El CIF, con proyección para ser un instituto de investigaciones de ciencias forenses

El lunes 6 de septiembre continuará la capacitación en Biología Molecular Forense CIF 2021, organizada por el Cuerpo de Investigaciones Forenses y la Escuela del Ministerio Público de Salta. Participan magistrados, funcionarios, profesionales y estudiantes del último año de las carreras de abogacía, criminalística y afines, bioquímicos, biólogos y genetistas.

El segundo módulo se referirá a la hematología forense; semiología forense e interpretación de perfiles genéticos en evidencias y el tercero, sobre serología y genética forense; obtención de perfiles genéticos en evidencias y factores que influyen en la transferencia de material genético.

Precisamente, durante la apertura de la capacitación el procurador general y director de la Escuela del Ministerio Público, Abel Cornejo, destacó las posibilidades de la biología molecular y consideró que es una de las ciencias sobre las cuales se puede decir que “están plenas o son pletóricas de infinitud”, en referencia a que se trata de una de las ciencias que “no tiene techo, no tiene límite y es como una suerte de universo en miniatura, en continua expansión”.

Cornejo dejó planteado el desafío de que el CIF vaya transformándose, en lo académico, en un instituto de investigaciones de ciencias forenses, además de las funciones ya definidas por ley. Al respecto, sostuvo que “sería realmente auspicioso para Salta y para la región que, en una disciplina como esta, una de las grandes de la ciencia forense, podamos en lo inmediato formar un centro de estudios para que podamos tener experiencia, no solamente con estudiosos nacionales, sino también con expertos internacionales que nos vayan formando, por ser indispensable dentro de lo que nosotros aspiramos que sea un todo integrado el Ministerio Público en su conjunto y el Ministerio Público Fiscal en particular”.

El Director de la Escuela del Ministerio Público, sustentó su aspiración en el hecho de que “no es sólo el tema de la investigación científica aplicada al proceso penal para la dilucidación de la verdad, sino también, poder, en base a ese método de ensayo y error, cada vez conocer más y tener mayores accesos a esos desafíos que plantea la realidad, a través del proceso penal”, al tiempo que invitó a preservar la “inquietud académica” para ser mejores profesionales.

Por su parte, el director del CIF, Pablo Rivero destacó la reciente renovación de la certificación de Normas ISO 17025, lo que refrenda la calidad del trabajo en los laboratorios, que técnicamente resultan competentes, cuentan con personal calificado, tiene instalaciones son adecuadas, utiliza métodos validados y los equipos y los reactivos que se utilizan son confiables.

Rivero recordó que el servicio que presta el CIF es, esencialmente, un servicio a la comunidad que se realiza a través del proceso penal y destacó que su laboratorio es una de los pocos que, a nivel nacional, cuenta con tres genetistas forenses, dos de los cuales se incorporaron este año.

Finalmente, el Director del CIF agradeció a quienes participan de esta primera experiencia de capacitación en Biología Molecular Forense, “que tiene el CIF como ampliación o como un diálogo con los distintos miembros de la comunidad científica”.

Cornejo propone cambiar paradigmas sobre menores y apoya la creación de la figura de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes

El procurador general de la provincia, Abel Cornejo, participó este miércoles en una reunión con diputados provinciales, con quienes abordó el proyecto de Ley que crea en el ámbito de la provincia de Salta, la figura del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes. El funcionario propuso un debate sobre institucionalización de menores, modificar paradigmas y salir del esquema persecutorio y represivo.

El procurador Abel Cornejo intercambió conceptos con el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix; la diputada Mónica Juárez, autora de una de las iniciativas; la presidenta de la comisión de Legislación General, Socorro Villamayor, la presidenta de la comisión de DDHH y autora de otro de los proyectos, Jorgelina Juárez; la presidenta de la comisión de la Mujer, Emilia Figueroa; y las legisladoras Cristina Fiore, Laura Cartuccia, Azucena Salva, Emma Lanocci y diputados Baltasar Lara Gros, Matías Monteagudo, Fabio López, y Fabio Rodríguez.

Las y los legisladores participantes consultaron al Procurador sobre distintos aspectos de la iniciativa. Cornejo sostuvo que la creación de la figura vendría a reforzar el sistema de justicia y no ocasionaría una superposición con el rol del Ministerio Público Pupilar. Aun así, destacó que es necesaria la implementación plena de la Ley N° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y recordó que la entrada de vigencia del Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, -prevista para septiembre de 2019-, fue postergada en 2020 y lo mismo sucederá este año. También enfatizó en la necesidad de poner en debate la institucionalización de menores y avanzar en cambios de paradigmas que posibiliten salir del esquema persecutorio y represivo. En cambio, -dijo Cornejo-, deben optimizarse las herramientas de los distintos poderes del Estado.

El Procurador consideró –acerca del requisito de ser abogado o abogado para convertirse en Defensor del Niño, Niña y Adolescente-, que la dinámica social y del derecho, define una necesaria multidisciplinariedad y en consecuencia, otras profesiones, tales como la psicología, la antropología y otras, vinculadas con el abordaje de la niñez, podrían encarnar las funciones de la defensa, con la debida asistencia letrada.

Consultado sobre la necesaria federalización de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, el Procurador estimó que a partir de su institución, la figura podría tener delegaciones en el interior, para de esa forma, cumplir acabadamente con la respuesta que deben dar las instituciones del Estado y especialmente cuando se trata de franjas vulnerables de la población.  

En la Cámara de Diputados de Salta existen cuatro proyectos de Ley con estado parlamentario que plantean la creación de tal figura, de autoría de los diputados Mónica Juárez, Jorgelina Juárez, Santiago Godoy y Germán Rallé.

El presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix informó que después de la consulta realizada, el proyecto final pasará a las comisiones correspondientes, donde obtendrá los dictámenes favorables para avanzar en su tratamiento en sesión ordinaria.

Convocan a mediación con docentes autoconvocados

A instancias de la Procuración General de la Provincia, iniciará este miércoles un proceso de mediación con representantes del sector de docentes denominados autoconvocados. Se desarrollará en Plaza España, desde las 9

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso que a través del Centro de Mediación del Ministerio Público, cuya directora es Nancy Valencia Donnat y la Fiscalía Penal 1, a cargo interinamente del fiscal penal Gabriel González, se inicie un proceso de mediación para acercar y facilitar el diálogo entre las partes. También asistirá el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero.

La primera audiencia de mediación se concretará este miércoles 1 de septiembre, desde las 9 y en Plaza España, ubicada sobre avenida Entre Ríos, en la zona oeste de la capital salteña, con un máximo de 20 delegados de autoconvocados bajo cumplimiento del protocolo sanitario correspondiente. Las y los demás docentes interesados podrán hacerlo desde las gradas del anfiteatro.

La convocatoria del Procurador, se sostiene en lo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia de Salta, que en el artículo 79, referido a “Solución de conflictos”, indica que “los representantes del Ministerio Público Fiscal procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible de conformidad con los principios establecidos en las leyes, dando preferencia a la solución que mejor se adecue al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y la paz social”.

Los docentes fueron notificados de la convocatoria esta noche por el fiscal González, en barrio Grand Bourg.

“El futuro del derecho es multidisciplinario”

Así lo consideró el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, en el marco del acuerdo alcanzado entre la Escuela del Ministerio Público de Salta -de la cual es director-, con el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  El convenio -que será suscripto formalmente por autoridades de la UBA-, permitirá al MPF acceder a becas que contribuirán a mitigar la nueva brecha de automatización o inteligencia artificial, como sucedió con internet y otras tecnologías.

“La dinámica de las ciencias es la que otorga mayor relevancia a la multidisciplinariedad en el derecho, porque su ejercicio, -especialmente en la investigación penal y sanción de los delitos-, debería ir de la mano del desarrollo técnico-científico”, afirmó  Cornejo, al tiempo que destacó que esa dinámica es la que hizo que la necesidad de integrar especializaciones y generar conocimientos, sea cada vez mayor.

Cornejo, Ruiz y Aballay, con Corvalán

El convenio marco de  cooperación con la Escuela del Ministerio sobre el que avanzaron Cornejo y el Co-Director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial, Juan Gustavo Corvalán, permitirá capacitar a integrantes del Ministerio Público Fiscal de Salta a través del Programa de Formación Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, que  tiene como finalidad formar tres tipos de perfiles: gobernanza de datos; programación clásica y de Inteligencia Artificial; y dirección de proyectos asociados a la automatización y a la aplicación de sistemas inteligentes.

Precisamente, el convenio establece que las personas que resulten becadas, ingresarán a una formación basada en una vocación social, centrados en la transparencia, interpretabilidad, trazabilidad y seguridad de datos.

Becas y contenidos

Las Becas 100 % para agentes del Ministerio Público, del IALAB de la UBA y con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y de la cátedra UNESCO, a través del programa UniTwin, impulsa la formación de talento en datos y sistemas inteligentes. También se contemplan las Becas con descuento del 30 %, que posibilitará a profesionales del MP, cursar Programas de Posgrado de 30 horas sobre Inteligencia Artificial, Consumo, Daños y Seguros, Inteligencia Artificial e investigaciones digitales y algorítmicas, Inteligencia Artificial, Redes Sociales y Perfiles Digitales Humanos e Inteligencia Artificial y Violencia de Género. También se abordará un enfoque multidisciplinario, Transformación Digital e Inteligencia Artificial en la Administración Pública e Inteligencia Artificial en la Justicia.

Durante el encuentro virtual con Corvalán, participaron la secretaria letrada de la Procuración, Fátima Ruiz y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay.

Un Consejo Directivo regirá el Cuerpo Especializado de Investigadores

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, creó el Consejo Directivo del Cuerpo Especializado de Investigadores –CEI- que integran el director del CIF, Pablo Rivero; la secretaria General de Política Criminal de la Procuración General, Sofía Cornejo; el jefe del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar A. Dávila, y  el comisionado Coadyuvante de la Procuración General, Jorge René Silisque.

El Consejo Directivo funcionará como órgano colegiado, con dependencia jerárquica inmediata de la Procuración General, y tendrá como función articular la actuación de los órganos de investigación del Ministerio Público Fiscal, unificar el manejo de la información existente (UDAP), trabajar en la confección del mapa del delito y procurar la capacitación continua de los integrantes del Cuerpo Especializado de Investigadores.

Acto habilitación sede CEI

El CEI es un equipo de investigación técnico civil, abocado a la investigación de los delitos y que procede de acuerdo a los requerimientos de los fiscales penales y auxiliares de fiscalía. Es decir, sirve de apoyo y soporte técnico de las fiscalías penales en el desarrollo de las investigaciones.

El Comité Académico del CEI, que coordina la capacitación permanente de sus integrantes, también quedará bajo la órbita del Consejo Directivo, que será coordinado por el secretario letrado de la Dirección del CIF, Gaspar J. Solá.

Ingenieros y corredores inmobiliarios, contra el ejercicio ilegal y las estafas

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo recibió a la diputada provincial Mónica Juárez y autoridades del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Prof. Afines y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, quienes expresaron la necesidad de mejorar los mecanismos de control y sanción del ejercicio ilegal de la profesión en esos ámbitos

Durante el encuentro, la presidenta del COPAIPA, Marianela Ibarra y del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Juan Martín Biella, compartieron información sobre irregularidades e ilícitos que se denuncian en ambas instituciones y las formas posibles de endurecer las sanciones vigentes. 

La legisladora Mónica Juárez consideró que al tratarse de “casos muy complejos, -los que involucran a falsos profesionales y que incurren en el delito de falsificación de instrumentos públicos-, la situación obliga a pensar en endurecer la legislación y sus sanciones”.

Entre los delitos más denunciados en los colegios profesionales, se encuentran el ejercicio ilegal de la profesión, las estafas, ventas falsas y loteos inexistentes.

Juárez se comprometió a avanzar en la presentación de un proyecto de ley que endurezca las sanciones al ejercicio ilegal en la provincia. El delito está tipificado en el art. 247 del Código Penal y prevé pena de prisión, con un mínimo de quince días y máximo de un año, a quienes ejercieren actos propios de una profesión para la que se requiere habilitación especial, sin poseer título o la autorización correspondiente.

Por su parte, Biella aseguró que la intención es que a través de la modificación de la ley, se combatan mejor las posibles estafas y que esa ley –ya vigente-, sea adecuada bajo el consenso y posible aplicación de todos los colegios. Al mismo tiempo, el representante de los corredores inmobiliarios destacó la necesidad de poner en funcionamiento la Fiscalía de Ciberdelitos, cuya creación fue promulgada en diciembre de 2019. Es que según el profesional,  la mayoría de las estafas se cometen a través de redes sociales. “La protección no será solo para los profesionales, sino especialmente para los ciudadanos que requieren servicios y quienes son potenciales víctimas”, advirtió Biella.

Los presentes apuntaron a la necesidad de acordar las herramientas para mejorar el control sobre el ejercicio ilegal de la profesión, a través de procedimientos que agilicen el camino entre la denuncia radicada en los colegios y la investigación de las Fiscalías intervinientes. Dichos procedimientos quedarían plasmados en un convenio entre el Ministerio Público Fiscal y los colegios profesionales implicados.

Participaron en la reunión también los asesores de los colegios Natalia Ruiz y Carlos Cabezas.

Proponen una Mesa de Diálogo para tener barrios seguros

Concejales de la ciudad de Salta impulsan la conformación de una Mesa de Diálogo para tener barrios seguros. Propusieron al Procurador General de la Provincia que la coordine y que involucre a todos los actores comprometidos con la seguridad en barrios de la Capital.

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, recibió este lunes a los integrantes del Interbloque Juntos por el Cambio +, del Concejo Deliberante de Salta, María Emilia Orozco (Ahora Patria) y José Miguel Gauffín (PRO), quienes transmitieron la preocupación por el crecimiento de hechos de inseguridad en barrios de la ciudad y aseguraron que de un tiempo a esta parte, se convirtió en el principal planteo de los vecinos.

Los ediles consideraron la necesidad de una reformulación total de las políticas públicas contra la criminalidad, a través de la profesionalización de los efectivos de la Policía de la Provincia, mayor eficiencia de la administración de justicia desde el Ministerio Público Fiscal -con mayor presencia territorial de Fiscalías Penales- y del Poder Judicial, especialmente a través de los Juzgados de Garantías.

“Para ello, proponemos la conformación de una Mesa de Diálogo en función de espacios y barrios más seguros; y que esa Mesa, sea liderada por el Procurador”, afirmó Gauffín, quien consideró necesario un involucramiento “más enérgico” de parte de los concejales, a través de un fortalecimiento de la Justicia de Faltas municipal. Es que según el edil, las políticas públicas que fortalezcan esa área, podrán reducir los niveles de conflictividad, porque esos hechos posteriormente pueden transformarse en cuestiones penales.

Orozco y Gauffín anunciaron que darán impulso a la iniciativa desde el Concejo Deliberante, a través de un proyecto de Declaración.

Juraron nuevos auxiliares fiscales

El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, tomó juramento este lunes a los abogados Roque Javier López Hinojo y Mario Luciano Boglioli.

Los nuevos auxiliares de Fiscalías Penales, quienes se desempeñarán en fiscalías del Distrito Judicial del Centro, resultaron elegidos después de atravesar por un concurso público de antecedentes y oposición.

Así lo establece el Art. 13 de la Ley 7328 (Ley orgánica del Ministerio Público), que precisa que los funcionarios, profesionales auxiliares y el personal del Ministerio Público son designados por el Colegio de Gobierno, previo concurso conforme a lo dispuesto por el artículo 166 inciso h) de la Constitución Provincial, y en cumplimiento de los criterios objetivos de selección dispuesto por el artículo 64, inciso 2) de la Carta Magna.

Los nuevos funcionarios serán asignados a Fiscalías Penales del Distrito Judicial Centro.

La Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional trabajará en comisiones

Una importante reunión de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional se celebró este miércoles, a partir de la convocatoria del Ministerio Público Fiscal de Salta. Participaron autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, del Ministerio Público, del Poder Legislativo y referentes de pueblos originarios y agrupaciones campesinas, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

Las y los participantes del encuentro convocado por el procurador general Abel Cornejo, que contó con la participación de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, María Magdalena Odarda, definieron que la Mesa de Concertación sistematizará diagnósticos y propuestas para elaborar políticas públicas tendientes a reducir conflictos por tierras y emergencia habitacional. La tarea se dividirá en comisiones de Pueblos Indígenas y Campesinos; de Emergencia Habitacional; de Tierras Urbanas y de Capacitación.

Con Odarda y Cornejo, estuvieron la secretaria de la Comisión de Población y Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados de la Nación, diputada nacional Verónica Caliva, el secretario de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación, Miguel Gómez; los coordinadores de la misma Secretaría, Oscar Díaz Regional NOA, José Castro Videla (Norte)  e Ignacio Garzarón (Centro); la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo y el director Regional del INTA, José Miguel Minetti. También participaron el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Julián Fernández; la coordinadora NOA del Centro de Acceso a la Justicia, Marcela Mon.

El Poder Ejecutivo Provincial estuvo representado por el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Gustavo Skaf y la directora de Regularización de Tierras con Conflictos Comunitarios; Florencia Luñis Zavaleta.

Participaron también el defensor General, Pedro García Castiella; la fiscala penal de Embarcación, Gabriela Souto y las directoras del Centro de Mediación del MPF, Nancy Valencia Donat y del Centro de Comunicaciones Institucionales, Natalia Nieto.

Lucía Ruiz representó a la organización Campesina Unión y Progreso y estuvieron Noelia López, del Movimiento Nacional Campesino Indígena; Yamila Contreras, de la Asociación Civil Raíces Norteñas; María Tolaba, de la Asociación Civil Los del Bermejo; Antolín Soraire, de la Asociación Campesinos de Los Blancos; Nelson Campos, de la comunidad del pueblo Wichí El Algarrobal (Pichanal) y el asesor de la coordinadora de tierra ruta nacional 81, Raúl Marinconz; el representante de la Asociación de Productores de Fincas de Salta, Raúl Dávalos y Martín Plaza, del Colectivo de Abogades Populares.

Diálogo y mediación para la promoción real de derechos

Las y los presentes coincidieron en celebrar la convocatoria, con las complejidades y particularidades que presenta cada situación. En esa línea, la presidenta de INAI, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Magdalena Odarda destacó la “significativa decisión” de llevar adelante el encuentro, al tiempo que consideró que debe existir un cambio de paradigma en la relación entre los pueblos indígenas y el Ministerio Público y los tres poderes del Estado. Subrayó que todavía hay quienes “se resisten o están en desacuerdo con el diálogo, aunque sepan que deben primar la Ley y la Constitución”.  

En el mismo sentido, Cornejo destacó el trabajo realizado desde 2020 para conformar la Mesa con el fin de sostener la mediación como instrumento de encuentro entre las y los participantes porque, según consideró, “la paz es el camino para la concordia y la promoción real de derechos de ciudadanas y ciudadanos”. Alentó al mantenimiento de la Mesa, dada la pluralidad de su integración, porque “de los grandes disensos, nacen los verdaderos acuerdos”.

El secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación,  Miguel Ángel Gómez, ratificó el compromiso de diálogo para el trabajo en territorio y se refirió al necesario abordaje interinstitucional de la emergencia habitacional, al tiempo que la designada coordinadora de la Mesa de Concertación, María José Castillo, admitió la complejidad de la problemática, que es “profunda, con muchas aristas y que tiene cuestiones estructurales para superar”, por lo cual, se debe hacer un “esfuerzo interinstitucional”. La funcionaria señaló que se debe evitar la criminalización de los conflictos a partir de la utilización del derecho penal, porque a partir del derecho es que se consolidará la propuesta para efectivizar el marco operativo desde una perspectiva de Derechos Humanos. Justamente, Julián Fernández se refirió a la necesidad de capacitar a las y los operadores judiciales y del MPF, para que el abordaje de los conflictos se haga desde un enfoque de derechos.

Skaf puso a disposición los equipos de mediación para casos complejos y dijo que la Provincia “está absolutamente alineada” con la prioridad de la mediación y consideró que el abordaje debe ser “muy serio e interdisciplinario”. Valencia Donat precisó sobre la tarea de mediadores del MPF y destacó que lo hacen “con diálogo y escucha activa, con perspectiva integradora, de género, promenores y de vulnerabilidad”. El abordaje en territorio que se realizó en distintas ocasiones, -a pesar de las restricciones por pandemia-, permitió resolver distintos conflictos, abordados desde el diálogo con los tres poderes del Estado. La funcionaria destacó también que en los conflictos de grupos atravesados por situaciones de altísima vulnerabilidad, emergen intereses genuinos, públicos, privados y políticos, pero señaló que el de la mediación es “un proceso restaurativo y sanador”.

Entre otros oradores, Marinconz enfatizó que hace más diez años que se pedía una Mesa de Conciliación y Lucía Ruiz celebró la reunión, porque permitirá el abordaje de la situación de pequeños poseedores y campesinos productores, al tiempo que la diputada Verónica Caliva destacó el fallo logrado por la fiscala Gabriela Souto, en el caso que tuvo como protagonista a la dirigente Lucía Ruiz.

Tierra y Vivienda: Nación y MPF buscan articular políticas públicas de arraigo

La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, realizó distintos aportes al Ministerio Público Fiscal, destinados a institucionalizar la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional. Aspiran a generar un sistema que identifique problemáticas puntuales y que éstas, sean abordadas por Nación, Provincia y Municipios.

El procurador general Abel Cornejo, recibió al secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Miguel Ángel Gómez; al coordinador local de la Región Centro de la misma Secretaría, Ignacio Garzarón y a la directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, María José Castillo, con quienes intercambió posiciones referidas al abordaje de conflictos con la tierra y la vivienda.

En el marco de la Mesa de Concertación de la Tierra y Emergencia Habitacional, la Secretaría proyecta articular con distintas órbitas del Estado nacional, para llevar adelante políticas públicas en los territorios. “No solo pensamos en la tierra y en la permanencia de sus habitantes, sino en el acceso y el desarrollo de nuevas urbanizaciones, con viviendas, infraestructura y energía”, explicó Castillo, quien destacó la posibilidad que abre la Mesa, de “generar una sinergia, para identificar problemáticas y abordarlas entre Nación, Provincia y Municipios”.

En ese marco, los funcionarios insistieron en reforzar la política de arraigo, la elaboración de un Protocolo de actuación frente a ocupaciones de inmuebles por grupos en situación de vulnerabilidad y la necesaria capacitación de efectores del Ministerio Público Fiscal, con respecto de las normativas referidas a la ocupación de la tierra y los desalojos.

“La intención es generar un abordaje integral y coordinado, a partir de la participación  de todos los organismos e instituciones con pertinencia en la resolución de conflictos de tierra para  contar con un marco institucional y generar un Protocolo de actuación que evite la profundización del conflicto, por la vía del diálogo”, analizó Castillo. También reiteró que la actuación de la Mesa, –que integrará a representantes de los tres poderes del Estado nacional y provincial y de organizaciones intermedias, entre otros-, permitirá alcanzar un ordenamiento territorial y el avance de las regularizaciones dominiales, en acuerdo de partes.

Están vigentes la Ley 26160 (que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país; suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas), y la Ley 27118 (que declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva y que crea el Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar).

En Salta, rigen las leyes provinciales 7658, de regularización dominial, y la N° 7789, denominada “Ley Felipe Burgos”, de Desarrollo Rural para la Agricultura Familiar en el territorio de la provincia de Salta.

La generación de políticas públicas a través de la Mesa, -que se reunirá próximamente y de acuerdo a las normativas sanitarias vigentes-,  servirá para atender conflictos en espacios urbanos, campesinos y con comunidades originarias.