El Ministerio Público inauguró el edificio Malvinas Argentinas, nueva sede de su Administración Central

La nueva sede reúne dependencias administrativas, técnicas y operativas del Ministerio Público de Salta, además de espacios destinados a la formación y capacitación. Durante la ceremonia se rindió homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas y a la doctora Mirta Lapad, cuya labor contribuyó a la concreción de la obra.

El Ministerio Público de Salta inauguró este jueves 8 de octubre el edificio Malvinas Argentinas, donde funciona su Administración Central. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz, junto a las autoridades del Colegio de Gobierno del Ministerio Público, integrado por su presidenta y defensora general de la Provincia, Ada Zunino; el procurador general, Pedro García Castiella; y el asesor general de Incapaces, Gaspar Solá Usandivaras.

El acto contó con la presencia del vicegobernador Antonio Marocco; el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad; la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; los ministros de la Corte María Edit Nallim y Martín Ignacio Plaza; la ministra de Educación, Cristina Fiore; el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Javier Mónico  Graciano; y la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, María Trinidad Arias Villegas, además de otras autoridades provinciales y judiciales, veteranos de la Guerra de Malvinas y familiares de la doctora Mirta Lapad.

La ceremonia comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de las Malvinas, a cargo de la Banda de Música del Servicio Penitenciario. Posteriormente, el sacerdote Luis Talló realizó una invocación religiosa y bendijo las instalaciones.

Durante su discurso, el gobernador Sáenz destacó el significado de la denominación del edificio como reconocimiento a quienes combatieron en las islas Malvinas y a quienes perdieron la vida en defensa de la soberanía nacional.

“Inaugurar este nuevo edificio y que lleve ese nombre es una doble responsabilidad para quienes trabajan aquí, porque tiene su historia y su lucha y porque acá tiene que haber coraje, esfuerzo, valentía, todo lo que pusieron aquellos que tuvieron el honor de pelear por su Patria”, expresó.

El mandatario manifestó su deseo de que la cuestión de la soberanía sobre las islas pueda resolverse antes de que se cumplan 50 años de la guerra y resaltó la importancia de preservar el recuerdo de los excombatientes y de sus compañeros caídos.

El mandatario también recordó a Mirta Lapad, quien se desempeñó como asesora general de Incapaces de la Provincia, y destacó su compromiso institucional y su interés por la finalización de la obra. Señaló que durante años compartieron la preocupación por concretar el edificio y subrayó la importancia de dar continuidad a los proyectos institucionales más allá de quienes ejercen las funciones públicas.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Gobierno, Ada Zunino, señaló que la inauguración constituye un avance para la organización y el funcionamiento del Ministerio Público en toda la provincia.

Explicó que la nueva sede central será el espacio desde el cual se planificará y garantizará el funcionamiento de las distintas áreas y dependencias del organismo, y destacó la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de las tareas administrativas, técnicas y operativas.

Asimismo, se refirió al compromiso institucional que representa el nombre Malvinas Argentinas, por su vinculación con los valores de entrega, coraje y patriotismo. Al dirigirse a los veteranos presentes, expresó: “Este espacio también es de ustedes”.

Zunino reconoció especialmente a quienes contribuyeron a la concreción del proyecto a lo largo de distintas gestiones, entre ellos Mirta Lapad, los actuales ministros de la Corte Gabriel Chibán y Martín Díez Villa, y el procurador general Pedro García Castiella.

“Este logro no pertenece a una sola gestión”, afirmó, al destacar el trabajo sostenido que permitió avanzar en la construcción y puesta en funcionamiento de la sede.

La defensora general agradeció también al gobernador Gustavo Sáenz por su respaldo para la finalización del proyecto y convocó al personal que desempeñará sus funciones en el edificio a asumir esa responsabilidad con compromiso y dedicación.

En representación de los veteranos de Malvinas, Ramón Galván destacó el valor de mantener vigente el reconocimiento a quienes participaron en el conflicto bélico y expresó que este tipo de homenajes contribuye a preservar la memoria de la gesta.

Concluidos los discursos, las autoridades, acompañadas por los hijos de Mirta Lapad, realizaron el corte de cinta y el descubrimiento de una placa con el nombre del edificio.

También se descubrió una placa en el acceso al salón auditorio de la Escuela del Ministerio Público (EMP), denominado “Salón Auditórium Mirta Lapad”, en reconocimiento a la trayectoria y contribución institucional de quien se desempeñó como asesora general de Incapaces de la Provincia.

El edificio Malvinas Argentinas

El edificio Malvinas Argentinas – Anexo IV cuenta con una superficie construida de 2.651 metros cuadrados, distribuidos en subsuelo, planta baja y primer piso. Su puesta en funcionamiento permite reunir en una misma sede distintas dependencias de la Administración Central del Ministerio Público.

En sus instalaciones funcionan la Secretaría de Despacho; las direcciones de Administración, Obras y Mantenimiento, Personal e Informática; la Escuela del Ministerio Público; el Taller; Auditoría de Gestión; el Área de Movilidad; y los depósitos de Patrimonio y Economato.

El edificio dispone además de un salón auditorio con capacidad para 90 personas, destinado a actividades académicas, jornadas de formación, capacitación y encuentros institucionales.

La concentración de estas dependencias permitirá mejorar la coordinación de las áreas, facilitar la gestión administrativa y disponer de espacios adecuados para el cumplimiento de las funciones del Ministerio Público en toda la provincia.

Presentaron el libro “El Proceso Penal: Guía para la Policía de Salta”

La obra fue presentada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, y está destinada a brindar herramientas prácticas y jurídicas para el desempeño de la Policía en procedimientos y en las investigaciones penales.

El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, presentó el libro “El Proceso Penal: Guía para la Policía de Salta”, durante un acto desarrollado en el Salón Facundo de Zuviría de la Ciudad Judicial.

La presentación contó con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda; el secretario del área, Ignacio Vilchez; el jefe de la Policía de Salta, Walter Osvaldo Toledo; y la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse -quien además integra el equipo de autores de la obra-, entre otras autoridades.

Los autores del libro, además de Buabse, son  el coordinador de Administración del CIF, Lucas López Casanova; la fiscal de la Unidad de Flagrancia, Carolina Mateo Bellini; los auxiliares fiscales Álvaro Moreno Valdez y Gabriela Rodríguez; el juez del Distrito Judicial Centro, Aldo Rubén Saravia; Laura García Albesa, quien se desempeña en la Secretaría de Políticas Criminales de la Procuración de la Provincia; y el abogado de la Procuración General de la Provincia, Marcos Rubinovich, quien coordinó la publicación.

Durante el acto, García Castiella felicitó y agradeció a los autores por el aporte realizado a la calidad institucional de la Policía de Salta y destacó la importancia de la colaboración que brinda el Ministerio Público Fiscal en la formación de los cadetes y, en este caso, mediante una herramienta de consulta destinada a acompañar su desempeño profesional.

El Procurador General remarcó la responsabilidad que tiene la Policía como parte fundamental de la investigación penal y señaló que, ante una sociedad que demanda respuestas de las instituciones, la fuerza de seguridad constituye “un engranaje, un complemento indispensable” para la labor del Ministerio Público Fiscal y para que las investigaciones permitan obtener resultados correctos.

Una nueva era que exige romper moldes tradicionales

En ese sentido, advirtió que la transformación del delito y el avance de las nuevas tecnologías plantean nuevos desafíos para la investigación penal: “Estamos entrando en una nueva era como seres humanos, donde el mundo real se está trasladando hacia un mundo virtual, un mundo digital”, sostuvo, al señalar que esta transformación también modifica las modalidades delictivas y exige romper con los moldes tradicionales de actuación.

García Castiella consideró que la obra será de utilidad tanto para mejorar la eficiencia y eficacia de las investigaciones como para fortalecer el conocimiento de las normas procesales y las garantías constitucionales, y destacó especialmente aspectos como el primer abordaje de la escena del hecho, su preservación, la cadena de custodia y la validez de la prueba.

Al respecto, subrayó que la eficacia en la investigación del delito y el respeto por las garantías constitucionales “no son conceptos que se contrapongan, sino que, por el contrario, se complementan”.

“En Salta se respetan las garantías constitucionales y en especial el Ministerio Públicos Fiscal respeta el derecho a defensa, el debido proceso y el Estado de derecho en sí mismo, porque a esa investigación la vamos a tener que sostener el día de mañana ante un tribunal”, resaltó.

La vocación policial se sostiene con conocimiento

Por su parte, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, destacó que la obra constituye una herramienta para los futuros policías y remarcó el cambio que produjo el nuevo Código Procesal Penal en la administración de la justicia penal.

“En este nuevo esquema, el policía ya no es un mero espectador ni un actor secundario. Es el primer eslabón de la justicia”, afirmó, al señalar que los efectivos son quienes, en muchos casos, llegan primero al lugar del hecho, resguardan la escena, auxilian a las víctimas y aseguran las pruebas que posteriormente permitirán avanzar en una investigación.

Avellaneda destacó además la importancia del trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y señaló que el libro acompaña metodológicamente el cambio normativo en el ámbito formativo. En sus páginas, explicó, se ofrece “un recorrido que abarca desde el marco constitucional hasta el rol que debe cumplir cada efectivo durante las primeras horas posteriores a un delito, incluyendo modelos de actas, formularios y herramientas para su actuación cotidiana”.

“La vocación policial se nutre de coraje pero se sostiene con el conocimiento”, sostuvo el ministro, quien remarcó que el conocimiento de la ley permite a los policías actuar con mayor seguridad, respetar los derechos humanos y cumplir su función frente al delito.

Contribuir a la profesionalización de la justicia

A su turno, Buabse, expresó su satisfacción por la presentación de la obra y explicó que el proyecto surgió a partir del trabajo realizado junto a un grupo de docentes de la Escuela de Cadetes, con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía.

“Hoy esa cartilla se transformó en un libro que va a ser material de consulta no solo para los cadetes y los futuros oficiales de Policía”, destacó.

Buabse señaló que, desde su función al frente del CIF, pudo aportar una mirada vinculada tanto al conocimiento técnico y científico como a la investigación penal y al trabajo cotidiano de los efectivos policiales. En ese sentido, resaltó la importancia de trabajar de manera articulada para que las investigaciones se desarrollen correctamente desde el inicio.

La directora del CIF destacó especialmente los contenidos vinculados con el abordaje de la escena del hecho, la cadena de custodia de los elementos incautados, su adecuada preservación, el trabajo de los investigadores y el rol que cumplen posteriormente en las instancias de juicio.

Luego, consideró que la publicación permite trasladar los conocimientos adquiridos en las aulas al ámbito concreto en el que los futuros oficiales deberán desempeñarse y constituye una herramienta para prevenir errores en el ejercicio profesional.

Finalmente, Buabse destacó que el prólogo realizado por el procurador general “jerarquiza la obra y refleja el interés del Ministerio Público Fiscal en contribuir a la profesionalización de la Policía y a fortalecer su preparación jurídica para intervenir ante un hecho delictivo”.

“Es un material de consulta. Hago votos para que esto trascienda de boca en boca y todos puedan saber que existe y que es un material útil para consultarlo en sus lugares de trabajo, en el día a día”, concluyó.

El objetivo de continuar jerarquizando la formación del personal policial

En tanto, Rubinovich explicó que la obra surgió a partir del trabajo que, desde hace cinco años, vienen desarrollando equipos docentes en la Escuela de Policía, a instancias del procurador general.

En ese ámbito, profesionales del Ministerio Público Fiscal se desempeñan como docentes de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho Contravencional y Derechos Humanos, con el objetivo de acompañar la formación de los cadetes y del personal que cursa en la Escuela de Suboficiales.

Rubinovich señaló que, desde el inicio de esa tarea, se puso especial énfasis en la elaboración de bibliografía y actividades prácticas que permitieran brindar a los estudiantes herramientas de calidad para su formación: “Nos preocupó y nos ocupó trabajar en la bibliografía, en actividades prácticas y en brindarles lo mejor para la etapa formativa”, explicó.

A partir de esa experiencia surgió la necesidad de reunir en una obra los distintos contenidos abordados durante la formación, iniciativa que cobró especial impulso este año, con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Provincia.

“El nuevo Código Procesal Penal fue un poco el motor que aceleró todo este proceso”, señaló Rubinovich, quien explicó que el libro busca que los estudiantes conozcan los cambios introducidos por el nuevo régimen, los distintos actores del sistema de justicia y las reglas básicas que deberán aplicar en su labor cotidiana.

Según explicó, se trata de la primera obra en la provincia de Salta destinada específicamente al personal policial que aborda esta temática de acuerdo con el nuevo régimen procesal, por lo que constituye una herramienta de consulta tanto durante la etapa formativa como en el ejercicio profesional.

Si bien el libro fue pensado inicialmente para los cadetes de la Escuela de Policía y para quienes se forman en la Escuela de Suboficiales, Rubinovich destacó que la obra despertó el interés de la Universidad Católica de Salta, que prevé utilizarla para el dictado de la materia Derecho Procesal Penal de la carrera de Criminalística.

En ese sentido, señaló que “el objetivo es continuar jerarquizando la formación del personal policial” y destacó la importancia de su función en materia de seguridad e investigación, especialmente en su rol como auxiliar de la Justicia.

“El policía es el personaje principal del sistema, y sin el policía nada funciona”, sostuvo.

Respecto del contenido, explicó que el libro comienza con una introducción al esquema constitucional, para luego desarrollar los distintos actores del sistema y el rol que cumple cada uno. También aborda especialmente la etapa investigativa y las reglas probatorias, los distintos medios de prueba y las técnicas especiales de investigación.

La obra incorpora además el texto del Código Procesal Penal de Salta, formularios de actas y procedimientos, y una guía sobre la organización interna del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, con el propósito de facilitar la articulación entre este organismo y la Policía.

Rubinovich destacó que, de esta manera, el libro busca constituirse en una herramienta de consulta permanente para el personal policial y contribuir a una actuación profesional, coordinada y ajustada a las reglas del nuevo sistema procesal penal.

Durante el acto, las autoridades entregaron de manera simbólica los libros a los integrantes de la Escuela de Cadetes General Martín Miguel de Güemes.

Además de las autoridades, participaron de la ceremonia cadetes de la Policía de la Provincia, autoridades de las escuelas de formación policial, personal de Gendarmería Nacional y funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Provincia.

El Procurador General representó a Salta en las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales

El encuentro reunió en Rosario a las máximas autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales del país y especialistas internacionales para analizar estrategias de investigación y persecución penal frente al crimen organizado y otras modalidades delictivas complejas.

El Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, expuso en las XXXVIII Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollaron durante dos días en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con la participación de procuradores y fiscales generales, funcionarios y especialistas de 22 jurisdicciones del país y de Estados Unidos, Italia y Chile.

El encuentro fue organizado por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, y constituyó un espacio de intercambio sobre políticas de persecución penal, estrategias de investigación y herramientas para el abordaje de fenómenos delictivos complejos.

La apertura estuvo encabezada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; a quien acompañaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, María Cecilia Vranicich; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros; y el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena, entre otras autoridades.

En ese marco, García Castiella formó parte del panel Responsabilidad penal adolescente: enfocado en las violencias extremas en entornos digitales y su incidencia en actos violentos en ámbitos escolares, moderado por el Fiscal de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, Luis Schiappa.

García Castiella compartió esta mesa junto al jefe del departamento de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA), y el cotitular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación, Dr. Armando Antao Cortes.

La invitación a integrar la temática del panel al Procurador salteño tiene como antecedente la coordinación y cooperación desplegada por la Procuración General de Salta con el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, en el reciente caso de la masacre ocurrida en una escuela de San Cristóbal, en esa provincia.

En este caso, si bien el menor perpetrador del hecho es oriundo de aquella provincia, el segundo imputado reconoce residencia en el interior de la provincia de Salta, por lo que oportunamente se desplegó una amplia intervención colaborativa en esta provincia, tanto en los allanamientos realizados en todo el proceso de asistencia remota para la imputación del menor en la causa radicada en Santa Fe, como así también las acciones de asistencia al menor involucrado.

Durante el panel se realizó una pormenorizada descripción de estas redes sociales y entornos digitales que hacen un culto a la violencia extrema nihilista, y el gravísimo peligro que implican para niños, niñas y adolescentes en los ámbitos educativos; fenómeno creciente en el ámbito transnacional, en el que nuestras regiones demostraron no ser una excepción ni estar a salvo de las mismas.

 

Ciberpatrullaje, coordinación interjurisdiccional y docencia

García Castiella focalizó su intervención en la gravedad del fenómeno de violencia radicalizada en redes, tales como TCC (True Crime Community), INCEL y otras, el violento contenido de su ideología y objetivos de violencia, su poder de captación y el grave riesgo de contagio cuando se materializan los hechos de violencia, lográndose así la glorificación y figura de culto del criminal, por el que pretenden una validación y reconocimiento que la vida real les niega o desplaza, según la percepción de estos sujetos.

“Todo ello lleva a reflexionar y repensar con contenido fuertemente crítico, que nos encontramos claramente ante una nueva era: la era digital, en donde la mayor parte de la vida del ser humano, y todas sus facetas, se ha trasladado al entorno digital, incluida también la violencia”, expresó el Procurador, invitando al auditorio a reflexionar respecto de “la severa dificultad de aplicar las herramientas e institutos tradicionales del Derecho Penal y los modelos de investigación criminal, que son puestos en crisis por estas ideologías radicalizadas”.

En este sentido, puso como ejemplo “la inutilidad de la noción de pena como criterio de prevención general o especial, cuando precisamente lo que buscan los perpetradores es ser descubiertos como medio de glorificación y culto”, y “también las dificultades de la interjurisdiccionalidad del fenómeno, en donde sus participantes, y en su caso las víctimas, interactúan desde distintas jurisdicciones geográficas, inclusive transnacionales, de lo que deriva la insuficiencia de cualquier esfuerzo aislado de cualquier Ministerio Publico, si no es en coordinación y cooperación en red, y apoyos en el ciberpatrullaje internacional”.

“Por este aparatito – exhibiendo un celular- transita minuto a minuto al lado nuestro un mundo paralelo, del cual los adultos muchas veces no tenemos la menor idea, y solo lo advertimos cuando se precipitan sus consecuencias”, expresó García Castiella, quien señaló: “Estos fenómenos nos interpelan y obligan a repensar, reconfigurar aquellas viejas concepciones en las que los Ministerios Públicos Fiscales intervenían recién a partir de un hecho consumado, y avanzar cada día más en lo preventivo, precisamente para evitar consecuencias tan terribles si se materializan”.

En este sentido, consideró: “Hoy, unas de las pocas alternativas son el ciberpatrullaje, la coordinación interjurisdiccional, y la docencia para advertir las señales y signos de riesgo”.

 

Otros temas abordados durante las jornadas

Además, durante las jornadas se abordaron otros temas, como Organizaciones Criminales: Desafíos contemporáneos para los Ministerios Públicos Fiscales; Narcocriminalidad, desfederalización y microtráfico: Experiencias en su implementación y aplicación; Fenómenos Criminales: Análisis criminal, focos investigativos y persecución penal estratégica; y Lineamientos, recorrido y acciones del Observatorio de Violencia de Género (OVG) del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.

Otros paneles se refirieron a temas como la Litigación ambiental estratégica; las Víctimas y los Ministerios Públicos Fiscales: La víctima en el centro de la política criminal; y Cibercrimen: Nuevos desafíos para la investigación criminal-IA aplicada a los Ministerios Públicos Fiscales y la Red Federal del Consejo de Procuradores.

Tras dos días de debate, en los que representantes de los Ministerios Públicos de distintas provincias pudieron compartir experiencias y analizar los desafíos que enfrentan las instituciones responsables de la investigación y persecución de delitos en todo el país, se realizó el acto de cierre.

En ese contexto, Miquelarena hizo hincapié en “la sofisticación del delito con el mundo digital” y advirtió que “tenemos que aggiornarnos para estar a la altura de las circunstancias”, a la vez que llamó a “crear redes que tiendan a cooperar entre nosotros para no llegar tarde”.

Por su parte, Canteros agradeció a la organización de la actividad y destacó que “es la primera vez en años que participan 22 Procuradores del total de jurisdicciones”.

En tanto, reveló que le impactó “la reunión con las representantes de las asociaciones de víctimas”, al tiempo que expresó: “Me quedó la frase ‘Humanizar la Justicia’. Creo que es el gran desafío que tenemos desde los Ministerios Públicos”.

A su turno, Vranicich destacó que “fueron dos días intensos de trabajo, no sólo de adquirir o refrescar conocimientos, sino de poner en crisis los conocimientos que traemos”, tras lo que hizo un repaso de los temas abordados en todos los paneles de las jornadas.

La participación del Procurador General permitió a Salta integrar un ámbito federal de discusión junto a las máximas autoridades de los Ministerios Públicos Fiscales del país, orientado a fortalecer los vínculos de cooperación y el intercambio de información, experiencias y herramientas para mejorar la respuesta institucional frente a investigaciones que requieren acciones coordinadas entre distintas jurisdicciones.

Las jornadas concluyeron con un balance sobre los desafíos actuales de las políticas de persecución penal y la necesidad de profundizar la articulación entre los distintos organismos del Estado para enfrentar de manera coordinada fenómenos delictivos de creciente complejidad.

 

Pullaro en la apertura

Durante la apertura, el Gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro destacó que el encuentro se realizó en “una ciudad pacificada”, luego de haber sido una de las sedes de los Juegos Suramericanos, y detalló: “Pasaron 3,5 millones de personas y no tuvimos una sola incidencia en el sistema 911”, lo que habla “claramente del cambio de piel que ha tenido Rosario”.

El mandatario de Santa Fe recordó que, a esta altura de 2023, el departamento Rosario acumulaba 223 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se registraron 62. En toda la provincia, en tanto, se contabilizaron 112 homicidios, frente a los 313 registrados tres años atrás.

“Fue determinación, valentía y decisión de los actores institucionales de trabajar todos los días para pelear contra la violencia y el crimen organizado, para traer orden y paz a la provincia”, aseguró.

Luego, Pullaro afirmó que durante años las bandas narcocriminales operaron con “impunidad” en Rosario y mataron “generando un círculo de violencia permanente”, mientras que consideró, sin embargo, que se logró reducir los niveles de violencia altamente lesiva “respetando las garantías constitucionales”, porque en Santa Fe “se respeta la ley y la Constitución” y “no se cruza ninguna línea”.

 

Manos negras para desprestigiar al Ministerio Público de la Acusación

En otro tramo de su intervención, el gobernador aseguró que existen “manos negras atrás para desprestigiar al Ministerio Público de la Acusación, y a eso, en esta provincia, no lo vamos a permitir”.

En este sentido, sostuvo que el pueblo de la provincia de Santa Fe “va a estar al lado de cada fiscal que hace su trabajo correctamente, porque los resultados alcanzados los hemos obtenido juntos”.

El gobernador santafesino instó a “no levantarle el pie de la cabeza al delito” para evitar que “vuelvan a hacer las cosas como hace tres años atrás”.

Por último, Pullaro reclamó avanzar sobre la estructura criminal vinculada al lavado de activos y sobre “los abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales”.

En ese punto, respondió a la Asociación de Abogados Penalistas: “Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien y tienen muy claro de quiénes les estamos hablando. No les hablamos al derecho a la defensa; les hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”.

“Es responsabilidad nuestra romper esa barrera que tenemos e ir sobre la cabeza de esas organizaciones criminales para poder mostrarle a una sociedad que quiere vivir en paz y con orden que el Estado está al lado de ellos”, concluyó.

 

 

Desmontes ilegales en Tartagal: el Ministerio Público Fiscal ratifica su compromiso con la recomposición del daño ambiental

El Ministerio Público Fiscal de Salta, representado por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, y la Fiscal Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial del Norte-Tartagal, Dra. Rosa Vélez Román, reafirma su compromiso con la investigación y el seguimiento de la causa vinculada a los desmontes ilegales realizados en la Finca Cuchuy, en jurisdicción de Tartagal, así como con el cumplimiento de las medidas judiciales orientadas a garantizar la recomposición del daño ambiental ocasionado.

Ante la difusión de información inexacta sobre el estado del proceso, el Ministerio Público Fiscal considera oportuno recordar, en primer lugar, que si bien la acción de desmontar no está tipificada como delito en el país, en esta causa la Fiscalía Penal de Tartagal promovió un expediente por desobediencia a la autoridad en abril de 2013, a raíz del incumplimiento reiterado de las órdenes de paralización de desmontes dictadas por la entonces Secretaría de Ambiente y por la Sala II del Tribunal de Juicio, a cargo de la Dra. Asusena Vázquez.

Como resultado de ese proceso, Juan José Karlen fue condenado en octubre de 2015.

En paralelo a esa condena, se sostuvo un proceso judicial que se extiende hasta la actualidad en el ámbito civil, donde en 2016, la Fiscalía Civil y Comercial de Tartagal advirtió al Juzgado sobre el riesgo de incendios incrementado por el desmonte y solicitó la adopción de medidas preventivas, a costa y cargo de los propietarios, conforme lo establece la legislación ambiental.

En 2017, los Sres. Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen firmaron un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, mediante el cual se comprometieron a restaurar el daño ambiental causado en más de 11.000 hectáreas desmontadas ilegalmente e incorporar a las comunidades indígenas de la zona y a familias criollas de los parajes Montevideo, Pozo El Viejo y La Bolsa, entre otros, en ese proceso.

Aunque este compromiso fue homologado por la Justicia en diciembre de 2018, los incumplimientos se mantuvieron de manera recurrente hasta la actualidad y las maniobras dilatorias de los propietarios han sido sistemáticas.

Cabe recordar que, durante todo este tiempo, la investigación y el control del cumplimiento de las distintas medidas dispuestas no estuvieron únicamente a cargo de la Fiscalía, sino que contaron con la participación de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, especialistas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA-CONICET) y expertos internacionales en ecotoxicología forense del Poder Judicial de España.

Esto requirió una coordinación interinstitucional permanente para el desarrollo de tareas e inspecciones, en la cual jugó un rol central el trabajo encarado desde la Procuración General.

Las opiniones técnicas elaboradas por estos organismos permitieron evaluar en profundidad las propuestas de recomposición ambiental presentadas durante el proceso, determinar su adecuación a los estándares científicos y verificar los incumplimientos a las obligaciones establecidas judicialmente.

Entre otras actuaciones, la Fiscalía realizó un seguimiento permanente mediante imágenes satelitales de los sistemas Sentinel, CBERS-4 y Landsat 8, además de relevamientos con drones, con el propósito de verificar el estado del predio y el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia.

Los distintos informes incorporados al expediente dieron cuenta de actividades agrícolas desarrolladas en sectores alcanzados por restricciones judiciales, así como de otros hechos, entre ellos la existencia de rollos de palo santo protegidos en la finca, que fueron oportunamente puestos en conocimiento del tribunal interviniente para su evaluación.

Ya en 2022, y ante las numerosas y constantes dilaciones e incumplimientos de la parte demandada, el Ministerio Público Fiscal encaró una contundente intervención, decidida directamente por el Procurador General de la Provincia, Dr. Pedro García Castiella, junto a la Fiscal Vélez Román, en intensas reuniones de trabajo técnico-jurídico celebradas al efecto.

Desde dicho momento, el titular del Ministerio Público Fiscal hizo uso de la facultad de co-firmar las presentaciones fiscales, en apoyo a la tarea de la magistrada.

En 2024 y 2025, esas actuaciones obtuvieron fallos favorables en distintas instancias para la ejecución de la deuda derivada del incumplimiento de las astreintes, fijándose una suma líquida y exigible de $67.920.000, correspondiente a diciembre de 2023.

Frente a esta situación, y considerando que para los responsables resultaba más económico pagar una multa que cumplir con las obligaciones asumidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó este año la ampliación del embargo preventivo que pesa sobre los catastros involucrados, elevándolo de $171.413.473 a una cifra récord de $21.805.106.128, sobre la base de un informe técnico elaborado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, vinculado al costo estimado de restauración del daño ambiental.

Entre los fundamentos de esta medida, finalmente aceptada por la jueza interviniente, se destaca que cuando el incumplimiento de los demandados provoca un daño que afecta a toda la sociedad, con grave impacto sobre los recursos naturales de la provincia y, en particular, sobre sectores vulnerables, el proceso judicial debe contar con herramientas eficaces para impedir que ese perjuicio continúe.

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal sostiene que el proceso de recomposición no solo procura la recuperación del bosque nativo y de los servicios ambientales afectados, tarea que demandará al menos entre 20 y 30 años, dependiendo del trabajo sostenido, sino también la protección de los habitantes de la zona cuya calidad de vida se vio afectada por los desmontes, como las comunidades wichí.

Por ello, la Fiscalía remarcó la necesidad de que las acciones de restauración contemplen mecanismos de participación e inclusión de las comunidades locales, conforme a los compromisos asumidos en el acuerdo judicial vigente.

Estas medidas fueron apeladas en reiteradas oportunidades por los Karlen, quienes no solo cuestionan la ampliación del embargo, sino que además solicitan que se deje sin efecto todo el proceso judicial, pese a la existencia de un acuerdo entre las partes, argumentando la vigencia de una nueva legislación provincial que les permitiría realizar desmontes.

Entre las medidas adoptadas en el expediente se destacan:

• A instancias de la Fiscalía y del Procurador General, y sobre la base de un informe del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), este año el embargo preventivo fue ampliado de 171 millones a más de 21.805 millones de pesos, una cifra récord sustentada en la necesidad de asegurar que el Estado cuente con los fondos necesarios para ejecutar la restauración si los infractores persisten en su incumplimiento.

• En 2023, la imposición de sanciones conminatorias (astreintes) ante el incumplimiento de las obligaciones impuestas judicialmente, fijadas también en montos millonarios.

• La implementación de un plan integral de restauración ambiental, cuya ejecución demandará un proceso de al menos tres décadas de trabajo sostenido, de acuerdo con las estimaciones técnicas incorporadas al expediente.

• La posibilidad de que, ante un incumplimiento definitivo de las obligaciones asumidas, el inmueble sea incorporado al sistema provincial de áreas protegidas como Reserva Natural de Uso Múltiple Privada, conforme a lo previsto por la Ley Provincial Nº 7107.

Las actuaciones se extienden hasta la actualidad, con más de una década de intervención ininterrumpida del Ministerio Público Fiscal, siempre orientada al cumplimiento del acuerdo celebrado entre las partes y a la reparación del daño ambiental y social ocasionado.

La última de las acciones impulsadas por la familia Karlen, en el marco de la causa y en línea con su permanente actitud procesal dilatoria, «temeraria y reticente», tal como la calificó expresamente la Justicia provincial, consiste en una nueva apelación que busca no solo dejar sin efecto la ampliación del embargo preventivo dispuesta por la Justicia, sino también anular todo el proceso judicial.

Este planteo ya fue contestado por la Fiscal Rosa Vélez Román, quien consideró que carece de sustento jurídico, a partir de un análisis de la legislación nacional y provincial vigente en materia ambiental, al tiempo que reafirmó que la obligación de recomponer el daño subsiste, independientemente de eventuales modificaciones normativas.

La resolución definitiva sobre esta nueva apelación se encuentra ahora en manos de la Cámara de Apelaciones de la Provincia.

Es justamente en este marco que el Ministerio Público Fiscal ratifica su compromiso de continuar impulsando este proceso, en el entendimiento de que la obligación de recomponer el daño ambiental es irrenunciable, por constituir un principio fundamental de la legislación vigente.

Asimismo, reafirma su decisión de promover todas las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, la protección y recomposición del ambiente y la defensa del interés público.

Ningún cambio normativo o procesal puede vulnerar el principio de no regresión ambiental, consagrado en la legislación nacional y en los tratados internacionales suscriptos por la República Argentina.

Por todo ello, la causa sigue adelante, como el ejercicio soberano de la defensa del patrimonio natural y social de todos los salteños.

 

Cautelar por desmonte ilegal se amplía a más de 21 mil millones de pesos por incumplimientos

La Justicia hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y amplió a más de $21.800 millones el embargo preventivo sobre dos catastros en el norte provincial, ante los reiterados incumplimientos de un acuerdo de restauración ambiental firmado en 2018 por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo.

Por pedido del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, y de la fiscal civil, comercial y laboral del Distrito Judicial del Norte–Tartagal, Rosa Vélez Román, el Juzgado en lo Civil de Personas y Familia de Tartagal ordenó ampliar una medida cautelar ambiental en contra Juan José y Daniel Darío Karlen, por el incumplimiento de un acuerdo de recomposición ambiental firmado en 2018.

Se trata de una causa por el desmonte ilegal de más de 11 mil hectáreas de bosque nativo ubicadas cerca de la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, del norte provincial, y su recomposición ambiental.

El pedido del Ministerio Público Fiscal se basó en la ampliación de una de las medidas precautorias preexistentes con el fin de garantizar el cumplimiento del Acuerdo Definitivo de Restauración Ambiental homologado en 2018.

La resolución elevó el embargo preventivo original –de más de $171 millones- que recae sobre los catastros afectados por el desmonte ilegal- catastros 30.746 y 30.747- ubicados en el departamento San Martín, hasta la suma de $21.805 millones, con el objetivo de garantizar fondos suficientes para una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración ambiental.

Según los informes técnicos y económicos elaborados por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), el nuevo monto representa el valor actualizado del costo de restauración ambiental.

En sus fundamentos, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que, pese al convenio homologado judicialmente, persistieron reiterados incumplimientos por parte de los demandados, detectados en distintos informes técnicos y relevamientos realizados entre 2019 y 2026.

Los informes del CIF sostienen que desde 2018 no hubo evidencia concreta de restauración activa y que persisten actividades productivas dentro de los catastros afectados, pese a las restricciones judiciales.

Entre las irregularidades señaladas figuran actividades agrícolas no autorizadas, almacenamiento de maíz, incumplimientos en la reforestación y ausencia de avances en la restauración del bosque nativo.

Desde el Juzgado se consideraron acreditados tanto la verosimilitud del derecho como el peligro en la demora, al advertir que el paso del tiempo y las actividades incompatibles con el plan ambiental agravan los daños y dificultan la recomposición del ecosistema afectado.

En consecuencia, se ordenó la inscripción de la ampliación de la medida cautelar ambiental sobre los inmuebles involucrados y se dispuso notificar a la Dirección General de Inmuebles de la Provincia para su registración.

En su presentación, el Procurador General de la Provincia, con asistencia de la Relatoría Ambiental, a cargo de Juan Sebastián Lloret, señaló también que los demandados habrían utilizado recursos judiciales con fines dilatorios, lo que demoró el avance del expediente y la ejecución efectiva de la sentencia ambiental, y advirtió que el paso del tiempo agrava el daño ambiental y dificulta la recomposición del bosque nativo, por lo que se considera necesario asegurar fondos suficientes para afrontar una eventual ejecución forzada de las tareas de restauración.

El 20 de septiembre de 2017, los demandados asumieron voluntariamente el compromiso de llevar a cabo un plan de recomposición ambiental que debía abarcar toda la finca y que debía extenderse por 30 años, integrando en la solución a los puesteros y las comunidades de la zona.

“En ese acuerdo, que se firmó con la Procuración General de la Provincia, se buscaba una salida concertada de justicia restaurativa que permitiera la recomposición de un paisaje de bosque nativo con trabajo local e indígena, y la regularización de los ocupantes”, explicó Lloret.

Asimismo, indicó que la intención, a partir de allí, era “paulatinamente pasar a actividades agropecuarias bajo un monte protegido por el color amarillo del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), con beneficios económicos, ambientales y climáticos para la sociedad del departamento San Martín”.

Ante la posterior reticencia a cumplir, la Fiscal Civil requirió la imposición de una multa por incumplimiento procesal o astreintes, la cual fue concedida por el Juzgado de Primera Instancia de Tartagal, a cargo de la jueza Viviana Yance, intimándolos a cumplir desde el 19 de mayo de 2020.

Contra ello, los Karlen interpusieron un planteo de nulidad que resultó rechazado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, a cargo de la Sala Segunda de la Cámara Civil, con el voto de los jueces Alejandro Lávaque y Leonardo Aranibar.

Allanaron domicilios en Departamento San Martin por una investigación vinculada a hechos ocurridos en Provincia de Santa Fe

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal se originó en el marco de información surgida en la investigación de un grave hecho de violencia ocurrido el pasado 30 de marzo en un establecimiento educativo de la localidad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente falleció y otros estudiantes resultaron heridos.

Por disposición del procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se conformó de inmediato una Unidad Fiscal integrada por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, y el fiscal penal 1 del Distrito Judicial Tartagal, Pablo Alejandro Cabot, competente en el caso por menores, a fin de intervenir en estas actuaciones originadas a partir de información remitida por la Unidad Fiscal 505 de la Fiscalía Nº 5 de la ciudad de Rafaela, perteneciente al Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe.

Los informes fueron remitidos el pasado viernes a la Procuración General de Salta, en el contexto de la investigación por el homicidio de un adolescente ocurrido en una institución educativa de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, y daban cuenta de elementos que requerían la profundización investigativa respecto de un menor residente en una localidad del norte provincial.

En ese marco, y conforme a la evidencia digital analizada, se advirtieron manifestaciones y conductas que motivaron la intervención judicial de las autoridades competentes, en relación con posibles interacciones en entornos virtuales donde se habrían detectado expresiones asociadas a la normalización discursiva de la violencia y a procesos de radicalización en comunidades digitales.

A partir de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y con la debida autorización del Juzgado de Menores en turno, a cargo del juez Aníbal Burgos, durante el día de ayer se llevaron adelante allanamientos, registros e inspecciones en dos domicilios del Distrito Judicial Norte, circunscripción Tartagal, bajo la supervisión del Fiscal Pablo Cabot, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la investigación y preservar evidencia digital potencialmente relevante.

En el lugar se procedió al secuestro e inspección de dispositivos informáticos y soportes tecnológicos, realizándose las constataciones técnicas necesarias para identificar posibles archivos o datos alcanzados por la orden judicial. Del análisis preliminar de los elementos secuestrados surgieron referencias vinculadas únicamente a la investigación que se desarrolla en la provincia de Santa Fe, descartándose en principio, la existencia de algún hecho aislado o independiente que pudiera involucrar a la comunidad en la provincia de Salta.

En el marco de la investigación, se adoptaron de manera inmediata todas las medidas urgentes de resguardo y protección consideradas necesarias. En ese contexto, se dio intervención a la Asesoría de Incapaces, organismo que articuló actuaciones con la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia. Asimismo, se dispuso consigna policial fija en el domicilio y está prevista una audiencia ante el Juzgado de Menores, con participación del adolescente involucrado, sus progenitores, la asesora interviniente y representantes de la Fiscalía.

Por tratarse de actuaciones que involucran a personas menores de edad, mas también la existencia de víctimas, la investigación se desarrolla bajo estricta reserva y con resguardo de los derechos y garantías correspondientes.

El Procurador General tomó juramento a tres fiscales del Distrito Centro

En el marco de los procedimientos constitucionales y legales vigentes, se formalizaron nuevas designaciones en el Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial del Centro.

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, tomó juramento a tres nuevos fiscales penales del Distrito Judicial del Centro, en una ceremonia llevada a cabo con la constitución del Colegio de Gobierno, integrado junto a la defensora general, Ada Zunino, y con la participación de los jueces de Corte, Adriana Rodríguez Faraldo, Edith Nallim, Martín Plaza y Gabriel Chiban, el fiscal ante la Corte Eduardo Sylvester, magistrados, funcionarios, legisladores y familiares.

En ese marco, y conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Constitución Provincial y el artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, se procedió a la toma de juramento de los profesionales que concursaron para sus respectivos cargos, fueron seleccionados por el Consejo de la Magistratura y designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Mediante decreto N° 139 asumió como fiscal penal del Distrito Judicial del Centro Miguel Martín Ávila; por decreto N° 213 fue designada en el mismo cargo Clelia Poma; y mediante decreto N° 214 asumió como fiscal penal del mismo distrito Esteban Martearena.

Durante el acto, los nuevos fiscales prestaron juramento de desempeñar sus funciones con lealtad y patriotismo, comprometiéndose a observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.

Ampliación del convenio entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y Telecom

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió a los representantes de Telecom, Susana Menéndez, gerente de Asuntos Institucionales, Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, y los coordinadores Sofía Ciampone, Fernanda Cirilo y Alejandro Acri, con motivo de la firma de ampliación del contrato que regula el acceso de fiscales y auxiliares penales al Portal de Telecom y Telecom Pay.

El convenio permite a los fiscales y auxiliares penales consultar información digital de Telecom y se amplía ahora a la billetera digital Telecompay, con fines de investigación judicial, contribuyendo a la eficiencia y celeridad en la obtención de datos relevantes para la persecución penal.

Durante la reunión, el Procurador General reconoció la importancia de la colaboración institucional de Telecom, resaltando su aporte al desarrollo de investigaciones criminales, lo que pone de manifiesto el firme compromiso social de la empresa, más allá de sus objetivos comerciales.

En el marco de la renovación, se llevó a cabo una capacitación híbrida destinada a fiscales, auxiliares y personal de la Dirección de Informática del Ministerio Público Fiscal. La actividad se realizó en la Sala de la Escuela del Ministerio Público Fiscal y se extendió por plataforma virtual a todas las dependencias de la institución.

Durante la capacitación se presentó el funcionamiento del Portal de Telecom, se instruyó sobre los procedimientos para realizar pedidos de información de manera eficiente y se brindaron lineamientos técnicos que facilitan la obtención de datos necesarios para las investigaciones judiciales.