Cornejo participó en la primera reunión del Consejo Federal de Prevención de femicidios del NOA

La primera reunión del Consejo Federal de Prevención de femicidios, travesticidios y transfemicidios de la región noroeste se realizó este martes bajo los parámetros del «Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género» y con la participación de las ministras de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y de Seguridad, Sabina Frederic y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. El procurador general de Salta participó en su calidad de presidente del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género.

El encuentro se llevó a cabo en la provincia de Tucumán, y con la participación de responsables afines de Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero y miembros de los poderes judiciales y legislativos de las provincias mencionadas.

Por instrucción del presidente Alberto Fernández, quien definió este año en la apertura de sesiones del Congreso a las políticas de género como políticas de Estado, se creó el Consejo Federal a través del Decreto 123/2021, y el 8 de marzo los gobiernos provinciales de todo el país y la Ciudad de Buenos Aires firmaron el «Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género», mediante el cual, entre otros puntos, se comprometieron a integrarlo.

En este primer encuentro con las provincias del NOA, Gómez Alcorta, Frederic y Soria buscaron «acordar los lineamientos generales para una política de prevención y abordaje integral, y definir un plan de trabajo conjunto para los próximos meses para reducir los altos índices de violencia de género que se dan en la región».

Tanto las políticas de prevención como de asistencia a las personas en situación de violencia de género, y la investigación judicial de estos casos, dependen de los sistemas de cada una de las provincias, y hasta hoy, no existían criterios rectores o lineamientos nacionales que unifiquen y fortalezcan el accionar de los estados provinciales.

En ese marco, las seis provincias adhirieron a las medidas impulsadas por el gobierno nacional desde el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género.

El MPF de Salta se sumó al Sistema Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género

Cornejo, Gómez Alcorta, Frederic y Soria

El convenio prevé la vinculación con el Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), la articulación entre las líneas 911 y 144, el uso de dispositivos duales, el uso de indicadores de riesgo, la adaptación de normativa en uso de armas, la capacitación de fuerzas provinciales en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) y en la promoción de reformas y creación de áreas especializadas en género en los poderes judiciales provinciales.

La creación de una Fiscalía especializada en Delitos Viales será analizada por una comisión bicameral

Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, luego de reunirse –junto a otros legisladores- con el procurador General de Salta, Abel Cornejo. Preocupan las estadísticas de siniestralidad en la provincia.

El procurador General de Salta, Abel Cornejo, mantuvo un encuentro con legisladores de la Cámara de Diputados a fin de avanzar en la aprobación del proyecto de ley que propone la creación de una Fiscalía Penal especializada en Incidentes y Seguridad Viales.

Cornejo -que estuvo acompañado por la titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Seguridad Viales del Ministerio Público Fiscal, Clelia Poma- señaló que “la creación de la Fiscalía especializada permitirá unificar los criterios de actuación en todo el territorio de la provincia para lograr una efectiva respuesta ante los ilícitos penales contra la seguridad vial” y que “la especialización, como diseño institucional destinada al abordaje de ciertos fenómenos criminales de manera particularizada, aporta una especificidad que redunda en una mayor eficiencia en la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de los hechos objeto de reproche penal”.

Por su parte, Poma explicó a los legisladores los alcances que tendrá la fiscalía y precisó que ello permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal estratégica, atendiendo los requerimientos de las víctimas y la articulación con todos los actores intervinientes a fin de procurar una mayor protección de los bienes jurídicos esenciales que se encuentran comprometidos: la vida y la integridad física de las personas.

Teniendo en cuenta que los incidentes viales son la principal causa de muerte en menores de 35 años, la tercera causa de mortalidad sobre el total de la población y que el mayor porcentaje de siniestralidad se concentra en el interior, el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, anticipó que conformará una comisión bicameral para trabajar en forma conjunta con los senadores y así poder dar celeridad a la aprobación del proyecto.

En tanto, el presidente del bloque Gustavo Sáenz Conducción, Germán Rallé, consideró que “crear una fiscalía especializada es un gran acierto del Ministerio Público Fiscal, pues en las fiscalías multifueros muchas veces este tipo de causas se pierden y lleva años brindar justicia a los familiares de víctimas de siniestros viales”.

En la misma sintonía se inscribió la diputada Socorro Villamayor, al asegurar que las estadísticas viales son alarmantes y que, los 43 fallecidos en incidentes viales en lo que va del año en Salta, indican que una unidad especializada resulta necesaria, además de que permitirá unificar criterios en todos los municipios”

Del encuentro también participó la diputada Mónica Juárez.

Cornejo propone un Pacto Federal para “cambiar la cultura autoritaria atávica” de instituciones de seguridad

El procurador general Abel Cornejo, participó este miércoles de una Jornada de Trabajo para discutir y generar políticas públicas contra la violencia institucional en el ámbito de competencia de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias y de la Nación.

Durante la Jornada organizada por la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Cornejo expuso sobre sistema de denuncias y facilidades para el acceso a la justicia a través del Ministerio Público Fiscal; el sistema web y otras vías de denuncias.

Repasó la política estratégica adoptada por el Ministerio Público Fiscal de Salta en la materia de 2019 a esta parte, y reiteró su iniciativa de lograr un Pacto Federal en materia de Seguridad y Derechos Humanos, con el objetivo de “cambiar la cultura autoritaria atávica” que impera en la mayoría de las instituciones de seguridad.

El director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, celebró la iniciativa del Pacto Federal y lo equiparó con el proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional, que en breve abordará el Congreso de la Nación. Tendrá como objeto generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional. La iniciativa fue elaborada entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cornejo también se refirió al acercamiento de la justicia de ciudadanas y ciudadanos como política de Estado, a través del Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales, que recibió 745 denuncias contra efectivos policiales, solo en lo que va del año. En el mismo período del relevamiento, comprendido entre el 1 enero y el 22 de marzo pasado, la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, realizó 67 imputaciones a efectivos policiales, de los cuales fue requerida la elevación a juicio para 11. Vale recordar que desde el 1 de julio pasado, cuando la fiscala Verónica Simesen de Bielke se hizo cargo de la Fiscalía, y hasta el 31 de diciembre, hubo otras 132 imputaciones, con 113 requerimientos a juicio. El sistema de Denuncias web se habilitó en agosto de 2020.

“Si tenemos el monopolio de la acción penal pública, con mayor razón debemos velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales y eliminar definitivamente la convicción de que para investigar un delito, se debe torturar. Por el contrario, se debe investigar bajo las debidas garantías constitucionales y los Tratados Internacionales a los que adherimos, que no son escindibles del corpus constitucional”, enfatizó el Procurador. 

Durante el encuentro, la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, explicó a los funcionarios de DDHH de la Nación y fiscales de distintos distritos del país, las posibilidades que ofrece el Sistema de Denuncias Web, a través del cual la ciudadanía puede registrar sus denuncias de robos, venta de drogas y abusos policiales. Al ítem “otros delitos”, se sumará en breve el específico para denunciar hechos de violencia de género.

El Ministerio Público Fiscal acompaña la campaña nacional «Plantamos Memoria”

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia se desarrollará una campaña nacional de plantación de árboles y difusión por redes sociales. En Salta, la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación plantó distintas especies nativas en el predio donde funcionará un centro cultural, en el municipio de San Lorenzo.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, participó este lunes de la plantación de especies nativas en el predio del espacio cultural autogestivo La Colmena, que promueve la soberanía alimentaria y en breve sumará merendero y huertas comunitarias. La convocatoria de la delegada local de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales My, contó con trabajadoras y trabajadoras de la delegación, del Centro Cultural y de la agrupación La Compañera.

Plantamos Memoria

Es que con motivo de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, este miércoles 24 de marzo se realizará una actividad conjunta entre organismos estatales y organizaciones sociales para plantar 30.000 árboles en todo el territorio nacional, en base a una propuesta impulsada por organismos de Derechos Humanos.

Bajo el lema «Plantamos Memoria», la propuesta es impulsada por organismos de Derechos Humanos y será desarrollada por el Ministerio y la Administración de Parque Nacionales para promover la plantación de especies nativas en todas las áreas protegidas nacionales. La APN declaró de Interés Institucional la campaña, que será difundida a través de las redes sociales con el hashtag #PlantamosMemoria; #45añosDelGolpeGenocida y #Son30Mil.

“La Memoria, al igual que la semilla, viene cargada de futuro. Contiene toda la información genética para poder llegar a ser el árbol que late en su destino. En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro. Porque el recuerdo de cada compañerx detenidx desaparecidx trae consigo el legado de lucha por un país más justo y solidario”, señalaron desde la organización del evento.

Día de la Mujer: Políticas públicas serias, crímenes de odio, investigaciones sin condicionamientos y libertad de expresión, en la conmemoración del MPF

En el marco del Día Internacional de la Mujer, fue presentada formalmente la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM), cuya titular es la fiscal Mónica Poma. En ese marco, se reivindicó la necesidad de seguir investigando los hechos de violencia de género y femicidios, sin condicionamientos, y de fortalecer las necesarias políticas públicas para disminuir y erradicar la violencia de género.

Con la presencia de autoridades del Colegio de Gobierno del Ministerio Público; del Poder Ejecutivo provincial y nacional; del Poder Legislativo Provincial y de organizaciones intermedias comprometidas con la temática, el acto se desarrolló en el exterior del edificio de la Procuración General, donde aludieron a la fecha la integrante del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, Natalia Nieto; la directora  del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declerq; la fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke y el procurador general, Abel Cornejo.

En primer lugar, Nieto resumió las acciones desplegadas por el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, a partir de su conformación y centró luego sus palabras en “seguir reclamando y exigiendo a los tres poderes del Estado, porque ni la prorrogada Declaración de Emergencia en Violencia de Género, ni todas las herramientas que debían disminuir y terminar con la violencia machista  han sido capaces de hacerlo”, al aludir al femicidio de Macarena Blanco, conocido este domingo. Después de repasar los reclamos vigentes y sostener que no se pueden “usar eufemismos ni sutilezas, porque mataron a otra mujer en Salta”, invitó a reflexionar sobre la oportunidad que tienen los organismos de definir políticas públicas serias para frenar la violencia machista que afecta a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries.

Por su parte, Pérez Declercq destacó la creación de UFEM, porque desnaturaliza y reconoce que existen crímenes vinculados a relaciones desiguales de género, al odio por identidad de género o por orientación sexual disidente a la norma heterosexual. Convocó a las y los presentes a marchar y “reclamar el cupo laboral trans; que las personas trans tengan un trabajo digno y que puedan salir a la calle sin ser violentadas”. Luego de recordar a Natalia Pepa Gaitán, asesinada por ser lesbiana, enfatizó que “es necesario que se reconozca que se mata por desigualdad de género, orientación sexual e identidad de género”.

A su turno, Simesen de Bielke realizó un repaso de las mujeres que murieron a raíz de sus convicciones. “Durante siglos trataron de silenciarnos, pero no olvidemos que la Declaración universal de los Derechos Humanos establece la libertad de opinión y expresión”. Pidió la fiscala que se terminen los estereotipos y  la asignación de roles sociales a las mujeres y que se levante la voz “para no permitir que nos silencien, porque no caben dudas de que la muerte violenta de las mujeres resulta la forma más cruel e intolerable de silenciarnos”.

En el cierre, el procurador Cornejo dijo que la fecha conmemorativa, no se reduce a un día de lucha de las mujeres, sino de lucha de una nueva civilización, “porque no puede haber una sociedad civilizada que mate”, al referirse al femicidio de Macarena Blanco. Y pidió que quienes asistieron al acto, se multipliquen “por miles, en las calles de Salta”;  porque “a los femicidios, -ese flagelo horroroso y espantoso-, las palabras no los van a frenar; los frenarán las acciones positivas y concretas y los cambios estructurales y profundos de una sociedad”.

Recordó a Cintia Fernández, otra víctima de la violencia machista y cuya madre, Ana Fernández, tuvo que padecer todos los vericuetos del sistema judicial y destacó que en el MPF “somos perfectamente conscientes de cuánto nos cuesta luchar contra los femicidios; cuántas operaciones se hacen; cuantos escraches selectivos; cuántos esfuerzos inútiles -desde la negatividad y desde el nihilismo- pretenden frenar nuestros objetivos”, al tiempo que advirtió que cuando la lucha, los principios y las convicciones son irrenunciables, se multiplican. “Es necesario que la sociedad tenga una visión introspectiva que haga cambiar el horror por una sociedad civilizada, inclusiva e igualitaria”, sentenció.

Asistieron al acto el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; el secretario de Justicia, Diego Pérez; la presidenta del Colegio de Gobierno del Ministerio, asesora general de Incapaces, Mirta Lapad; el defensor general, Pedro García Castiella; la coordinadora de la Procuración, Ana Cecilia Carraro, y la fiscala penal de la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios de Salta (UFEM), Mónica Poma. También participaron la consultora de ONU Mujeres Argentina e Iniciativa Spotlight, Alba Ruibal; la delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy y el delegado de Inadi, Gustavo Farquharson, además del presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pedro Burgos; las presidentas de las fundaciones Cintia Fernández, Ana Fernández y Volviendo a Casa, Isabel Soria, respectivamente, entre otras autoridades e invitados especiales.

Asentamiento: Vecinos de zona sur, con expectativas en la Mesa de Concertación

Vecinos de la zona sur de la ciudad se reunieron con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, para manifestar su preocupación en torno a la ocupación irregular de terrenos que se encuentran entre los barrios Scalabrini Ortiz, San Calixto, San Nicolás, San Remo, Parque La Vega, Círculo 1 y Don Santiago, todos ubicados en la zona sur de la ciudad.

El procurador Abel Cornejo escuchó a vecinos referentes de distintos barrios de la zona sur, quienes manifestaron su preocupación por la presencia de familias en la denominada ampliación Parque La Vega y barrio San Calixto. Advirtieron sobre el pronto colapso de la zona, ante la existencia de más de 30 barrios dependientes de un solo centro de salud, una sola escuela primaria y secundaria, una comisaría y un destacamento policial y un único predio deportivo, todos espacios que ya están saturados por la gran cantidad de familias que residen desde hace años en esa parte de la ciudad. Destacaron también la falta de acceso a servicios básicos, el riesgo de mayor contagio del coronavirus y los conflictos generados interna y externamente al predio ocupado en forma irregular.

En ese marco, el fiscal penal 5, Horacio Córdoba Mazuranic, precisó que desde el inicio del proceso de mediación penal y hasta ahora, se retiraron unas 113 personas del predio y que quedan asentadas unas 60 familias en Parque La Vega, 30 en el Lote 65 de San Calixto y otras 20 en el Lote 53, del mismo barrio. Ratificó la continuidad de las investigaciones penales abiertas por intentos de conexiones clandestinas, coacción y hechos de inseguridad e informó que durante los últimos meses, se redujeron los hechos en perjuicio de efectivos de la Policía, los cortes de tránsito y las denuncias formales por distintos delitos. 

El presidente del Centro Vecinal  de barrio San Remo,  José Villalba, destacó la “buena predisposición del Ministerio Público Fiscal para escucharnos y darnos respuesta, porque los únicos que nos recibieron hasta ahora, fueron el fiscal Córdoba y el Procurador”. Precisó que siguen esperando “que haya compromiso de los otros poderes, porque quienes pedimos una respuesta, representamos a 30 barrios de la zona”. En ese sentido, dijo que los vecinos también ponen sus expectativas en la Mesa de Concertación que convocará el Ministerio Público Fiscal, porque permitirá que todos los organismos abocados a solucionar el déficit habitacional, pero también de quienes residen cerca de los asentamientos, consensuen respuestas para ambos sectores afectados.

Durante el encuentro con el Procurador, el Fiscal Penal 5 y el Presidente del Centro Vecinal, también participaron la secretaria letrada de la Procuración, Sofía Cornejo, Paula Marisa Aramayo (Barrio Pablo Saravia), Abel David Moya (Vicepresidente del Centro Vecinal de San Remo), y Carlos Arias (Barrio San Calixto).

El Procurador recibió a las Comunidades Originarias

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a 20 referentes de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, quienes le entregaron una copia del petitorio que elevarán al Poder Ejecutivo Provincial. También consultaron y se expresaron acerca de temas en los que tiene injerencia el Ministerio Público Fiscal. En el encuentro también participó  la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy.

La reunión realizada este lunes en instalaciones del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta con la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, contó con distintas alocuciones durante las cuales las y los referentes compartieron el petitorio que presentarán esta tarde a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial. Específicamente, sobre temas vinculados con el MPF, pidieron que “se dé cumplimiento efectivo a la Ley 21160, -que suspende los desalojos y ordena relevar las tierras de ocupación actual, tradicional y pública de las comunidades indígenas-, con presupuestos que lo garanticen y en particular en las comunidades de los departamentos San Martín y Orán”. Denunciaron “graves situaciones de violaciones de Derechos Humanos, desalojos violentos y faltas de títulos de propiedad de la tierra”. Además, manifestaron la necesidad de acceder a un sistema de justicia intercultural y efectiva y en ese sentido, solicitaron facilitadores interculturales bilingües para todos los organismos estatales.

El cacique Aniceto Mendoza destacó la reunión “porque se trata de la primera vez que nos recibe un Procurador General de la Provincia”, y afirmó que la UACOP la consideró “muy positiva, por la expresión de profundo respeto que nunca antes se dio”.  Afirmó que la marcha iniciada el 16 de noviembre pasado y los pedidos de reuniones con las autoridades, “se basan en la ética y construcción cultural de los pueblos, que venimos a buscar fortalecimiento y mayor entendimiento con las organizaciones del Estado. “Nuestra marcha se basa en las necesidades que se dejaron pasar por muchos años”, sostuvo Mendoza.

Los presentes expresaron su preocupación por la desnutrición y muertes de menores y dijeron que mientras marchaban, supieron del fallecimiento de una menor en La Puntana, ocurrida el viernes pasado. También denunciaron “el atropello de las fuerzas de seguridad” durante los desalojos. En ese sentido, Julia Gómez afirmó que “sin la tierra, no somos nada”, pues en el territorio encuentran alimentos y medicinas, además de los materiales para sus lanchas y otros elementos. “Hoy, en cambio, tenemos techos de plástico”, afirmó. Mendoza, en tanto dijo que las “leyes están hechas para el hombre blanco y hay pocas sobre pueblos originarios, a pesar de que la Constitución Nacional reconoce su preexistencia”.

Por su parte, el Procurador ratificó su apoyo a la conformación de una Mesa de Diálogo, para que se visibilicen las necesidades de las comunidades, históricamente postergadas y se definan soluciones con los protagonistas. “Una República funciona mejor con una representación plural y diversa, porque la democracia participativa siempre será más directa para garantizar el respeto de los derechos indígenas”, afirmó Cornejo, al tiempo que destacó que el encuentro de ayer, fue el claro ejemplo de que “a través del diálogo y la empatía, se puede mejorar la condición humana”.

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, en Salta los pueblos indígenas representan un porcentaje del 6,6% de la población provincial total.

Durante el encuentro, estuvieron Crescencia Lorenzo, Francisca Sarmiento, Fabiola Irene Rodas, Susana Palavecino, Antonia Pérez, Julia Gómez, Julián Torres, Samuel Gilovero, Mateo Torres, Aniceto Mendoza, Abel Mendoza, Nelson Campos, Gervasio Barvier, Mariano Centeno, Celestino Delgado, José Marambio Félix, Leonardo Pantoja, Lucio Palavecino y Marcos Lucas.

El MPF capacitará en la Auditoría General de la Provincia

El Ministerio Público Fiscal y la Auditoría General firmarán un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo, en materia de delitos económicos. El  órgano de control lleva radicadas 37 denuncias penales desde abril de 2019.

El procurador general, Abel Cornejo recibió al presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris, con quien acordó avanzar en un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos. La capacitación estará a cargo de fiscales especializados. En ese sentido, Ferraris afirmó que el organismo a su cargo, encontró la necesidad de acceder a capacitación específica, con el objetivo de instruir a los auditores de campo sobre cómo reunir documentación precisa, la que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.

El Pte. de la AGPS, Gustavo Ferraris, con el procurador Cornejo

Es que según la Constitución Provincial, la Auditoría tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.

El Presidente de la Auditoría enfatizó la posibilidad de mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha, la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la Administración Pública, sea ágil y concreta.

Por su parte, Cornejo afirmó que a pesar de que a la Auditoría General de la Provincia le compete el control posterior de las cuentas públicas, la capacitación de los auditores de campo permitirá mejorar la recolección de pruebas destinadas a sustentar posibles investigaciones formales. “Especialmente los delitos económicos exigen la investigación en tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. El desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados municipales y organismos provinciales”, afirmó el Procurador.

La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.

El OVcM y el MPF sistematizan intercambios para mejorar políticas públicas

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres y el Ministerio Público Fiscal, acordaron la puesta en marcha de acciones conjuntas destinadas al logro de metas institucionales compartidas. Ambas partes aportarán sus recursos técnicos, humanos y de infraestructura.

El convenio firmado entre las directoras Inés Bocanera, Ana Pérez Declercq y María del Pilar González Sastre y el procurador Abel Cornejo, implica el intercambio de información periódica y permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia de género. También, el desarrollo de acciones comunes para la recolección, procesamiento, registro, análisis, publicación y difusión de datos e información sobre violencia de género en la provincia de Salta y el impulso de estudios e investigaciones conjuntas sobre la evolución, prevalencia, tipos y modalidades de violencia machista, sus consecuencias y efectos. Además, se refiere al acceso a justicia de las víctimas directas e indirectas, los procesos de revictimización y la violencia institucional.

En este marco, el Observatorio asume el compromiso con el Ministerio Público Fiscal de brindar apoyo técnico para fortalecer el sistema de registro de las causas por violencia de Género que se radiquen en las Fiscalías. La sistematización de los datos permitirá una ágil evaluación de las políticas públicas vigentes.

La directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, María del Pilar González Sastre, destacó la importancia  de acceder  a datos oficiales referidos a los distintos delitos y tentativas relacionadas a la violencia de género, pues la función principal del organismo que integra es recabar información de las instituciones públicas. “Poder contar con información oficial, permite comunicarla a la ciudadanía y basar el análisis en datos reales, para realizar análisis eficaces”, concluyó.

Cornejo subrayó la posibilidad de avanzar en políticas interseccionales específicas, que permitan disminuir y erradicar el ejercicio de la violencia hacia las mujeres, en todas sus expresiones y en toda la provincia.

La Intendenta de Cerrillos informó sobre obras en el cementerio local

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo recibió a la intendenta de Cerrillos,  Yolanda Vega, quien solicitó la audiencia para aportar documentación que garantice seguridad sobre cuestiones sanitarias y jurídicas a los cerrillanos, en virtud de la ampliación del cementerio de ese municipio.

La jefa comunal de Cerrillos, Yolanda Vega, concurrió al encuentro con el procurador Cornejo para explicar la situación del cementerio y adjuntó documentación referida al impacto ambiental de la obra de ampliación del camposanto, que tiene una antigüedad de más de 100 años. La obra que se ejecuta, se encuentra ubicada en la misma matrícula que el viejo predio, afirmó Vega, quien aportó copia de la Declaración Jurada de Impacto Ambiental, basada en el informe  elaborado por el Lic. En Ciencias Biológicas y Máster en Recursos Naturales, Héctor Regidor; copia del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal y el nuevo Protocolo de Inhumación del Comité Operativo de Emergencia de la Provincia (Procedimiento para el manejo de cadáveres COVID 19), que rige desde el 5 de noviembre pasado.

Con respecto a la titularidad sobre las tierras donde se ubica la necrópolis, Vega informó que “jurídicamente el terreno está en condiciones, porque la expropiación ya se efectuó y la posesión la tiene el Gobierno de la Provincia, desde 2018”. Agregó que se regularizará el titulo dominial a través de la expropiación una vez que finalice el pago a los propietarios por parte de la Provincia y entonces, sería propiedad del municipio.

“No hay un nuevo terreno, sino que se amplía en la misma matrícula del cementerio que tiene más de 100 años” dijo Vega, al tiempo que informó que se avanzó en el 50% de obra del tapiado. La ejecución del cercado perimetral finalizaría en los próximos 40 días, de acuerdo a lo informado por la funcionaria. También anunció la construcción de 100 nichos en el mismo predio y aclaró que el uso de la propiedad es responsabilidad del municipio desde 2016, cuando se inauguró la sala velatoria.

La Intendenta consideró que fue una “excelente reunión porque dio la posibilidad de aclarar todos los temas vinculados con la obra y requisitos exigidos para el cementerio”. Con ella, asistieron el senador por Cerrillos, Fernando Sanz y los asesores legales Mauro Martina y Rubén Fortuny.