delito de tentativa de homicidio calificado por la relación de pareja preexistente y por violencia de género (femicidio) en perjuicio de una mujer de 35 años, con la que mantuvo una relación de pareja.

En el requerimiento a juicio, la fiscal expone las distintas medidas probatorias producidas durante la investigación y que constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

El hecho ocurrió el 15 de abril en un salón de fiestas de la zona norte de la ciudad de Salta, donde una mujer de 35 años resultó gravemente lesionada con un elemento punzo cortante y debió ser trasladada al hospital San Bernardo.

El acusado, con quien había mantenido una relación de pareja en forma previa, fue identificado como el principal sospechoso del hecho. Se encuentra detenido con prisión preventiva.

No declaró el acusado de atentar contra la vida de su expareja

Se requirió juicio para dos policías por violencia institucional y privación de libertad

Ambos efectivos policiales están acusados de agredir físicamente a dos hombres, la madrugada del 25 de noviembre de 2022, en el marco de un operativo de despeje que llevaban a cabo en el corredor Balcarce. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 5 del Distrito Centro, contra Gonzalo Rodrigo Wayar Gómez, de 31 años, por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia, privación ilegítima de la libertad y falsedad ideológica, todo en concurso real y contra Esteban Joel Yurquina, de 45 años, por los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y privación ilegítima de la libertad.

El hecho denunciado ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre de 2022 y, según consta en la denuncia, el damnificado caminaba junto a un amigo por calle Balcarce esquina Necochea cuando varios efectivos, que cumplían funciones de despeje, los interceptaron, cortándoles el paso, recibiendo insultos y golpes de puño.

En determinado momento, el acusado Yurquina le propinó golpes con la mano abierta y de puño en la cara al damnificado, lo que le provocó hematomas en rostro frontal y malar derecho, según quedó registrado en el certificado emitido por el médico legal y Hospital San Bernardo. En ese momento, apareció el oficial auxiliar Wayar Gómez, que también lo golpeó en el rostro, lo que fue filmado por el amigo del damnificado.

Respecto a este hecho, el Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) analizó material fílmico, aportado por particulares, del momento exacto en el que el efectivo golpea a mano abierta a la víctima.

El denunciante manifestó que luego lo esposaron y lo llevaron a la Comisaría 1º, después a la Alcaidía, al Hospital San Bernardo, más tarde, nuevamente a Alcaidía y lo regresaron a la Comisaría 1º, no permitiéndole realizar llamada, ni solicitar un abogado. Según expresó, pudo reconocer a los dos efectivos que son los que le pegaron.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, de cuyo análisis de las filmaciones, provistas por el Centro de Videovigilancia, ubicadas en calles Balcarce y Necochea, se observa a dos civiles, uno de ellos sujetando un teléfono móvil, mientras el otro mantiene un altercado con un efectivo policial que le propina un golpe de puño, que lo hace perder el equilibrio. Se pudo visibilizar, además, a dos oficiales que tomaron del cuello al mismo civil, para luego esposarlo.

En relación a la versión de lo sucedido, volcada en el informe policial realizado por el acusado Gonzalo Rodrigo Wayar Gómez, se advierte que no resulta coincidente con la brindada por el damnificado, el testigo y las filmaciones, tergiversando la verdad respecto al origen de la lesión del denunciante, razón por la cual el fiscal estima que su conducta encuadra en  el delito de falsedad ideológica, en virtud de haber insertado en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento debía probar.

En el requerimiento, el fiscal González afirma que ambos efectivos se encontraban ejerciendo un acto de servicio, excediendo claramente su función. Que, como consecuencia de ese ilegítimo proceder, le provocaron lesiones al damnificado, que fueron constatadas por el examen médico, expedido por el médico del Hospital San Bernardo, quien dejó constancia que, tras sufrir la agresión de terceros, el denunciante presenta hematomas en rostro, a nivel frontal y zona malar derecha. En historia clínica, el profesional médico diagnosticó traumatismo superficial que afecta la cabeza y el cuello.

Por otro lado, afirma el fiscal de Derechos Humanos, con claro exceso en el ejercicio de sus funciones y sin que existieran motivos razonables u orden de la autoridad competente, se privó ilegítimamente de la libertad ambulatoria a ambos damnificados, a quienes retuvieron en la Comisaría 1°, sin causa.

El requerimiento expresa que “se advierte una práctica de violencia institucional, que corresponde erradicar mediante sanción del sistema policial de nuestra provincia y país”.

Continúa expresando que “es preciso destacar que la violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad es una práctica estructural de violación de derechos humanos, por parte de funcionarios públicos policiales y del servicio penitenciario”.

Concluye que “la violencia institucional referida conlleva un plus de reproche, por cuanto es cometida por funcionarios públicos que por sus responsabilidades y deberes, se encuentran autorizados en los supuestos legales, para hacer uso de la fuerza pública, el que debe ser racional y cuya práctica contraria se transforma en violatoria de derechos humanos”.

Cafayate: Requieren juicio por abuso sexual para el tío de una menor

Fue la Asesora de Menores e Incapaces quien radicó la denuncia por los reiterados hechos de abuso sufridos por la menor por parte de su tío, quien la sometió a tocamientos. El acusado registra antecedentes por hechos similares.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual (UDIS), Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito judicial Centro – Cafayate, para un hombre de 31 años como autor del delito de abuso sexual simple continuado agravado por la convivencia en perjuicio de una menor de 12 años.

La denuncia fue radicada en mayo de 2022 por la Asesora de Menores e Incapaces 1 de ese distrito, en representación de la niña, por la posible comisión de un delito contra su integridad sexual.

Por su parte, la madre de la menor tomó conocimiento de la denuncia luego de que se hiciera presente en su domicilio una asistente social.

En declaración testimonial mediante Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), la menor expresó que su tío la sometía a tocamientos cuando no había nadie en su casa, situación que duró aproximadamente dos meses.

El requerimiento del fiscal penal González Miralpeix sostiene que los hechos descriptos se encuentran corroborados fundamentalmente, por la declaración de la niña damnificada, con un relato sostenido en el tiempo y concreto, y por el informe psicológico que da cuenta de indicadores de afectación en la esfera psicosexual de la menor.

Todo ello, continúa el fiscal, avala la verosimilitud de los sucesos narrados, más aún si se tiene presente que el acusado se encuentra con prisión preventiva por hechos similares a los ya mencionados.

Es por eso que, con los elementos colectados, entre los que se cuenta el informe del colegio sobre abuso sexual intrafamiliar en perjuicio de la menor de 12 años, el Fiscal de UDIS 2 solicita la remisión de la causa a juicio.

Irá a juicio por compartir una fotografía de abuso sexual infantil en un grupo de Whatsapp

El responsable fue individualizado y su teléfono fue sometido a peritaje, en el cual se pudo verificar la existencia del contenido. La denuncia fue realizada por la coordinadora del grupo.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito Centro, para un hombre de 30 años como autor del delito de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

La denuncia fue radicada por la administradora de un grupo de Whatsapp, que fue creado con fines académicos, e integrado por docentes y alumnos de una casa de altos estudios.

Según refiere, el 2 de marzo de 2022, el acusado habría compartido contenido de abuso sexual infantil, según quedó plasmado en la captura de pantalla que acompañó a la denuncia.

El teléfono celular es de propiedad de la madre del acusado, quien lo utilizaba mientras se encontraba estudiando. Luego del secuestro del equipo y posterior análisis, por parte de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), se concluyó que, de las extracciones de datos concretadas sobre la memoria interna, se pudo verificar la existencia de un archivo relacionado con material de abuso sexual infantil.

Señala el requerimiento del fiscal González Miralpeix que se encuentran suficientemente acreditados en esta instancia, los fundamentos inherentes al tipo de conducta delictiva, sobre la base del contenido de la extracción de datos de la fotografía en stiker, que dan cuenta de la tenencia y distribución de imágenes con contenido de abuso sexual infantil.

Será llevado a juicio por amenazar y abusar sexualmente de una mujer

El hecho sucedió en marzo, cuando el acusado, ejerciendo violencia psicológica, citó a la damnificada con supuestas intenciones de dialogar. Aprovechando la situación perpetró el abuso.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Rodrigo González Miralpeix, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 4 del Distrito Centro, para un hombre de 52 años como autor de los delitos de coacción y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.

La damnificada, una mujer de 23 años, radicó una denuncia expresando que en la mañana del 3 de marzo pasado, el acusado la abordó en el lugar donde ella realiza sus ventas en vía pública, en la localidad de General Güemes. Bajo amenazas de violencia física, él la obligó a aceptar una cita para reunirse y hablar.

Ante el temor a que el acusado cumpliera su amenaza, la denunciante relata que se dirigió al lugar acordado para encontrarse con él. Al llegar, ambos entablaron una conversación, pero de manera repentina, el acusado la sujetó fuertemente del brazo izquierdo y de la nuca. Acto seguido, la arrastró hacia un baldío cercano y, con violencia, la arrojó al suelo mientras la sujetaba firmemente del cabello. La mujer se golpeó la cabeza y quedó mareada, situación que el acusado aprovechó para someterla sexualmente.

Cabe mencionar que la damnificada expresó que conoce al acusado, con quien comparte algunas actividades laborales en otro lugar donde trabaja y que el hombre ya había intentado tomarla por la fuerza, no logrando su cometido.

En el requerimiento, el fiscal González Miralpeix sostiene que tal grado de probabilidad respecto de la acusación de la conducta atribuida al imputado, ha sido establecida de lo denunciado y la declaración testimonial por ante la fiscalía, por parte de la damnificada, como también con el informe psicológico de la perito psicóloga y el examen médico que da cuenta de las lesiones, ambos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Abigeato: Requieren juicio para tres hombres que intentaron sustraer un animal vacuno

Habían atado una vaca a un árbol. Cuando fueron sorprendidos, huyeron del lugar dejando sus pertenencias. 

Considerando que existen suficientes pruebas y elementos incriminatorios, el fiscal penal 2 de Metán en feria, Gonzalo Gómez Amado, presentó el requerimiento de remisión a juicio para tres hombres de 24, 27 y 37 años, quienes enfrentan cargos por el presunto delito de abigeato agravado en grado de tentativa.

Las actuaciones se originan a raíz de la denuncia presentada por un hombre que se identifica como propietario de ganado bovino que pasta en un terreno a campo abierto, cercano a las márgenes del río Juramento en el sector correspondiente al departamento Anta. El denunciante también menciona que en ocasiones, sus animales cruzan hacia el sector de San José de Orquera, perteneciente al departamento Metán.

Según su testimonio, su cuñado realizó una inspección rutinaria para verificar el estado de los animales, momento en el que observó a individuos desconocidos amarrando una vaca a un árbol. Al percatarse de la presencia del hombre, los sujetos huyeron rápidamente, dejando al animal atado.

El denunciante reportó de inmediato el incidente a las autoridades policiales, quienes respondieron de manera pronta. Los agentes divisaron a los presuntos responsables del hecho circulando en motocicletas, que al percatarse de la presencia policial, emprendieron la fuga abandonando sus pertenencias y vehículos en el lugar.

Cabe destacar que el hombre afirmó que esta no es la primera vez que ha sido víctima de robo de ganado en esa zona y que reconoce a estas personas, quienes, según sus declaraciones, frecuentan el lugar con regularidad.

Además de la denuncia presentada por el damnificado y el testimonio de un testigo, en las actuaciones se incluye el informe policial detallando el procedimiento llevado a cabo, que resultó en la incautación de diversos elementos, entre ellos el animal vacuno criollo, dos teléfonos celulares, dos motocicletas, cascos, llaves, mochilas y lazos, en el lugar de los hechos.

Se requirió juicio para los tres imputados por el homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas

Reunidos los elementos de convicción necesarios, la Unidad Fiscal que investiga el hecho, requirió que la causa sea elevada a juicio. La investigación continúa respecto a la intervención de terceras personas de acuerdo a los indicios genéticos recogidos.

La semana pasada, la Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, el fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores y el fiscal penal de Derechos Humanos, Gabriel González, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 3 en feria del distrito judicial del Centro, para Javier Nicolás Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Adrián Guillermo Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

El hecho investigado ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros, donde Salas fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda.

En el requerimiento a juicio, los Fiscales detallan de manera pormenorizada las numerosas medidas probatorias producidas a lo largo de la investigación realizada por la Unidad Fiscal creada en abril de 2022.

En la hipótesis abonada por los Fiscales, se sostiene que los acusados habrían utilizado a la mascota, de propiedad de uno de ellos, para sensibilizar a la víctima, dejándola en estado de vulnerabilidad, lo que fue aprovechado para ingresar al inmueble con fines de sustracción de elementos de valor, situación que derivó en el violento ataque a la mujer con más de un arma blanca, ofreciendo ella resistencia, provocándole múltiples lesiones que derivaron en su muerte.

También se pudo determinar que, días previos al hecho investigado, y desplegando el mismo modus operandi del uso de la mascota para sensibilizar, abordaron a otras mujeres en la misma zona de Vaqueros y que por distintas circunstancias, afortunadamente, no lograron concretar ningún ilícito. En relación a esta situación, se pudo conocer que uno de los imputados brindaba a las mujeres con las que entabló contacto, un número de celular, donde intercambiaba dos dígitos del número de la línea telefónica que tenía a su nombre, según corroboró la empresa prestataria.

Cabe recordar que el perfil genético de uno de los imputados fue confirmado en numerosas muestras recogidas de la vivienda de barrio San Nicolás a través de un informe final elaborado por el Servicio de Biología Molecular del CIF y con la intervención de una perito de control designada por la defensa de los detenidos. A su vez, este informe fue cotejado con un estudio realizado oportunamente en el año 2018 en el Laboratorio Regional de Genética Forense del NOA del Poder Judicial de la provincia de Jujuy y agregado a la causa desde entonces, donde se confirma el resultado de identidad genética.

En relación al perfil genético de este imputado, cabe destacar que tales patrones fueron recogidos en el año 2017 e incorporados a las actuaciones desde aquella fecha. Se considera oportuno señalar que las mismas corresponden a sangre del imputado encontrada en distintos puntos y objetos de la vivienda de barrio San Nicolás, entre ellos, en el hombro de la remera de una de las hijas de la víctima, como así también en acolchado, piso de la cocina, goteo en el pasillo y habitación principal. Ese perfil genético consta en los informes emitidos en la causa desde el año 2017, y fueron remitidos a todas las bases de datos operantes en la República Argentina (Mendoza, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos y Salta) y al Registro Nacional de Datos Genéticos. Abona la certeza de las conclusiones que en algunas muestras se tratan de perfiles únicos, de un solo individuo y no perfiles mezclados.

Se expone además un informe de la Unidad Especial de Investigación del CIF, de cámaras de seguridad, donde se concluye la presencia de vehículos de propiedad de los imputados, ahora secuestrados, situados en las inmediaciones del lugar del hecho, en día y hora precisa, considerando que los mismos fueron indispensables para la comisión del hecho y para asegurar la posibilidad de rápida huida del lugar.

Se detalla que del curso de la investigación y del análisis de numerosos objetos secuestrados oportunamente a los tres hombres imputados, se pudo determinar la presencia de bienes que habrían sido sustraídos en distintos hechos delictivos. Algunos cometidos con violencia.

Al ser entrevistados los titulares de las tarjetas bancarias, de las tarjetas transporte y de los documentos de identidad secuestrados, manifestaron haber sido despojados de los mismos en hechos delictivos donde en algunos casos aportaron características de sus agresores y en otros, precisaron la identidad de los causantes.

Es así que el acusado Javier Nicolás Saavedra, ya fue imputado en la Fiscalía Penal de Salvador Mazza por hurto calificado por un hecho ocurrido en julio de 2019 en Santa Victoria Este, cuando sustrajeron del domicilio de dos mujeres que desempeñaban tareas sociales en la zona, a través de una ventana, una notebook grande, una netbook, herramientas varias y documentos. Además, se sustrajo una valija en cuyo interior se encontraba una tarjeta bancaria a nombre de una de las damnificadas y que fue encontrada en el domicilio del acusado en Salta en ocasión de los allanamientos realizados durante el año pasado.

En las últimas horas fue imputado en la Fiscalía Penal 1 del distrito Centro por un hecho de robo ocurrido durante el primer semestre de 2018, cuando a una mujer que esperaba el colectivo, le arrebataron una mochila con efectos personales tales como su documento de identidad, tarjeta de SAETA y un celular. El documento y la tarjeta fueron encontrados también en el domicilio del acusado en Salta.

Obran en la causa los informes realizados por el área de Informática del CIF y de la Policía de la Provincia, sobre dispositivos electrónicos e informáticos secuestrados a los acusados y personas cercanas, desde donde se extrae información a través de chats y audios, en relación a manifestaciones concretas de sus allegados, quienes a partir de las fotografías dadas a conocer en diciembre de 2017 por el Ministerio Público Fiscal a través de los medios de prensa, ya manifestaban sospechas respecto a la participación de los acusados en el hecho en relación a los datos de los vehículos y a la mascota exhibida.

En relación a esto, se recibió la declaración de varios testigos de identidad reservada, quienes aportaron datos y confirmaron lo obtenido del análisis realizado, al reconocer en las fotografías incorporadas a la causa, características corporales similares a la de uno de los acusados.

Un informe del Departamento de Criminalística del CIF revela que del cotejo de imágenes y elementos secuestrados en la causa con fotografías aportadas por testigos y obtenidas del celular de la víctima, tienen correspondencia con la imagen de una mascota  y de un par de zapatos y con una mochila y un par de anteojos que se encuentran secuestrados.

Otro elemento probatorio de relevancia lo constituye el informe psicológico realizado a los tres imputados debido a las violentas características del hecho. A través del mismo se pudo conocer que dos de los acusados presentan antecedentes de consumo de sustancias estupefacientes y alcohol, que registran indicadores de peligrosidad y bajo control de sus impulsos en el desarrollo de sus relaciones personales.

Respecto del otro imputado, revela una personalidad con rasgos psicopáticos, narcisista, egocéntrica y carente de empatía, con indicadores de alta peligrosidad, principalmente hacia las mujeres.

Estos y otros elementos probatorios consignados en el extenso requerimiento a juicio, constituyen los elementos de convicción necesarios para solicitar que la causa sea elevada a juicio.

Por su parte, los integrantes de la Unidad Fiscal señalaron que la investigación continúa en relación a la participación de otras personas en el hecho, según surge de los indicios genéticos recogidos en la escena, para lo cual se encuentran en cumplimiento numerosas medidas dispuestas a tal fin.