Caso Dimas Ruiz: Fiscales recurren la negativa a fijar fecha de juicio

Tras el pronto despacho presentado el 6 de octubre, la Unidad Fiscal cuestionó la decisión del Tribunal de Juicio de mantener pendiente la fijación del debate por el robo a la empresa Abra del Sol. Solicitó dejar sin efecto la acumulación de otras actuaciones y avanzar con el juicio oral.

Los fiscales penales integrantes de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, interpusieron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante el Tribunal de Juicio, Sala I de Orán, frente a la negativa de avanzar con la fijación de la audiencia de debate en la causa por el robo a la empresa frutihortícola Abra del Sol, que tiene entre sus acusados a Dimas José Ruiz.

La presentación, realizada este 19 de octubre, constituye una nueva intervención de la Unidad Fiscal luego del pedido de pronto despacho presentado el pasado 6 de octubre, mediante el cual había reclamado que se fijara la fecha de juicio en una causa elevada a esa instancia en marzo de 2025.

El Tribunal, mediante una providencia del 14 de octubre, mantuvo su decisión de no avanzar con la fijación del debate debido a que en una de las causas acumuladas se encuentra pendiente de resolución un pedido de sobreseimiento.

Frente a esta respuesta, la Unidad Fiscal sostuvo que la acumulación de actuaciones está provocando un grave retardo en la realización del juicio, y cuestionó que se mantenga supeditado el avance del expediente principal a la resolución de una cuestión procesal correspondiente a otra causa.

Los fiscales señalaron que, cualquiera sea la decisión sobre el pedido de sobreseimiento, esta podría dar lugar a nuevas instancias recursivas y prolongar aún más los tiempos del proceso.

En ese sentido, plantearon que el artículo 52 del Código Procesal Penal permite dejar sin efecto la acumulación de actuaciones cuando esta genera demoras, de manera que el expediente principal pueda avanzar hacia el debate sin afectar los derechos de las partes.

La Unidad Fiscal también advirtió que la respuesta del Tribunal no resolvió expresamente el pedido de separar las actuaciones acumuladas, formulado precisamente para evitar que otras cuestiones procesales continúen postergando la realización del juicio.

En su presentación, los fiscales sostuvieron que esta situación afecta el derecho de los acusados a ser juzgados dentro de un plazo razonable y el de las víctimas a acceder a una tutela judicial efectiva.

Asimismo, consideraron que no resulta admisible que la realización de un debate oral y público continúe demorada por una cuestión procesal que, a criterio de la Fiscalía, puede resolverse sin afectar las garantías de las partes.

Por estos motivos, solicitaron que se deje sin efecto la decisión cuestionada, se disponga la separación de las causas acumuladas y se fije con premura la audiencia de debate.

Para el supuesto de que el Tribunal mantenga su postura, la Unidad Fiscal interpuso recurso de apelación en subsidio, al considerar que la decisión ocasiona un perjuicio de imposible reparación posterior.

Cabe recordar que, en su anterior presentación, los fiscales habían advertido que la demora en la realización del juicio provocó el vencimiento de los plazos de prisión preventiva de Dimas José Ruiz y Matías Ezequiel Malissia, cuyas situaciones procesales aún deben resolverse en debate.

La causa fue elevada a juicio en marzo de 2025 respecto de Dimas José Ruiz, Marcelino Daniel Cruz y Matías Ezequiel Malissia. En el marco del mismo proceso, otros cuatro acusados ya fueron condenados.

El hecho investigado ocurrió el 16 de diciembre de 2022, cuando, según la acusación fiscal, un grupo de al menos ocho personas ingresó armado y con los rostros cubiertos a la empresa Abra del Sol, redujo y maniató al personal y se habría apoderado de 13 millones de pesos, 160 mil dólares y una camioneta.

Caso Dimas Ruiz: Fiscales reclaman que se fije el juicio y presentaron un pronto despacho

Caso Dimas Ruiz: Fiscales reclaman que se fije el juicio y presentaron un pronto despacho

La causa por el violento robo a una empresa frutihortícola fue elevada a juicio en marzo de 2025 y aún no tiene fecha de debate. La Unidad Fiscal advirtió que la demora provocó el vencimiento de la prisión preventiva de Dimas José Ruiz y Matías Malissia y reclamó que se defina la situación de los acusados. Hizo reserva de acudir en queja ante la Corte de Justicia por retardo de justicia.

Los fiscales penales Daniel Espilocín, Pablo Cabot, María Luján Sodero, María Soledad Filtrín Cuezzo y Claudia Carreras, integrantes de la Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, presentaron un pedido de pronto despacho ante el Tribunal de Juicio frente a la demora en la fijación de la audiencia de debate en la causa por el robo a la empresa Abra del Sol, que tiene entre sus imputados a Dimas José Ruiz.

En la presentación, la Unidad Fiscal señaló que se encuentra vencido el plazo establecido para fijar la audiencia de debate sin que el acto procesal se haya concretado y calificó como “injustificada” la demora.

Los fiscales advirtieron que esta situación tuvo como consecuencia el vencimiento del plazo de prisión preventiva de Dimas José Ruiz y Matías Ezequiel Malissia, cuyas situaciones procesales aún deben ser definidas en juicio.

También señalaron la situación de Marcelino Daniel Cruz, quien se encuentra privado de su libertad y está imputado además en otra causa, por lo que remarcaron la necesidad de que el debate se realice para definir su responsabilidad penal en estas actuaciones.

La Unidad Fiscal sostuvo que tanto estas actuaciones como los expedientes acumulados se encuentran en la misma etapa procesal y que únicamente resta la fijación de la audiencia de debate. Planteó que, si el Tribunal considera que las acumulaciones retrasan la realización del juicio, sean dejadas sin efecto y se avance con las audiencias correspondientes.

Los fiscales señalaron además que no corresponde fijar una audiencia preliminar y requirieron directamente la realización del debate oral y público, instancia en la que deberá determinarse la responsabilidad penal de los imputados que aún deben ser juzgados.

Finalmente, ante la demora en la fijación del juicio, la Unidad Fiscal dejó formulada reserva de acudir ante la Corte de Justicia mediante un recurso de queja por retardo de justicia.

Cabe recordar que la causa fue elevada a juicio en marzo de 2025 respecto de Dimas José Ruiz, Marcelino Daniel Cruz y Matías Ezequiel Malissia, cuyas situaciones aún deben ser resueltas en debate.

En el marco de la misma causa, Cristian Gabriel Palavecino, Brian Gabriel Palavecino, Delfor Rogelio Sandoval y Javier Antonio Romero ya fueron condenados.

El proceso se originó por el robo ocurrido el 16 de diciembre de 2022, cuando, según la acusación fiscal, un grupo de al menos ocho personas ingresó con los rostros cubiertos y portando armas a la empresa frutihortícola. Tras reducir y maniatar al personal, se habrían apoderado de 13 millones de pesos y 160 mil dólares, además de una camioneta.

La acusación fiscal atribuye un papel particular a Dimas José Ruiz, quien se desempeñaba como gerente comercial de la empresa. Según la hipótesis sostenida al requerir la elevación a juicio, habría simulado ser una víctima y colaborado inicialmente con los investigadores para luego proporcionar información a los autores del hecho y facilitar su evasión.

La investigación incorporó evidencia digital obtenida de dispositivos electrónicos secuestrados, entre ella videos, fotografías y grabaciones de llamadas. Según sostuvo la Unidad Fiscal al elevar la causa a juicio, esos elementos permitieron reunir evidencia vinculada con la planificación del robo y con maniobras destinadas a entorpecer la investigación.

Caso Parisi: Fiscales presentaron una queja ante la Corte por retardo de justicia

Daniela Murúa y Daniel Espilocín acudieron a la Corte de Justicia ante la falta de resolución sobre la integración del Tribunal que deberá juzgar a Claudio Parisi. Los fiscales sostienen que la demora, que ya alcanza los nueve meses pese a dos pedidos de pronto despacho, provoca un serio perjuicio a la administración de Justicia y afecta el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable.

Los fiscales penales Daniela Murúa y Daniel Espilocín, integrantes de la Unidad creada por Resolución de Procuración N.º 1523/24, presentaron ante la Corte de Justicia de Salta una queja por retardo de justicia, en los términos del artículo 178 del Código Procesal Penal, en la causa seguida contra Claudio Alejandro Parisi y otros por cohecho agravado.

La presentación, dirigida a la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, se refiere a la falta de resolución del trámite vinculado con la inhibición de la jueza Norma Palomo y, en consecuencia, con la integración del Tribunal que deberá llevar adelante el juicio respecto de Parisi.

Como antecedente, el 18 de diciembre de 2025, Palomo, en su carácter de jueza de la Sala I del Tribunal de Juicio del Distrito Orán, homologó un acuerdo de juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria contra cuatro de los imputados en la causa.

Al quedar pendiente la situación procesal de Parisi, la Unidad Fiscal recusó a la magistrada con el objetivo de resguardar el derecho del acusado a obtener una sentencia de un juzgador imparcial.

Tras sucesivas recusaciones e inhibiciones de distintos magistrados, fueron convocados para integrar el Tribunal y resolver el planteo los jueces de Garantías del Distrito Tartagal Alvarado y Mariscal Astigueta.

También fueron convocados la jueza Soledad Rodríguez y el juez Martocchia, quienes rechazaron la competencia.

Según señalaron Murúa y Espilocín, la Unidad Fiscal había advertido, en un dictamen presentado el 18 de abril de 2026, que la cuestión planteada entre estos últimos magistrados no constituía un conflicto de competencia que debiera ser resuelto por la Corte de Justicia. No obstante, las actuaciones fueron remitidas al máximo tribunal provincial.

En agosto, la Corte de Justicia resolvió que la cuestión de competencia había sido incorrectamente planteada y devolvió las actuaciones al Tribunal para que se resolviera lo relativo a la intervención de Palomo.

De acuerdo con la presentación fiscal, posteriormente Mariscal Astigueta y el juez Gerónimo aceptaron la inhibición de la magistrada. Sin embargo, continúa pendiente la resolución necesaria para completar la integración del Tribunal que deberá llevar adelante el juicio.

Ante esa situación, la Unidad Fiscal presentó pedidos de pronto despacho el 7 de abril y el 7 de septiembre de 2026, al considerar incumplidos los plazos procesales para resolver la integración del Tribunal. Según se consignó en la queja, hasta el momento no se obtuvo respuesta a esas presentaciones.

Claudio Parisi está acusado de cohecho pasivo agravado (dos hechos), incumplimiento y omisión de los deberes de funcionario público, en concurso real. Se le atribuye haber otorgado el arresto domiciliario a César Daniel Martínez, alias “Oreja”, imputado por tentativa de femicidio, quien fue posteriormente asesinado frente al domicilio donde cumplía dicha medida.

En los fundamentos de la queja, Murúa y Espilocín sostuvieron que la falta de resolución sobre la integración del Tribunal provoca un serio perjuicio a la administración de Justicia, especialmente por tratarse de una causa de relevancia institucional en la que debe resolverse la posible responsabilidad penal de una persona que ejercía una magistratura judicial.

Los fiscales señalaron además que esta situación afecta gravemente el derecho constitucional de acceso a la Justicia y el derecho del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, al impedir que pueda realizarse el debate. En la presentación calificaron como injustificado el atraso, que ya alcanza los nueve meses.

Sobre este punto, citaron jurisprudencia de la Corte de Justicia de Salta respecto de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, según la cual corresponde determinar si la actuación de las autoridades intervinientes durante el proceso fue conforme a derecho y, de corresponder, adoptar las medidas pertinentes.

Finalmente, Murúa y Espilocín solicitaron a la Corte de Justicia que haga lugar a la queja, disponga la integración del Tribunal y comunique al órgano interviniente que otorgue urgente trámite a los pedidos formulados, con el fin de posibilitar la realización del juicio.