Al finalizar la audiencia, se colocó una tobillera electrónica al agresor y se entregó un dispositivo móvil a la víctima, que permitirán monitorear en tiempo real el cumplimiento de la prohibición de acercamiento.
La auxiliar fiscal Andrea Betiana Gómez, por expresa disposición de la Fiscal Penal Clelia Poma, de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 5, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia en la que un hombre de 29 años fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por distintos hechos de violencia cometidos en perjuicio de su pareja.
El hombre fue considerado autor de los delitos de violación de domicilio, amenazas, desobediencia judicial, hurto simple, daños y tentativa de robo simple, todo en concurso real.
Luego de conocer la prueba reunida por la Fiscalía, admitió su responsabilidad en los hechos y las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. El juez Ignacio Colombo homologó el acuerdo y le impuso la pena.
Desde la Fiscalía se resaltó la resolución de incorporar al condenado al Sistema Único de Monitoreo a Agresores (SUMA), y como parte de esta medida, al finalizar la audiencia, se le colocó una tobillera electrónica que permite conocer su ubicación en tiempo real, mientras que la víctima recibió un dispositivo móvil vinculado al sistema.
El mecanismo funciona mediante dispositivos de rastreo electrónico vinculados y monitoreados las 24 horas por el Centro de Monitoreo, con el objetivo de controlar el cumplimiento de las restricciones de acercamiento y reforzar la protección de la víctima ante posibles situaciones de riesgo.
La incorporación al SUMA forma parte de las reglas de conducta que el condenado deberá cumplir durante los tres años de duración de la pena. Entre ellas se encuentran la prohibición de acercarse o mantener contacto con la víctima y de ejercer cualquier acto de violencia en su contra.
Además, deberá ingresar al Programa de Abordaje Preventivo y Reeducativo en Varones que Ejercieron Violencia de Género, del Poder Judicial; realizar tratamiento psicológico; y abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.
El incumplimiento de estas obligaciones podría derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena.
Los hechos por los que fue condenado se remontan a 2023, en el marco de una relación de pareja de la que tienen dos hijos menores de edad en común. Desde entonces, se encontraba vigente una prohibición de acercamiento a la víctima.
Pese a la medida judicial, el condenado se presentó en reiteradas oportunidades en el domicilio de la mujer y ejerció actos de control y amenazas, situaciones que se extendieron hasta julio de este año.
En distintos episodios ingresó al inmueble y, en una oportunidad, sustrajo el teléfono celular de la víctima. También provocó daños en puertas y ventanas y profirió amenazas.
La Fiscalía sustentó la acusación en las denuncias y el testimonio de la víctima, los aportes de familiares y otros testigos, las actuaciones policiales y demás elementos incorporados durante la investigación.
Desde la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género 5 se destacó que durante el proceso se trabajó junto a la víctima, brindándole espacio de escucha y acompañamiento, y procurando fortalecer las medidas destinadas a garantizar su protección.
