La funcionaria, luego de una vasta trayectoria en el sistema judicial de nuestra provincia, accedió al beneficio jubilatorio. Se le hizo entrega de una placa de reconocimiento.
Presidido por el procurador general, Pedro García Castiella, se realizó en el salón auditorio de la Escuela del Ministerio Público, el acto de despedida de la Fiscal 2 ante la Corte, Patricia Josefina Di Paolo.
“Trabajé en el Ministerio Público en un ambiente de total libertad, respeto, colaboración y consideración. Sólo me acabe agradecer”, destacó la fiscal Di Paolo, quien deja su cargo para acceder al beneficio jubilatorio.
“Entendí que el principio de unidad de actuación, además de su faceta jurídica, tiene una faceta humana que se traduce en el esfuerzo en común para lograr una labor exitosa”, continuó expresando la funcionaria.
“Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, dijo Di Paolo y reconoció el apoyo y colaboración de todo el personal del Ministerio Público, los que calificó como “invaluables”, al tiempo que agradeció a sus hijos y amigos por el acompañamiento en esta etapa activa que deja, de trabajo.
El Procurador, le hizo entrega de una placa en reconocimiento a la labor desempeñada en la función pública, en el acto en el que estuvieron presentes, funcionarios, empleados y familiares.
Patricia Di Paolo había sido designada con el cargo de Fiscal ante la Corte por Decreto N°2564/15, previo concurso de antecedentes y oposición, llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura, tomando posesión el 7 de agosto de 2015. Luego de una vasta trayectoria en el sistema judicial de Salta, le fue aceptada la renuncia al cargo de Fiscal ante la Corte, por parte del Gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, mediante Decreto N° 493/23 y publicado en el Boletín Oficial el 10 de agosto pasado.
Al mediodía de este viernes, el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, tomó juramento a un nuevo fiscal y a seis nuevos auxiliares fiscales del Ministerio Público Fiscal.
El nuevo fiscal penal y los auxiliares penales se desempeñarán en fiscalías del Distrito Judicial del Centro y fueron elegidos mediante un concurso público de antecedentes y oposición.
Juró Marcos Arturo Vega Ortíz, como reemplazante del cargo de fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5, en carácter temporario, mientras dure la ausencia y hasta tanto se cubra la vacancia de conformidad.
En tanto, como auxiliares de fiscalía penal, juraron Marcos Santiago Bravo, María Florencia Díaz Galdeano, Álvaro Moreno Valdéz, Ignacio Rubén Carrizo Agüero, Norma Elena Martínez y Esteban Osvaldo Martearena Solaligue.
El Procurador General, Pedro García Castiella, a su turno, agradeció la nutrida concurrencia de funcionarios del Ministerio Público y familiares al acto de jura y destacó la posibilidad de sumar a seis auxiliares fiscales al equipo de trabajo, como hacía tiempo no sucedía.
En sus palabras, García Castiella, resaltó el esfuerzo realizado por los nuevos funcionarios, quienes participaron de un largo proceso evaluador, del que resultaron elegidos como los mejores postulantes y su vez los invitó a reflexionar sobre la responsabilidad, el compromiso y la dedicación que la nueva función implica para llevar adelante la misión confiada al Ministerio Público Fiscal por la Constitución Provincial del ejercicio de la acción penal pública y la representación de los intereses de la sociedad.
El Procurador los alentó a no escatimar esfuerzos en la búsqueda de soluciones efectivas y en la promoción de un sistema judicial más eficiente y equitativo, ya que su labor, en colaboración con otros organismos y entidades gubernamentales, contribuirá significativamente a la construcción de una sociedad más justa y transparente.
El acto se realizó en la sala Rodolfo Urtubey de la Escuela de la Magistratura, donde los nuevos funcionarios, luego de prestar juramento, procedieron a firmar el libro de actas.
En el marco de las actividades iniciadas a mediados de junio del corriente año por el Comité Salta de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales (TIBC), se viene avanzando en la elaboración de un Protocolo de actuación para los casos de delitos relacionados con el Patrimonio Arqueológico.
En el primer encuentro, y con la intención de avanzar en su implementación, se programó una próxima reunión en la que las fuerzas de seguridad del Comité (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria) compartirán su conocimiento y colaboración en materia de controles y procedimientos.
A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró que el tráfico ilícito de bienes culturales se encuentra entre las cinco actividades criminales internacionales más preocupantes, con alrededor de 10 mil millones de dólares anuales. Ejemplo de ello la brinda la publicación del Global Art Market Report que da cuenta que en 2019 el comercio ilícito generó a escala mundial casi 64 mil millones de dólares en volumen de transacciones.
Cabe destacar que el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, ha otorgado una destacada importancia a dicho Comité, valorando positivamente la intervención del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que forma parte del deber de promover la defensa de los intereses generales de la sociedad y la protección del medioambiente e intereses difusos. Por ello, y como respuesta a la solicitud de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, mediante la Resolución N° 1419 del 6 de marzo del presente año, fueron designados Juan Sebastián Lloret y Santiago Sotelo como sus representantes, titular y suplente, respectivamente.
La resolución también destaca que, a nivel provincial, el Ministerio Público Fiscal tiene la competencia para ejercer las acciones penales y acciones civiles públicas. Por lo tanto, resulta apropiado que intervenga en el Comité, en consonancia a lo que acontece en el orden nacional.
La importancia de la formación de este Comité radica en el propósito de implementar campañas de sensibilización en la comunidad, brindar capacitaciones a las fuerzas de seguridad y abordar los aspectos legales relacionados con la tipificación de los delitos en relación a los denominados Bienes Culturales.
La Ley Provincial de Patrimonio Cultural N° 6649/91, en su artículo 1 establece que el acervo paleontológico, arqueológico, artístico e histórico documental forma parte del patrimonio cultural de la provincia y está bajo la guarda del Estado Provincial, siempre que se encuentren bajo su jurisdicción o que hayan sido extraídas o se extraigan del territorio de la provincia de Salta.
En línea con la política de gestión eficiente e incorporación de nueva tecnología en el Ministerio Público Fiscal, se realizó la presentación de una nueva aplicación diseñada para fiscales y auxiliares de toda la provincia. Fue diseñada y producida por la Dirección de Informática del MPFS.
El procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella y la coordinadora informática del Ministerio Público Fiscal Patricia Aballay, presentaron hoy, la primera versión de la aplicación “MPF Móvil” para dispositivos electrónicos con sistema operativo Android, destinado a magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Salta.
El propósito de esta novedosa herramienta informática es que, tanto fiscales como auxiliares de las fiscalías penales de la provincia, cuenten con información de las audiencias programadas directamente en sus dispositivos móviles, asegurando una visualización eficiente, confiable y segura.
La aplicación, en su primera versión, muestra el calendario completo de audiencias de la fiscalía, abarcando audiencias de debate, de la Oficina Judicial (OfiJu), audiencias por pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) notificadas al sistema, así como las denuncias registradas.
«La implementación de esta aplicación móvil en las fiscalías representa una oportunidad única para potenciar la eficiencia de nuestro trabajo, agilizando los procesos, facilitando la comunicación y mejorando la gestión de la información. Con esta herramienta tecnológica, estamos dando un paso importante hacia una justicia más efectiva y ágil .»– resaltó el Procurador durante la presentación.
García Castiella hizo hincapié en la importancia de utilizar sistemas digitales que aporten la calidad de carga de datos, como en este caso, aclarando que tanto el acceso como el uso de la aplicación contarán con medidas de seguridad, al igual que el resto de los sistemas informáticos.
La convocatoria se llevó a cabo en modalidad híbrida, con la participación tanto de manera presencial como a través de zoom, de fiscales y auxiliares de toda la provincia, contando con el aporte del personal de Informática del Ministerio Público Fiscal que explicaron la funcionalidad de la aplicación.
El procurador general, Pedro García Castiella, acompañado de la asesora general, Mirta Lapad, tomó juramento en el Salón de Reuniones del Colegio de Gobierno a Analía Elizabeth Fonseca como secretaria letrada de la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Orán.
El Procurador General presidió el acto de juramento para la asunción de la nueva secretaria, quien fue seleccionada tras un proceso de concurso público y cumplimiento de las etapas establecidas que dicho procedimiento exige.
La recientemente designada funcionaria desempeñará sus funciones en la Fiscalía Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial Orán, cuya fiscal es Marcela De los Ángeles Fernández.
Es considerada la más degradada de la provincia, presentando conflictividad ecológica, económica y social. Asistirán fiscales, autoridades de distintas Instituciones y Organismos, técnicos y funcionarios.
Convocada por el procurador general, Pedro García Castiella, tendrá lugar este lunes 12, una reunión a fin de recabar información vinculada a aspectos técnicos de la problemática sobre la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento.
García Castiella estará acompañado del fiscal de cámara a cargo del caso “Mercado, Amelia Emilia” Ramiro Michel Cullen, y del fiscal penal 5, a cargo de la actuaciones “Sobre contaminación aguas” Federico Jovanovics; la secretaria coordinadora de Procuración, Belén Rubio y el Secretario Relator Ambiental de Procuración, Juan Sebastián Lloret.
La agenda de trabajo contempla un espacio de exposición, distribuido en los cuatro organismos técnicos participantes, tas lo cual se dará paso a preguntas, intercambio y evacuación de dudas técnicas y sugerencias de procedimiento a los magistrados fiscales.
Está previsto, además, que se acerquen diferentes enfoques de la interdisciplina e institucionalidad, a fin de abordar con objetividad y de manera global los distintos aspectos complejos y de incidencia colectiva de la problemática.
Es por ello que se ha convocado al encuentro, a diferentes autoridades y funcionarios: la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, el responsable del Servicio de Medio Ambiente, José Luis Manzano y equipo, quienes poseen los datos técnico-forenses, detectados a la fecha en el medio . También, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNSa, Héctor Raúl Casado; la directora del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI), Elsa Mónica Farfán y los ingenieros Verónica Rajal y Ramiro Poma, quienes ya han realizado evaluaciones científicas en el lugar y verificado aportes de asesoramiento a la causa penal.
Se ha invitado también al decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCaSal, Pedro Fernández y la directora ejecutiva del Instituto de Sustentabilidad Urbana y Territorial (ISUT), Gabriela Poliotto, quienes poseen la más vasta trayectoria en planificación urbano-ambiental de la subcuenca y han colaborado asesorando a la Procuración General en estas problemáticas; y el decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, Julio Nasser y la secretaria de Relaciones Institucionales, Ana Zelarayán; las responsables de las cátedras de Hidrogeología y Manejo de Cuencas Hídrográficas, Verónica Rocha Fassola y Silvia Elena Ferreira Padilla, respectivamente, Facultad con la cual existe sostenidos vínculos de asistencia técnica.
Es oportuno mencionar que ambas casas de altos estudios llevan a cabo convenios de amplia colaboración y asistencia técnica, suscriptos con el Ministerio Publico Fiscal de Salta.
Por último, cabe recordar que la Subcuenca Arias-Arenales, perteneciente a la Cuenca Alta del Río Juramento es considerada la más antropizada (influenciada o manipulada por el hombre) y degradada de la provincia y, por tanto, la que presenta una mayor conflictividad ecológica, económica y social a la fecha.
“Mercado, Amelia Emilia” (Cam. CyC, III, Expte. CAM N° 380.533/12) “Sobre contaminación aguas” (Legajos N° AV-38/16 y N° AV-75/17)
Tal como estaba previsto, esta mañana se realizó la presentación del aplicativo digital para el Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas.En www.saltacensoaguas.gob.ar, todos los habitantes la Provincia deberán declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos, desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de enero de 2023.
La actividad tuvo lugar en el Salón Auditorio del Ministerio Público y estuvo presidida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, acompañado del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Alejandro Aldazábal; el Director de Fiscalización y Control de la Secretaría de Asuntos Hídricos, David Le Favi; el Director del Ente Regulador de Servicios Públicos (EnReSP), Gerónimo López Fleming y la Subsecretaria de Medicina Social, Susana Velazco.
Esta presentación constituye un paso más en el avance sobre lo que el Procurador Pedro García Castiella consideró «situaciones poco exploradas o no visibilizadas hasta este momento», a través del lanzamiento de lo que se ha denominado Censo Extraordinario de Aguas Subterráneas, fruto de un acuerdo entre varios organismos y cuyo trámite inició la Procuración General, a través de diferentes encuentros.
El Censo está destinado a abordar la problemática de la evaluación del Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua y la conformación del Mapa de Vulnerabilidad de aguas subterráneas de toda la provincia de Salta.
El Procurador dio la
bienvenida a los presentes y comenzó expresando que “nuestra provincia utiliza
en forma masiva lo que son aguas subterráneas, con recurrencia a los pozos, a
la perforación de pozos”, destacando que “nos hemos dado con una realidad de
una falta de suficiente control, monitoreo y estadística e individualización de
cuántos son los pozos existentes”.
Al respecto, continuó
manifestando que “un punto de partida esencial para ello es tener la base de
datos fidedigna y precisa de con qué contamos en la realidad”, aclarando que “no
es algo ocioso, ni baladí, sino que esto tiene una fundamental trascendencia,
en términos de que si no se atienden estas situaciones, podemos darnos con
riesgos que no son hipotéticos, sino que son realidades, como pueden ser los
riesgos de contaminación de las napas o algún tipo de pérdida de caudal por
sobreuso”.
García Castiella advirtió,
en ese sentido, que “esto se traduce en consecuencias no deseadas, como puede
ser la aparición de dolencias masivas por ingestión de agua que no esté en buen
estado, agua contaminada, sobre todo en niños y ancianos”.
“Se está tratando de
atender, atacar y neutralizar el peligro de estos riesgos por aplicación de lo
que se llama el ‘Principio protector ambiental’, advirtió y continuó expresando
que “estamos materializando y haciendo realidad lo que es ese principio
protectorio”.
En referencia al censo, el titular de la Procuración detalló que “comenzamos con este Censo de Aguas Subterráneas que consiste, en el ingreso a una aplicación que permitirá a todos los habitantes la Provincia declarar la existencia o posesión de pozos de agua, someros y profundos, que tiene carácter de declaración jurada. Vencido ese término se van a aplicar las sanciones que correspondan con las herramientas que tiene el Estado a disposición para, no sólo la localización de lo que no han sido denunciados, sino también para la sanción y aplicación de las multas que corresponde”, finalizó el Procurador.
Inmediatamente después, la Coordinadora Informática del Ministerio Público Fiscal, Patricia Aballay, hizo una demostración de la utilización del aplicativo para todo el público presente.
Finalizada la demostración, el Procurador, junto a quienes presidían la presentación y al Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de Intereses Difusos, Sebastián Lloret, respondieron a consultas.
Cabe recordar que el
aplicativo fue desarrollado por los alumnos José Beleizán y Benjamín Quipildor,
de la Tecnicatura Universitaria Programación (TUP), dependiente de la Facultad
de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Salta, bajo la dirección del Dr.
Diego Rodríguez, a cargo de la cátedra “Programación de Aplicaciones Web”.
Este viernes 21 de octubre, a las 10, en el Salón Auditorio del Ministerio Público, tendrá lugar la presentación del aplicativo digital para el Censo Extraordinario de las Aguas Subterráneas.
Dicho Censo está instrumentado por Resolución Conjunta SRH-ENRESP N° 2/22 (BO 21291) y en función del convenio multiinstitucional firmado el pasado 5 de agosto entre el Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, conjuntamente con representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en Salta.
El Procurador General, Pedro García Castiella, resaltó que “tras décadas de vigencia de la Ley de Medio Ambiente y de no cumplimiento efectivo de lo estipulado en relación a la aplicación del Programa Sistemático de Construcción de Mapas de Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas, hoy llegamos a este punto de respuesta al requerimiento y por el que, desde Procuración se firmó un convenio”.
Este programa consiste en relevar las vulnerabilidades del sistema, los niveles de situación de riesgo cierto en cuanto a contaminación, y de utilización de esas aguas por parte de las comunidades que cuentan con sistema de extracción.
Este aplicativo fue desarrollado por el equipo informático, uno de los tres grupos que conforman la mesa de trabajo integrada para dar cumplimiento a una primera etapa de diagnóstico.
La presentación que se realizará este viernes, es otro paso importante que marca el avance en el proceso multiinstitucional de trabajo y en cumplimiento del requerimiento de informe por parte de la Procuración de la Provincia sobre aguas subterráneas en Salta.
De la reunión convocada se prevé que tomen parte representantes de la Secretaría de Recursos Hídricos, Secretaría de Ambiente, Subsecretaría de Medicina Social, Dirección General de Coordinación Epidemiológica, Ente Regulador de los Servicios Públicos y de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).
Desde que el Procurador General, Pedro García Castiella, convocara en abril pasado a una reunión en el marco de las actuaciones referidas al mencionado requerimiento, se han cumplimentado diferentes etapas, a lo largo de diferentes encuentros que incluyeron el acuerdo de conformación de un mapa de vulnerabilidad hídrica subterránea de la provincia de Salta, la integración de una mesa de trabajo y la rúbrica del Convenio.
Cabe recordar que la
resolución que instrumenta el Censo y Monitoreo de pozos de agua subterránea en
Salta, en su artículo 1 establece
que se instrumente un procedimiento excepcional por tres meses, desde el 1 de
noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, para el Censo de las Aguas
Subterráneas, que incluirá a todas las perforaciones u obras hidráulicas
existentes o en ejecución para la exploración, alumbramiento, captaciones y/o
suministro de agua subterránea en todo el territorio de la provincia de Salta.
El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la
coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin
precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades
ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del
uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.
A ese respecto, cabe
recordar que es competencia del
Procurador de la Provincia el control de
la legalidad de los “derechos colectivos”.
Previamente se articuló un proceso de abordaje de la problemática de evaluación del sistema de monitoreo de la calidad del agua y la conformación de un mapa de vulnerabilidad. Todo esto, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.
Presidido por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, hoy tuvo lugar el acto de firma del Convenio mediante Resolución Conjunta por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Ambientey Desarrollo Sustentable y el Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre Sistema de Monitoreo de la Calidad del Agua en Salta.
El Ministerio Público Fiscal de Salta llevó adelante la coordinación de un procedimiento extrajudicial interinstitucional, sin precedentes, que culminó en un acuerdo entre varios organismos con responsabilidades ambientales, hídricas y sanitarias, destinado al control y racionalización del uso y protección de las cuencas de aguas subterráneas.
Lo
acordado es de vital trascendencia por tratarse de un elemento vital como es el
agua y, además, de extrema fragilidad e importancia ecológica, como es el caso
de la subterránea, pues está sometida a márgenes de explotación cuyas
consecuencias todavía resultan desconocidas e imprevisibles, que requieren
criterios de uso de cautela y precaución.
Tradicionalmente,
en nuestra provincia ha habido prácticas, centenarias algunas, consistentes en
la realización de pozos para extraer agua para el consumo, para el riego y para
la producción, cuyas magnitudes y riesgo en la cuenca subterránea actualmente
se desconocen.
Por
ello, previo a la rúbrica de la resolución, se articuló un proceso de
construcción interinstitucional y participativo, para la iniciación del
abordaje de la problemática de evaluación del Sistema de Monitoreo de la
Calidad del Agua y la conformación del Mapa de Vulnerabilidad de Aguas
Subterráneas de Salta.
En la oportunidad, se evaluó
el texto final de dicha resolución conjunta, que fuera preparado por equipos
jurídicos, técnicos e informáticos y armonizado a lo largo de diferentes
reuniones generales, donde estuvieron
todos los funcionarios y profesionales de los organismos mencionados.
El texto final, que quedó
integrado al acta, evidencia el consenso al que se arribó por parte de todos
quienes intervinieron en el proceso de abordaje de la problemática del agua en
la provincia.
Estuvieron presentes en la reunión: por la Procuración General de la Provincia, el Dr. Pedro García Castiella, por la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ing. Julio Mauricio Romero Leal, por el ENRESP (Ente Regulador de Servicios Públicos), el Dr. Carlos Humberto Saravia; por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ing. Alejandro Aldazabal, acompañado por el funcionario, Dr. Antonio Sánchez López; por el Ministerio Público Fiscal, el Secretario Relator en Asuntos Ambientales y de intereses Difusos, Dr. Juan Sebastián Lloret, el Secretario Letrado Dr. Santiago José Sotelo, el Coordinador de Informática del Ministerio Público C.U. Guillermo Bozovich, por el Servicio Medio Ambiente del D.T.C./C.I.F. el Ing. José Luis Manzano y el Ing. Eliseo Joel Medina; ; por el Ministerio de Salud Pública, la Subsecretaria de Medicina Social, Dra. Susana Velazco y por la Coordinación Epidemiológica, la Directora General, Dra. Nélida Analía Ester Acevedo; en carácter de cooperación técnico-institucional con el Ministerio Público Fiscal, por la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSa, la Secretaria de Articulación Institucional, Mgtr. Ana Zelarayán y el Dr. Virgilio Núñez; los funcionarios Ing. Marcelo Ovando, la Lic. Marina Hoyos y el Dr. Jerónimo López Fleming.
La Declaración Conjunta
En su artículo 1, la
resolución establece que se instrumente un procedimiento excepcional por tres
meses, desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, para el
Censo de las Aguas Subterráneas, que incluirá a todas las perforaciones u obras
hidráulicas existentes o en ejecución para la exploración, alumbramiento,
captaciones y/o suministro de agua subterránea en todo el territorio de la
provincia de Salta.
El cuerpo de la resolución conjunta
contiene, además, un detalle sobre los sujetos que están obligados a completar
la declaración jurada censal y especifica el procedimiento para la realización
del Censo de las Aguas Subterráneas, fijando las medidas ante el no
cumplimiento de la declaración de aviso de perforación de aguas subterráneas
por parte de los denominados “Sujetos obligados”, calificándolas de detecciones
clandestinas.
El documento también determina
el carácter de declaración jurada para el caso de la declaración de los
“sujetos obligados” y sus implicancias y contempla la instrumentación de un
proceso de capacitación dirigido a funcionarios y agentes de diferentes
reparticiones, que estará a cargo de la Secretaría de Recursos Hídricos y del
Ente Regulador, que tendrá como fin la difusión y asistencia a los “sujetos
obligados”.
En los considerandos de la
resolución conjunta se explica que el “censo de las aguas” es la herramienta de
la que se vale el Código Provincial Hídrico para obtener la información
necesaria para las políticas públicas hídricas y ambientales y que queda
plasmado en el Libro de Aguas Públicas Subterráneas.
El Libro de Censo de las Aguas
Subterráneas permite conocer, reza el documento, “en forma completa los
recursos hídricos de la Provincia, los regímenes hidrológicos, los acuíferos,
caudales aforados (caudal autorizado por la autoridad hídrica), volúmenes de
uso, usos acordados, obras de regulación y de derivación efectuadas y aptitudes
que tengan o puedan adquirir las aguas para servir a usos de interés general”.
Más adelante, el acto que se tornará obligatorio, menciona que la información censal es pública, de acuerdo al Código provincial y que, para dar cumplimiento a este deber censal por parte de las autoridades, los usuarios deben cumplimentar la obligación de “dar aviso de exploración, alumbramiento (saber cuánto se puede extraer del pozo) para uso común y de extracción para suministro en usos especiales, tal como lo establece el Código de Aguas provincial”.
Se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.
Esta mañana, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, junto al titular de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV) del Ministerio Público Fiscal (MPF), Marcos Bravo, recibió a la Delegada de Región Noroeste de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), Constanza Longarte, y al investigador de la Dirección Nacional de Sucesos Automotores, Carlos Párraga.
Durante el encuentro se avanzó en los primeros lineamientos para la elaboración de un convenio marco entre el organismo y la Procuración para la investigación y capacitación en términos de seguridad vial, del transporte de larga distancia e interprovincial.
La importancia de este convenio marco radica en la concreción de políticas públicas, tendientes al mejoramiento del sistema de transporte y la elaboración de estrategias de prevención. Es sumamente importante generar estos espacios comunes de colaboración, debido a que el intercambio puede ayudar a la individualización de patrones de riesgo o circunstancias que deban corregirse, mediante la implementación de políticas públicas y medidas eficaces, destinadas a la reducción de la siniestralidad.
Cabe mencionar que la Junta
de Seguridad en el Transporte, organismo autárquico y técnico, dependiente del
Ministerio de Transporte de la Nación, lleva a cabo investigaciones y estudios
técnicos en materia de seguridad operacional en el transporte de pasajeros y/o
cargas, por los modos automotor, ferroviario, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo.
La ley 27514, sancionada por
el Honorable Congreso de la Nación el 17 de julio de 2019 y promulgada el 21 de
agosto del mismo año, en su artículo 1°, declara de interés público nacional,
la política de seguridad en el transporte, teniendo como fin brindar movilidad,
garantizando la protección de las personas, de sus bienes y del ambiente en el
territorio nacional; en tanto, en su artículo 4°, crea la Junta de Seguridad en
el Transporte, como organismo descentralizado en la órbita del Ministerio de
Transporte de la Nación, con autarquía económico-financiera, personalidad
jurídica propia y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y
privado.
Por su parte, la Oficina de Provincial de Incidentes Viales (OPRIV), está abocada, permanentemente, a delinear estrategias de planificación y acción, en consonancia con las políticas públicas de alcance nacional, con el objeto de disminuir la tasa de siniestralidad vial. De ahí la trascendencia que cobra la interacción y el trabajo conjunto con ambos organismos nacionales, mediante este convenio marco sobre el cual se comienza a avanzar para su concreción y posterior aplicación.
