Preocupa la violencia de género en Rosario de Lerma

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió al intendente de Rosario de Lerma, Enrique Martínez, con quien abordó distintos temas referidos a la seguridad y presencia del Ministerio Público Fiscal en ese municipio del Valle de Lerma. El jefe comunal informó que en la Municipalidad, especialmente durante la pandemia, impactó el aumento de delitos de violencia de género a través del incremento de pedidos de asistencia.

El intendente Martínez expresó su agradecimiento por el encuentro, ya que el Procurador “dio soluciones a nuestros planteos para resolver los problemas de Rosario de Lerma”. En ese sentido, consideró que los tres poderes del Estado, deben trabajar conjuntamente para garantizar una mejor calidad de vida a los rosarinos.

Es que la Municipalidad recibió en los últimos meses numerosas consultas sobre asistencia en casos de violencia de género. “De los delitos que se registran en nuestro municipio, los de violencia hacia las mujeres son los que más afectan a Rosario de Lerma”, precisó Martínez y dijo que “la pandemia y el aislamiento ocasionaron más casos, entonces los familiares recurren al municipio para ver cómo resolver. Debemos trabajar en forma conjunta para dar soluciones”, sostuvo.

Los presentes también abordaron otros temas institucionales referidos al servicio de justicia, el funcionamiento de la Policía de la Provincia y las formas de mejorar la seguridad de los ciudadanos.

El abogado de la comuna Mauro Martina, quien también participó en la reunión, destacó que la fiscalía de Rosario de Lerma “tiene mucha responsabilidad, porque en el Valle de Lerma hay una gran cantidad de delitos, que provocan una sobrecarga de trabajo”. También subrayó la predisposición del Procurador para recibirlos y atender las gestiones tendientes a mejorar la seguridad y consecuente calidad de vida de los habitantes de Rosario de Lerma.

Crearán cinco juzgados contravencionales

El Procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este lunes al secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez, a la senadora Silvina Abilés y los diputados Socorro Villamayor, Gonzalo Caro Dávalos y Javier Diez Villa. Intercambiaron distintos aportes sobre los ejes del proyecto de ley de creación de cinco juzgados contravencionales, que ya tiene estado parlamentario.

La propuesta de creación de los cincos juzgados contravencionales, de los cuales dos funcionarán en el Distrito Centro y los restantes en distritos del interior, tiene estado parlamentario a través de un proyecto de ley de autoría de la senadora provincial, Silvina Abilés. Sería tratado este jueves por la Cámara de Senadores de la Provincia, y la semana próxima, por la Cámara de Diputados. Así lo adelantó el secretario de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Diego Pérez, quien explicará otros detalles de la iniciativa este miércoles, en  la Cámara Alta y junto al secretario de Seguridad de la Provincia, Benjamín Cruz.

“La mayoría de la ciudadanía estima que el Código Contravencional se limita a la aplicación de multas, pero en realidad, su espíritu va mucho más allá; es el de generar conductas sociales que tiendan a una convivencia pacífica”, afirmó Pérez al ratificar la necesidad de cambiar paradigmas en el tratamiento de las contravenciones.

En tanto, el diputado Javier Diez Villa precisó que la función de los jueces contravencionales, no se limitará solamente a las sanciones, ya que tendrán una participación activa y de control sobre la instrucción, que estará en manos de la Policía de la Provincia. “Se resolverán de esta forma, las controversias generadas por el otorgamiento de potestades a la  Jefatura de Policía”, afirmó el legislador.

Las contravenciones son los delitos de menor cuantía o faltas, lo que las diferencia de los delitos. El Código Contravencional es eminentemente preventivo. Desde 2016 fiscales del Ministerio Público y los jueces de Garantías intervienen en las actuaciones por contravenciones, a partir de la vigencia de la Ley 7914 que modificó el Código Contravencional de la Provincia de Salta, sancionado por Ley 7135 y que estableció la competencia material y territorial de las Fiscalías Penales no especializadas de los distintos Distritos Judiciales.

En 2011, el procurador Cornejo fue coautor de la iniciativa legislativa de la Corte de Justicia, que propuso la creación de cinco juzgados contravencionales en toda la Provincia. Vale  recordar que la ley 7145 prevé la creación e instalación de los juzgados específicos en materia contravencional y hasta que ello ocurriera, la ley 7154 dejó al Jefe de Policía o su reemplazante legal la competencia.

El proyecto remitido por la Corte de Justicia propiciaba la creación de cinco juzgados contravencionales tomando como base y fundamento las propias previsiones del artículo 135 del Código Contravencional e iba a dotar de competencia en la materia a dos juzgados del interior, con el fin de garantizar cobertura a toda la provincia con juzgados de competencia específica.

Fiscalías del Distrito Judicial Orán cierran al público y se suman al trabajo remoto

Lo resolvió el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al acompañar las decisiones adoptadas en el actual contexto de pandemia por el Comité Operativo de Emergencia Provincial; el anuncio realizado por el Intendente de San Ramón de la Nueva Orán; la Corte de Justicia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público. En el Distrito Judicial de Orán, se aplicarán las mismas medidas adoptadas para las Fiscalías de General Güemes, Colonia Santa Rosa, Distrito Judicial del Norte-Tartagal y Fiscalía Penal de Embarcación, las que ya trabajan en forma remota y sin atención al público.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó que desde este lunes 6, y mientras las circunstancias epidemiológicas así lo requieran, fiscales, funcionarias y funcionarios y todo el personal del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Orán, cumplan sus funciones desde sus hogares, con guardias telefónicas las 24 horas, con restricción al público total.

La Resolución 1042 también dispone que cuando los trámites procesales impostergables así lo requieran, los responsables podrán afectar el mínimo de personal para la articulación de las diligencias en cuestión. Cornejo también dispuso la restricción total para la atención al público, en adhesión a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por el Comité Operativo de Emergencia Provincial; la intendencia de San Ramón de la Nueva Orán; la Corte de Justicia de Salta y el Colegio de Gobierno del Ministerio Público.

Las medidas adoptadas en resguardo del personal del Ministerio Público Fiscal y de toda la comunidad, no implica que no haya atención de los casos en investigación. La Resolución reitera que cualquier ciudadana o ciudadano que lo requiera, puede recurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia, que funcionará como nexo con la Delegación fiscal correspondiente.

Fiscalías de General Güemes y Colonia Santa Rosa trabajan en forma remota y sin atención al público

Lo resolvió el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, al acompañar las decisiones adoptadas en el actual contexto de pandemia, por los Comités Operativos de Emergencia de Colonia Santa Rosa y de General Güemes, entre las que se destacan el regreso a la Fase I (ASPO) en ambas ciudades. La medida se suma a las adoptadas oportunamente en el Distrito Judicial del Norte-Tartagal y la Fiscalía Penal de Embarcación.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, ordenó que desde este sábado 4, y hasta tanto se disponga lo contrario, fiscales, funcionarias y funcionarios y todo el personal del Ministerio Público Fiscal del Distrito Judicial Orán–Delegación Colonia Santa Rosa y Fiscalía Penal de General Güemes, cumplan sus funciones desde sus hogares, con guardias telefónicas las 24 horas. La restricción al público es total.

La Resolución 1041 también dispone que cuando los trámites procesales impostergables así lo requieran, los responsables podrán afectar el mínimo de personal para la articulación de las diligencias en cuestión. Por supuesto, Cornejo dispuso la restricción total para la atención al público en la Delegación de la Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa y la Fiscalía Penal de General Güemes, en adhesión a los criterios de seguridad y salubridad dispuestos por los respectivos gobiernos municipales, en resguardo del personal del Ministerio Público Fiscal y de toda la comunidad.

Corresponde destacar, que cualquier ciudadana o ciudadano que lo requiera, podrá recurrir a las dependencias de la Policía de la Provincia, que funcionará como nexo con la Delegación fiscal correspondiente. La decisión se suma a las ya adoptadas, en consonancia con el contexto sanitario en el Distrito Judicial del Norte-Tartagal y la Fiscalía Penal de Embarcación

El Procurador propone cambiar el nombre de la Fiscalía de Derechos Humanos

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, concurrió a la Cámara de Diputados de Salta, donde brindó informes y respondió consultas de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de otras comisiones. Cornejo presentó un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, e informó que a partir de la auditoría realizada sobre la Fiscalía de Derechos Humanos, se inició un sumario administrativo al Fiscal Titular de la dependencia.  

Convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja provincial, el Procurador General presentó el proyecto de Reforma de Ley N°7839/14 de “Cambio de Denominación de la Fiscalía de Derechos Humanos en Fiscalía de Causas Policiales y Penitenciarias”, como se denominó originalmente, en 2004, cuando fue creada.

Brindó información sobre la actuación de la Fiscalía de Derechos Humanos, sobre la cual se realizó una exhaustiva auditoría, que dio como resultado que, de un total de 2065 causas ingresadas a dicha Fiscalía durante todo 2019 y el primer trimestre de este año,  se resolvieron solo 97 (es decir, menos del 5% de las causas ingresadas). De las 2065 causas ingresadas a la Fiscalía, 173 fueron remitidas a otras sedes para colaboración en la investigación, 376 causas fueron remitidas a la Fiscalía de Impugnación por haberse dispuesto el archivo, 735 causas fueron archivadas sin trámite alguno y otras 684, siguen en trámite, sin resolución a la fecha. La auditoría se enmarcó en la decisión del Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo, quien dispuso la realización de los controles sobre las 64 fiscalías dependientes del Ministerio Público Fiscal.

Ante las irregularidades detectadas en la de Derechos Humanos, el Procurador dispuso apartar a su titular, Gustavo Vilar Rey, que lo reemplace interinamente otra magistrada, y ordenar el inicio de un sumario administrativo, cuya fiscal instructora será Ana Salinas Odorisio.  

En otro tramo de la reunión, Cornejo informó a los legisladores sobre la conformación de distintas unidades especiales destinadas a investigar denuncias contra efectivos de la Policía de la Provincia por distintas actuaciones posiblemente irregulares, maltrato, apremios, vejaciones y otros hechos, además de las investigaciones contra policías que se tramitan en la Unidad de Graves Atentados, por las muertes de Ramón Matías Zárate, Jorge “Guri” Farfán, David Alfonzo Neri Ovejero, Martín Carreras y Cristian Gallardo, entre otros.

Decreto 255/20

El Procurador también respondió a consultas de los legisladores sobre el DNU 255/20, que otorgó más facultades a las fuerzas policiales; prevé hasta 60 días de arresto, o multa, a quien «injustificadamente desobedezca órdenes legítimas en ejercicio de las funciones de los agentes del orden público que tengan por la causa la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19» y que establece que: «El Jefe de Policía de la Provincia tendrá competencia para resolver sobre la infracción establecida en el presente». El decreto quedó vigente con fuerza de ley y fue publicado el 30 de junio en el Boletín Oficial. En ese sentido, Cornejo insistió con la necesidad de implementar Juzgados Contravencionales, porque otorgar nuevas competencias a la fuerza de seguridad, constituye un avance sobre lo ya legislado y normado.

En otro sentido, destacó que la formación de investigadores civiles que egresarán del Cuerpo Especializado de Investigadores del MPF, permitirá fortalecer las investigaciones fiscales con el aporte de profesionales informáticos, licenciados en seguridad, abogados, comunicadores sociales, licenciados en criminalística y criminología, trabajadores sociales, psicólogos, contadores y licenciados en administración de empresas.

Recibieron al Procurador, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Jorgelina Suárez (presidenta), Francisco Fabio Rodríguez (vicepresidente), María Silvia Varg, Mario Moreno, Adrián Valenzuela, Manuel Santiago Godoy y Claudio del Plá. Por la comisión de Justicia estuvieron los diputados Gonzalo Caro Dávalos (presidente), Franco Hernández Berni (secretario), Javier Diez Villa y Sebastián Otero. Se sumaron al encuentro las diputadas Socorro Villamayor, Cristina Fiore, Alejandra Navarro, Mónica Juárez, Emilia Figueroa, Laura Cartuccia y los diputados Carlos Zapata, Jesús Ramón Villa y Pedro Sández. También asistieron el secretario legislativo, Raúl Romeo Medina y el prosecretario, Pedro Mellado.

Violencia institucional: la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el MPF trabajarán conjuntamente

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió a la delegada en Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, María Martínez Morales Miy. La visita protocolar giró en torno al eje de trabajo de la delegación de la Secretaría y la posibilidad de agilizar mecanismos conjuntos en contra de la violencia institucional en Salta.

La presentación, que permitió establecer una primera vinculación entre la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de Salta, sirvió para profundizar acerca de las competencias de cada organismo, ya que su delegada, María Martínez Morales Miy, es la primera funcionaria que ostenta ese cargo en la provincia.

La Delegada explicó que la Secretaría tiene competencia para recibir denuncias, tanto institucionales como las asentadas en fiscalías, para acompañar en los procesos a víctimas de violencia institucional. Lo hace en concordancia con las instrucciones dictadas por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Dicha Secretaría dispone de la línea gratuita 0800-122-5878, que recibe denuncias de víctimas de quienes sufrieron violación de sus derechos por parte de funcionarios públicos.

“Establecimos el contacto para ver de qué manera se puede seguir trabajando juntos y en pos de esclarecer la enorme cantidad de casos que tiene la provincia, con violencia institucional involucradas”, afirmó la funcionaria, quien consideró que “es muy importante trabajar en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de Salta”, para mantener el seguimiento de determinados casos.

El Procurador le informó sobre la política del Ministerio Público Fiscal, que tiene como premisa la investigación de los avances sobre derechos de los ciudadanos, y que ya ha conformado distintas unidades fiscales de colaboración en casos de abuso policial. Entre ellas, están las destinadas a investigar una denuncia contra la Policía de la Provincia en perjuicio de una mujer de la misma fuerza; la de una ciudadana de Orán que denunció a efectivos de la Policía; la que investiga la agresión policial a un hombre que perdió la visión de un ojo en Ballivián; otra que investiga el accionar policial en el caso Rosa Sulca y la que indaga sobre posibles expresiones amenazantes de un legislador, entre otras.

Cornejo, quien preside el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, anunció oportunamente en ese contexto, que próximamente funcionará la Oficina Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal.

El Procurador manifestó su preocupación por políticas públicas no correspondidas en Salta

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, brindó un informe ante el plenario de la Cámara de Senadores de Salta. Después del informe, legisladores de Capital y el interior, realizaron distintas consultas.

Durante el encuentro de este jueves, que fue encabezada por el presidente del Senado de la Provincia, vicegobernador Antonio Marocco, el Procurador manifestó su preocupación ante distintos hechos que trascendieron la provincia, relacionados con el accionar policial en su vinculación con los fiscales penales, responsables de las investigaciones criminales.

“Existe una preocupación sobre la política del Ministerio Público Fiscal no correspondida por el accionar policial”, afirmó Cornejo ante los legisladores cuando se refirió al caso del femicidio de Rosa Sulca y la responsabilidad imputada por los fiscales intervinientes a integrantes del Sistema de Emergencias 911 y la Policía de la Provincia. Afirmó que la gestión del Ministerio Público Fiscal tiene “espíritu autocrítico y no hay una gestión antipolicial”, aunque se hayan detectado “serios escollos” para avanzar en ciertas investigaciones. Dijo que este hecho no es el único, porque hace seis meses, el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, ya había advertido sobre la posibilidad  de disminución de consignas policiales a las víctimas de violencia y una semana después, ocurrió el femicidio de Cerrillos. En diciembre pasado, el policía Hedgar Exequiel Almirón, de 31 años, se presentó en la vivienda de sus hijos, agredió y amenazó Liliana del Valle Flores y escapó. Ella avisó a la Policía y se le asignó una consigna policial. Alrededor de las 7, el efectivo que se encontraba en la puerta de la casa, escuchó la detonación de un arma de fuego y cuando ingresó, Liliana del Valle Flores, se encontraba herida y su expareja se disparó en la cabeza.

Cornejo, quien fue condecorado once veces por la Policía de la Provincia, señaló que se requiere una “rápida solución” a los planteos, porque “se observa destrato o falta de derivación del problema, aunque haya buena predisposición de los fiscales. Sin embargo, falta acompañamiento inmediato”, señaló. Reiteró su preocupación porque “la investigación del femicidio de Sulca tuvo interferencia y hubo obstrucción”.

“Es que nadie, nunca escuchó el audio en el que una mujer anuncia que la están matando. Y en este caso, se desvía la atención del femicidio, que es el eje que debe preocuparnos”, aseveró.

Reiteró que el fiscal se enteró del audio por la policía, 16 horas después del llamado al Sistema de Emergencias 911 y consideró que “nada del 911 puede ser secreto, porque la falta de auxilio y negligencias posteriores, obstruyen la investigación. Yo no quiero esa policía, y no toda la policía de Salta es así”, finalizó.

Consultado sobre la Unidad Fiscal conformada para investigar supuestos dichos amenazantes de un diputado provincial, Cornejo aclaró que el Ministerio Público Fiscal conoce y respeta la inmunidad de opinión parlamentaria, pero no puede tolerar condicionamientos como los que inclusive, recibió el primer fiscal interviniente. “Que un fiscal no investigue es causal de mal desempeño; pero que se obstruya la investigación no se puede permitir, porque no se puede subordinar el rol del MPF a estas situaciones”, enfatizó.

“Por supuesto que se puede opinar; es la base del equilibrio de poderes, pero no interferir”, afirmó Cornejo, quien confirmó la viralización de audios alentando acciones en contra del procurador.

Otros temas abordados

Cornejo se refirió a los casos de femicidios que se investigan en Salta; el protocolo de actuación para eventuales casos de muerte por coronavirus y el próximo llamado a concurso para que empiecen a funcionar las fiscalías de ciberdelitos, Cachi y Rosario de la Frontera; sobre la necesidad de creación de juzgados contravencionales para poner en plena vigencia el Código Contravencional y así atender casos que constituyen faltas y no delitos, entre otros temas.

Junto a Marocco, participaron los senadores Mashur Lapad, Jorge Pablo Soto, Silvina Abilés, Manuel Pailler, Carlos Rosso, Dani Nolasco, Carlos Ampuero, Héctor Nolasco, Esteban D’Andrea, Alfredo Sanguino, Walter Abán, Sergio Saldaño, Guillermo Durand Cornejo, José Ibarra, Martín Arjona, Juan Cruz Curá, Marcelo Durval García y Sergio Ramos. También concurrieron el coordinador Diego Pérez y los secretarios, Daniel Porcelo, Guillermo López Mirau y Pedro Liverato.

El Ministerio Público Fiscal proveerá información sistematizada al OVcM

El organismo accederá regularmente a la información de las fiscalías que investigan hechos de violencia contra las mujeres. Fue uno de los puntos acordados entre directoras del Observatorio y el Procurador General de la Provincia. También abordaron la necesaria capacitación de todos los actores del Ministerio Público Fiscal en materia de violencia de género digital.

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, recibió a la vicepresidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Inés Bocanera y la directora, Ana Pérez Declercq, con quienes intercambió sobre la próxima firma de un convenio que permitirá que las fiscalías de las Unidades de Graves Atentados contra las Personas; de Violencia Familiar y de Género y de Delitos contra la Integridad Sexual, brinden al organismo y en forma mensual, la información referida a denuncias radicadas, legajos iniciados y casos que lleguen a las audiencias de debate, entre otros datos. Declercq, quien también integra el Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal, destacó la posibilidad de acceder a dicha información a través de datos desagregados (por género, edad, etnia, nivel educativo y ubicación geográfica, entre otras clasificaciones), ya que “al ser de mayor calidad, permitirá un mejor análisis de situación”, y consecuentemente, la diagramación de políticas públicas por parte de los poderes correspondientes. Bocanera precisó que la información mensual se destinará a generar registros que luego serán volcados al Anuario Estadístico de Violencia de Género y el Informe Anual del organismo.

Violencia de género digital

Por otra parte, ante la inminente puesta en marcha de la fiscalía especializada en Ciberdelitos, Declercq manifestó la necesidad de formar a los agentes de todas las fiscalías en violencia de género digital y no solamente a la especializada, porque la mutación y avance del delito hace imperativo que todos conozcan qué hechos están tipificados como delitos y cuáles no. “Tenemos que pensar como sociedad qué cuestiones se tipifican como delitos, con que herramientas contamos para detectar y sancionar la violencia de género digital a través de lo que circula en redes sociales y teléfonos celulares”, consideró la directora, al tiempo que su par, Inés Bocanera, dijo que “deben generarse herramientas para que las fiscalías (y también los agentes del Poder Ejecutivo Provincial), sepan cómo acompañar a las víctimas de violencia digital”.

La violencia de género digital puede definirse como toda aquella agresión psicológica que realiza una persona través de las nuevas tecnologías como el correo electrónico, sistemas de mensajería como WhatsApp o redes sociales, contra su pareja o expareja, con la única finalidad de agresión, discriminación, dominación e intromisión sin consentimiento a la privacidad de la víctima.

Jura Abel Cornejo como Procurador General de la Provincia

El acto de juramento se realizará a las 18 en el Salón Auditorio “Facundo de Zuviría” de Ciudad Judicial. Participarán autoridades judiciales, municipales, legislativas y provinciales.

Las autoridades del Ministerio Público de la Provincia de Salta, tomarán juramento al Dr. Abel Cornejo como Procurador General de la Provincia en el Salón Auditorio “Facundo de Zuviría” de la Ciudad Judicial.

El acto será a las 18 y estará encabezado por la presidenta del Ministerio Público de la Provincia de Salta y actual Asesora General de Incapaces, Dra. Mirta Lapad y por la vicepresidenta del Ministerio Público de la Provincia de Salta y actual Defensora General, Dra. María Inés Diez.

Abel Cornejo fue designado como Procurador General por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo del Senado. Es abogado y Procurador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; es doctor en Ciencias Penales de la Universidad Argentina John F. Kennedy; fue Juez de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta; también presidente del Consejo de la Magistratura y Juez Federal N° 1 de la Provincia de Salta.

Con una amplia trayectoria en el ámbito de la justicia federal y provincial, cuenta con antecedentes docentes y una extensa participación como disertante y asistente en conferencias y cursos en el ámbito local, nacional e internacional.

A lo largo de su carrera se lo distinguió con más de una decena de menciones especiales y ha sido una persona muy prolífica en publicaciones referidas no solamente al ámbito judicial, sino también a la historia y la cultura salteña.